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Juicio Rafael Nahuel IV: se cae la teoría del enfrentamiento

por Revista Cítrica
Fotos: Roxana Sposaro
15 de septiembre de 2023

La idea de que Rafa y sus compañeros estaban armados ni siquiera pueden sostenerla los peritos de parte de los prefectos imputados. El proceso judicial avanza y la única herramienta que muestran las defensas es la violencia. Cobertura colaborativa Revista Cítrica, Infoterritorial y Radio Zona Libre.

Gioia Claro-Roxana Sposaro. Cobertura colaborativa Revista Cítrica, Infoterritorial y Radio Zona Libre.


En la quinta semana del juicio, los peritos determinaron que, de los prefectos que participaron del operativo represivo en Villa Mascardi, el arma que disparó el proyectil que causó la muerte de Rafael Nahuel Salvo pertenecía a la pistola reglamentaria del prefecto Guillermo Cavia. El Tribunal, por su parte, decidió que se realizará una inspección ocular en el territorio.

Martín Spotorno y Agustina Oberti, peritos balísticos de la defensa y la querella, participaron en la tercera pericia sobre el proyectil incriminado en la muerte de Rafa. En su declaración fueron contundentes: “El arma que disparó el proyectil que causó la muerte de Rafael Nahuel Salvo pertenecía a la pistola reglamentaria calibre 9 mm del prefecto Guillermo Cavia”.

Ambos describieron y defendieron su trabajo en aquella pericia, pero aclarando que, en definitiva, las interpretaciones sobre las coincidencias son subjetivas, y dependen de la experiencia de quienes observan. Asimismo, respondieron afirmativamente ante la consulta sobre si serviría una "junta de peritos" participantes en los tres cotejos.

El abogado defensor Marcelo Rochetti tuvo un trato tan violento y machista hacia una de las testimoniantes, que el presidente del tribunal le llamó la atención en varias oportunidades.

Cabe recordar que la primera pericia tomada sobre las 23 armas y el proyectil extraído en la autopsia señala como ejecutor al subfusil MP5, de Javier Pintos, y la segunda pericia, realizada por Gendarmería Nacional sobre solo dos armas, concluye que el proyectil no pertenece a ninguna de las dos (ni a Pintos ni a Obregón).

En la segunda jornada, declararon los peritos encargados de realizar el análisis de las muestras de pólvora obtenidas de las prendas de vestir y manos de Fausto Jones Huala, Lautaro Currhuinca (quienes bajaron el cuerpo de Rafa en una camilla), y el propio Rafael Nahuel.

El primero en declarar fue el licenciado en Criminalística, Alférez de Gendarmería Nacional Fernando Martín Báez. Él mismo describió de manera confusa la metodología y los resultados obtenidos, y las preguntas de las querellas fueron dejando en evidencia que un "resultado positivo" en las prendas de los Mapuche, es decir, la presencia de partículas de pólvora en sus ropas o manos, no determinan que ellos hayan disparado.

"El área de contaminación del disparo puede abarcar a quien dispara y a quienes estén cerca o en contacto con ella, por transferencia o contaminación", y respondió afirmativamente a cada ejemplo propuesto por la querella:

Mariano Przybylski (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación): “Por ejemplo, ¿puede haber transferencia cuando quien disparó a alguien te esposa?, ¿o por una frazada contaminada que entra en contacto con la ropa? ¿Al estar en un móvil policial contaminado puede transferir o contaminar la ropa y piel de quienes se encuentran allí?”. Sí, sí y sí.

Asimismo, Báez debió aclarar las conclusiones del informe presentado, en el que se referían los resultados a un arma calibre 22 (los Albatros solo usaron 9mm), buscando claramente usarlo como prueba del supuesto "enfrentamiento". Sin embargo, en la audiencia afirmó que sólo se trataba de un "ejemplo" utilizado y que "la investigación no puede determinar de qué tipo de arma salió", agregando que solo hicieron una "búsqueda de residuos de disparos".

"El arma que disparó el proyectil que causó la muerte de Rafael Nahuel Salvo pertenecía a la pistola reglamentaria calibre 9 mm del prefecto Guillermo Cavia”, dijo la dupla de peritos que hizo el tercer examen balístico.

Luego llegó el turno de Daniel Converso, bioquímico y actual Director Técnico del Laboratorio Forense de Gendarmería Nacional, quien declaró en el mismo sentido que Báez y reafirmó que "siempre que haya contacto con superficie contaminada puede haber transferencia".

En reiteradas ocasiones en lo que va del juicio, el Dr. Simón Bracco, Presidente del Tribunal, llamó la atención al abogado defensor Marcelo Rochetti defensor por las interrupciones y adjetivaciones fuera de lugar durante las audiencias, y este miércoles no fue la excepción.

Se realizará una inspección ocular 

Por decisión unánime del Tribunal de General Roca se aceptó la  solicitud de inspección ocular en el territorio de Villa Mascardi, presentada por el fiscal Rafael Vehils Ruíz y los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Sebastián Feudal y Rubén Marigo. El Tribunal consideró que esta medida sería "manifiestamente útil" y propuso que se llevara a cabo en noviembre. El defensor de los prefectos Pintos, Cavia y Sosa, Marcelo Rochetti, se opuso a esta medida y se reservó el derecho de recurrir en casación.

Los abogados de la familia de Rafael Nahuel, por su parte, solicitaron la participación de Fausto Jones Huala, Lautaro González Curruhinca y Johana Colhuan en la inspección ocular. Mientras, Busseti y Schmidt pidieron que los imputados también se sumen a esta medida.
 

Przybylski, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se opuso a la fecha propuesta, argumentando que dejaría un hueco en el debate, y propuso reconsiderar una fecha más cercana. El Tribunal finalmente accedió a que las partes acuerden sobre la disponibilidad de sus testigos para poder adelantar la diligencia. Hasta el día de hoy, han declarado 28 testigos de los más de 90 citados en el caso.

La jornada terminó con algunos sobresaltos y advertencias por parte del tribunal mientras declaraba Adriana Serquis, Doctora en Física y Jefa del Departamento de Caracterización de Materiales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que realizó el análisis de sustancias y caracterización de materiales encontrados en las muestras.

El abogado Rocchetti, visiblemente molesto ante las declaraciones que no favorecían a sus defendidos, comenzó a interrumpir y tratar de manera irrespetuosa a la doctora Serquis. Subestimando su intervención profesional en la causa, la llamó irónicamente "señora", haciendo preguntas tendientes a subestimar la capacidad y conocimientos de la profesional en un claro ejemplo de violencia de género que ni el Tribunal pudo soportar.

"Mirame a mí, mirame a mí, mirame a mí", insistió Rocchetti de manera imperativa mientras ella intentaba responder a sus preguntas. Tal fue el trato que el propio juez que presidió la audiencia le advirtió en varias oportunidades: "evite ese tipo de comentarios", "ya fue suficiente", “no haga adjetivaciones”, "usted no se está dirigiendo a mí de la misma manera que lo está haciendo con ella, le pido respeto".

Quedó claro que la "contaminación" con pólvora puede darse también por contacto con alguien que disparó, lo que echa por tierra la construcción discursiva de que los mapuche estaban armados.

Al final de la audiencia, las abogadas defensoras de los prefectos Juan Ramón Obregón y Sergio García solicitaron al tribunal que, al terminar los testimonios de los peritos, los dos imputados puedan hacer una ampliación de sus declaraciones testimoniales.

Quedaron para la próxima semana los testimonios de los otros tres peritos oficiales encargados de realizar la tercera pericia en Salta: Barbosa, Solís y Manzano, y los médicos Ramón Choconi, Víctor Hugo Parodi, y Zambori, y el ex abogado de la familia de Rafa que asistió a la segunda pericia, Juan Mandagaran.