Juicio Rafael Nahuel II: el discurso que mata

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Los medios hegemónicos y de llegada masiva, como Clarín, han demostrado cumplir  la función de alimentar la construcción del “enemigo interno” para generar un “consenso social” que apruebe la represión a las comunidades que ejerzan sus derechos indígenas. 

Basta con leer las publicaciones días previos y luego del asesinato de Rafael Nahuel para confirmarlo. Consumado el asesinato, comenzó la imposicion mediática de lo que hoy se debate en el juicio: “la teoria del enfrentamiento”.

Los derechos constitucionales y de tratados supranacionales a los que el Estado argentino subscribe, en la práctica poco se cumplen. Es por esto que, ante un “crimen de Estado”, la declaración de Mostafá no puede ser analizada como una percepción individual del prefecto.

Esto quedó a la vista en la declaración de otro de los testigos que pasó por el debate la semana pasada. El ex jefe de la delegación Bariloche de la Prefectura, Leandro Ruata, dejó en claro que luego del desalojo, “el juzgado de Bariloche dispuso la custodia del predio a Prefectura, por la coordinación de Buenos Aires y la Jefatura de Prefectura con el Ministerio de Seguridad, para evitar usurpación o nuevos delitos”. Fue entonces que del grupo que había viajado "designaron 20 Albatros" y "se me ordenó completar con 4 prefectos de Bariloche".

El día 25/11 Ruata se encontraba en la ciudad de Bariloche y lo llama Berra, jefe a cargo del grupo Albatros que patrullaba el lugar, informando el supuesto enfrentamiento. 

Según Ruata, llega casi dos horas después a Mascardi y allí ve cómo bajan dos sujetos de la montaña cargando una tercera persona en una camilla, y agrega: "cuando llegué al lugar unos minutos antes de que descendieran con la camilla, escuché disparos que venían de la arboleda".

Pribilsky, querella por la Secretaría de DDHH de Nación, marca una contradicción: en su primera declaración afirmó no haber escuchado detonaciones de arma de fuego cuando llegó al lugar. Se le marca esa contradicción y se le pide que diga qué oyó y qué vió ese día. 
"Sí, es cierto, escuché voces, no detonaciones. Voces y gritos y luego observé personas descender con una camilla", se rectifica Ruata.

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El Grupo Albatros actuó sesgado por la influencia racista del diario Clarín y bajo las directivas del Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich, con Pablo Noceti como su mano derecha, quienes ya habían creado y desplegado el Comando Unificado en la Patagonia, para arremeter contra las comunidades en resistencia de Neuquén, Río Negro y Chubut en 2017. Por eso, mientras velaban el cuerpo de Santiago Maldonado, este Comando Unificado seguía reprimiendo y asesinando.

Si la responsabilidad política brilla por su ausencia en este juicio, es porque la justicia tambien colabora en este entramado de impunidad investigando y juzgando solamente a los que hicieron el trabajo sucio, los autores materiales del asesinato de Rafa.

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Esta semana continuará el juicio y tocará declarar a los profesionales que realizaron la primera pericia balística que determinó que la bala alojada en el cuerpo de Rafa pertenecía al arma del cabo Javier Pintos. Sin embargo, dos pericias realizadas posteriormente dieron otros resultados, siendo la última de ellas la que definió la acusación de este juicio a Sergio Cavia como autor y a Javier Pintos, Sergio García, Juan Obregón y Carlos Sosa como partícipes necesarios del homicidio.

Sin embargo, la primera pericia (que apunta a Pintos) y la tercera (que determina a Cavia como autor) no han sido cotejadas entre sí como pidió la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, ya que este pedido fue rechazado al inicio de este juicio. 

El negacionismo de Estado y la represión como modo de resolución política de conflictos territoriales es legitimado por un discurso mediático hegemónico que estigmatiza y construye estereotipos cargados de odio y racismo. Esto no ha hecho más que sumar en la lista de muertos por las balas del Estado.

Se llenaron los juzgados de causas penales contra miembros del pueblo mapuche, mientras descansan en un rincón las denuncias que dan cuenta de la vulneración sistemática de todos los derechos de los pueblos indígenas.

Sobre todo los que conciernen a la libre determinación, la propiedad comunitaria y la Consulta Previa, Libre e Informada ante proyectos sobre los territorios habitados por los pueblos preexistentes, existentes y sobrevivientes al Estado Argentino.