Juicio Rafael Nahuel II: el discurso que mata

por Revista Cítrica
Fotos: Jaime Carriqueo
04 de septiembre de 2023

En la tercera semana del proceso judicial, un prefecto declaró que el operativo represivo estuvo influenciado por las publicaciones de Clarín. El enemigo interno, el despliegue desmedido de fuerzas armadas y las contradicciones entre declarantes. Cobertura colaborativa Revista Cítrica e Infoterritorial.

Gioia Claro – Roxana Sposaro. Cobertura colaborativa Revista Cítrica e Infoterritorial.


Pasaron tres semanas desde que comenzó el juicio por el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura Naval Argentina en 2017.

La semana pasada declararon el jefe de Prefectura Bariloche, el jefe del Grupo Albatros, de la Prefectura Naval Argentina con sede en Buenos Aires y otros miembros del Albatros y de la Policía Federal Argentina.

A Rafael Nahuel lo mataron por la espalda. La bala que lo mató salió de la Prefectura. Eso no está en duda en este juicio. Sin embargo, el crimen tiene responsables materiales, políticos e intelectuales. Dentro de estos últimos se encuentran algunos medios de comunicación como el Diario Clarín. 

Así lo dejó de manifiesto la declaración del testigo Julio César Mostafá, Jefe del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, la unidad de operaciones especiales con sede en Buenos Aires que estuvo a cargo del operativo donde murió el joven mapuche.

El Grupo Albatros actuó sesgado por la influencia racista del diario Clarín y bajo las directivas del Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich.

El Dr Sebastián Feudal, abogado por la querella de APDH Nación, le pregunta al Prefecto Mayor de Prefectura Mostafá sobre si tenían información del grupo a desalojar. 

Reconstruimos el diálogo:

Mayor Mostafá: Sabíamos que eran de la comunidad mapuche pero no teníamos otra apreciación. Ni cuantos ni como era el lugar"

Feudal: ¿Sabía otra característica particular de esa comunidad? 

Mayor Mostafá: Sólo lo que se había visto en los medios de comunicación. Como lo que había pasado en Chile, sabíamos de la R.A.M. y de las quemas de viviendas y bloqueos de rutas. No teníamos información ni del terreno ni a quién íbamos a desalojar, ni la cantidad que eran, sólo que era en Bariloche. Íbamos en apoyo a la Policía Federal para el desalojo y sabíamos que seguramente iba a haber algún tipo de agresión.

Feudal: ¿Por qué lo relaciona con la R.A.M.?

Mayor Mostafá: El predio fue ocupado por la fuerza, lo relaciono por ese lado. Nombré la palabra R.A.M. porque había escuchado los episodios que ocurrieron en Chile.

Feudal: ¿Por qué asocia la palabra R.A.M. y los episodios en Chile con el operativo que le ordenaron?

Mayor Mostafá: Es imposible no asociarlo. Los medios hablaban de ramificaciones de la R.A.M. en nuestro país, lo relacionaban con Jones Huala de la comunidad mapuche. Es imposible no relacionarlo.     

Feudal: ¿Y qué significa para usted la R.A.M?

Mayor Mostafá: No sé más que lo que quiere decir, que significa Resistencia Ancestral Mapuche.

Feudal: ¿Usted entonces tomó determinaciones en base a lo que decían los medios de comunicación?

Mayor Mostafá: Y, si se quiere, sí.

*

Los medios hegemónicos y de llegada masiva, como Clarín, han demostrado cumplir  la función de alimentar la construcción del “enemigo interno” para generar un “consenso social” que apruebe la represión a las comunidades que ejerzan sus derechos indígenas. 

Basta con leer las publicaciones días previos y luego del asesinato de Rafael Nahuel para confirmarlo. Consumado el asesinato, comenzó la imposicion mediática de lo que hoy se debate en el juicio: “la teoria del enfrentamiento”.

Los derechos constitucionales y de tratados supranacionales a los que el Estado argentino subscribe, en la práctica poco se cumplen. Es por esto que, ante un “crimen de Estado”, la declaración de Mostafá no puede ser analizada como una percepción individual del prefecto.

Esto quedó a la vista en la declaración de otro de los testigos que pasó por el debate la semana pasada. El ex jefe de la delegación Bariloche de la Prefectura, Leandro Ruata, dejó en claro que luego del desalojo, “el juzgado de Bariloche dispuso la custodia del predio a Prefectura, por la coordinación de Buenos Aires y la Jefatura de Prefectura con el Ministerio de Seguridad, para evitar usurpación o nuevos delitos”. Fue entonces que del grupo que había viajado "designaron 20 Albatros" y "se me ordenó completar con 4 prefectos de Bariloche".

El día 25/11 Ruata se encontraba en la ciudad de Bariloche y lo llama Berra, jefe a cargo del grupo Albatros que patrullaba el lugar, informando el supuesto enfrentamiento. 

Según Ruata, llega casi dos horas después a Mascardi y allí ve cómo bajan dos sujetos de la montaña cargando una tercera persona en una camilla, y agrega: "cuando llegué al lugar unos minutos antes de que descendieran con la camilla, escuché disparos que venían de la arboleda".

Pribilsky, querella por la Secretaría de DDHH de Nación, marca una contradicción: en su primera declaración afirmó no haber escuchado detonaciones de arma de fuego cuando llegó al lugar. Se le marca esa contradicción y se le pide que diga qué oyó y qué vió ese día. 
"Sí, es cierto, escuché voces, no detonaciones. Voces y gritos y luego observé personas descender con una camilla", se rectifica Ruata.

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El Grupo Albatros actuó sesgado por la influencia racista del diario Clarín y bajo las directivas del Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich, con Pablo Noceti como su mano derecha, quienes ya habían creado y desplegado el Comando Unificado en la Patagonia, para arremeter contra las comunidades en resistencia de Neuquén, Río Negro y Chubut en 2017. Por eso, mientras velaban el cuerpo de Santiago Maldonado, este Comando Unificado seguía reprimiendo y asesinando.

Si la responsabilidad política brilla por su ausencia en este juicio, es porque la justicia tambien colabora en este entramado de impunidad investigando y juzgando solamente a los que hicieron el trabajo sucio, los autores materiales del asesinato de Rafa.

Se llenaron los juzgados de causas penales contra miembros del pueblo mapuche, mientras descansan en un rincón las denuncias que dan cuenta de la vulneración sistemática de todos los derechos de los pueblos indígenas.

Como en una película de acción, los prefectos que están entrenados para actuar en costas, cursos y espejos de agua, se adentraron en un territorio boscoso y empinado a “enfrentarse” con los “terroristas de la R.A.M.”, los que “no reconocen la patria”, los que “incendian casas” y cortan rutas. 

Sin embargo, otro de los testigos de la jornada, daba cuenta en su declaración de una situación muy distinta. Felipe Duarte, uno de los francotiradores, del grupo G.E.O.F. de la Policía Federal, que se escondieron en el bosque para hacer  “investigación previa” en el territorio los días anteriores al desalojo de la comunidad, sostuvo que no se observaron armas de fuego de ningún tipo, ni en el predio, ni en posesión de ninguna de las personas (hombres, mujeres, niñxs), que identificaron habitando allí. 

Eso no impidió que los días 23 al 25 de noviembre de 2017, el Estado destinara más de un centenar de efectivos de distintas fuerzas nacionales y provinciales junto a un helicóptero, drones, perros, caballos y muchas balas, para desalojar con violencia a las familias de la Lof Lafken Winkul Mapu de un predio de 7 hectáreas. En ese contexto asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel. 

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Esta semana continuará el juicio y tocará declarar a los profesionales que realizaron la primera pericia balística que determinó que la bala alojada en el cuerpo de Rafa pertenecía al arma del cabo Javier Pintos. Sin embargo, dos pericias realizadas posteriormente dieron otros resultados, siendo la última de ellas la que definió la acusación de este juicio a Sergio Cavia como autor y a Javier Pintos, Sergio García, Juan Obregón y Carlos Sosa como partícipes necesarios del homicidio.

Sin embargo, la primera pericia (que apunta a Pintos) y la tercera (que determina a Cavia como autor) no han sido cotejadas entre sí como pidió la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, ya que este pedido fue rechazado al inicio de este juicio. 

El negacionismo de Estado y la represión como modo de resolución política de conflictos territoriales es legitimado por un discurso mediático hegemónico que estigmatiza y construye estereotipos cargados de odio y racismo. Esto no ha hecho más que sumar en la lista de muertos por las balas del Estado.

Se llenaron los juzgados de causas penales contra miembros del pueblo mapuche, mientras descansan en un rincón las denuncias que dan cuenta de la vulneración sistemática de todos los derechos de los pueblos indígenas.

Sobre todo los que conciernen a la libre determinación, la propiedad comunitaria y la Consulta Previa, Libre e Informada ante proyectos sobre los territorios habitados por los pueblos preexistentes, existentes y sobrevivientes al Estado Argentino.