Natalia Gavazzo, antropóloga y profesora e investigadora del CONICET, demuestra -a partir de datos producidos por el Estado- por qué es falso que la migración le genere un gasto a la Ciudad de Buenos Aires y la Argentina. La realidad de loe extranjeros en la Universidad de Buenos Aires.
Por Natalia Gavazzo*
De acuerdo a nuestro último Censo de 2010, sólo el 4,5% de la población del país es extranjera residente. No hay una inmigración descontrolada. Este valor está dentro de los usuales e incluso por debajo de ellos. Por ejemplo, inmigración en masa hubo en 1914 cuando teníamos un 30% de población extranjera residente, no ahora. Tal vez lo que moleste no sea cuánta población es migrante, sino que el 70% de esa población es de origen latinoamericano. Esta migración regional siempre existió, ha sido constante desde el primer censo de 1869 hasta la actualidad. No sólo entonces no hay inmigración descontrolada, sino que los migrantes no les roban el trabajo a los argentinos, ya que ocupan una demanda de mano de obra de calificación media y baja que no incide en la desocupación de los nativos. De hecho, la población laboral migrante está condenada a espacios de la producción que son definitivamente precarios. Y al contrario de lo que se dice en muchos medios de comunicación y se repite en los discursos de altos funcionarios de gobierno, los migrantes contribuyen a la generación de riqueza, no solo como fuerza productiva en distintos rubros sino también mediante el pago de impuestos de distintos tipos: solo por mencionar alguno el IVA -según cifras de 2015 recopiladas por reconocidos demógrafos como Lelio Mármora o Alicia Maguid- genera por parte de los trabajadores migrantes y sus familias entre 1000 y 1500 millones de dólares por año.
En cuanto a la idea de que los migrantes abusan del sistema educativo, de acuerdo a las propias estadísticas del Ministerio de Educación (sistematizadas por el Observartorio Educativo de la Universidad Pedagógica -UNIPE- a partir de los datos oficiales del Relevamiento Anual realizado entre 2011 y 2016) en la educación inicial primaria, secundaria y terciaria apenas el 1,33% de los estudiantes son migrantes. Es entonces un porcentaje por debajo del total de migrantes en la población, es significativo porque es una población bastante joven que podría estar estudiando, por lo tanto, más que abuso lo que hay es un sub-uso de la educación. Ahora bien, de ese 1,3% de niños y adolescentes extranjeros, el 1,1% es latinoamericano. ¿Será eso lo que tanto molesta a estos defensores de la ideología europeizante que ha negado a indígenas y afro argentinos y que hoy continúan incomodados por la presencia de los migrantes latinoamericanos?
Lo que molesta es que el 70% de la población migrante es de origen latinoamericano.
Ante todo, debemos considerar que la población migrante en edad escolar -de acuerdo a todas las convenciones internacionales, incluida la Declaración Universal sobre los Derechos de la Niñez- debería estar protegida aún más que la población adulta. Sin embargo, observamos en las aulas -tanto primarias como secundarias- situaciones en las que se remarca la pertenencia extranjera de los niños y niñas migrantes. Muchas veces esa “marca” pasa por situaciones anecdóticas como burlas o señalamientos, e incluso por la segregación en el aula, por medio de la que los niños migrantes deben sentarse todos de un mismo “lado”. Pero también hay situaciones de violencia extrema, tanto física como psicológica, que terminar con la (auto)expulsión de los niños y niñas migrantes del sistema educativo o -peor aún- hay casos como el de una niña boliviana de 9 años -por el bullying que le hacían en un escuela de Escobar- terminó suicidándose este mismo año. Además, vemos que incluso los hijos e hijas de migrantes -que son argentinos legalmente- son frecuentemente extranjerizados como si la nacionalidad de sus padres “marcara” -más allá de su voluntad- su pertenencia y lealtad. Eso genera diversos problemas no sólo en las escuelas con docentes que ven sus espacios de formación y capacitación desmantelados -como el Programa de Educación Intercultural- sino también en las familias que deben lidiar con estas situaciones en algunos casos con muy pocas herramientas legales y emocionales.
Por otro lado, en la Universidad de Buenos Aires -que es la que más concentra la demanda educativa de extranjeros- sólo el 4.4% de estudiantes son nacidos fuera de la Argentina. Es decir, que es casi el mismo porcentaje que la población migrante en general. Me pregunto nuevamente si lo que molesta no es la cantidad de migrantes sino sus lugares de procedencia: migrantes de Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Ecuador y Venezuela vienen en grandes cantidades a estudiar a la Argentina. Sin embargo, la presencia de estudiantes extranjeros es lo que pone a nuestras universidades en los rankings internacionales de excelencia académica. Es -según varios organismos de calificación de la educación superior- un indicador de “calidad universitaria”. Todo lo contrario de lo que intentan manipular los medios de comunicación, como el reporte del programa “Periodismo Para Todos”, quienes afirman que la población de estudiantes extranjeros “nos” cuesta 360 millones de pesos al año. Además de resultar oscuro el modo en que se hizo ese cálculo, solamente recordando el dato de que los posgrados -entre otros cursos- son pagos, y que esos estudiantes que llamamos extranjeros son lo que llamamos “generación 1,5” (es decir, que migraron de niños y pasaron por todo el sistema educativo, llegando a la universidad como primeros universitarios de sus familias en un proceso de movilidad social ascendente), la teoría del costo se cae sola. Además, no existe relación entre aumento de matrícula extranjera y el aumento de presupuesto educativo, eso lo sabemos porque el mismo está en descenso. Entonces, si los estudiantes universitarios nacidos en otros países constituyen una población que contribuye a la economía local y paga por ese derecho de diversas formas, la “ilegitimidad” fundada sobre prejuicios e ideas falsas, no esconde otra cosa más que el racismo y el odio al pobre.
Los migrantes contribuyen a la generación de riqueza, como fuerza productiva y mediante el pago de impuestos.
Porque quienes trabajamos en las universidades del conurbano sabemos cuántos hijos de trabajadores ingresan y son primera generación de universitarios, nadie nos puede mentir sobre eso, lo vemos a diario. Ahora, quienes sostenemos la educación pública estamos en paro, defendiendo el derecho a la educación como forma de desarrollo personal y de mejoramiento de las opciones de vida, especialmente de los sectores más vulnerables. Entendiendo que la producción de un conocimiento público y comprometido con la sociedad es un valor para la construcción de justicia porque contribuye a descartar ideas falsas y malintencionadas, investigadores y docentes apoyamos a los migrantes y sus familias y repudiamos estas campañas xenófobas de las que son objeto actualmente con mayor violencia. La exclusión de los migrantes de la educación pública argentina no sólo viola la Ley de Migraciones, la Ley de Educación, la Ley Anti-Discriminación y la Constitución Nación sino que está siendo vinculada de manera perversa con un aumento de la criminalización y la violencia, negándole derechos a ciudadanos que son además usados como “chivos expiatorios” para ocultar la ineficacia del Gobierno como generador de políticas equitativas que realmente impacten positivamente en la vida de las personas. Entonces me pregunto: ¿estamos educando para el racismo o para la igualdad?
*Doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como Profesora y Becaria Postdoctoral del CONICET en la Universidad Nacional de San Martin (IDAES-UNSAM). Especialista en Inmigración boliviana y paraguaya en el Gran Buenos Aires.
Aclaración de la autora:
Los inmigrantes son una parte importante de la fuerza productiva de la Argentina: varones y mujeres de Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, pero también de Senegal, China o República Dominicana (entre otros) que se desempeñan en áreas estratégicas de la producción y, como tales, contribuyen económicamente al país. A pesar de estos hechos observables para cualquier investigador, circulan ideas falsas que -si bien no son nuevas- se están difundiendo con demasiada rapidez en estos últimos dos o tres años, alimentadas desde medios de comunicación, declaraciones de altos funcionarios de gobierno, e incluso por iniciativas como el DNU 70/17 y otros proyectos de modificación de la actual Ley de Migraciones. Como parte de diversas redes de investigadores de universidades públicas nacionales que trabajan, desde distintas perspectivas, con familias migrantes en distintos puntos del país, puedo afirmar que estas ideas son falsas y que, ya sea producto de la ignorancia o de la mala fe, han servido a lo largo de nuestra historia para vulnerabilizar aún más a sectores de nuestra población ya de por sí marginalizados como los inmigrantes. En ese sentido, quiero poner a disposición pública una serie de informaciones derivadas de estas investigaciones, basadas en datos producidos por distintos niveles del Estado nacional, es decir que pueden chequearse en distintas fuentes, y también de nuestras propias observaciones. Mi propósito es derrumbar el argumento que sustenta el actual cambio en la política migratoria (representado fielmente en el DNU 70/17) sobre la base de que hay un “abuso” por parte de los migrantes de los distintos servicios públicos, especialmente en el ámbito de la educación. A la vez, pretendo llamar la atención sobre la necesidad de defender el conocimiento científico como base para la elaboración de legislación y política pública (no sólo en materia migratoria sino en otras áreas del estado) para poder superar así las falsedades e inconsistencias que sustentan el actual redireccionamiento, y de valorizar la educación como una herramienta clave para pensar el futuro de la sociedad argentina en términos democráticos e inclusivos.
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