Una guerra contra la movilidad humana

¿Han variado las políticas migratorias a partir de la asunción de gobiernos más de derecha en los países de América Latina? ¿En qué se ha notado?

Desde la asunción de Donald Trump en EEUU, se afirman las políticas de seguridad y el control de las migraciones, lo que ocasiona más riesgos, precariedades y muertes durante y después de las travesías migratorias. Las alternancias en los gobiernos que controlan los aparatos estatales buscan extender la temporalidad de formas de dominación en medio de la crisis de los estados neoliberales. La Frontera sur de México y norte de Centroamérica es un ejemplo ejemplar. Se trata de una zona de alto riesgo y violencia para las personas migrantes en la medida en que la política migratoria se ha supeditado a la agenda de seguridad, criminalizando el acto migratorio y militarizando la frontera como respuesta para el control poblacional y de los procesos socioeconómicos concurrentes.

La migración internacional se ha definido como un problema de seguridad y, como consecuencia, el paso fronterizo se ha complejizado siendo más riesgoso para los transmigrantes, naturalizándose las violencias de las que son víctimas sacrificiales. La actual estrategia de securitización no sólo busca el control de los flujos migratorios, sino de las insurgencias, las bandas juveniles, los grupos delincuenciales organizados y los traficantes de drogas, armas, seres humanos, flora y fauna. La ecuación es clara: mayor presencia y control militar, aumento de detenciones y repatriaciones de migrantes es igual a mayores riesgos de muerte en las rutas migratorias y al incremento de la violencia social e institucional. Las políticas neoliberales erosionaron los vínculos, abandonado a su suerte a conjuntos poblacionales y de familias muy significativos, dejado al mercado la resolución de necesidades básicas.

La crisis del Estado tiene guantes de seda con marcos discursivos y pragmáticos sobre la integración y el desarrollo pero --ante las fuertes derivas autoritarias y militaristas-- impone, con muy sutiles formas de dominación, la ampliación de una plataforma logística para la acción paraestatal, al margen de la ley. En este sentido, no podemos perder de vista que desde tiempo atrás deviene un alineamiento con las políticas migratorias y de seguridad regional con EE.UU,a partir de una serie de instrumentos internacionales, tratados binacionales o multilaterales, reuniones regionales y “paquetes nacionales” que convergen con los intereses de EE.UU. Bajo el paradigma de la seguridad regional, el modelo preventivo y el rediseño de la propia hegemonía militar y política a nivel global después del 11-S, a nombre de la guerra contra narcoterrorismo.

Los gobiernos de la región colaboran en los planes de “seguridad hemisférica” de EE.UU., en la “guerra contra las drogas” que declaró internacionalmente George Bush desde septiembre de 1989, la “guerra contra el terrorismo” posterior a septiembre de 2001 y el control de la movilidad humana que convirtió en objeto de campaña y en programa de gobierno Trump. Para ello continúan comprando armas y pagando entrenamientos militares a los servicios de frontera (aduanales, migratorios, fitosanitarios) y las fuerzas del orden (policías, militares, judiciales). A lo que se suman intereses por la permanencia y el establecimiento de nuevas bases militares en la región, el control del comercio interoceánico, el tráfico ilícito y la intervención en operaciones especiales contra gobiernos de países de la región considerados sensibles o peligrosos para la seguridad nacional y regional.

¿Se habla mucho sobre la frontera México- Estados Unidos pero muy poco acerca de la migración desde Centroamérica a México?¿Cómo es la situación?

La política fronteriza del Estado mexicano en el sur sureste durante los últimos 17 años se ha definido en torno a tres palabras centrales: sellamiento, blindaje y ordenamiento. La búsqueda de estabilidad y gobernabilidad se ha enfocado prioritariamente en las condiciones de detención, retención y repatriación de transmigrantes en México, fundamentalmente de centroamericanos. Según cifras de la Unidad de Políticas Migratorias de la Secretaría de Gobernación de México, basadas en las estadísticas depuradas del Instituto Nacional de Migración,[1] en los primeros 7 meses de 2017 fueron presentadas ante las autoridades migratorias 52,106 personas por no acreditar su situación migratoria de las cuales el 86% procedió de Centroamérica (44,582) y, fundamentalmente, de El Salvador, Guatemala y Honduras (44,085). En el mismo periodo fueron devueltas a sus países de origen --deportadas y con retorno asistido-- 44,043 personas siendo el 95% de éstas centroamericanas procedentes en su casi totalidad de los tres países mencionados (41,149). Proporcionalmente 8 de cada 10 personas ingresadas en las estaciones migratorias fueron deportadas entre enero y julio de 2017.[2]

En el conjunto de detenidos en los siete primeros meses de 2017 destacaron 9,401 niños, niñas y adolescentes de menos de 17 años (57%, entre los 12 y 17 años, y 43%, de cero a 11 años). En el mismo periodo fueron retornados 8,295 menores (58%, entre 12 y 17 años, y 42%, menores de 11 años), es decir, 9 de cada 10 menores detenidos fueron deportados, de los cuales el 98% fue de El Salvador, Guatemala y Honduras.

El elevado número de detenciones y deportaciones que realizan las autoridades mexicanas tiene correspondencia directa con la agenda migratoria norteamericana desde años atrás, pero su continuidad en 2017 y mayor significación comparativa con las propias cifras norteamericanas, es un indicador muy notorio de la congruencia con la línea política del vecino del norte. También, del endurecimiento de las autoridades migratorias al sobreactuar la norma en el contexto de los cambios en la política exterior, los recortes de fondos, el condicionamiento de los mismos a certificaciones y el interés intervencionista de la nueva presidencia norteamericana.

A lo largo de todo el país, de sur a norte, una serie de controles de seguridad y mecanismos de selección y clasificación muestran que en la frontera sur mexicana inicia la frontera sur norteamericana. En ese camino se ha definido el Estado mexicano como un operador de los intereses del norte haciendo el trabajo de gendarme de EE.UU., al subordinarse a su agenda con una muy agresiva apuesta de securitización como estrategia del control migratorio. Aquí debemos advertir que esta agenda estratégica de securitización, con la militarización y la violencia correlativas, se expande coercitivamente  por todo el continente con el fortalecimiento de la presencia militar en múltiples escalas territoriales, regionales y nacionales. Un modelo de intervención con nuevas tácticas que propician la desestabilización política y el debilitamiento de tejidos sociales siendo un objetivo estratégico controlar la reproducción social y biológica, regular dinámicas poblacionales, y subordinar las diferencias socioculturales a las lógicas asimétricas del mercado.

¿Cuál es la importancia de la migración para el desarrollo humano?

La movilidad pendular es una de las principales claves de las estrategias de sobrevivencia de las unidades familiares y las comunidades --empleo temporal, acceso a mercados locales de alimentos básicos, servicios médicos u otros y refugio ante amenazas armadas de fuerzas estatales, paraestatales, paramilitares, bandas o narcotraficantes--. Comunidades y familias dependen de la movilidad para acceder a ingresos, bienes o servicios básicos al emplearse temporalmente en épocas de cosechas, en el sector de los servicios como en el trabajo doméstico, acudir a los servicios médicos u otros, y adquirir alimentos. La movilidad interna y transfronteriza ha sido “la alternativa” o una estrategia fundamental de vida, un factor de integración y diferenciación económica, cultural y social en la región porque muchas familias necesitan de mercados laborales distantes del lugar donde residen para asegurar algún ingreso que permita acceder a mercados de granos básicos, hortalizas y otros productos. Necesitan moverse permanentemente para acceder a medios de vida fundamentales.

Sin embargo la precariedad laboral, la criminalización de la movilidad y los controles migratorios pueden asestar un golpe muy duro a las economías familiares y poner en peligro la sustentabilidad, la seguridad alimentaria y la reproducción de la vida misma por intereses de explotación de la renta aduanera, del espacio urbano, de la tierra por el agronegocio, de las grandes empresas y conglomerados que cooptan el mercado de consumo y de otros medios o pequeños empresarios que critican la informalidad o el comercio hormiga.

¿Quiénes son los principales interesados en limitar las migraciones?

Abrir o cerrar las puertas para regular flujos migratorios expresa las necesidades de los mercados laborales de mano de obra más o menos barata para los sectores primarios y altamente especializada para los sectores de punta.

Los límites en las políticas, las prácticas y las dinámicas migratorias remiten a correlatos espaciales muy concretos entre distintas formas de violencias: procesos de desposesión de tierras, explotación de recursos estratégicos y mercantilización hasta de la vida, así como a dislocaciones humanas en busca de medios de vida para la supervivencia.  

Hoy llama poderosamente la atención cómo el estado posneoliberal, cooptado por una elite política transnacional, es requerido para acompañar los actuales procesos de desarrollo capitalista y demostrar capacidad de mando con modos de gestión que tienden, ante la ausencia de legitimidad social y política, a una deriva autoritaria, militarista y armamentista.

¿Qué rol cumplen los medios de comunicación para que se diga que las personas migrantes son un enemigo?

Son los grandes productores de plusvalía simbólica para la dominación sociocultural. Su rol es fundamental al organizar representaciones del mundo. Realizan producción informativa en la que atribuyen responsabilidades sociales negativas a los migrantes. Los medios median en la construcción de convenciones culturales que abstraen la realidad y son muy bien vendidas y hasta aceptadas socialmente.

Los discursos mediáticos han privilegiado la cobertura de temas migratorios en coyunturas críticas construyendo representaciones de las y los migrantes y los procesos migratorios con absolutizaciones de una cara conflictiva, riesgosa e insegura a partir de experiencias humanas dramáticas, densas y profundas.

La porosidad o permeabilidad negativa de las fronteras que domina el discurso mediático termina conquistando el conocimiento público y oblitera las lógicas más complejas. Expone a las víctimas y no a los victimarios. Muestra las consecuencias y no las causas de los problemas actuales. Entonces, se impone la imagen de la frontera gris, oscura, riesgosa y peligrosa para la “seguridad global” que sustenta la securitización y legitima la movilidad castrense.

Los ideales modernizantes y moralizantes de la frontera han normalizado la escalada de la violencia y la violación de los derechos humanos por lo que es tristemente célebre esta Frontera sur en toda su verticalidad territorial. Si se siguen en la prensa las noticias de muertes, secuestros y violaciones (de mujeres centroamericanas en particular) durante los trayectos migratorios, se constata un memorial de vejaciones a la dignidad humana como correlato de la estrategia de seguridad que criminaliza la migración al decretarla ilegal y de manera sumaria condena a las y los migrantes con el rechazo.

Por ello los medios alternativos insisten en la importancia de lógicas relacionales e interdependientes, así como en la geopolítica desde debajo de distintos actores de las sociedades locales. Buscan desrealizar la dominación mediática tan imbricada con los discursos políticos, relativizando las construcciones legitimadoras de una “normalidad” instituida por los discursos dominantes sobre las configuraciones migratorias y, en general, de nuestras sociedades.

Estamos ante una combinación de distintos medios políticos, militares, económicos y comunicacionales que legitiman nuevas formas de intervención. Entonces, las “amenazas” a la seguridad han tenido un uso instrumental para la toma de decisiones en la política interior y exterior, la manipulación de la opinión pública y la legitimación del financiamiento de la securitización. Es un imperativo ético mostrar los complejos rejuegos de poder e intereses económicos, financieros y políticos que están detrás de lo que algunos ven como espectáculo. Para actualizarlos, los argumentos evolucionaron de la lucha contra las drogas, a la lucha contra el terrorismo y, más recientemente, contra la migración. Y ello se ha expresado en términos de guerra antinarcótico, guerra antiterrorista y guerra antimigrante apoyándose en “sobreposiciones”, “conexiones” o “lazos” como los del “narcoterrorismo” que justifican esquemas de intervención y avasallamiento mediante la propagación del miedo y la violencia con fines políticos.

¿Qué significa que haya cada vez más pueblos originarios que se ven obligados a migrar?

Significa que los pueblos originarios son forzados u obligados a migrar por la pobreza, la miseria y precarización de sus vidas; que se les han negado sus derechos a la tierra, al agua, a las semillas, a recursos vitales, a fuentes de identidad y a la movilidad misma. Que tienen que buscar cada vez más lejos los medios de vida necesarios; asumir las rupturas de vínculos sociales históricamente construidos en sus espacios de reproducción social y cultural; y resistir reconstruyendo sus vínculos en otros contextos generalmente urbanos, reinventado sus tradiciones y actualizando sus identidades.

Hay que observar, sin menospreciar o sobrevalorar, cómo los pueblos  reconocen los límites del debilitamiento de sus estructuras comunales de decisión sobre sus recursos, su dependencia de políticas públicas focalizadas que rompen formas de reproducción comunitaria, la sostenibilidad de la agricultura familiar por la dependencia de productos importados, el sometimiento de su entorno a presiones conectadas con el mercado de consumo, el turismo y las energías fósiles situándolos en el camino de despojos, ventas, abandonos de las tierras, migraciones y rupturas de los tejidos comunitarios en la lógica del consumismo y el individualismo. También, cómo actúan, luchan y resisten frente a la desvinculación del territorio que habitan, a la fragmentación con que se (re)presenta su espacio vital y cómo se oponen al desconocimiento cuando no la violación de sus propios derechos humanos, sociales, políticos y culturales, a la tierra, al agua, a la movilidad y al desarrollo sostenible. Y comparten críticas a las traiciones éticas del Estado, así como falta de fe en los gobiernos que han traicionado las promesas de proteger la vida digna y secuestrado sus vidas.