Un productor rural fue condenado en Chubut por maltrato animal, en una causa de alto impacto mediático. Detrás de la supuesta “masacre” de pingüinos que no pudo probarse hay marketing ambiental, intereses económicos y hasta la Embajada de Estados Unidos.
La noticia sacudió los portales informativos de distintas partes del mundo. Una “masacre” de cientos de pingüinos de Magallanes y sus crías y sus huevos y sus nidos “en la reserva Punta Tombo”, en Chubut, por un productor ganadero que les habría pasado una topadora por encima y los habría electrocutado con el alambrado perimetral que colocó en su campo.
“Una sentencia histórica que marca un antes y un después en la lucha por la protección de la biodiversidad en Argentina”, describe la noticia la web del Ministerio Público Fiscal de Chubut, ilustrada con una foto de la fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, que llevó adelante el caso. “Justicia para los pingüinos”, decía el cartel de Greenpeace que sostenía una sonriente Gómez, rodeada de las querellas, en una de las audiencias finales.
La condena “histórica” contra Ricardo La Regina por daño ambiental agravado y crueldad animal es el final de una crónica anunciada. El gancho lo pusieron en la capital provincial los jueces María Laura Martini, Eve Ponce y Carlos Richeri, para quienes estuvo “probada la materialidad y la autoría” de los hechos.
La pena, que se conoció el 20 de noviembre, fue de 3 años de prisión de ejecución condicional y el decomiso de la máquina retroexcavadora que utilizó La Regina para trazar caminos en los campos familiares de Punta Clara, una zona donde los pingüinos llegan cada año para reproducirse. También se ordenó la inmediata intervención del Estado para que, a través de los organismos competentes, ingrese al establecimiento para realizar la recomposición del medio ambiente afectado.
El mediático caso lo impulsaron tanto la fiscal Gómez como las querellas que representaron al Estado provincial y a las organizaciones Fundación Patagonia Natural, Greenpeace, National Geographic y la Asociación de Abogadxs Ambientalistas de Argentina; Eduardo Hualpa, reconocido por su compromiso con los derechos humanos en la provincia, fue parte de las querellas. Habían pedido para el productor cuatro años de cárcel, una restricción de uso de su propiedad, 500 hectáreas para la extensión de la reserva natural Punta Tombo y el pago de 518.000 dólares (sí, en moneda extranjera).
? HISTÓRICO VEREDICTO EN LA CAUSA DE LOS PINGÜINOS DE PUNTA TOMBO ???
-- Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) November 7, 2024
Desde Greenpeace Argentina, junto a @fpnarg , y la @AbogadesAmbient , celebramos como organizaciones querellantes, el fallo histórico en la causa por la masacre de pingüinos Magallanes en Punta Tombo.
?… pic.twitter.com/meilgcivfZ
Lucas Michelaud, de la Asociación de Abogadxs Ambientalistas de Argentina, un colectivo de profesionales con presencia en conflictos socioambientales donde el modelo extractivo afecta la vida de las poblaciones locales, explica el interés que tuvo su espacio en acompañar la causa: “Tomamos intervención hace tres años, nos generó indignación, nos constituimos querellantes. Que no quedara como un típico caso penal sin tener perspectiva ambiental, encontrarle una vuelta de rosca para que sea caso penal ambiental, obtener condena en perspectiva ecológica: no propiedad individual, sino el bien jurídico protegido, el ambiente. Lo logramos, por eso lo de condena histórica, por crueldad animal, pero acá fueron dos delitos; además, el de daño agravado al ambiente”.
La euforia ambientalista del caso tiene matices cuando se hace zoom en los detalles del proceso. Detrás del póster en el que un grupo de defensores del medio ambiente celebran la instalación del “ecocidio” en la agenda judicial argentina, hay una película con protagonistas tan exóticos y expresivos como los pingüinos: Susana Giménez, el gobernador de Chubut, un carismático biólogo reconocido internacionalmente y la Embajada de Estados Unidos.
¿Caso cerrado o errado?
La diva de los pingüinos
.
La primera aclaración necesaria es que los hechos juzgados no ocurrieron en Punta Tombo, un santuario natural al que acuden cada año, desde septiembre, los pingüinos de Magallanes para reproducirse y, en paralelo, miles de turistas que reportan divisas (se estima que solo por traslados y accceso a la reserva ingresan 10 millones de dólares anuales) para la provincia patagónica. El territorio en conflicto es la estancia La Perla, un campo privado lindero a la reserva, 10 kilómetros distante y a unos 170 kilómetros de Puerto Madryn.
Más allá del apoyo explícito y el asesoramiento que recibió la fiscal Gómez con las querellas en el juicio, durante la etapa de investigación fue el propio gobernador de Chubut, Ignacio Nacho Torres, quien la mostraba como parte de su equipo cada vez que podía, con fotos y notas publicadas en medios afines (que en la provincia son casi todos). Luego de la condena, Torres elogió a la Justicia con una calculada analogía: “No vamos a permitir que un ecocidio de estas características vuelva a ocurrir nunca más”.
Torres, la cara joven del PRO en la política argentina, aprovechó esta movida para colgarse una nueva medalla en público. “Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y gas”, había desafiado el dirigente mimado por Mauricio Macri al Gobierno nacional en febrero, cuando Javier Milei no concluía todavía su tercer mes de mandato y estaba abierto un frente de batalla con los gobernadores patagónicos.
El 16 de noviembre, cuatro días antes de conocerse la sentencia contra La Regina, Torres hizo un anuncio político con ribetes farandulescos. Con Susana Giménez a su lado, manifestó la intención de ampliar el Área Natural Protegida de pingüinos Punta Tombo (incluida una parte de la estancia La Perla) y la creación de una fiscalía ambiental.
UN PROYECTO INDISPENSABLE PARA SEGUIR PROTEGIENDO NUESTRO PATRIMONIO NATURAL
-- Nacho Torres (@NachoTorresCH) November 16, 2024
En las nuevas instalaciones del @mefpatagonia , y junto a referentes de la ciencia, la cultura y el medioambiente, presentamos el proyecto para la ampliación del Área Natural Protegida Punta Tombo,… pic.twitter.com/nRAZf3SSTc
La Regina había ofrecido unas 500 hectáreas de su campo para evitar el juicio penal, pero el tribunal declinó la oferta. Con el partido ganado, Torres jugó la carta de la expropiación, que debe ser validada por la Legislatura provincial.
Susana se llevó de Chubut un pingüino de peluche y una foto junto a Torres y dos protagonistas claves en la causa: Pablo García Borboroglu y Laura Reyes. La diva ya había venido a la provincia en 2010, cuando gobernaba Mario Das Neves, el padre político del gobernador Torres. En la foto de archivo también aparecen pingüinos de fondo.
Ya en diciembre de 2021, un mes después de la mentada “masacre”, estaba rondando por los pasillos del poder local el proyecto de expropiación a La Regina. Lo había anticipado el exdiputado nacional, exdiputado provincial, exvicegobernador y exintendente de Puerto Madryn, Carlos Eliceche, identificado con el peronismo provincial. En su cuenta de Twitter/X, escribió: “Nos encontramos trabajando en un Proyecto de Ley, con el objetivo de expropiar la zona la Masacre de Pingüinos en #PuntaTombo”.
El amigo de la Embajada
.
“Un pingüino en el cuerpo de un humano”, describe Laura Reyes a su marido, Pablo Popi García Borboroglu, fundador de la ONG Global Penguin Society. Entre sus credenciales figuran: biólogo del Conicet, “explorador NatGeo”, ganador en 2023 del Indianapolis Prize (conservación animal) y protagonista absoluto del documental “El señor de los pingüinos”. La película se estrenó este año con dirección de Damián Martínez, coordinador del Espacio INCAA de Puerto Madryn y director del Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn (MAFICI).
Borboroglu es una rara avis dentro del universo Conicet. No necesita colocarse en la vereda de los reclamos a un Gobierno nacional que ha convertido a la ciencia en uno de los casilleros eliminables del presupuesto estatal; Popi, en cambio, es habitué de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina.
Hay una foto emblemática. Sonríen a cámara Reyes, Borboroglu, Torres, Macri, el embajador Marc Stanley y su mujer, Wendy. Fue en mayo pasado, cuando la Embajada le organizó a la Global Penguin Society (GPS) una gala por su 15º aniversario.
La GPS de Borboroglu fue premiada por un estudio sobre las migraciones de pingüinos de Magallanes hacia Brasil mediante un rastreador que financió la National Geographic y acompañaron también el Gobierno de Chubut, la Universidad de Stanford de EE.UU., el Conicet y Parques Nacionales. Del festejo en la Embajada también participaron figuras de la farándula como Juana Viale e Iván de Pineda, y los magnates Paolo Rocca y Eduardo Eurnekian. Popi Borboroglu había sido felicitado públicamente por Stanley en redes sociales, donde también hay rastros de sus visitas a la residencia del embajador.
Construcción de una “masacre”
.
Popi y su esposa Laura se complementan bien: él preside GPS y ella (también bióloga y docente en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) es directora ejecutiva de la oenegé apoyada por la Fundación Disney, NatGeo y la Whitley Fund For Nature, entre otras. La pareja también cumplió un rol fundamental durante el juicio contra La Regina, ya que sus testimonios fueron uno de los pilares en los que se apoyó la fiscal Gómez para instalar la idea de “masacre”.
El conflicto en la estancia La Perla comenzó por una pelea familiar. Borboroglu estuvo desde el primer momento para asesorar a Luis Alberto La Regina (hermano del padre del condenado, que sufre una discapacidad y por eso su hijo Ricardo administra el campo en cuestión) en la denuncia contra su sobrino por usurparle el campo para desmontar, hacer caminos e instalar un alambrado en esa zona pingüinera con vistas al Atlántico.
Popi fue el primer especialista en llegar al lugar, al que acudió otras tres veces en menos de un mes; participó como perito en dos de los tres procedimientos judiciales y estuvo en el juicio declarando como testigo. ¿Por qué no fue querellante? “Se dieron cuenta que era demasiado”, le confía a este cronista una fuente cercana a la investigación.
Borboroglu y Reyes firmaron en un informe dirigido a las autoridades competentes: “Se constató la destrucción de un número mínimo estimado preliminarmente de 146 nidos, tanto por aplastamiento y posterior compactación del terreno, como por el depósito de material extraído con la pala sobre nidos linderos al camino. Este cálculo se obtiene de la extrapolación de la densidad de nidificación medida en terreno sobre las superficies impactadas. Se estima un total de 292 pichones muertos y/o huevos destruidos, sin poder estimar aún el número de adultos que pudieran haber resultado aplastados por las máquinas dentro de sus nidos”.
Las fechas son clave. El informe mencionado es del 26 de noviembre de 2021. Sin embargo, la topadora fue pasada por primera vez por Ricardo La Regina en agosto, cuando los pingüinos de Magallanes aún no habían llegado a la costa (en esa época del año están en el mar). Y al llegar, a mediados de septiembre, no construyen nidos en tierra compactada (por la topadora, en este caso). O sea que en los nidos preexistentes no podría haber ni pichones ni huevos ni tampoco pingüinos adultos.
La topadora volvió a pasar en noviembre y diciembre, cuando la nidificación estaba en marcha. La destrucción de los nidos no la niega ni siquiera el condenado, y por este daño debe pagar las consecuencias. Pero, ¿hubo una “masacre”?
Para el segundo peritaje, Borboroglu acudió con un equipo del canal de noticias TN, del Grupo Clarín (el video en YouTube tiene fecha del 30 de noviembre de 2021). “Chubut, tragedia ambiental”, dice el graph y el cronista afirma que “mató a un montón de ejemplares adultos”. Los entrevistados del móvil son Borboroglu y Reyes, presentados como “biólogos del Conicet”: “Acá hay delito penal”, afirman. “Están todos los pingüinos pisados”.
Fernando Bersano, quien asistió a ese peritaje en su carácter de director de Flora y Fauna Silvestre provincial, declaró en el juicio contra La Regina y señaló ante el tribunal que la presencia periodística era indebida y entorpecía su trabajo. “Tuvimos que pedirle a la Policía que los sacara”, expresó con relación a esa puesta en escena.
Casi dos años después, en el juicio, Borboroglu y Reyes fueron los únicos dos testigos que ratificaron su propio peritaje. La fiscal Gómez no consiguió que ningún otro testigo le diera pie a la “masacre” ya difundida.
Pruebas trituradas
.
29 de octubre de 2024, segunda audiencia de testigos en el juicio contra La Regina. Es el turno de Pablo García Borboroglu, quien no encuentra aire para hablar y pide disculpas a los presentes por su agitación (“es que subí corriendo las escaleras”).
De pie junto a una pantalla, con los jueces a su derecha, Popi se dirige a la querella frente a él. “No sé si lo pueden identificar (“sí”, responde la fiscal Gómez)... está el pico, el ojo, la cabeza…”. La imagen no es nítida, al menos en YouTube. “Ésta es la clara evidencia, había nidos como éste en todo el derredor, o sea, los que se salvaron tenían pingüinos, por lo cual, lo que se destruyó era parte de la colonia (...) acá se ve la huella, se había transitado ese día. Acá no se escucha, pero estaba lleno de pichones pidiendo comida, es la época”.
La fiscal señala el 26 de noviembre de 2021, fecha del primer informe de Borboroglu, realizado a pedido del ministro de Turismo de entonces, Néstor Quique García. Luego, Borboroglu explica cómo calculó la cantidad de nidos, huevos, pichones y pingüinos muertos: “Una estimación por sectores según la densidad de nidificación. Estimamos 146 nidos... lo pudimos ajustar y nos da 175 nidos destruidos”. Los nidos son claves para los pingüinos, por ser una especie que tiene una fidelidad del 79% en machos y 70% en hembras.
Foto superior: la traza de uno de los caminos que hizo Ricardo La Regina en su estancia La Perla, a 10 km de la reserva de Punta Tombo. (Crédito: Greenpeace)
El 2 de diciembre de 2021 se produjo el primer allanamiento, del que también participó Borboroglu, quien regresó al lugar el 5 de diciembre de 2021 con los fotógrafos Daniel Feldman (Diario Jornada) y Maxi Jonas (Gobierno de Chubut); ambos declararon en el juicio.
Popi regresó nuevamente a La Perla el 16 de diciembre de 2021 para el último allanamiento, del que participó la fiscal Gómez equipada con drones enviados desde Nación. “Cuando llegué la escena ya había sido alterada”, agrega Borboroglu y dice que los pichones que él había visto la primera vez, no los encontró.
Acá la justificación del especialista: “La topadora pesa 8.000 kilos, arrollando todo esto, compactando, triturándolo, es muy difícil que queden rastros visibles. Ahí todo el tiempo hay huellas de una camioneta, tranquilamente alguien pudo haber entrado a limpiar la zona”.
–¿Usted vio algún pingüino arrollado? –le pregunta el abogado de la defensa, Federico Ruffa.
–Sí, dos, esos que narré –responde Borboroglu.
–¿El pingüino había sido aplastado? –insistió Ruffa.
–Es muy probable que en parte haya sido aplastado.
La fiscal objeta la intervención del abogado de La Regina.
“El defensor pretendía que yo fuera a la audiencia con los cuerpos de animales. ¿Cómo voy a encontrar yo todos los cuerpos si pesan 10 gramos y miden 5 centímetros y fueron arrastrados por una montaña de tierra? Por eso le pedimos a los investigadores que estimen las muertes”, expresó Gómez en una entrevista periodística.
Foto superior: un ejemplar de pingüino de Magallanes. (Crédito: Greenpeace)
¿Y las pruebas materiales? No había, porque fueron “trituradas” por el peso de la máquina, declaró Popi. Sí en cambio presentaron imágenes satelitales producidas por National Geographic con las que se certificó el movimiento de suelo en el lugar y el impacto en el hábitat de los pingüinos.
Es desde esta pericia que se estiman las muertes: la prueba clave de la fiscal Gómez, además de los testimonios de Popi y señora. El delito se probó con esa estimación, bastante alejada (por su imprecisión) de la “masacre” con que se instaló mediáticamente la causa.
Las otras pericias
.
“Masacre de pingüinos en Punta Tombo”. Con variaciones, fue el eje informativo elegido por los medios que se hicieron eco del caso: Infobae, La Nación, Clarín, Página/12, TN, América, El DiarioAR, Ámbito, Perfil, entre los nacionales; El País de España, DW de Alemania, Greenpeace (“Matanza de pingüinos”, titularon) entre los portales extranjeros; Diario Jornada, El Chubut, Diario Río Negro, por citar algunos zonales. En las coberturas hablan de animales aplastados y electrocutados por el alambrado electrificado que La Regina colocó. ¿Por qué ninguno habla de los otros peritajes que circularon en la causa?
Popi Borboroglu no fue el único que investigó la zona de la “masacre” y declaró en el juicio: se realizaron tres peritajes con especialistas de Conicet, del Ministerio de Ambiente de Chubut, de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre provincial (por entonces dentro del Ministerio de Ganadería y Comercio; hoy, en Producción) y también de Nación, como el Consejo Nacional de Biodiversidad y la Brigada de Control Ambiental, que pusieron su firma. A diferencia del argumento que sostuvo la tríada Gómez-Borboroglu-Reyes, ninguno de los otros especialistas habla de cientos de pingüinos muertos.
“No se verifican adultos o crías muertos”. Los especialistas que declararon como testigos negaron haber visto cuerpos de estas aves en el campo de La Regina. Ratificaron en el juicio lo certificado en los allanamientos. “No se verifican animales electrocutados (...) no hay juveniles o adultos muertos sobre los lados del alambrado”, afirmó el director de Flora y Fauna Silvestre, Fernando Bersano, quien sabía que al firmar ese informe se convertiría en el malo de la película.
Bersano afirmó que encontró “uno o dos” ejemplares muertos en el lugar. La misma declaración que hizo en 2021, cuando participó de los peritajes, fue ratificada durante el juicio. A Bersano, veterinario respetado por la comunidad científica chubutense, lo echaron en su momento... y lo reincorporaron en 48 horas. Después de su declaración en el juicio, tres años más tarde, la historia se repitió con matices: le pidieron la renuncia y él aceptó.
“Sí se registran nidos derrumbados y afectados al borde del camino, se verificó la presencia de dos pichones muertos en los nidos afectados directamente por la traza…”, escribió Bersano en su informe. ¿Dos pichones de pingüinos muertos equivale a una “masacre”? Este argumento difiere del relato de cientos de adultos “pisados”, pingüinos “electrocutados”, pichones “triturados” y huevos “destruidos”.
“No me permiten hablar”, le respondió Bersano a este medio cuando se le requirió una entrevista. Es que el especialista sigue formando parte de la cartera como asesor técnico. El pedido realizado ante el Ministerio de Producción y el Ejecutivo provincial para obtener una declaración oficial tampoco prosperó. La respuesta fue el silencio.
Otro testigo presentado por la defensa en el juicio fue el investigador del Conicet Mario Rostagno, ingeniero agrónomo especialista en suelo, con décadas de experiencia en la zona. Transcribimos un fragmento de su declaración:
–¿Usted vio lo que podrían ser restos de materia orgánica animal en el suelo en el tajamar?
–Usted me está preguntando si vi o no vi pingüinos –aclaró Rostagno ante la pregunta del abogado defensor Federico Ruffa.
–Básicamente.
–No –concedió Rostagno.
–Eso no fue lo que le pedimos a Rostagno –buscó silenciarlo la fiscal Gómez.
–No más preguntas –terminó el defensor.
Rostagno fue uno de los investigadores del Conicet que firmaron el peritaje en el lugar: el informe no habla de pingüinos muertos, sino del suelo removido.
Como Bersano, una inspectora del Ministerio de Ambiente de Chubut también es perseguida por su declaración en juicio. Se trata de la licenciada Mariana Gigena, quien afirmó ante los jueces que “no se veían nidos destruidos, sí 2 o 3 en un costado, propio del desmoronamiento natural; pero no porque les pasaron por encima”. Ahora, la Fiscalía de Estado, uno de los querellantes en el juicio, quiere incriminarla por no haber denunciado las irregularidades que detectó en Punta Tombo.
¿Quién miente y quién dice la verdad? ¿Por qué?
Capitales pingüinos
.
La salida del respetado Bersano detonó el malestar de la comunidad de especialistas y científicos con décadas de experiencia en la materia, que trabajan con la fauna local a diario y al margen de los flashes mediáticos. “Voy a ayudar a contar la verdad porque estamos en contra de la salida de Bersano de Flora y Fauna, y más porque fue un pedido de Borboroglu al gobernador”, le confió a este cronista un especialista en pingüinos con 20 años de experiencia.
“Sobre todo hay una cuenta matemática que no falla: la máquina pasó el 14 de agosto, ese año los pingüinos fueron llegando a principios de septiembre, pero a Punta Tombo... y este campo, La Perla, está a 10 kilómetros de la reserva, por lo que la zona no es relevada. ¿Cuántos pingüinos pudo haber aplastado? Cero”, fundamentó. Para esta fuente, que elige hablar en off por posibles represalias, “el caso es una truchada total”.
¿Por qué a Borboroglu y Reyes les convendría hablar de una “masacre” de pingüinos de Magallanes? “La clave está en la categoría de conservación de los pingüinos de Magallanes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)”, apunta otra fuente especializada que también elige el anonimato.
En 2020, el pingüino de Magallanes fue recategorizado por el equipo de expertos de la UICN, liderado por Borboroglu, de “Cercano a la Amenaza” (o Near Threatened) a “Preocupación Menor” (o Least Concern). Este punto es central ya que al “caerse” la categoría de peligro, también se caen los financiamientos nacionales e internacionales para hacer conservación.
Con la causa contra La Regina los pingüinos volvieron a estar en el foco ambiental global. Los pingüinos ya no solo están amenazados por la emergencia climática, el calentamiento de los océanos, la interacción con las pesquerías o el petróleo… ahora el peligro es el humano en tierra: la topadora. “Lo que está en tensión es el modelo de conservación: la ciencia que se ocupa en y por el territorio versus la ciencia del lobby, neoliberal”, dice la fuente.
¿Importan los pingüinos o solo el flujo de capitales que mueven los pingüinos?
La voz mala
.
“No maté a ningún pingüino, no hay ninguna prueba”, afirmó antes, durante y después del juicio Ricardo La Regina, el administrador del campo, el de la topadora. Para la opinión pública, el Malo de la película; para otros, el perejil justo. La Regina es un apellido centenario en la zona y esta “masacre” tiene como origen una disputa familiar por la herencia del campo que él hoy administra.
Foto superior: Ricardo La Regina conversa con su abogado defensor Federico Ruffa durante el juicio. (Crédito: Diario Jornada)
La reserva de pingüinos de Punta Tombo se origina en la cesión de tierras que hizo su bisabuelo, Luis Emilio La Regina, a la provincia en 1968; Don Luis se había instalado allí en 1920. El decreto provincial que le dio nacimiento a la reserva es de 1972 y luego se convirtió en ley en 1985. En el juicio quedó acreditado, además, que Ricardo colaboró con diferentes censos y estudios de pingüinos que se han hecho en la estancia La Perla, incluso con participación de Borboroglu.
“El argumento de ellos (la fiscal Gómez, Borboroglu y señora, las querellas) es que los pingüinos se molieron tanto que se transformaron en pedazos ínfimos y desaparecieron. Hay testigos que mienten y quedaron en evidencia”, se defendió, con su voz ronca inconfundible. La Regina afirmó que en vez de peritar el suelo para buscar los cuerpos de cientos de pingüinos muertos, contrataron drones para revisar la zona desde el aire (pericia de la que no fue notificada la defensa).
¿De qué se hace cargo La Regina? “Lo que sí hice mal, y lo admití desde un primer momento, desde 2021, fue que rompí cuevas de pingüinos cuando no había pingüinos. El censo que tiene Borboroglu, que dice hasta dónde hay pingüinos en Punta Clara, me lo niega, no lo presentó en juicio. Yo hice ganado ahí en mi campo porque no me dejaron hacer un emprendimiento con pingüinos. Y digo: la ganadería es incompatible con los pingüinos. Eso lo saben hace 10 años. Hace 10 años que pido que abran caminos y no me dan bola. Yo quería entregar tierras, pero me quieren preso: no sé qué beneficio tendría eso para los pingüinos”.
La Señora Justicia
.
La mencionada fiscal Florencia Gómez tiene un conocido derrotero en Chubut. A la par que luce el cartel de Greenpeace que reza “Justicia por los pingüinos” y sale en la tevé presentada como justiciera, Gómez prepara una nueva ofensiva judicial contra vecinas y vecinos de Chubut. Es por lo ocurrido durante la jornada en que se manifestaron en la Legislatura contra la aprobación de la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La fiscal impulsa la denuncia contra manifestantes que interpelaron verbalmente a dos de sus representantes (Aguilera y Junco, diputados provinciales) para evitar que aprueben lo que consideran “una entrega del territorio a las multinacionales”. El vicegobernador Gustavo Menna, que no fue testigo del episodio ocurrido en un bar frente al edificio legislativo, los denunció por amenazas (le cantaron “adonde vayan los iremos a buscar”) y la fiscal hace el resto. En el marco de esa causa, el jueves 21 de noviembre hubo una audiencia a la que Gómez se ausentó: estaba dando cátedra de Ambiente y Justicia en una actividad del Conicet. Fue el día después de conocida la sentencia contra La Regina.
Borboroglu había dicho en una entrevista con El País de España que le hicieron en 2023: “En nuestra provincia, Chubut, en la que el ecoturismo genera muchísimas divisas y debería protegerlo porque es la gallina de los huevos de oro, no hay fiscalías ambientales. Y cuando alguien denuncia, el fiscal, si no tiene formación ambiental, no le da cabida”. Gómez, que podría ubicarse en la categoría “sin formación ambiental”, logró posicionarse repentinamente como una defensora del ambiente. De hecho, disertó junto a Popi en la conferencia “Ecocidio: Daños causados por destrucción del medio ambiente y el hábitat 'Causa Pingüinos'”, organizada en la Facultad de Derecho de la UBA a fines de noviembre.
Gómez viene con una seguidilla de causas “históricas”. Fue la fiscal que logró la histórica condena del titular del gremio docente de Chubut Santiago Goodman (ATECH), culpable de “avivar” llamas en la puerta de la Legislatura en una protesta. Y durante el también histórico Chubutaguazo (la pueblada en las calles que logró revertir una ley provincial que avalaba la megaminería, votada de espaldas al pueblo y con una feroz represión, en diciembre de 2021) cajoneó las denuncias de vecinas y vecinos por la represión policial, lo que provocó que luego fuera apartada de la causa.
Entonces, la Defensoría Pública de Rawson recusó a la fiscal “por no trabajar diligentemente”. Una velocidad distinta cobraron las denuncias impulsadas por Gómez contra quienes cometieron daños en los edificios públicos de la capital provincial en el marco de las protestas que duraron siete días.
Antes con Mariano Arcioni y ahora con Ignacio Torres en el Ejecutivo provincial, la conducta de la fiscal es coherente en cuanto la cercanía con el poder. Inesperadamente, sobre el cierre de 2024, fue protagonista de la película de pingüinos que puso a la Argentina de Milei otra vez en el radar del mundo.
¿Quiénes están realmente detrás del incendio en el Parque Nacional Los Alerces?
Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, acusan a los pueblos originarios de provocar los incendios en el Parque Nacional Los Alerces. ¿Pruebas? Como siempre, ninguna. En esta nota, la respuesta de tres representantes del pueblo mapuche que denunciaron que esto iba a pasar.
Impunidad, espionaje y persecución a asambleístas en Chubut
Tras 20 años de resistencia minera en Chubut, vecinas y vecinos de Chubut denuncian que las prácticas de violencia, persecución y hostigamiento instaladas en la última dictadura "no se han desarticulado". La novedad: en las últimas semanas se confirmó que habrá juicio contra tres exagentes de la AFI acusados de espiar a vecinxs de la cordillera.
“Argentina tiene un gran hueco en la búsqueda de personas”
Alejandra Gonza, quien lleva el caso de Iván Torres ante la Corte IDH, comparte su malestar por el vacío estatal ante las desapariciones forzadas en democracia. Sin un registro unificado de casos ni acompañamiento a las familias, el delito se perpetúa y las respuestas no aparecen. Lo actuado en delitos de lesa humanidad como camino posible.