Chubutaguazo: donde hubo represión, queda persecución judicial

La ley, el orden y la pueblada

Miércoles 15 de diciembre de 2021, Rawson. Minutos antes de finalizar la sesión en la Legislatura que aprobó la megaminería en Chubut, ya se desató la represión contra un pueblo que rechaza la actividad poniendo el cuerpo en la calle, como sucede desde hace 20 años. 

Las escenas son de horror y se multiplican a la par que pasan las horas: decenas de uniformados disparan sin parar en inmediaciones de la Casa de Gobierno; la Policía de Chubut se infiltra burdamente en las protestas con oficiales vestidos de civil; hay comercios allanados, comerciantes tratados como delincuentes, manifestantes detenidos de manera irregular en edificios públicos; dependencias públicas (incluidos la Casa de Gobierno, la Legislatura y el Superior Tribunal de Justicia) que luego serían incendiadas sin policías que lo impidieram; pibxs golpeadxs con ensañamiento por las fuerzas de seguridad, preparadas durante meses para reprimir protestas. 

La respuesta popular: multitudes marchando en Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, localidades de la Meseta (la zona de sacrificio para la megaminería) y distintos puntos de la provincia. Personal de Infantería dispara a mansalva en las veredas, en los barrios, en la puerta de un hospital, en un local del gremio docente. Un pibe pierde un ojo por un balazo de goma. Se produce una cacería sin precedentes, planificada de antemano contra el pueblo, para imponer un negocio para beneficio de muy pocos.

En una Chubut patas arriba, el shock funcionó pero al revés: la brutal represión desatada tras la aprobación ilegítima de la megaminería, en vez de amedrentar, empujó al pueblo a la calle. Movilizaciones multitudinarias, expresadas a diario en cada punto del territorio y organizadas en asambleas populares, fueron incontenibles. El catalizador común: la defensa del agua. 

El contexto lo explica: una provincia inmersa en una crisis sin fin con consecuencias sociales cada vez más graves y con un descontento creciente transformado en hartazgo ante un Gobierno impopular, liderado por el gobernador Mariano Arcioni, que aplica políticas de ajuste constantes (recortes en Educación y Salud) y que tiene como enemigos a trabajadorxs estatales y defensorxs del ambiente. Una combinación peligrosa con consecuencias impredecibles. “Que se vayan todos”, se cantó en las calles de Chubut, también en diciembre, como sucedía 20 años antes, en el trágico 2001.

Fueron siete días consecutivos de protestas. La movilización popular más grande de la historia de la provincia. El resultado: el poder político debió dar marcha atrás y derogar la ley minera... en la misma Legislatura que la había aprobado una semana atrás. 
Hubo fiesta en Chubut, una sensación de gesta histórica. El Chubutaguazo fue la prueba de que ese pueblo no se deja pasar por arriba. Ahora que bajó la espuma, hay cuentas que pagar. Pero, ¿quién las paga?

El horror en el cuerpo

“Nos habían vendido el agua en una hora”. Romina Krebs fue una de las primeras detenidas tras la aprobación de la minería en Chubut: la tuvieron esposada dos horas en el estacionamiento de Legislatura mientras veía cómo diputadxs se retiraban del recinto, incluso llegó a discutir con uno de ellos, el prominero Roddy Ingram.

“La Policía decía que yo estaba desaparecida, ‘todavía no sabemos dónde está’, le decían a mi vieja. Tengo una tía que fue desaparecida en dictadura durante tres meses. Al otro día, los policías ya se habían quedado sin balas y tiraban piedras con gomeras”, expresó en una entrevista con la radio comunitaria La Namunkurá, de Puerto Madryn.

Represión organizada, sistemática y planificada

El trabajo esforzado de la Comisión por la Impunidad y por la Justicia de Trelew, organización faro en materia de derechos humanos de Chubut, fue fundamental para documentar esta brutal represión, omitida o tergiversada por la mayoría de los medios comerciales provinciales en complicidad con el Gobierno de Mariano Arcioni y todo el arco político, casi sin fisuras.

Mariela Flores Torres, integrante de la Comisión contra la Impunidad, fue entrevistada por Cítrica sobre el caótico diciembre pasado: “Las primeras detenidas fueron dos mujeres, no en una comisaría sino en el estacionamiento de Legislatura, que se transformó así en un centro clandestino de detención. Querían dar un mensaje que no pudieron dar. Eso generó más movilizaciones y una feroz represión, con disparos a la cabeza, en una batalla totalmente desigual. La Policía tiene todo un arsenal, el pueblo sólo tiene sus cuerpos. Vecines de Rawson abrieron las puertas de su casa y asistieron a quienes escapaban de la represión, que no paraba ni en los hospitales”. 

Doble escándalo legislativo

Pasaron más de ocho meses desde diciembre de 2021 y no hay un solo funcionario que haya renunciado, ni tampoco algún intento de autocrítica pública desde la clase dirigente. Tampoco hay efectivos policiales separados de sus cargos. A la par, ninguna causa judicial centrada en la represión estatal avanzó. Los responsables de la violencia desatada en Chubut no tienen consecuencias. Lo que ya se puso en marcha es el proceso contra lxs manifestantes, muchxs de lxs cuales fueron reprimidxs por las fuerzas de seguridad.

El armado judicial en Chubut también se planificó con antelación y en las sombras, opacado por el escándalo minero. En la misma jornada en que se le dio el sí a la megaminería de espaldas al pueblo, se había consumado previamente otro paso clave: la conformación del nuevo Superior Tribunal de Justicia provincial. En la sesión inmediatamente anterior –pero no menos escandalosa– legisladores de todos los partidos aprobaron los cuatro pliegos que completaron el máximo órgano del Poder Judicial provincial. 

Con este acto blanquearon un acuerdo político que cocinaron meses antes y votaron ese mismo día. Así, casi de manera inadvertida, se sumaban a Alejandro Panizzi y Mario Vivas dos ministras (Camila Banfi y Silvia Bustos) y dos ministros (Daniel Báez y Ricardo Napolitani), selección que no respetó el cupo de género (hubieran correspondido 3 y 3). Sin ningún debate –y sin ninguna vergüenza–, la Legislatura le daba el respaldo jurídico necesario al avanve minero. La megaminería no prosperó por la pueblada, pero sí la nueva composición del nuevo STJ.

Otro policía declaró en el juicio que intentó apagar el fuego con matafuegos del edificio, pero recibió la orden del comisario Néstor Gómez Ocampo de “dejar que se queme lo que se tenga que quemar y dejar que entren quienes quieran entrar”.

Goodman, cuya condena motivó días atrás un paro nacional docente encabezado por CTERA en repudio, afirmó que el fallo “busca disciplinar” y que el poder político “nunca será juzgado de esta forma”.

Como en septiembre de 2019, en el Chubutaguazo de diciembre de 2021 también hubo incendios en edificios públicos de la capital provincial; fue en la segunda jornada de protestas. Ardió en Rawson la Casa de Gobierno (con el “TRAIDORES” grafiteadado en rojo), la Legislatura, el edificio donde funciona el Superior Tribunal y la Procuración, entre otras oficinas estatales.

Las llamas alcanzaron, ¿casualmente?, algunos expedientes de causas de corrupción en las que estaban investigados funcionarios del Gobierno de Arcioni. Durante aquellas jornadas también se incendió el diario oficialista El Chubut en Trelew. El jefe de los fiscales, Jorge Miquelarena, deslizó que hubo zona liberada por la Policía y prometió investigar esta hipótesis.

En las denuncias por abuso policial, el jefe de los fiscales Miqueralena aceptó la recusación del mencionado Rivarola, pero dio impulso a la causa por atentado a la autoridad y contra edificios públicos. “Causaron un desastre en diciembre del año pasado en Rawson, cuando quemaron la Fiscalía, la Procuración, el Superior Tribunal, la Casa de Gobierno, etcétera –declaró Miquelarena–. Criminalizamos todos los delitos que cometieron, no la protesta. Si no, bajemos las persianas y que cada uno haga lo que le parezca. Pero así vamos a caer en una anomia total”. ¿No investigar y archivar denuncias por violaciones a los derechos humanos no tiene el mismo nivel de gravedad?

La respuesta del Gobierno provincial fue, por un lado, premiar a los jefes del operativo del horror de diciembre pasado y, por el otro, anunciar un millonario gasto público destinado a equipar a las fuerzas de seguridad. Chubut, una de las cuatro provincias que más exporta y también una de las más endeudadas, no tiene un criterio parejo en el gasto público. En otras áreas clave, en cambio, aplica políticas de ajuste que impactan en el grueso de trabajadorxs estatales, con afectación directa a la Educación pública y, así, a la juventud.

A la par, el superministro Sergio Massa, amigo del gobernador Arcioni, da un nuevo impulso a la megaminería, aunque insistir en Chubut suene a delirio. Si ante la desidia y la bronca no queda otra que salir a la calle a protestar, el pueblo de Chubut avisa que el costo a pagar es alto.