Aborto legal: Los desafíos en las provincias

por Revista Cítrica
20 de enero de 2021

Con la ley del aborto voluntario aprobada, se viene una lucha contra los obstáculos que la religión, los objetores de conciencia y lxs antiderechos pondrán en cada provincia argentina. Referentes de Tucumán, Mendoza, Río Negro, Jujuy y Salta reflexionan sobre la situación en sus territorios.

La aprobación en el Congreso Nacional de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) vino a saldar una antigua deuda de la democracia argentina con los cuerpos gestantes. Con la reglamentación de la ley, el escenario que se abre plantea diversos interrogantes sobre la aplicación de la legislación en todo el territorio nacional, las posibles estrategias que desplieguen los objetores de conciencia y otros obstáculos propios de la diversidad ideológica que hay en la Argentina, con un claro peso de las cultos religiosos en ciertas zonas. Proponemos una mirada federal para entender la complejidad de lo que se viene. 

 

Tucumán: la provincia pro-vida

En 2019 Tucumán fue noticia por obligar a parir a Lucía (nombre ficticio) una niña de 11 años embarazada producto de una violación. Las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud provincial impidieron que la menor pudiera acceder a una interrupción legal que, en caso de violación, en nuestro país está permitido desde hace más de 100 años.

Agustina Vilte, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Regional Tucumán), asegura que lxs médicxs en Tucumán utilizarán la objeción de conciencia para no garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. 

El panorama en la provincia es muy complicado. Más allá del aborto, no hay políticas de Gobierno para garantizar la Educación Sexual Integral (ESI) y muchos sectores se oponen a su implementación efectiva. Tucumán se declaró provincia pro-vida y cuando quisimos ingresar a la Legislatura durante la discusión, la orden fue que los pañuelos verdes no podían pasar”.

Gracias al movimiento feminista, 2018 fue el año en que se logró la despenalización social y se amplió el debate a otros sectores de la sociedad donde el aborto no era considerado un derecho. Vilte asegura: “Ahora en el recinto se habló de mujeres y personas con capacidad de gestar, se nombró a las personas trans, se habló de la separación de la Iglesia y el Estado. Esos componentes demuestran cómo fuimos avanzando. Todo eso fue producto de no haber guardado los pañuelos y de seguir en las calles. Y ahora tampoco guardamos los pañuelos. Porque va a haber que seguir luchando”.

Con respecto a la letra chica de la ley, existen algunas restricciones que pueden convertirse en barreras y todos los esfuerzos desde el movimiento feminista estarán abocados a que efectivamente se garantice e implemente el derecho. Vilte explica: “Nosotras articulamos con otras organizaciones, sindicatos y distintos espacios de militancia para poder desarrollar actividades en la provincia. Notamos que desde 2018 en adelante se han acercado muchas jóvenes a buscar su pañuelo, a pedir información y a querer militar dentro de la campaña. Sin embargo, en Tucumán hay que remar mucho porque el ambiente es adverso. Incluso cuando tenemos que solicitar un permiso en la Municipalidad, dudamos si poner el membrete de la Campaña por miedo a que nos rechacen el pedido.” 

Otro de los avances que se produjo en Tucumán es el correcto tratamiento mediático del tema gracias a la presencia de comunicadoras feministas: “Los medios provinciales nos han dado más espacio. Esto tiene que ver sin dudas con las trabajadoras de esos medios que tienen una posición favorable al aborto legal y pelean para darnos voz. Los dueños de los medios nunca nos darían lugar, y por otra parte el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo se han expresado en contra del aborto legal. La bajada de línea es muy dura y nos cuesta entrar, pero nosotras militamos en todos los espacios: la facultad, los medios, las calles, las escuelas, y vamos generando redes que nos permiten entrar en espacios nuevos”.

 

Mendoza: la presión religiosa

En Mendoza garantizar abortos no punibles antes de la ley fue muy complejo y además es una de las pocas provincias donde conseguir misoprostol es casi una odisea debido a que desde el 2009 está vigente la prohibición de la venta en farmacias de este medicamento utilizado para abortar en las primeras semanas de gestación.

“Esta legislación provincial tiene un peso práctico y simbólico muy alto", explica Analia Bittar, psicóloga e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Sobre el acceso al medicamento: "Es todo un laburo que el misoprostol llegue a las farmacias de los centros de salud. Ni hablar de centros de salud alejados del centro, donde las farmacias son chiquitas”.

Al igual que en Tucumán, los objetores en Mendoza seguirán siendo un obstáculo y otra de las cuestiones que preocupan en esa provincia es el recrudecimiento del odio de parte de profesionales que están en contra de la legalización del aborto. Bittar explica: “La ira que tienen los anti derechos se empieza a notar con alevosía. Cuándo se aprobó la ley un enfermero de un hospital de Lavalle -que es una zona rural de Mendoza- escribió en sus redes sociales: ‘A las de pañuelo verde abortero no las quiero ver cuando se estén desangrando. No vengan a verme’".

Bittar dice que tendrán que dar "una lucha importante hacia dentro del sistema de salud intentando desmantelar estos discursos de odio, que se vuelven claramente un obstáculo porque hay equipos enteros de salud que pueden obstaculizar ese acceso”.

En Mendoza, los grupos religiosos que se pronunciaron contra la legalización como el Opus Dei y la Congregación Verbo Encarnado, ejercen presión y están presentes en todas las esferas del Estado. Bittar: “Nadie quiere que una persona gestante caiga en manos de un objetor y si lo llega a tener que hacer por obligación obviamente va a violentar muchísimo a esa persona, física, psicológica y simbólicamente. Hay que hacer un trabajo muy fino para que la práctica se garantice en todos los sectores y que se constituyan equipos que puedan brindar una práctica libre de violencias”.

La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir sostienen que la objeción de conciencia no es un derecho; lo que exigen es que si no quieren realizar la práctica, al menos brinden información y lo hagan en tiempo y forma. Bittar detalla: “Desde la experiencia que tenemos, generalmente las personas llegan a consultar con 8 u 9 semanas de gestación pero hay quienes llegan de 12 o 13 semanas, entonces ahí los 10 días de tiempo establecido por la ley ya es un margen muy justo y si a eso le agregamos las posibles dilaciones que habrá por personas que no les brindan información y tienen que llegar a otro profesional que no las violente, claramente esos 10 días nunca se van a cumplir”.

Y agrega que la clave es que se informe a la ciudadanía sobre este derecho: “Mientras más información haya circulando, mientras más se sepa y se hable, es más difícil violentar a alguien por desconocimiento”.

Foto: Gentileza El Otro Diario

Foto: Gentileza El Otro Diario

 

Río Negro: Garantías para interrumpir embarazos

Río Negro es una de las provincias más avanzadas en materia legislativa con respecto a la interrupción voluntaria del emabrazo con uno de los protocolos más eficientes para abortos antes de que se apribara la ley. La atención sanitaria en casos de abortos no punibles (que permite la ley 4796 desde 2012) ha permitido que lxs trabajadores de la salud puedan cumplir con el acceso al aborto.

María Verdugo, integrante del Comité de Salud Sexual y Salud Reproductiva del Hospital Cipolletti, trabajadora social y miembra de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir (regional Patagonia), asegura: “En nuestra provincia se vienen garantizando las interrupciones legales de embarazos en la mayoría de los lugares desde 2018. Por ejemplo, en Cipoletti desde agosto de 2019 a agosto de 2020 se realizaron 190 interrupciones legales de embarazo. La gran mayoría de esas personas tienen entre 24 y 30 años; más del 60% ya tienen hijes, alrededor del 60% también tienen una religión y lo comentan a la hora de la consulta. Esas cifras derriban los mitos más frecuentes que aseguran que son las adolescentes o las que no tienen hijes las que deciden abortar".

La tarea principal ahora es garantizar el derecho dentro de los hospitales e informar a la comunidad sobre cómo y a dónde ir para solicitar una interrupción. “¿Cómo hacer para que las personas gestantes puedan tener más seguridad a la hora de ir a un hospital a pedir un aborto?”, indaga Verdugo y asegura: “El acceso a la información es lo que nos permitirá decidir con mayor autonomía”.

Foto: Eugenia Neme

Foto: Eugenia Neme

 

Jujuy: amenazas y leyes que no se cumplen

En 2012, a partir del fallo F.A.L. la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar el salud mental de la persona gestante, no puede ser penalizado y convocó a los poderes judiciales de todas las provincias a no judicializar los casos de aborto que la ley no prohíbe. La provincia de Jujuy adhirió a los protocolos que se fueron actualizando a lo largo de los años, sin embargo, en los hospitales no se garantizaban debido a la gran presencia de equipos de profesionales objetores.

Elena Meyer es médica generalista de la Red de Profesionales de la salud por el Derecho a Decidir, e integrante de las consejerías en salud sexual de la provincia de Jujuy. Realiza abortos en el sistema de salud público: “Hacemos lo que podemos para que se cumpla pero siempre hay obstáculos. Muchas veces las situaciones exceden nuestra capacidad de respuesta en los centros de salud. Se presentan casos de niñas que necesitan un aborto y no se nos da participación y hay que hacer la denuncia”. 

Al igual que Tucumán, Jujuy fue noticia el año pasado cuando una niña fue abusada y obligada a parir mellizos. No es la primera vez que sucede esto en la provincia, no son casos aislados. Son situaciones que se dan en un contexto de extrema vulneración de derechos, donde no solo los organismos protectores no actuaron en tiempo y forma, sino que además las niñas vuelven a ser violentadas cuando llegan a los hospitales y son atendidas por objetores que les niega el acceso a la interrupción, demorando el proceso. Son maltratadas, amenzadas y finalmente obligadas a parir, una practica que es considerada tortura.

Meyer: “Lo que vemos hacia adelante -desde la práctica y desde la experiencia- es que no va a cambiar mucho la situación. Será fundamental que las personas decidan con quién se desean atender y con quién no, y que tengamos la posibilidad de denunciar a ese profesional que niega un aborto en el hospital público y lo hace en el privado. Porque los mismos profesionales que están haciéndolo cada vez más en las clínicas privadas con el uso de misoprostol, en el sector público no lo hacen. Tenemos que tener la garantía de que en los centros de salud haya alguien que dé respuestas al menos dos veces por semana. Las mujeres deben estar acompañadas. Ahora con la ley habrá menos temor a ser juzgadas y maltratadas”. 

 

Salta: estrategias para impedir derechos

Salta es otra de las provincias de la región NOA con gran presencia de médicxs objetores que obstaculizan el acceso al derecho, y cuenta con varios referentes políticos que se pronunciaron en contra de la legalización. El gran desafío será que efectivamente cumplan con los requerimientos que establece la ley de derivar a otrx profesional que pueda realizarla y hacerlo libre de violencias y hostigamientos.

Mónica Menini, abogada y miembro de Católicas por el Derecho a Decidir de esa provincia, asegura: “En el hospital de los pueblitos de la provincia suelen decir: ‘No podemos darte acceso a tu derecho porque no hay ningún médico que haga esto porque todos se declaran objetores’. Según la ley, el hospital tiene la obligación de derivar pero en la práctica no sucede: dejan a la persona a la deriva. Entonces la persona gestante que hace ejercicio de su derecho a interrumpir el embarazo llega a otro hospital, después de tomarse un remis y pagar $1500, y le contestan que sin derivación no te pueden atender”.

Menini relata el maltrato de parte de lxs profesionales hacia las personas gestantes que se presentan en el sistema de salud solicitando un aborto y la implemenatción de procedimientos inadecuados e invasivos: “Cuando el misoprostol no da resultado se pasa al legrado, algo que ningún ministerio de salud, ni la OMS aceptan. Pero acá pasa. Además los ecografistas son muy maltratadores. Incluso le han dicho a mujeres: ‘Yo no hago esta ecografía porque sé que es para hacer un aborto’”.

Mientras lxs objetores, los grupos religiosos y antiderechos destilan odio y amenazan con iniciar acciones judiciales para impedir el derecho a decidir, las redes feministas, lxs profesionales de la salud, las consejerías y las socorristas que durante años garantizaron abortos seguros, seguirán existiendo ahora también para exigirle al Estado que garantice ese derecho tan deseado que hoy es ley gracias a tantos años de lucha.

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