Un relevamiento con sucesivos parches

por Revista Cítrica
Fotos: Euge Neme
28 de octubre de 2021

En noviembre vence la tercera prórroga de la Ley 26.160, destinada a recoger los datos correspondientes a todas la comunidades originarias que habitan el territorio argentino. Se busca una nueva prórroga, a pesar del lento avance estatal y en un contexto de discursos anti-mapuche.

En noviembre vence la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia territorial indígena, una norma creada en 2006 y prorrogada en tres ocasiones (2009, 2013 y 2017), que establece el deber del Estado de relevar técnica, jurídica y catastralmente a las Comunidades Indígenas y las tierras ocupadas por las mismas “de forma actual, tradicional y pública”. Por otra parte, suspende los “actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas”.

“Aun con la Ley 26.160 y sus prórrogas nos siguen avasallando, porque la propiedad sigue siendo fiscal o privada. Hasta que no tengamos el reconocimiento definitivo, vamos a estar siempre defendiendo, porque siempre van a querer entrar”. Las palabras pertenecen a Mirta Ñancunao, de la comunidad Mapuche Las Huaytekas, que habita en Río Negro. Allí gobierna Arabela Carreras, cuyo perfil político la ha colocado sucesivamente en la vereda opuesta al reconocimiento de los reclamos territoriales por parte de las comunidades.

Ñancunao: “Para nosotros falta un montón. Como Las Huaytekas, el 50 por ciento de comunidades en Río Negro tienen el relevamiento, y el otro 50 no. Y aunque tengamos, nos entran por todos lados igual, sólo que tenemos más herramientas para defendernos cuando nos atacan judicialmente. Pero eso no significa que podés dejar de estar en alerta. Ojalá alguna vez, antes de dejar esta mapu e irme a otra, pueda ver un poco más de avance en esta cuestión”.

Desde su visión, “el programa de relevamiento es muy estructurado y la realidad marca otras cosas”. Se refiere a la percepción del tiempo que tienen los pueblos originarios: “Las comunidades tienen sus tiempos, sus procesos y espacios para juntarnos para tomar decisiones”. 

El Senado tiene previsto tratar hoy una nueva prórroga, que además establece un fondo económico para la realización de relevamientos y carpetas técnicas con la información de cada comunidad. Ñancunao advierte: “Sabemos que si no se llega a renovar la prórroga de la 26.160, muchas comunidades van a sufrir desalojos inmediatamente, ya que tienen las órdenes suspendidas solamente por la vigencia de esta ley”. El objetivo de máximo sería el avance hacia una Ley de Propiedad Comunitaria, que posibilitaría “encaminar la regularización de las tierras”.

La mujer mapuche habla también de “la extranjerización de tierras de los últimos 20 años”, un (nuevo) acaparamiento de tierras por capitales extranjeros, “con aval y consentimiento del Estado”. En ese sentido, dice, “hay leyes pero tampoco se cumplen”. Explica: “Macri modificó varios artículos de la ley de tierras a favor de los extranjeros, eso también debiera revisarse. China, India, Arabia Saudita, avanzaron mucho después del 2002. ¿El Gobierno consultó a los pueblos originarios que íbamos a recibir a todos estos extranjeros, a tener todo este acaparamiento de tierras? Son contadas con los dedos de una mano las veces que han consultado desde el Estado a las comunidades implicadas en algún proyecto, como estipula la ley argentina y el Convenio 169 de la OIT”.

Si bien en 2007 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) creó el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.), al día de hoy su cumplimiento no llega al 50 por ciento de las comunidades indígenas del actual territorio argentino.

A su vez, esta ley ha sido restringida por algunas provincias, como es el caso en Río Negro, donde el Gobierno de Carreras suspendió los relevamientos desde 2019 y no ha entregado hasta el momento ningún título de propiedad comunitaria. Eso sí: la gobernadora es una de las fervientes impulsoras de la campaña mediática extendida en los últimos días, donde se acusa a las comunidades mapuche de “terroristas” y se exige la intervención de las fuerzas de seguridad nacionales. 

En este contexto por demás enrarecido se da el debate por la prórroga de la ley por otros cuatro años. ¿Cuál será el desenlace?
 

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