De la lucha territorial a la lucha por los presos políticos mapuche
por Edgars Martínez Navarrete*Fotos: Julio Parra
07 de septiembre de 2020
Referentes originarios encarcelados llevan adelante una huelga de hambre como herramienta de resistencia frente a la violencia del Estado chileno, la persecución de los medios de comunicación y el asedio de terratenientes y multinacionales.
Yo soñé que soñaba:
que fuimos sometidos
y nos gobernaban tiranos.
Me pongo en huelga de hambre
para despertar la rabia,
despegar el vuelo
y aniquilar el sueño.
Juan Jerónimo Lemus, Cherán, México
Al momento de escribir estas líneas, los presos políticos Mapuche en huelga de hambre viven horas cruciales. Los comuneros en la cárcel de Lebu llevan 50 días sin comer y los de Angol suman 113 días, pero desde el 24 de agosto iniciaron el ayuno seco, quizá la medida de presión más extrema que un ser humano puede tomar encerrado en una prisión. Si bien los presos de Temuco no se han plegado aún a esta iniciativa, ellos ya llevan 42 días en huelga de hambre.
Fue gracias a esta medida y a las distintas movilizaciones alrededor del mundo, que el machi Celestino Córdova pudo doblarle la mano a los poderosos y fijó ciertos acuerdos mínimos, a cambio de terminar su huelga.
No obstante, en todo este tiempo el gobierno de Chile ha dado escasas señales para destrabar el conflicto con el resto de los huelguistas, cuestión irrisoria porque el petitorio de éstos, que básicamente busca reglamentar la prisión vinculada a causas indígenas bajo los criterios de la legislación internacional, se encuentra enmarcado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo adoptado por Chile hace más de una década.
Para comprender esta situación es necesario explicar las razones de fondo que motivaron el encarcelamiento político de algunos comuneros. La madrugada del 29 de enero, más de un centenar de efectivos policiales allanó violentamente cinco viviendas en el Valle de Elikura, territorio lavkenche del Wallmapu.
Entre golpes, forcejeos y vulneraciones a sus familias, se llevaron en calidad de detenidos a Matías Leviqueo, Eliseo Raiman, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura y Manuel Huichacura. Aquella misma tarde, todos los imputados quedaron en prisión preventiva bajo la presunta participación en la muerte de un vecino de la zona.
"Ya no existen mapuches, porque somos todos chilenos", pronunció Augusto Pinochet.
En la audiencia de formalización se pudo constatar que las únicas pruebas en su contra eran declaraciones brindadas por testigos protegidos. Además de ser contradictorios entre sí, los supuestos testigos no lograron establecer un vínculo entre los imputados y el delito. Ignorando estos vacíos jurídicos, los peñi del Valle de Elikura fueron trasladados a la cárcel de Lebu, en la provincia de Arauco, donde se encuentran realizando actualmente su huelga de hambre.
El weichan, la construcción del enemigo interno y la contrainsurgencia
Durante la década del ‘90, la emergencia del movimiento mapuche, en general, y su línea autonomista, en particular, pusieron en crisis por primera vez el carácter monocultural que el Estado-Nación chileno reprodujo a lo largo de su historia moderna. El prolongado tiempo de la chilenización criolla, impuesta a sangre, fuego y ley, y cristalizada con la frase de Augusto Pinochet “ya no existen mapuches, porque todos somos chilenos” fue rotundamente cuestionada por un pueblo dispuesto a transformar su realidad. Las viciadas promesas culturales del gobierno no pudieron contener la autodeterminación mapuche en la vuelta de siglo.
Las recuperaciones territoriales tomaron fuerza, proliferaron las organizaciones políticas y el weichan, tradición histórica del antagonismo mapuche, se convirtió en la praxis de los sectores que comenzaron a desconfiar de la institucionalidad neoliberal. La zona lavkenche cobijó a las primeras manifestaciones de insubordinación colectiva de este periodo: parió a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y, con ésta, todo un legado de rebeldía que se ramificó hasta la actualidad. Los procesos de reivindicación territorial en el Valle de Elikura, por ejemplo, son producto de toda una generación lavkenche criada y formada en este ciclo de insurrección.
En este contexto, viendo amenazados sus intereses en pleno ascenso del “milagro chileno”, las clases dominantes reacomodaron sus estructuras de poder para hacer frente al resurgimiento de un nuevo “enemigo interno”. El Mapuche en lucha pasó a ocupar el lugar predilecto del terrorista racializado. La criminalización pareció ser la vía más efectiva para hacer frente a esta amenaza “innovadora”.
Así, se inaugura lo que podríamos caracterizar como un nuevo ciclo de “Conflicto de Baja Intensidad”, es decir, un escenario de contrainsurgencia basado en mecanismos pasivos y coercitivos de sometimiento, cooptación, explotación y persecución a los enemigos del modelo.
Un conflicto de baja intensidad que encubre una arremetida contrainsurgente y neocolonial sobre el pueblo Mapuche en weichan y que se desarrolla en tres niveles interconectados. En primer lugar, a través de una amplia maquinaria creada por los sectores de poder para arrinconar la resistencia, posibilitando la acumulación por desposesión y la reproducción ampliada de capital.
En enero fueron detenidos e inculpados sin pruebas firmes Matías Leviqueo, Eliseo Raiman, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura y Manuel Huichacura.
A nivel continental esto se plasma en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Tratado Transpacífico (TPP-11), entre otras. Y a nivel nacional, en el Plan Araucanía, en los intentos de modificación de la Ley Indígena y en el proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA).
Estas iniciativas económico-políticas tienen tres objetivos: la apertura definitiva del Wallmapu a las corporaciones transnacionales, el saqueo y la expoliación de los recursos naturales y el sometimiento de la protesta territorial. En definitiva: la subsunción real de la naturaleza, las tramas espirituales y las capacidades políticas de la resistencia mapuche ante el capital.
No obstante, si bien la lógica coercitiva de estos planes proviene de una matriz transnacional movilizada por los intereses del imperialismo contemporáneo, su capacidad operativa reside en el despliegue de una multiplicidad de pivotes nacionales encargados de afirmar la doctrina chilena de “seguridad nacional” contra este nuevo “enemigo interno”.
El weichan, tradición histórica del antagonismo mapuche, se convirtió en la praxis de los sectores que comenzaron a desconfiar de la institucionalidad neoliberal.
En este segundo nivel se encuentran los numerosos planes de persecución y criminalización que ha impulsado el Estado durante las dos últimas décadas para debilitar al movimiento Mapuche autonomista y acusarlo de “terrorismo”. La “Operación Paciencia” (2002-2004) dirigida a desarticular a la CAM, la irrisoria “Operación Huracán” articulada mediáticamente para “descabezar” a Weichan AukaMapu y nuevamente a la CAM y la "Operación Andes" (2017), parte de la anterior, con la cual se pretendía vincular a las organizaciones del weichan Mapuche con el tráfico de armas y con estructuras político-militares de diversos territorios. Estos son sólo algunos de los planes conocidos de este nivel de contrainsurgencia.
La construcción de la figura del terrorismo como estrategia de los terratenientes
Pero la “lucha contra el terrorismo” es también la finalidad obstinada de los terratenientes, empresarios forestales y gremios de agricultores de la ultraderecha regional que hoy habitan el Wallmapu. Los herederos del settler colonialism, colonialismo de colonos o de asentamiento, beneficiados por el despojo territorial, el desplazamiento y la subordinación racial del Mapuche, persisten en justificar su presencia histórica, sus propiedades y sus inversiones bajo la defensa de una presunta supremacía blanca nacionalista asociada a una especie de Estado de derecho. Para esto, además de construir la idea del “mapuche terrorista”, se han organizado en grupos de autodefensa paramilitar que amenazan con recrudecer la violencia engendrada por ellos mismos y sus antepasados.
Específicamente para el Lavkenmapu, y para el Valle de Elikura, este plano de la contrainsurgencia se evidencia en la sistematización de datos que sacó a la luz el medio de prensa Mapuche Aukin bajo el titular “El nuevo plan represivo para la franja lavkenche”. En este documento se sintetizan las medidas que el gobierno, en diálogo con los “principales” sectores productivos de la zona, destinarían al sur de la provincia de Arauco con el fin de mitigar los índices de “violencia rural”, categoría mediática a través de la cual se hace referencia a la resistencia lavkenche.
La creación de nuevas subcomisarías, la llegada de 100 efectivos a la zona, la presencia permanente de retenes policiales, el arribo de 16 carros blindados todo terreno, un helicóptero y la donación de drones de última generación serían solo una parte del plan represivo con el que se perseguirá a los lov y comunidades que defienden el Lavkenmapu.
El nivel más específico de este conflicto de baja intensidad está relacionado con la prisión política Mapuche. No es un secreto que las cárceles de América Latina tienen color, como señala la antropóloga Rita Segato (2007). Pero no es tan solo eso: la judicialización de la protesta indígena también tiene color. Durante las últimas tres décadas, en Chile se ha sometido de forma sistemática a militantes, dirigentes y autoridades culturales del pueblo Mapuche a largos procesos judiciales que generalmente concluyen en absoluciones o sobreseimientos por falta de pruebas.
Sin embargo, estas causas, famosas por sus inconsistencias técnicas y sus vacíos legales, no tienen necesariamente la finalidad de condenar. Más bien, se busca neutralizar a los combatientes Mapuche, fatigar el movimiento de resistencia y forzarlo a disputar la agenda del gobierno.
Existen momentos de ruptura en los que el movimiento Mapuche marca el ritmo de la agenda y obliga al gobierno a negociar.
Por lo anterior, podemos observar que la prisión política, si bien genera cohesión y ciertos niveles de aglutinamiento socio-comunitario inclusive entre sectores orgánicamente disímiles, presiona al movimiento de apoyo a concentrarse en objetivos inmediatos, descuidando generalmente los fines estratégicos. En este contexto, la liberación de los presos o el mejoramiento de sus condiciones carcelarias pasan a ser, con toda razón, prioridades indiscutibles.
Quienes reditúan políticamente de tal situación son las clases dominantes al “mantener” los niveles de insubordinación Mapuche atomizados a un objetivo, aparentemente efímero, pero que requiere del despliegue de un amplio repertorio de alianzas, negociaciones y prácticas contestatarias. A su vez, las acciones en apoyo a los presos políticos y, particularmente, en torno a las huelgas de hambre, son procesos emocional y materialmente desgastantes para un movimiento que no se caracteriza por tener extensas redes de solidaridad más allá del Wallmapu o recursos en abundancia.
No obstante, existen momentos de ruptura en los que el movimiento Mapuche marca el ritmo de la agenda y obliga al gobierno a negociar, tal como ha ocurrido durante las últimas semanas donde se han incrementado las acciones de sabotaje, las ocupaciones de espacios públicos y otras medidas de presión que han doblegado la indiferencia gubernamental.
La crueldad como dispositivo biopolítico contrainsurgente
La cárcel y las huelgas de hambre constituyen mecanismos disciplinarios sobre el sujeto y su cuerpo, que se extienden como un dispositivo de dolor a las familias y círculos cercanos que acompañan este proceso. A los ayunos líquido y seco que dejan secuelas crónicas en el organismo de quien la realiza, se suma el sufrimiento producido por las detenciones, los allanamientos y los largos procesos judiciales que derivan en la prisión.
En las últimas tres décadas, cientos de mujeres, hombres, ancianos, ancianas, niños y niñas han sufrido la violencia de estos mecanismos biopolíticos contrainsurgentes, que dejan huellas imborrables en sus vidas. A sus cortas edades, muchos pichikeche (niños y niñas) han pasado sus infancias en territorios militarizados, entre el hostigamiento policial y los lúgubres pasillos de los Tribunales de Justicia.
En esta misma lógica, y sin desconocer la ayuda comunitaria que suele activarse, es importante mencionar que son generalmente las mujeres quienes cargan gran parte del esfuerzo en estos contextos, ya que además de cumplir jornada completa en los campamentos levantados rudimentariamente fuera de las cárceles, deben hacerse cargo del trabajo cotidiano en sus hogares y de las múltiples labores en sus respectivos territorios.
A pesar de todo esto, la acción coercitiva de la estructura de poder conformada por las elites chilenas y transnacionales no logran doblegar la voluntad colectiva de los huelguistas. Los presos políticos Mapuche no están luchando por una demanda individual: la huelga de hambre con la que arriesgan sus vidas, busca reglamentar un marco jurídico mínimo para que la prisión política indígena en Chile deje de ser invisibilizada.
Desde sus celdas, los presos políticos Mapuche enfrentan todas las acciones represivas y niveles de la contrainsurgencia. A la violencia de los consorcios económicos, estructuras políticas, poderes judiciales y aparatos represivos, la combaten con afafanes (gritos de aliento), ceremonias y pequeñas muestras de solidaridad. Es una contienda desigual, sin lugar a dudas, pero dentro de todo lo desgarrador de este proceso, los presos políticos Mapuche encarnan la mayor expresión de dignidad humana posible: entregan su vitalidad y su newen (fuerza) para buscar la libertad de su pueblo.
*Edgars Martínez Navarrete es militante de la causa Mapuche autonomista, integrante del medio de comunicación mapuche Aukin y está próximo a doctorarse en Antropología.
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