El debate por la legalización del aborto en Argentina movió los cimientos de América Latina, donde sólo en Cuba y Uruguay está garantizado por el Estado.
La historia dirá si fue Argentina –sus mujeres, sus luchas, el Congreso de su Nación– la que abrió las compuertas para que la marea verde llegara a las orillas de cada país latinoamericano. Porque aunque en la actualidad el aborto es legal, seguro y gratuito en Cuba y Uruguay, el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que nació aquí está ayudando a mover los cimientos de la región. Quizás, el caso más emblemático, desde la práctica y desde el discurso, sea lo que pasa en Brasil, donde el colectivo Articulacao de Mulheres Brasileras llamó a juntar fuerzas con un pañuelo verde de una mujer sonriente bajo la consigna “Si Argentina puede, Brasil también”. En ese país, el más grande de América Latina, el aborto no está criminalizado sólo cuando se trata de una violación o pone en riesgo la salud de la mujer.
En Uruguay desde que se permite la interrupción voluntaria del embarazo, la mortalidad materna bajó drásticamente.
¿Pero qué pasa en el resto de los países? Hay matices, es cierto, pero en general la criminalización se impone. En Nicaragua, Honduras, El Salvador, Surinam, Haití y República Dominicana está prohibido totalmente, sin excepción legal explícita. En Chile era así hasta el año pasado, por una medida del dictador Augusto Pinochet que seguía vigente. “Por fin firmamos la ley que consagra el derecho que tiene toda mujer a decidir sobre su cuerpo y su embarazo en tres casos sumamente precisos y humanamente difíciles”, declaró la expresidenta Michelle Bachelet en diciembre de 2017. Los tres casos que estipuló la norma chilena –y que lo igualaron al resto de los países sudamericanos– son cuando peligra la vida de la madre, por violaciones y por malformaciones genéticas.
El 97 por ciento de las mujeres que viven en América Latina no tienen acceso al aborto legal, seguro y gratuito.
En 1965, Cuba fue el primer país latinoamericano en legalizar el aborto. El Estado de México –el equivalente a la Provincia de Buenos Aires– se acopló a esa disposición en 2007 y se convirtió en la excepción de un país en que el aborto se castiga con severidad. En Uruguay, el caso más cercano, en 2012 se sancionó una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana doce. A partir de ese año, del otro lado del Río de la Plata, la mortalidad materna bajó drásticamente. En Guyana, el aborto es legal, pero no se realiza en hospitales públicos, con lo cual el acceso es limitado.
Según un estudio del Instituto Guttmacher, se estima que, en el período 2010–2014, ocurrieron anualmente unos 6.5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe, un aumento respecto a los 4.4 millones ocurridos durante 1990–1994. Y que en la actualidad, el 97 por ciento de las mujeres que viven en América Latina no tienen acceso al aborto legal, seguro y gratuito.
Esa historia, lo sabemos, está empezando a cambiar.
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