Sancionado por presentar una cautelar ante la CIDH

El mencionado tribunal decidió aplicar una suspensión en el ejercicio profesional de Quintana por el término de seis meses, resolución que debió tomarse en cuenta en su legajo personal, siendo que el abogado "no ostenta antecedente disciplinario de ningún tipo en toda su carrera profesional. Le aplicaron el máximo de la pena prevista en la ley", según denunciaron desde los organismos.
 
Cabe destacar que Quintana fue acusado de “haber utilizado la hipótesis de la desaparición forzada de persona para conseguir medidas cautelares contra el Estado Nacional”. Ante esto, las organizaciones expresaron que "las medidas cautelares no son 'en contra de', si no 'a favor de'. Las medidas cautelares no tienen carácter sancionatorio sino preventivo y protectorio en favor de quien se las solicita", detallaron.

"Esto no se trata de uns persecución hacia mi persona, sino que tiene un sentido mucho más preocupante, que es una doctrina aleccionadora, una doctrina ejemplificadora, una sanción disciplinadora que, en el caso de dejarlo firme, va a generar un precedente gravísimo en lo que tiene que ver con la actividad de las abogadas y los abogados que defendemos los Derechos Humanos, en conflictos territoriales de pueblos originarios y el Estado, en conflictos de carácter ambiental con las empresas transnacionales, que son las patas más fuertes del extractivismo de los últimos 20 años en el cono Sur", expresó Quintana.

"El ataque a lxs profesionales del derecho que asisten a las personas víctimas de violencia institucional en contextos represivos (como lo es el caso Maldonado), constituyen hechos de una enorme gravedad que ponen en jaque al sistema democrático y al servicio de justicia, situación que solo traerá como consecuencia el desamparo de lxs débiles y el manto oscuro de la impunidad, desplegado sobre lxs responsables materiales e intelectuales de este y otros hechos semejantes, a los que asistimos casi de manera cotidiana en la argentina de estos tiempos", expresaron. 

"Nuestro abogado y compañero hizo lo que tenía que hacer, ante la noticia de una desaparición, acudió a los organismos internacionales de DDHH para denunciar el hecho, ya que los tribunales de Esquel habían demostrado no ser confiables a la hora de investigar hechos de violencia estatal en territorio Mapuche, en contra de las comunidades de la zona", detallaron los organismos en referencia a Chuzo Quintana. 

Dijeron además que "Gonzalez Quintana se ajustó prolijamente a las pautas protocolares de la CIDH y encuadró la denuncia en la figura de 'desaparición forzada de persona', algo que aun sostiene la familia Maldonado a pesar de que el reciente fallo que reabre la investigación no haya considerado tal posibilidad, pero sabemos por experiencia que cuando una causa se reabre se deben investigar todas las hipótesis". 

En este sentido, las organizaciones denunciaron que "el tribunal de ética del Colegio de Abogados de Córdoba ha sancionado a un defensor de los DDHH, convirtiéndose de esta manera en un tribunal de disciplinamiento y no de disciplina, ya que al sentar tan grave precedente condenatorio, deja sin operadores jurídicos a los sectores más vulnerables y desprotegidos, en permanente conflicto con el Estado y hostigados en sus derechos por el gobierno nacional. En los 70´ desaparecían a lxs abogadxs que presentaban Habeas Corpus, en la actualidad lxs judicializan y  sancionan disciplinariamente. Han cambiado los tiempos pero no las prácticas".
 
"La sanción, además de arbitraria y antijurídica, es un claro ejemplo disciplinador no sólo dirigido a nuestro compañero si no a lxs operadores jurídicxs que ostentan su perfil profesional, situación que nos recuerda a otras épocas cuando miles de compatriotas hacían cola ante  representantes de la OEA para denunciar la desaparición de sus familiares, porque los tribunales de justicia miraban de manera cómplice para otro lado", denunciaron.
 
Señalaron en ese sentido que "este repudiable fallo, que será recurrido en todas las instancias nacionales e incluso internacionales, obedece a una evidente presión política por parte del gobierno nacional, quien en cabeza de la ministra Bullrich, pretende seguir controlando la suerte que pueda correr el caso Maldonado y todas sus implicancias accesorias, persiguiendo política, mediática y judicialmente a nuestro compañero abogado, a quien pretenden aleccionar por el trabajo que desarrolla tanto en su provincia como en otros territorios del país".