El atropello contra las mujeres mapuche llega a la CIDH

por Adriana Meyer
Fotos: Denali DeGraf
15 de noviembre de 2022

Por la detención de las cuatro mujeres presas junto a sus niñes y la vulneración de derechos que viene sufriendo la Lof Lafken Winkul Mapu, el CELS y un grupo de organizaciones solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se dicten medidas cautelares favorables a la comunidad. 

“Una vez más el Estado argentino persigue y criminaliza al pueblo mapuche por sus reclamos territoriales y culturales, y son evidentes los efectos que produce, en particular, sobre las mujeres y les niñes de la comunidad”. Con estas palabras, un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos volvieron a presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar que dicte medidas cautelares específicas a favor de las mujeres y sus hijes de la comunidad Lafken Winkul Mapu que se encuentran detenidas en el Centro Mapuche Bariloche. 

El Centro de Estudios Legales y Sociales ya lo había hecho el 7 de noviembre, luego del brutal desalojo en esa Lof de Villa Mascardi por parte del Comando Unificado de fuerzas federales, con el posterior traslado caprichoso y sin sentido de las detenidas –que se definen como presas políticas– al Complejo Penitenciario de Ezeiza y de vuelta otra vez a Río Negro.

Ahora, con otros organismos, piden que “se asegure la revinculación con sus territorios de la machi Betiana Colhuan Nahuel y de les niñes de la comunidad debido a la pérdida cultural, identitaria y espiritual que están sufriendo desde su detención hace más de un mes”. En concreto, dos de ellos están afectados en su salud desde que se dieron cuenta que perdieron su hogar: uno de ellos no habla y el otro está en estado de sobreexcitación.

Por otra parte, el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir realizó en CABA las ocupaciones pacíficas del Banco Central y de la Catedral Metropolitana, con un petitorio de demandas que incluye “la liberación inmediata de las presas políticas mapuches”.

 
Un mes de violencia estatal

El despliegue desmedido en contra de la comunidad Lafken Winkul Mapu comenzó el 4 de octubre y tuvo como consecuencia la detención ilegal y arbitraria de 7 mujeres –entre ellas la machi y otra con un embarazo de 40 semanas–, junto con niños y niñas en edad de lactancia. Durante la mañana de la represión, las mujeres detenidas y les niñes de la comunidad aspiraron gases lacrimógenos arrojados por las fuerzas de seguridad. Algunes corrieron al bosque en busca de refugio y pudieron ser encontrados trece horas más tarde, en la oscuridad de la noche y bajo la nevada. 

La jueza federal de Bariloche Silvina Domínguez, que interviene en la causa, ordenó la destrucción de sus viviendas. Todos los bienes y elementos de prácticas culturales que había adentro fueron secuestrados y aún nadie les dio respuesta por ellos. Las niñas y niños de la comunidad perdieron su ropa, sus juguetes, sus animales. También perdieron sus prendas de vestir tradicionales.

Después del operativo del Comando Unificado –que según la comunidad tuvo su base operativa en la escuela local–, la jueza procesó a 4 mujeres mapuches: a la machi Betiana, a Romina Rosas (debió parir con custodia policial), a Luciana Jaramillo y a María Celeste Ardaiz Guenumil. Todas ellas están actualmente encerradas junto a sus hijos en el Centro Mapuche de Bariloche. Son once niñas y niños de 11, 9, 8 (2), 6, 5 y 4 (2) años, de 5 meses, 2 meses y 16 días. 

Les niñes que se encuentran con sus mamás detenidas están enfermos: padecen enfermedades respiratorias producto de la aspiración de gas y el frío que pasaron el día del operativo. También están sufriendo desequilibrios físicos y emocionales por estar fuera de su tierra. 

Desde allí dialogaron con Revista Cítrica y relataron que ese día estaban por hacer guillipun (su rogativa de cada mañana) y vieron de pronto la lluvia de gases. “Escuchamos, por el ruido de las ramas, que estaban entrando. Venían de todos lados. Ya en Buenos Aires, después de trasladarnos a la madrugada sin decirnos qué pasaba, nos encadenaron. Todo esto fue un retroceso a lo que vivieron nuestros antepasados. En todo momento fue un trato inhumano, nos trataron todo el tiempo como terroristas. Bajamos del avión y había efectivos de todos los colores, con boina, con casco, con escudos, armas cortas, largas, una locura”, relató Luciana. 

“Yo iba desde mi ruka, que está al lado de (el empresario Diego) Frutos, y desde la calle se veían los gases, uno al lado del otro. A la machi le tiraron gases y bombas de estruendo en su ruka. Por suerte logró taparle los oídos a su bebé”, agregó Romina. También dio detalles de las circunstancias inhumanas de su parto: “Me arrastraron por el medio de la ruta, me subieron a la camioneta. No podía moverme con facilidad, estaba a pocos días de dar a luz. Ya en el hospital me filmaban las 24 horas, me revisaban a cada rato, todo muy invasivo. Cuando empecé mi trabajo de parto fue peor, me llevaron casi secuestrada, no me permitieron parir junto a las lamien, como era mi deseo. Y casi no me permiten que mi partera asista. Todo fue maltrato e insulto”.

La jueza Silvina Domínguez ordenó la destrucción de sus viviendas. Todos los bienes y elementos de prácticas culturales que había adentro fueron secuestrados y aún nadie les dio respuesta por ellos. Las niñas y niños de la comunidad perdieron su ropa, sus juguetes, sus animales.

 

Derechos negados, ayer y hoy

En el pedido de cautelar a la CIDH, el CELS expresó que la elección del lugar para la prisión domiciliaria también fue parte de un proceso de estigmatización: al no tener un domicilio –porque de allí fueron desalojadas– tuvieron que recurrir a casas de familiares. Pero la jueza no aceptó esa alternativa, porque consideró que sus familias mapuche también son parte de reclamos de reivindicación territorial y cultural, y no brindan garantías para su detención domiciliaria, por lo que son un “peligro” para las garantías procesales.

Les niñes que se encuentran con sus mamás detenidas en el Centro Mapuche Bariloche (Ruka Mapuche) están enfermos: padecen enfermedades respiratorias producto de la aspiración de gas y el frío que pasaron el día del operativo. También están sufriendo desequilibrios físicos y emocionales por estar fuera de su tierra. Desde que tomaron conocimiento de la destrucción de sus hogares y la pérdida de todas sus pertenencias algunes dejaron de hablar y otres están en un estado de sobreexcitación. 

"El Estado de manera violenta y desproporcionada organizó una respuesta que tuvo efectos sobre la integridad de sus miembros, en particular, sobre mujeres, niños y niñas", dice el CELS en su presentación ante la CIDH.

La Justicia únicamente está permitiendo salidas con sus madres por emergencias médicas, pero la emergencia bajo la cosmovisión indígena no es la misma que la occidental. Durante el último mes, les niñes tampoco han tenido ningún tipo de acompañamiento por parte del Estado en cuanto a su asistencia a la escuela.

El CELS dice sobre la presentación ante la CIDH: “Hicimos una mención especial a la situación de la machi Betiana Ayelén Colhuan, médica y sanadora del Pueblo Mapuche”. Actualmente es la única en la Argentina, por lo que recurren a ella personas de otras comunidades que hacen largos viajes para poder verla. Una o un machi es una de las máximas autoridades espirituales mapuche e integra el sistema de salud tradicional de este pueblo. Su rol social es ejercido en un espacio ceremonial denominado rewe. 

Por estar lejos del territorio y del rewe, la machi Betiana pierde su fuerza vital y su identidad cultural. También, se ven vulnerados los derechos de acceso al sistema tradicional de salud mapuche de todas las personas que llegan a ella para mejorar su bienestar físico, espiritual, familiar y comunitario. 

Protesta en el centro de Bariloche por la liberación de las mujeres detenidas (Foto: Eugenia Neme).

Protesta en el centro de Bariloche por la liberación de las mujeres detenidas (Foto: Eugenia Neme).

En diálogo con Cítrica, Romina lo dijo con claridad: “Como un católico, que tiene sus costumbres, sus encuentros, espacios, fechas y momentos importantes, nosotros también”. En otro tramo de esa entrevista ella relató que la Comisión de Fomento de Villa Mascardi acusó a la comunidad de pretender quedarse con el lafken (lago). “Nos acusaban de violentos cuando solo pedíamos que no tiren la basura en el lago”, contó. 

Sobre las propuestas de diálogo con Parques Nacionales, a las que no se niegan, Luciana aclaró que se oponen a un co-manejo: “No podemos estar haciendo una ceremonia y que aparezca un grupo de turistas haciendo caminatas por el territorio. Ya nos pasó eso”.
Finalmente, el CELS recordó a la CIDH que las comunidades indígenas de la Argentina y las comunidades mapuche en la Patagonia tienen una larga historia de lucha por el reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales, que les han sido negados y quitados: “Este despojo no ha cesado, a pesar de que existieron avances en el reconocimiento de sus derechos. La comunidad indígena Lafken Winkul Mapu ejercía su derecho a la identidad, a la cultura y al territorio. El Estado de manera violenta y desproporcionada organizó una respuesta que tuvo efectos sobre la integridad de sus miembros, en particular, sobre mujeres, niños y niñas”. 

Betiana, una de las detenidas, es la única machi (autoridad espiritual) en la Argentina, por lo que recurren a ella personas de otras comunidades que hacen largos viajes para poder verla.

La presentación del CELS fue firmada también por la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación Civil Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, la Asociación de Mujeres Abogadas Indígena (AMAI), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), lxs abogadxs Ezequiel G. Palavecino y Andrea Reile, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.

Si bien la Comisión no tiene plazos para expedirse, en situaciones anteriores similares la respuesta fue rápida (por caso, cuando estaba desaparecido Santiago Maldonado) y en caso de que los Estados miembros acaten las medidas cautelares, deben dar curso en forma inmediata haciendo concreta la protección de derechos solicitada. En esta situación generada por el violento desalojo en Villa Mascardi y sus consecuencias, el abogado Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos, ya había hecho una presentación en el mismo sentido que el CELS, que ahora quedó unificada en un mismo expediente.

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