Las vidas detrás del Hospital Bonaparte
por Mariana GuerraFotos: Rodrigo Ruiz
24 de octubre de 2025
Despidos, recortes y desfinanciamiento. La crisis del centro de atención referencia en salud mental y adicciones abarca decisiones políticas, fallos judiciales y variadas historias humanas afectadas por la motosierra liberal.
A fines de 2024 comenzó a gestarse una de las crisis más profundas que atravesó el sistema público de salud mental en el país. El Hospital Bonaparte, único en su tipo dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, fue intervenido y quedó al borde del cierre. La decisión se formalizó en enero de este año, cuando el Gobierno nacional, a través del Decreto 130/2025, dispuso la intervención del establecimiento por un año y nombró a Mariano Bruno Pirozzo como interventor general. La medida, que se justificó bajo los argumentos de “crecimiento desmedido del personal” y “mal manejo de fondos”, vino acompañada por el despido de casi 200 trabajadores y trabajadoras (alrededor del 40 por ciento de la planta inicial).
El impacto fue inmediato: consultorios cerrados, suspensión de turnos, cierre de guardias e internaciones y tratamientos interrumpidos. A la falta de recursos humanos se sumó el desfinanciamiento progresivo, que dejó al hospital sin insumos básicos y con dificultades para sostener la atención cotidiana. En abril, además, el Ministerio de Salud decidió eliminar los cupos para residencias, tanto en las diferentes disciplinas como en las jefaturas.
Desde el Gobierno, el argumento oficial se centró en la idea de “readecuar recursos” dentro del llamado Plan de Eficiencia de Hospitales 2024-2025. Según el ministro Mario Lugones, la intervención buscaba “asegurar el normal funcionamiento del hospital y la continuidad de los tratamientos”, tras detectar una “sobredotación de personal” en distintos servicios. Sin embargo, los hechos sobre el terreno mostraron otra cosa: pasillos vacíos, servicios cerrados por falta de médicos y renuncias constantes por los bajos salarios y la inestabilidad laboral.
La respuesta no tardó en llegar. En septiembre, tras meses de protestas y denuncias, la Justicia dio lugar a un amparo colectivo presentado por la Asociación Civil Proyecto 7, organización que trabaja con personas en situación de calle, y ordenó al Gobierno restablecer el normal funcionamiento del hospital. El fallo del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 5, a cargo del juez Patricio Maraniello, instó a la cartera sanitaria a reabrir las guardias durante los fines de semana y garantizar la atención integral de los pacientes.
El impacto en primera persona
.
Valentina y Claudia se conocieron en los pasillos del Bonaparte. Coincidieron en las salas de espera, en los horarios de consulta y con el tiempo se hicieron amigas. Hoy, además de compartir charlas y una historia en común, también comparten un pequeño emprendimiento. Pero todo empezó en un momento muy distinto: las dos llegaron al hospital buscando una salida en medio de una crisis personal.
Valentina se acercó en 2021, poco después de la pandemia. El encierro, la soledad y la ansiedad la llevaron a un cuadro de depresión. En el Bonaparte encontró un espacio de contención que, según cuenta, fue clave para poder recuperarse. “Me atendía con una psicóloga y un psiquiatra. Era un trabajo en conjunto, interdisciplinario. Me sentía acompañada, no solo atendida”, recuerda.
A principios de este año, su psiquiatra fue uno de los despedidos. Un mes después, su psicóloga renunció por el bajo salario. “Me daba mucha tristeza. Uno se encariña y además confía. Yo estaba terminando mi tratamiento, así que decidí seguir con ellos por mi cuenta, de manera particular. No era lo que quería, pero no me quedó otra. Quería hacer los últimos seguimientos con las personas con las que me traté desde el principio. Conocen toda mi historia”.
Claudia llegó un año después, en 2022. Estaba sin trabajo y con un hijo a cargo. “No podía dormir, no tenía ganas de levantarme. Un día mi hermana me llevó al Hospital porque sabía que podía atenderme sin tener que pagar fortunas. Al principio no quería saber nada, pero me encontré con profesionales que me escucharon y que me trataron con respeto”. Su psiquiatra, el mismo que atendía a Valentina, fue despedido en enero y tomó la misma decisión.
Ya había conseguido un empleo estable y estaba en el tramo final de su tratamiento. “Decidí seguir viéndolo igual, porque era la persona que me acompañó desde el principio. No quería tener que empezar todo de nuevo cuando ya veía el final”.
Las dos coinciden en algo: el Bonaparte no es sólo un hospital. Es un espacio donde la salud mental se aborda de forma integral, donde las historias personales son escuchadas más allá del diagnóstico. “Dicen que hay más médicos que pacientes internados, pero la idea nunca puede ser llenar las camas porque sí. Lo importante es evitar la internación, acompañar a las personas desde su vida cotidiana, que el tratamiento no frene lo que cada uno está construyendo”, explica Valentina.
Un ataque político a la salud mental
.
El enfoque basado en la atención ambulatoria y la interdisciplinariedad es una de las razones por las que el Bonaparte se volvió una referencia. Muchas personas son derivadas desde otros centros de salud porque es el único hospital nacional especializado en salud mental y adicciones en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Pero hoy, con menos personal, servicios cerrados y profesionales precarizados, ese modelo está en riesgo.
“Hoy en día la apertura de las guardias es algo re complicado porque ya se redujo el personal un montón. Tenés a las mismas personas haciendo mil cosas y no dan abasto. Lo mismo con los profesionales. Atienden un montón de consultas y se hace imposible”, expone Claudia.
Actualmente, ambas están sólo con tratamiento psicológico para hacer un seguimiento, pero no dejan de acompañar la lucha de toda la comunidad del Hospital y de pelear por los derechos relacionados a la salud mental. “El hospital fue un lugar de encuentro, de cuidado. Si lo cierran o lo vacían, muchos se van a quedar sin ese sostén, un montón de personas que van todos los días a buscar ayuda”, dice Claudia.
En sus palabras se resume el sentimiento de cientos de usuarios y trabajadores que, desde hace meses, defienden al Bonaparte con abrazos simbólicos, marchas y amparos judiciales. No se trata sólo de preservar un edificio: se trata de sostener una forma de entender la salud mental como un derecho, no como un privilegio.
Pese a la resolución judicial que apunta a frenar el desguace ejecutado por el Gobierno, la situación continúa siendo crítica. Con un plantel reducido, servicios discontinuos y una estructura administrativa intervenida, el Hospital Bonaparte funciona a medias. Lo que alguna vez fue un espacio de referencia en salud mental y adicciones se sostiene, en gran medida, por la resistencia de sus trabajadores y el acompañamiento de pacientes y organizaciones que no están dispuestos a dejar que se apague una institución, como tantas, que es orgullo nacional.
Bonaparte sigue en la lucha
Después de un finde intenso por el anuncio de cierre del Hospital Laura Bonaparte, sus trabajadorxs defienden no solo sus empleos, sino una mirada integral sobre la salud mental. Las falacias del Gobierno, el rol social del hospital y la voluntad de seguir atendiendo en medio de la crisis.
"Los 183 despidos significan el cierre progresivo del hospital Bonaparte"
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, despidió al 40 por ciento del personal del Hospital Nacional Laura Bonaparte. Sus trabajadorxs se organizan, una vez más, para defender el único centro de salud pública especializado en salud mental y problemáticas de consumo.
“A mí en el Bonaparte me salvaron la vida”
Jessi Jess, la escritora de "Con las Villas en mis venas", de editorial Chimbote, es paciente del Hospital Bonaparte. En este texto destaca el rol social del neuropsiquiátrico y la necesidad de respaldo estatal para que siga funcionando.
