Voces, propuestas e iniciativas que plantean miradas diversas en medio del debate sobre la necesidad de que el sistema judicial reformule sus bases para fortalecer la democracia.
La Reforma judicial es una idea muy repetida pero de ejecución demorada. El más corporativo de los poderes no simpatiza demasiado con la revisión de su funcionamiento, que incluye cargos vitalicios, sueldos que están varios niveles por encima de la línea de pobreza, apellidos antiguos que siguen haciendo carrera por generaciones y fallos que responden más a los intereses del poder real que a los de la gente de a pie. ¿Es posible un reseteo del sistema judicial con una perspectiva popular y de reconocimiento de los sectores más marginados de la toma de decisiones? ¿Qué componentes debería contemplar tal reforma si se ejecutara con buenas intenciones republicanas?
Verónica Heredia ganó reconocimiento público acompañando a la familia de Santiago Maldonado en los días más difíciles. La abogada especializada en derechos humanos opina: “La Reforma judicial para que sea verdadera y no una simple puesta en escena política y mediática, una nueva cortina de humo, debe estar centrada en tres ejes”. El primero es observar la designación de quienes van a ocupar cargos clave para la sociedad: jueces y juezas, fiscales y fiscalas, defensores y defensoras. “Hay que poner la atención a quiénes se elige para el Consejo de la Magistratura, porque en función de esos perfiles estás definiendo qué justicia querés. Desde la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires (AABA) –donde ella integra la Comisión de Derechos de la Mujer– se pidió que el lugar reservado para la abogacía sea conformado por mujeres”.
Paula Alvarado Mamani: "Entendemos que a veces en ciertos lugares todavía tenemos hermanos que hablan su lengua originaria y se les dificulta comunicarse con un policía, un juez, un operador jurídico."
Otro eje: los plazos judiciales. “Que haya plazos claros en cabeza de los jueces y las juezas. Las partes tenemos plazos perentorios, es decir que si llegás 30 segundos tarde, tu presentación ni siquiera se trata por extemporánea. Por ejemplo, si rechazan el pedido de excarcelación de una persona, vos tenés que apelar en 24 horas. Si vos hacés la presentación a las 24 horas y 10 segundos, la persona va a seguir presa porque llegaste tarde a la presentación”.
En cambio, los tiempos que manejan en los juzgados para los trámites son bien diferentes: “El Código Procesal dice que el juez deberá resolverlo de manera 'inmediata', y los jueces interpretan esa palabra como un día, dos días, un mes, un año... Lo inmediato es el tiempo que se les ocurra. Es imprescindible que se establezcan plazos perentorios obligatorios para jueces y juezas, incluyendo la Corte Suprema de Justicia”.
“El tercer punto sería las sanciones para jueces, juezas y funcionarios (fiscales, defensores) que no cumplen los plazos. Tiene que haber sanciones claras para quienes no cumplen los plazos, porque es una cadena interminable de presentaciones y dilaciones en las resoluciones judiciales que hacen eternos los procesos”.
En su libro de reciente publicación Contra el punitivismo, la abogada y docente universitaria Claudia Cesaroni derriba varios mitos construidos socialmente en torno del rol que ocupa el castigo en el terreno judicial. En una entrevista del año pasado con Cítrica decía: “Es muy difícil pensar en una reforma del sistema judicial si no pensamos en cambios sociales, porque justamente el problema del sistema penal es que es profundamente clasista, discriminatorio, selectivo, neocolonial, machista. Todas esas características que tiene el sistema penal son características no solo del sistema penal, obviamente, pero que en el sistema penal se expresan quizá con la mayor brutalidad, porque ahí está en juego la vida, la libertad de las personas”.
¿Cuáles serían los cambios valiosos? “Si tuviera que pensar en una reforma del sistema, primero trataría de repensar y de rediscutir la idea de que la mejor manera de resolver conflictos es mediante el castigo y dentro del castigo, con la cárcel. Cuando pedimos justicia estamos pidiendo, en realidad, castigo. La primera pregunta para mí es: ¿Hay otras maneras de pensar soluciones justas a situaciones conflictivas, dolorosas, que nos dañan, que nos lastiman? Yo creo que sí, que hay un montón de otras soluciones”.
Verónica Heredia: "El Código Procesal dice que el juez deberá resolverlo de manera 'inmediata', y los jueces interpretan esa palabra como un día, dos días, un mes, un año... Lo inmediato es el tiempo que se les ocurra".
Clasismo y patriarcado
Hay una imagen que se repite en esculturas, grabados, libros antiguos y el imaginario colectivo: la Justicia representada como una mujer con ojos vendados que sostiene una balanza. “La Señora Justicia, lejos de tener puesta la venda que supuestamente garantiza su imparcialidad, mira muy bien a quién juzga en cada ocasión”, plantea María del Carmen Verdú para revisar el sentido común.
La referenta de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) desarrolla: “El 'problema' con el Poder Judicial (jueces, fiscales, camaristas, cortesanos) no tiene tanto que ver con la 'grieta' como con la cuestión de clase. Quienes, como yo, trabajamos en causas comunes patrocinando personas de carne y hueso, no empresas, sabemos que, sea que se trate de un accidente de tránsito, de una mala praxis médica, de un incumplimiento contractual o de cualquier otro juicio 'común', no es lo mismo ser un ciudadano cualquiera que el CEO de una empresa”.
¿A quién mira con mayor simpatía la Señora Justicia? “Nuestro sistema judicial es clasista, así como es patriarcal, porque es el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Basta echar una mirada a los listados de los funcionarios judiciales para ver las 'familias'. De un lado u otro de la grieta, los apellidos son los mismos desde hace 200 años. Y el proceso es también igual: formalidad escrita, lenguaje ininteligible, Señorías y Usías, sin contacto alguno con la realidad. Por eso un juicio por un accidente de tránsito o un juicio laboral duran cinco, siete o más años; por eso los juicios contra el Estado –desde lo más simple como un accidente con un vehículo de propiedad estatal hasta hechos vinculados a la corrupción como la Masacre de Cromañón– duran 15, 20 o más años”.
La Negra vuelve a su planteo central: “El problema con el Poder Judicial no son sólo los nombres, aunque se repitan hasta el hartazgo. El verdadero problema es la clase que representan y defienden en cada fallo”.
Claudia Cesaroni: "Es muy difícil pensar en una reforma del sistema judicial si no pensamos en cambios sociales, porque justamente el problema del sistema penal es que es profundamente clasista, discriminatorio, selectivo, neocolonial, machista."
“Tenemos que dar una real Reforma judicial con construcción feminista y con perspectiva identitaria”, dice Lara María Bertolini, quien además de militante desde su identidad travesti es jurista y trabaja en el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Para cualquier replanteo del sistema judicial, dice, es necesaria “la incorporación de las problemáticas estructurales a nivel legal en la construcción de los razonamientos jurídicos, donde sin identidad no puede haber un debido proceso”.
¿Cómo se expresa la identidad en los cambios que requiere la Justicia? “En la construcción de las nuevas regulaciones, en la normativa de los diferentes códigos que se van a establecer desde una Reforma judicial feminista, no establecer el género como único parámetro, sino que tenemos que pensar en los parámetros identitarios de las poblaciones afrodescendientes, los pueblos originarios, las personas migrantes, personas con identidad de clase como la identidad villera, que no están tomadas en los contextos sociales que hoy exige la República Argentina, en los reconocimientos de las identidades dentro del marco de las políticas públicas y la seguridad social que se siguen sosteniendo”.
Enumera algunas cuestiones judiciales vinculadas con la identidad que han quedado trabadas en la Corte Suprema, como el caso de la militante asesinada Amancay Diana Sacayán, “modificado por una decisión de cámara, donde se desconocía la identidad travesti de Diana”. También “duerme” en el máximo tribunal “la sentencia que fue contraria para la compañera Alba Rueda, que solicitaba a la Iglesia Católica incorporar en sus registros administrativos su identidad de mujer transgénero”. Además, espera su ejecución el fallo histórico de primera instancia que favorece a la propia Berolini: la jueza Myriam Cataldi dictó sentencia respecto de su identidad, para que en el DNI aparezca escrito “Femineidad travesti” en lugar de “Femenino”.
De llevarse a cabo la mentada reforma, cree que “es necesario que más allá de las voces hegemónicas académicas validantes, tienen que estar las verdaderas y verdaderes representantes del movimiento feminista actual, que es un arco pluriidentitario y plurinacional”.
Lara María Bertolini: “Tenemos que dar una real Reforma judicial con construcción feminista y con perspectiva identitaria.”
La voz originaria
Si hay una Reforma judicial, hay un concepto que debe tenerse en cuenta, dice Paula Alvarado Mamami, de la Comunidad Tres Ombúes de La Matanza: pluralismo jurídico. La abogada, especializada en Derecho indígena, cita ejemplos de otros países de la región donde hay “por un lado, una Justicia ordinaria, y por otro, una Justicia indígena”. “Esto es responder al Derecho de autodeterminación que tenemos como pueblos indígenas en virtud de nuestras normas, nuestras pautas de organización y nuestras culturas”.
Entre otras normas, la Argentina suscribió el Convenio 169 de la OIT que se refiere a los pueblos preexistentes al Estado moderno y explicita que “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”.
La abogada explica cómo se debería expresar el acceso a la Justicia desde una perspectiva pluricultural: “Que los pueblos indígenas tengamos la posibilidad de que sea reconocida nuestra cultura. Entendemos que a veces en ciertos lugares todavía tenemos hermanos que hablan su lengua originaria y se les dificulta comunicarse con un policía, un juez, un operador jurídico. Allí es donde solicitamos que se incorpore esta perspectiva, ya que si bien algunos Códigos de procedimiento lo tienen, no se cumple”.
Desde su experiencia, es imprescindible que hayan “equipos interdisciplinarios” para el abordaje judicial: “No basta solamente con un operador jurídico, sino que tiene que darse en otres profesionales a la hora de dictar una sentencia o en el marco de un expediente judicial”. ¿Y el vocabulario? “No hay una adecuación de las palabras que son especialmente técnicas en lo que es el Derecho y los propios idiomas de las comunidades indígenas. Hay palabras que no logran comprenderse, que no hay una adecuación y que significan diferentes cuestiones, que puedan ser malinterpretadas por los operadores judiciales porque tal vez para una comunidad significa otra cosa”.
Alvarado Mamani pide también respeto por cada uno de los 41 Pueblos-Naciones que habitan el territorio argentino. Dice: “La diversidad cultural tiene que estar reflejada en cada una de las naciones: no es pueblos originarios, sino que es el pueblo mapuche como pueblo originario, el pueblo kolla como pueblo originario y cada uno tiene su forma de hacer justicia, su pautas de organización, su autodeterminación, sus culturas”.
María del Carmen Verdú: "La Señora Justicia, lejos de tener puesta la venda que supuestamente garantiza su imparcialidad, mira muy bien a quién juzga en cada ocasión”.
El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, menciona, viene denunciando que la discriminación hacia las originarias se potencia. Como ejemplo, en ciertos lugares tienen que caminar kilómetros y cuando llegan para denunciar violencia machista o alguna vulneración de derecho, “no toman las denuncias, ya sea por el idioma, porque no les entienden, porque no quieren o solo por el hecho de discriminar”.
Advierte: “Hoy el feminicidio indígena existe, el chineo existe, son determinados delitos que hacen que hoy la mujer indígena se encuentre vulnerada, en una posición que no es igual a la de una mujer de clase media, europea o con rasgos blancos. Hay una cuestión de discriminación que hace que las mujeres indígenas estemos en desigualdad”.
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