Cada vez son más las personas afectadas por el proyecto de AutovÃa en las sierras de Córdoba. Gobiernos y empresas son responsables de que camiones y topadoras avancen sobre las casas y sobre los territorios, sin autorización ni consenso de las comunidades que habitan el monte.
“Hoy salà y escuché una máquina muy cerca de mi casa. HabÃa un señor con una topadora adentro de mi terreno, donde mis hijes juegan todos los dÃas. Entraron sin permiso, sin avisarme, tiraron los árboles donde ayer estuvieron ellos trepados, jugando. En ese momento les dijimos que frenen, les preguntamos si tenÃan una autorización. No tenÃan absolutamente nada, era totalmente ilegal lo que estaban haciendo. Les preguntamos sus nombres, no respondieron. Hicieron marcha atrás con las máquinas y se retiraron”.
Carolina habla con la sensibilidad de alguien que se sube a un árbol para apreciar el paisaje. No llora de alegrÃa, sino que llora de tristeza. Porque el lugar que soñó Carolina ya no es tal, porque jamás imaginó que la obra de la AutovÃa-Ruta 5 pasarÃa por el patio de su casa, cuando hace dos meses decidió mudarse junto a su familia a La Serranita, en el Valle de Paravachasca, en las sierras de la provincia de Córdoba, 30 kilómetros al sur de la capital.
A sus 73 años, Olga tampoco imaginó lo que le depararÃa el destino. Vecina de Bialet Massé, la conocimos por medio de un video que se hizo viral, en el cual cuenta que podrÃa perder su casa y que no sabe adónde ir ni a quien pedirle ayuda porque el Gobierno de Juan Schiaretti pretende expropiarla para avanzar con el proyecto de la autovÃa que arrasa el Valle de Punilla –también conocida como Variante Ruta 38-, y el trazado de la misma afecta terrenos privados.
Cada vez se conocen más casos de familias atrapadas, bajo amenaza y peligro constante a ser consumidas por esta realidad extractivista y despiadada. Desde la Asamblea de vecinos y vecinas del Valle de Paravachasca, donde habitan alrededor de 70 mil personas, contabilizan al menos 20 familias atravesadas por esta situación, y el número podrÃa ser mayor: el tramo de la AutovÃa-Ruta 5 tiene una extensión de 28 kilómetros y atraviesa zonas de alto y mediano valor de conservación, de acuerdo a las categorÃa I y II del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley 9814).
Camiones y topadoras avanzan contra toda biodiversidad, son frecuentes las detonaciones en el cordón serrano, a la altura de Villa Los Aromos, sin importar que en agosto de 2021 las familias hayan presentado un amparo ambiental colectivo (en la Cámara Contencioso Administrativa, a cargo del Dr. Leonardo Massimino); ni que esté en trámite una denuncia penal y una medida cautelar con 108 firmas de vecinos y vecinas de Paravachasca.
Nunca obtuvieron respuestas. Es otro capÃtulo del ecocidio cordobés.
“Las máquinas siguen, trabajan dÃa y noche. Estamos todos los dÃas con acciones pero es muy complejo y difÃcil”, dicen los habitantes del monte. En Paravachasca, hace no mucho, los vecinos y las vecinas que se oponen al extractivismo voraz y el abuso de poder, plantaron un acampe en defensa del monte al costado de la ruta y fueron desalojadxs –con un amplio despliegue de las fuerzas policiales– por considerar que estaban cometiendo un delito.
Irregularidades y falta de participación ciudadana
El conflicto por la construcción de una autovÃa sobre las sierras cordobesas se plantea en 2017, con un primer tramo consumado que implicó un daño enorme en la localidad de San Roque. Luego, la Provincia presentó un segundo tramo que pretendÃa construirse violentamente sobre la montaña, una opción que también fue rechazada por la ciudadanÃa en una audiencia pública en 2018. Aquel movimiento se conoció como el “Punillazo”.
Marcela Fernández es abogada y, desde aquel entonces, acompaña a las familias en la defensa del monte y la vida. “Ese proyecto –del 2018– quedó en suspenso por implicar un gran daño ambiental en las laderas de las sierras, en los bosques nativos y, por sobre todas las cosas, por la presencia de uranio en la zona de CosquÃn, que no habÃa sido tenido en cuenta por quienes habÃan hecho el estudio de impacto ambiental. Entonces se acuerda diagramar un nuevo tramo con participación ciudadana para que los vecinos puedan ser parte de ese ordenamiento territorial tan reclamado desde hace muchos años”.
No obstante, al dÃa de hoy la participación de los habitantes del monte no llega. O llega de manera sesgada. Situación que no respeta lo que pregona el Acuerdo de Escazú con respecto a la justicia ambiental, al acceso a la información pública y la participación ciudadana.
Sobre los criterios de participación: “En esta oportunidad se convocó a una audiencia pública y sólo se inscribió a la gente que tiene la categorÃa de ciudadano digital. Acá no todas las personas somos iguales, hay quienes tienen los privilegios de tener una computadora, conexión a internet y de haber tramitado una clave, una figura que instauró el Gobierno provincial desde hace ya algunos años. Esa participación también se vio cercenada porque no se subió todo el material del estudio de impacto ambiental, todos los anexos quedaron sin publicar en la página web. Eso fue certificado por escribano público e incorporado al amparo. Pero fue absolutamente ignorado por el Tribunal Superior el año pasado, cuando pedimos la suspensión de la audiencia hasta que no se regularicen todas estas cuestiones”.
¿Quiénes están detrás de todo esto? “El Gobierno provincial, a través de la empresa estatal Caminos de las Sierras S.A. A su vez, licitan y ganan empresas como Paolini Hermanos S.A. y Chediack. Las licitaciones tampoco fueron claras. Los manifestantes no pudieron ingresar al acto licitatorio”, denuncia Fernández. Impulsan esta obra con fondos públicos, bajo la excusa de mejorar los problemas de tránsito y asà aportar al “progreso”. Gobierno provincial y empresas se comprometieron a brindar “soluciones a todos aquellos propietarios que se vean afectados” por el trazado de la autovÃa.
"Hay una gran falencia que es no haber hecho un estudio de impacto ambiental acumulativo. Es una de las principales razones por las que la obra serÃa ilegal".
¿Pero quién se hace cargo de la destrucción? ¿De la historia y los recuerdos? ¿Del riesgo que corren las poblaciones, las comunidades originarias marginadas para siempre? ¿De las hectáreas de monte nativo arrasadas? ¿De la contaminación de los rÃos, arroyos y distintas fuentes de agua, tan preciadas para la vida misma? ¿Del incremento constante de incendios forestales?
A pesar de todas estas irregularidades, la SecretarÃa de Ambiente otorgó en septiembre de 2021 la licencia ambiental para que Caminos de las Sierras avance con el proyecto.
Leyes vulneradas y voces silenciadas
Los espacios y organizaciones que forman parte de esta lucha denuncian que el estudio de impacto ambiental está incompleto, además de acumular irregularidades y violaciones a normas. Por eso fue denunciado y rechazado por un 90 por ciento de la ciudadanÃa en las audiencias públicas. El estudio tampoco valoraba las cientos de miles de hectáreas quemadas por los incendios forestales que golpearon a Córdoba durante los últimos años.
Fernández pone contexto: “Estamos tratando de recuperar las cuencas y toda esta fragilidad hÃdrica que tenemos porque somos una provincia semiárida y dependemos de nuestros bosques que son los que le permiten al suelo acumular agua, le dan humedad y evitan que se erosione fácilmente y termine depositado en los fondos de los rÃos y los lagos. O directamente diseminado. Este proyecto de autovÃa no solo les deja el pasivo ambiental a las próximas generaciones, sino una deuda monstruosa en millones de dólares que pagarán ellos y el sacrificio del pueblo”.
“Hay una gran falencia que es no haber hecho un estudio de impacto ambiental acumulativo, es decir, de todos estos tramos que tiene la autovÃa, sumados y analizados en el tiempo, cómo pueden afectar la cuenca hÃdrica todos estos desmontes que implicarÃan los tramos de la autovÃa. Todo ese estudio global no se hizo, es una de las principales razones por las que la obra serÃa ilegal. No está analizado ese efecto”, señala la abogada.
A esto se le suma que el tramo que se pretende construir por el oeste –en Punilla la autovÃa tendrÃa una extensión de 43 kilómetros-, atraviesa zonas riquÃsimas en bosques nativos y en patrimonio arqueológico de Córdoba. Tampoco se recabó el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades originarias y campesinas que habitan estos territorios, tal cual indican los tratados internacionales, y el convenio 169 de la OIT. Tampoco se realizaron correctamente los estudios sobre los importantes desmontes que implicarÃa la obra, ni se cumplieron con los parámetros que impone la propia Ley de Bosques.
MarÃa, quien milita por el cuidado del medio ambiente, sentencia: “Somos defensores del monte. Tenemos derechos. Es nuestro deber cuidar los cursos de agua para nuestro futuro. La ciudadanÃa no necesita esta autovÃa, que va a generar más destrucción que beneficios. Algunos piensan que uno de los beneficios es llegar más rápido a algunos lugares, nosotros sostenemos que no vamos a tener adónde llegar porque esta autovÃa va a arrasar con lo poco que queda, con lo poco que no arrasó el fuego. Estamos defendiendo el agua de nuestros hijos, en estos tiempos se está criminalizando mucho la denuncia ambiental. Somos un montón y necesitamos ser muchos más”.
VÃa libre al desmonte y la represión
En un acampe de protesta contra la AutovÃa de Punilla, en Córdoba, hubo un violento operativo policial de madrugada. Una lucha territorial que lleva varios capÃtulos, con el Gobierno provincial atendiendo los negocios privados y dándole la espalda a la participación ciudadana.
Cuando el territorio es piel, el monte no se toca
En la provincia de Córdoba, el gobierno local lleva a cabo una faraónica obra ilegal que viola sistemáticamente el Acuerdo de Escazú. En este contexto, ambientalistas son perseguidos por la policÃa y la justicia, quienes apañan a las empresas que siguen arrasando el monte nativo.
Juan Schiaretti y la autovÃa de la impunidad
Crónica de cómo un gobernador de Argentina viola la Convención 169 de Derechos IndÃgenas, habilita la destrucción de los últimos bosques nativos de Punilla, y usa la policÃa para silenciar a quienes son injustamente expulsados de sus viviendas.