Juan Schiaretti y la autovía de la impunidad

La autovía de Punilla es una delirante mega ruta de 43,5 kilómetros de largo, para la cual había alternativas que no destruían bosques nativos, ni lugares arqueológicos, y no desplazaban pobladores. Poco le importó al gobernador y a sus funcionarios que en la provincia quede menos del 3% de bosque nativo cerrado. Una tercera parte de los ambientes que la autovía de Punilla destruye son bosques nativos que tienen asignada, por ley, la categoría de máxima protección: “roja”. También desmonta superficies significativas de bosques nativos ubicados en zona amarilla.
 
A Juan Schiaretti tampoco le preocupó que la obra violara los derechos de comunidades indígenas reconocidos en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En cuanto a los lugares arqueológicos que se destrozarían, para el gobernador el cemento parece valer más que las convenciones internacionales, las leyes del país, y el respeto por los pueblos originarios.  

En el colmo de esta pésima hidrología del capricho, ese mismo gobernador descuidó la protección y administración de las principales cuencas hídricas superficiales, algo inexplicable en una provincia semiárida como Córdoba. Aunque existen Comités de Cuenca creados por ley para cada gran cuenca de agua, ninguno de esos comités funciona en la práctica.
 
Como parte de la pésima gestión ambiental que despliega la provincia, solo entre 2020 y 2021 los incendios quemaron más de 400.000 hectáreas, en su mayoría ambientes con bosques y biodiversidad autóctona. Murieron personas, y el fuego consumió numerosas viviendas. Desaparecieron así enormes superficies de ambiente nativo cuya vegetación reducía el impacto de las gotas de lluvia, aumentaba la infiltración –facilitando la recarga de ese gran depósito natural de agua que son las sierras- y evitaba que el agua, al escurrir, erosionara el suelo. En una actitud soberbia e irresponsable, que repitió dos veces, primero en los incendios de 2020, y luego en 2021, Juan Schiaretti demoró el pedido de auxilio a otras jurisdicciones. De haberlo hecho la superficie finalmente quemada hubiera sido mucho menor. En su pobre visión de la naturaleza y la lógica olvidó que se pide auxilio a otras provincias y la nación cuando los incendios pueden ser más fácilmente controlados, no cuando adquieren magnitud catastrófica. Para que sus actos no quedaran impunes, el abogado Juan Smith y yo lo denunciamos penalmente en la Justicia Provincial.  
El segundo paso en la mecánica desplegada por el gobierno de Córdoba para concretar sus caprichos, busca y consigue compromisos firmes de financiamiento para las obras, y la aprobación en la Legislatura de leyes de expropiación. Poco importa si antes deberían haberse hecho Estudios de Impacto Ambiental y Audiencias Públicas, dos detalles “menores” para el gobierno.

Cuando en esa reunión un grupo de mujeres afectadas por la obra de la autovía de Punilla increpó la presencia del banco, denunciando la ilegalidad de la ruta, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri, en un cuestionable acto de solidaridad con la banca y el gobierno provincial, las atacó verbalmente con acusaciones impropias de un rector.  Visiblemente alterado les increpó recibir fondos de bancos suizos, las invitó a visitar “a los pobres” en la Villa 31 de la ciudad de Buenos Aires, y las convocó –ya que según el rector estaban tan preocupadas por el bosque nativo- a que lo tuvieran “en sus jardines”. Local y nacionalmente las imágenes con las burdas expresiones del rector se viralizaron. Había acusado gratuitamente a mujeres que sabían por sí mismas de la pobreza, y que sacaban tiempo de sus propias familias para luchar contra la autovía sin que las financie ningún banco suizo. Forzado por la condena social el rector Hugo Juri pidió públicamente perdón, pero el daño ya estaba hecho. Una vez más.   
 
En el caso del faraónico canal para subir agua desde el río Paraná, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, y el gobernador de Santa Fé, Omar Perotti, lograron que el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe concediera un crédito de 50 millones de dólares. Poco les importó a los dos gobernadores, y a los funcionarios de Kuwait, que no se hubieran cumplido, previo a la firma del crédito, las leyes nacionales y provinciales sobre Evaluación de Impacto Ambiental. Para los gobernantes involucrados, y para el Ministro de Ambiente de la Nación Juan Cabandié, el trasvasamiento de cuencas pareciera ser un tema irrelevante. Consideraron que llevar y distribuir agua desde el río Paraná “es bueno,” y que no necesitaban “autorización de nadie”.

Este incumplimiento deliberado y enfermizo de las normas sobre Evaluación de Impacto Ambiental se repite sistemáticamente en el gobierno de Córdoba, muchas municipalidades de Argentina, y en el gobierno nacional. El tercer paso de la perversa mecánica gubernamental usada en Córdoba, consiste en darle un barniz de legalidad a los caprichos y las decisiones ya tomadas. Para ello se hacen Evaluaciones de Impacto Ambiental a la medida del poder. Aunque en otros casos, como la obra para traer agua desde el río Paraná a Córdoba, ni siquiera se hicieron.
 
Con respecto al Estudio de Impacto Ambiental de la autovía de Punilla, fue técnicamente pobre, incompleto, y con vacíos sugestivos en temas clave, como haber omitido la cuestión indígena. Para los consultores que lo hicieron, y por lo tanto para Caminos de las Sierras que lo presentó, no existe la Convención 169 de Derechos Indígenas de la OIT. ¿Ignoraban que existen comunidades indígenas Comechingonsa, Sanavironas y de otros grupos en la zona de impacto negativo? ¿No sabían que existe un Registro Nacional de Comunidades Indígenas manejado por el INAI? Sabiendo que las comunidades indígenas deben ser reconocidas, tengan o no personería jurídica ¿porqué las excluyeron como poblaciones afectadas? La misma torpeza se observó a nivel de restos arqueológicos, y consideración de sitios sagrados. Dado que ese Estudio de Impacto Ambiental tiene responsables que lo firman, es inadmisible que cometan mala praxis sin castigo administrativo, y sin algún tipo de sanción desde cuerpos colegiados. Quienes suscriben un Estudio de Impacto Ambiental también son co responsables, civil y penalmente, de los daños que produce una obra o una iniciativa mal evaluada.

Urge replantear la normativa que permite la existencia de Secretarías de Ambiente “de fantasía”, como la de Córdoba. Su funcionamiento actual no le da prioridad a la comunidad que paga sus sueldos, sino a los caprichos del gobernador, otros funcionarios de turno y corporaciones privadas. No es posible que el Estado se evalúe y autorice a sí mismo, y que no existan cuerpos institucionalmente independientes, transparentes, y con participación externa. El papel que desempeña la Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente en Córdoba (CTI), es parte de la maquinaria perversa que otorga Licencias Ambientales a iniciativas que violan la ley. Urge que los miembros de la CTI también sean investigados, y respondan por sus actos ante la Justicia. Una Justicia independiente, claro.   
 
A nivel de grandes obras sigue actuando en Córdoba un modelo de toma de decisiones sobre obras que destrozan con impunidad lo poco que queda de ambiente nativo, y compromete, además, negativamente, la estructura y funcionamiento de las cuencas hídricas. Esta mecánica de gestión provincial pareciera evolucionar hacia un formato cada vez más parecido al de asociación ilícita. Participan muchos actores gubernamentales, y se violan convenios y leyes sin consecuencia alguna para los decisores, ni administrativa, ni judicial.     

Pese a los esfuerzos gubernamentales por silenciar el rechazo a la obra, el tema ya ha cobrado dimensión nacional, y desde FUNAM estamos contribuyendo activamente para que se internacionalice. La torpeza de la estrategia Schiaretti debe ser visibilizada en otros países y en foros internacionales. Esta nota, traducida al francés y al inglés, junto a elementos probatorios, será presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, y en organismos de derecho indígena de Naciones Unidas, en Suiza.  
 
Consideramos además justo y necesario que se investigue e identifique a los otros responsables, indirectos, del impacto socio-ambiental que provocan las obras. Conceder créditos a iniciativas que violan la ley, y carecen de licencia social, es muy grave. El Banco de Desarrollo de América Latina debe investigar internamente si sus integrantes violaron los reglamentos del banco al aprobar el crédito para la construcción de la autovía de Punilla. En cuanto al Fondo Kuwaití, que otorgó el crédito para el canal Santa Fé Córdoba, debe ser notificado que financian una obra carente de licencia social, y sin previa Evaluación de Impacto Ambiental. Aunque lo anterior resulte quizás poco relevante para el Fondo Kuwaití, la falta de seriedad al aprobar un crédito afectaría su credibilidad internacional. También podrían registrarse en Argentina eventuales acciones administrativas y judiciales que bloqueen, a futuro, la devolución del préstamo.   
 
El quinto paso de la estrategia gubernamental involucra a parte del Poder Judicial de la provincia. En lo administrativo la gravedad institucional de una Secretaría de Ambiente que evalúa parcial y arbitrariamente los proyectos del gobierno del cual forma parte, es complementado por un sector judicial complaciente con el poder. Ese sector actúa como una maquinaria protectora de los caprichos gubernamentales, y de los intereses económicos de grandes empresas. Lograr ser aceptados como querellantes en denuncias penales contra el gobernador de Córdoba y otros funcionarios es una misión casi imposible.

Lo curioso es que el municipio capitalino publicita como sustentable y circular una incineración de residuos que no tiene nada de sustentable, pues la incineración descarga al aire dioxinas, furanos y metales pesados, nocivos para la salud y la biodiversidad. Cabría preguntarse además sobre el Estudio de Impacto Ambiental de esa “iniciativa circular” de la Municipalidad de Córdoba, y cuándo se realizó la Audiencia Pública. Todo parece indicar que el intendente Martín Llaryora también estaría aplicando, a escala, la mecánica Schiaretti. La gestión municipal omite recordar que la Comunidad Europea excluye a la incineración como actividad financiable, ello en el marco del programa orientado a la neutralidad de emisiones de carbono para 2050. Los integrantes de la Comunidad Europea consideran que la incineración es un proceso carbón-intensivo, incoherente con los esfuerzos destinados a reducir las emisiones, y el logro en tiempo de la buscada neutralidad de carbono. Tanto el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como el Fondo de Cohesión no financian la incineración.

El Principio del Poder Acumulado

Hace varios años desarrollamos el llamado “Principio del Poder Acumulado” que intenta describir cómo, en sistemas democráticos y no democráticos, el exceso de poder concentrado en funcionarios públicos, dueños de empresas y grupos de poder –incluidos parlamentarios y jueces- aumenta la probabilidad de que se tomen decisiones no adaptativas ni sustentables. Tales desvíos negativos -que afectan a las sociedades y los ambientes de distintas partes del mundo- son responsables del inicio de guerras, de la destrucción de centenares de miles de kilómetros cuadrados de ambientes con alta biodiversidad, de la invasión de tierras indígenas, y de un sufrimiento humano indescriptible.
 
El gobierno de Córdoba y parte de su aparataje judicial son un claro ejemplo de lo que pueden producir personas con un exceso de poder acumulado e impunidad crónica. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, tras sobrevolar parte del norte de Córdoba, se maravilló al ver cómo zonas deforestadas eran ahora vastos cultivos industriales y campos ganaderos. Pero no alcanzó a comprender entonces –ni ahora- que una provincia sin suficiente ambiente nativo y biodiversidad está condenada a sufrir calamidades cada vez más graves. Desde sequías y lluvias excesivas, pasando por tormentas cada vez más fuertes, a inundaciones e incendios.

 
Gobierno y grandes productores ganaderos no saben distinguir la diferencia entre un bosque nativo de alta biodiversidad, y lugares donde se dejaron sin talar grandes árboles y arbustos para que den protección al ganado. Estos últimos no son ecosistemas nativos conservados, sino decorados productivos donde el pastoreo impide parte de la regeneración. En cambio, la bosquización encarada por organizaciones y personas para facilitar la recuperación de bosquecillos de altura con tabaquillo sí ayuda –inteligentemente- a la reconstrucción de biodiversidades destruidas, o muy mermadas.       
 
Agregar nuevos ambientes protegidos como el Parque Nacional Ansenuza y el Parque Nacional Traslasierra son bienvenidos en Córdoba y forman parte de las “buenas” decisiones, pero no alcanzan ni remotamente para compensar lo que se viene destruyendo ambientalmente. Las torpezas gubernamentales de hoy le roban escandalosamente futuro a nuestras niñas y niños, y a quienes todavía no han nacido.
 
Por ahora la mecánica Schiaretti –antes precedida por la muy parecida mecánica De la Sota- sigue devastando ambientalmente y con impunidad la provincia gracias a sus cinco pasos: el capricho gubernamental, asegurar el financiamiento de ese capricho y la expropiación de tierras, darle barniz de legalidad a lo ilegal, criminalizar la protesta social, y disfrutar del blindaje que proporciona un sector del poder judicial en Córdoba.  

En este contexto urge internacionalizar los conflictos locales como el de la autovía, y denunciar ante organismos internacionales toda violación de los derechos humanos. Para ello debe tenerse en cuenta que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el jueves 28 de julio de 2022 la resolución que reconoce el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como “derecho humano universal”. La resolución, aprobada con 161 votos a favor, 8 abstenciones y ningún voto en contra, también reconoce que el impacto del cambio climático, la gestión y el uso insostenibles de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos, y la consiguiente pérdida de biodiversidad, interfieren en el disfrute de este derecho, y que los daños ambientales -como los producidos por la autovía agregamos nosotros- tienen implicancias negativas, tanto directas como indirectas, para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos.
 
Parafraseando a Sandro Pertini, a veces es necesario luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza
 
Las generaciones actuales, y las que habitarán la provincia de Córdoba en el futuro, deben saber quiénes fueron y quienes son los responsables directos de tanta degradación e irresponsabilidad socio-ambiental. La mecánica de cinco puntos desplegada por Juan Schiaretti y sus funcionarios para llevar adelante obras públicas faraónicas e ilegales, ello con la complicidad directa e indirecta de otros poderes del Estado provincial y nacional, debe ser conocida por el público, en Argentina y otros países. Es necesario además que esta mecánica perversa sea desarticulada sin demora, administrativa y judicialmente.

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(1) Profesor Titular Plenario de la Cátedra “A” de Biología Evolutiva Humana en la Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba). Presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG de Argentina con status consultivo en Naciones Unidas. Director del Campus Córdoba del “Right Livelihood College” (RLC). Premio Nobel Alternativo 2004 (Right Livelihood Award, Estocolmo, Suecia).
 
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