"Milei supone un mundo que ya no existe"
por Revista CÃtricaFotos: Luan Colectiva Fotográfica
11 de julio de 2024
Más de 50 organizaciones ambientales manifestaron su rechazo al discurso del presidente Javier Milei en la firma del Pacto de Mayo. Explican que la inserción del paÃs en el escenario internacional no es posible sin responsabilidad ambiental.
Las organizaciones aquà firmantes manifestamos nuestro más profundo rechazo al discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, en ocasión de la firma del denominado Pacto de Mayo, en el que instó a los gobiernos provinciales a avanzar en la explotación de los recursos naturales sin contemplar la dimensión ambiental ni las demandas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil.
Las palabras del presidente y el texto firmado por las autoridades provinciales (punto 7), van a contramano del mandato constitucional, que garantiza a todos los argentinos el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y que establece el deber de las autoridades a proveer a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambiental.
El presidente manifiesta públicamente que promover el desarrollo de actividades productivas sin ningún tipo de control y de regulación ambiental redundará en la generación de riqueza; premisa ya superada hace más de cincuenta años en todo el mundo debido a los impactos negativos que genera la destrucción de los ecosistemas en la calidad de vida de la población, y a la manera en que obstruye el desarrollo productivo de las naciones. La explotación descontrolada de los recursos naturales genera más pobreza y demanda más recursos del Estado para paliar las crisis sociales y ambientales que ocasiona.
No es posible pensar hoy el desarrollo de un paÃs sin considerar la huella social y ambiental
Las afirmaciones del presidente suponen, además, un mundo que ya no existe. La inserción del paÃs en el escenario internacional implica una mayor responsabilidad en términos sociales y ambientales, debido a los requerimientos y obligaciones establecidos en acuerdos bilaterales y en tratados multilaterales y a los requisitos para acceder a membresÃas de grupos de paÃses. No es posible pensar hoy el desarrollo de un paÃs sin considerar la huella social y ambiental del aprovechamiento de los bienes que éste ofrece al mundo.
El Pacto de Mayo firmado en la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán debe marcar un camino en favor de la concordia y la unidad nacional y dejar de lado enemistades innecesarias. Lamentablemente, la mención a las “minorÃas ruidosas” y la calificación de las organizaciones ambientalistas como adversarios del progreso marca un rumbo equivocado en tal sentido.
Los defensores del ambiente en los territorios juegan un papel clave en la protección del suelo, el agua, la biodiversidad, los bosques nativos, los glaciares, los humedales, los rÃos, el mar, las turberas, los acuÃferos, las montañas, los paisajes, los valores culturales y la naturaleza. Sin estos ecosistemas, sin ambiente, no hay progreso posible.
De igual forma, las organizaciones ambientales han tenido y tienen un rol preponderante en la creación de nuevos Parques Nacionales, reservas naturales y áreas protegidas, colaborando asà en la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural. Además, las organizaciones no gubernamentales son componentes legÃtimos de la sociedad civil en las democracias modernas de todo el mundo.
A 40 años de la recuperación democrática y a 30 años de la última reforma constitucional, Argentina necesita un pacto social y ambiental. Pero no cualquier pacto, sino uno que proponga vivir en armonÃa con la naturaleza y que nos lleve a un verdadero desarrollo, que contemple a las generaciones presentes y también a las generaciones futuras que heredarán nuestro paÃs y nuestro planeta.
En este marco, reclamamos a las autoridades nacionales y provinciales que se garantice a todos los argentinos su derecho constitucional a un ambiente sano, que se respete y aplique la normativa ambiental vigente, y que se asegure el acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental.
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