La Secretaría de Derechos Humanos es una de las áreas donde arrasó la motosierra de Milei. La política oficial apunta al relato de la “memoria completa”. La organización sindical y la convicción militante dan la pelea para continuar el camino de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Un grupo de unos cuarenta guardapolvos blancos (pibes, pibas y docentes) avanza por una de las calles internas del enorme predio que alguna vez fue patrimonio del horror condensado en cuatro letras: ESMA. La visita escolar es alcanzada por la voz de Taty Almeida, que llega desde un parlante ubicado doscientos metros más allá.
Con una energía de 94 años recién estrenados, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora le hace saber a la masiva asamblea de trabajadores y trabajadoras reunida frente al edificio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: “Los apoyamos con todo. Saben que repudiamos estas medidas inhumanas que está tomando este Gobierno deplorable. ¡Estamos con ustedes!”.
La respuesta son aplausos por el mensaje de solidaridad ante lo que minutos después tendrá nombres concretos en la voz de una de las delegadas: 60 personas que el viernes 28 de junio salieron de sus trabajos en áreas de la Secretaría y el lunes 1 de julio ya no pudieron ingresar. Durante el fin de semana, mediante mails y mensajes de celular se enteraron que no les renovarían sus contratos. La delegada lee sus nombres y sus funciones y la numerosa asamblea congregada en el patio donde flamea la bandera argentina hace silencio.
Al primer día de julio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contabilizaba al menos 2000 contratos caídos, la formalidad administrativa con la que el Gobierno de Javier Milei despide gente para achicar las reparticiones del Estado nacional. El desguace también alcanzó al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y al Hospital Posadas, entre la diversidad de sectores afectados por la reducción de la planta estatal, un aproximado de 25.000 puestos menos desde el comienzo de la gestión liberal.
Los 60 despidos repudiados el lunes en la Secretaría de DD.HH. pasaron a ser 82 antes de terminada la semana. Esta nueva tanda de motosierra al empleo público se suma a la de marzo, cuando cayeron 42 contratos en la repartición que depende del Ministerio de Justicia. Mediante la lucha gremial, más de la mitad de las personas volvieron a sus puestos. “Hubo reincorporaciones y ahora los vuelven a despedir, es decir que esta gestión despidió a algunos compañeros dos veces el mismo año... es una crueldad absoluta”, explica sin poder explicarse la situación Octavio Pilo Rampoldi, delegado de ATE en la Junta interna de la Secretaría.
Esta emblemática área para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia ha sido severamente afectada en la última década: concluido el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, trabajaban allí unas 1300 personas (2015); la gestión de Mauricio Macri finalizó con 1050 empleadxs (2019) y en el Gobierno de Alberto Fernández quedaron 930 (2023). A su vez, desde el inicio de la gestión Milei dejaron sus puestos unas 80 personas, con lo cual el número actual ronda los 850.
Rampoldi dice sobre el nuevo ataque a la Secretaría: “No sólo no sobran trabajadores, sino que faltan para cubrir todas las tareas de la Secretaría, pero los gobiernos de derecha están más preocupados por perseguir a los trabajadores y estudiar el presentismo que por generar políticas, proyectos o ideas. Desde que asumió, Baños no bajó una sola línea de trabajo”.
El secretario custodiado
Con el cambio de Gobierno, la Secretaría de DD.HH. pasó de manos de Horacio Pietragalla Corti, nieto recuperado, a Alberto Baños, juez que ingresó al Poder Judicial durante la dictadura. Baños había renunciado a su cargo en septiembre de 2023 y dejado atrás, entre otras, la causa por la desaparición forzada del policía de la Ciudad Arshak Karhanyan, plagada de irregularidades y sin avances significativos.
Una de las primeras medidas que tomó Baños al instalarse en las oficinas del edificio ubicado en la ex ESMA fue ordenar que el camión del que disponía la Secretaría para tareas de promoción no siguiera realizando capacitaciones, talleres y actividades en distintas partes del país. También desmanteló el área de Prensa.
La comunicación oficial en la cuenta de X/Twitter es pura formalidad desde hace siete meses: viajes de Baños al exterior, reuniones protocolares y la agenda de juicios en causas de lesa humanidad. “No hay una sola noticia, hay áreas que no tienen tareas por decisión política”, apunta el delegado de ATE.
Quienes frecuentan el predio de avenida Libertador califican a Baños como un personaje “grotesco”, siempre rodeado de custodios y sin voluntad de diálogo con los equipos de trabajo. Un episodio que marcó el pulso de su gestión sucedió el 27 de marzo, mientras la Junta interna hacía un ruidazo en el edificio por la primera tanda de despidos.
La intención de delegadxs y trabajadorxs era subir al despacho de Baños por las escaleras principales. Los custodios querían impedir el avance y, en medio de la discusión, uno de ellos intentó desenfundar un arma. Por suerte, el episodio no pasó a mayores. Rampoldi: “En un contexto de compañeros que se están sin trabajo y con un nivel de angustia y enojo tan grandes, tener gente armada es una locura”.
Tres meses después, con el nuevo proceso de desguace, hubo otro episodio policial desagradable. El jueves 4 de julio, día en que la ronda a la Pirámide de Mayo fue multitudinaria a raíz de una convocatoria especial de los organismos de derechos humanos, quienes llegaron en horas de la mañana a la Secretaría se encontraron con una guardia inusual de efectivos armados en el ingreso. Había que anunciarse ante ellos y quien no aparecía en el listado, no podía pasar.
El delegado, trabajador del Archivo Nacional de la Memoria, contextualiza: “Con ninguna gestión hubo tantos canas en la ex ESMA, todo es un simbolismo muy violento. En el mayor centro de genocidio de la dictadura, que se pasee gente armada es muy violento”.
Sin derecho a la identidad
En las escalinatas exteriores de la Secretaría, durante la gran asamblea del 1 de julio tomó el micrófono L., trabajadora de una de las áreas más perseguidas por el Gobierno liberal: la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). “Además del desguace y achicamiento del Estado, el Gobierno de Milei tiene como objetivo el retroceso de las políticas públicas que garantizan derechos humanos. Nosotros trabajamos en la política pública de garantía del derecho a la identidad independientemente de la fecha de nacimiento de la persona, dentro y fuera del terrorismo de Estado”, explicó.
La CoNaDI fue creada bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 1992, durante el Gobierno de Carlos Menem, con la intención de acompañar desde el Estado la demanda de las Abuelas de Plaza de Mayo de garantizar el derecho a la identidad de más de 300 nietxs apropiadxs. La Ley 25.457, sancionada en el Congreso de la Nación en agosto de 2001 (gobierno de Fernando de la Rúa), especifica las funciones de la CoNaDI, entre ellas la colaboración con el Banco Nacional de Datos Genéticos.
En 2004, el presidente Néstor Kirchner firmó un decreto por el cual se creó una Unidad Especial de Investigación dentro de la CoNaDI con facultades para solicitar al Estado nacional documentación que facilite las tareas investigativas. Esa unidad se transformó posteriormente en la Dirección Nacional de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado.
Ahí trabaja L., quien compartió en la asamblea un rumor que suena fuerte: la voluntad del Gobierno de desintegrar la CoNaDI mediante otro decreto. “Esto tiene un antecedente político y administrativo. Desde que comenzó la gestión, los ministerios de Seguridad y de Defensa nos vienen denegando la documentación necesaria para llevar adelante nuestro trabajo cotidiano con la excusa de que esta tarea la lleva adelante el Poder Judicial”.
En mayo, el Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich sacó un comunicado informando que la propia ministra había rechazado por escrito el pedido de la CoNaDI de acceder a los legajos de 70 efectivos de las fuerzas de seguridad. “No vamos a exponer los datos personales de los miembros de nuestras fuerzas por caprichos políticos de un organismo militante” era el encabezado del comunicado.
L.: “Que nos digan militantes no nos denosta, sino que nos enorgullece. La intencionalidad es bajarle el precio a nuestra tarea cotidiana, que es seria, comprometida y tiende a garantizar el derecho a la identidad de todos y todas”. Antes, en febrero, el Ministerio de Defensa que maneja Luis Petri se había negado a brindar información, una práctica que se mantuvo vigente con todos los gobiernos, incluso el de Macri.
El argumento oficial para frenar el trabajo de la Comisión es que no puede tomar tareas del Poder Judicial, aunque su función es, en realidad, asistir para que lleguen a los tribunales los casos identitarios comprobables. “Eso es una excusa, porque no es materialmente posible que el Poder Judicial haga el trabajo de nuestra Dirección, que es la investigación administrativa de diversas situaciones que tienden a esclarecer el derecho a la identidad de muchísimas personas”, explicó la trabajadora.
En un comunicado reciente, Abuelas explicaba que la Unidad Especial de Investigación que funciona en la CoNaDI “asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abran en la justicia causas improcedentes”. Mencionan en el escrito que cuentan con unas 7000 denuncias de posibles hijos e hijas de personas desaparecidas, por lo que su tarea es filtrar los casos mediante una investigación previa. Si se desarma la Unidad, Abuelas debería presentarse ante la Justicia Federal con las 7000 denuncias, “algo absolutamente ineficaz e inviable”.
Otro de los movimientos que tiene preparados el Gobierno es sacar de la CoNaDI a Claudia Carlotto, hija de Estela que concursó su cargo de coordinadora de la institución en 1994, treinta años atrás. Si bien en la negociación del articulado de la Ley Bases se excluyó al Banco Nacional de Datos Genéticos de los organismos que el Presidente de la Nación puede suprimir o modificar, las facultades delegadas que obtuvo Milei pueden tener consecuencias insospechadas. En principio, avanzó en el terreno digital e hizo desaparecer el sitio de la CoNaDI.
La gestión liberal simpatiza con la idea de “memoria completa”. La clara exponente es la vicepresidenta Victoria Villarruel, confesa defensora de genocidas que se animó a decir públicamente: “Todo lo que han escuchado en los últimos 40 años en la República Argentina, en lo referido a su pasado, es falso. Ha sido construido por la izquierda, por las Madres de Plaza de Mayo, por las Abuelas y por todos aquéllos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos ni las Madres y Abuelas son blancas palomas”.
Un pueblo que no olvida
El lunes de los despidos injustificados en la Secretaría de DD.HH., la colega Ailín Bullentini escribió en su newsletter “Ahora y siempre”, que cada semana ofrece un pantallazo de novedades sobre derechos humanos:
Comenzaron con los ataques simbólicos: descalificaciones, redefiniciones, insultos. Luego, intentaron con la Justicia, pero no pudieron. Ahora avanzaron con lo que les queda, el vaciamiento: eliminaciones de áreas por resolución y/o decreto, despidos, resecamiento de recursos. Bueno, efectivamente estamos frente al ataque real, concreto y efectivo de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Queda resistir.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, fue una de las que encabezó el acto durante la muy concurrida ronda a la Pirámide de Mayo del jueves 4. “Esto es un pueblo que no olvida, que tiene alma y corazón con el recuerdo y que dice que son 30 mil y que falta encontrar a los que viven”, expresó ante la multitud que decidió salir a la calle para fortalecer un proceso democrática de 40 años que costó sangre y lágrimas construir.
La misma actitud de resistencia tienen lxs trabajadorxs de las distintas áreas de la Secretaría a pesar del contexto. En la reducción de personal fueron afectadas por igual las tareas arqueológicas en áreas donde hubo fosas comunes y las visitas guiadas a los centros clandestinos de detención que se convirtieron en sitios de memoria.
El delegado Rampoldi dice al respecto: “Los espacios de memoria siguen trabajando y recibiendo escuelas. Los trabajadores, incluso los despedidos, siguen trabajando. Hay un compromiso con la sociedad, porque recibimos a organismos, organizaciones, escuelas que siguen viniendo. En el archivo constantemente llegan consultas de investigadores que piden materiales. Nosotros seguimos con nuestras tareas porque es un compromiso con la sociedad el que tenemos, hay un compromiso con el territorio y el barrio en los espacios de memoria. No podemos decir 'listo, no atendemos más a nadie'”.
Maryline Joncquel, del Espacio de Memoria que funciona en el ex Olimpo, es una despedida más a los ojos del secretario Baños. Ella argumenta: “No nos consideramos despedidos, porque como dicen las Madres y las Abuelas, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Realizamos tareas de investigación y conservación, somos esenciales para el sostenimiento de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Los sitios de memoria son lugares para que las nuevas generaciones conozcan dónde se sucedieron estos crímenes, para que los familiares y sobrevivientes puedan encontrarse y contar sus historias, pero también son una parte esencial de la pelea por todos los derechos que falta conquistar. Desde ahí podemos impulsar con mucha potencia todas las peleas que todavía tenemos por delante”.
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