El virus del racismo judicial que ataca al pueblo mapuche en Chile

El 18 de mayo, en tanto, se sumó un noveno comunero a la protesta: Anthu Llanca Quidel, joven mapuche de 20 años de la comunidad Autonoma de Temucuicui.

La situación se tornaba más compleja dado que Gendamería negaba sistemáticamente el ingreso al penal de las autoridades mapuche para conocer el estado de salud de los comuneros y aplicar medicina propia de su cosmogonía. Recién el 29 de mayo, cuando la huelga llegaba a los 26 días, un médico de confianza y dos dirigentes de las comunidades lograron ingresar al recinto tras múltiples presiones de las comunidades y del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Ahí se supo que los huelguistas han bajado entre 10 y 13 kilos de peso. El caso de Huenchullan es el más complicado, ya que actualmente presenta vómitos con sangre.

El Estado que incumple las leyes

“Todo se va resolver en el ámbito jurídico: si se hacen cambios de medidas cautelares o se revisan las causas en que han sido condenados los mapuche. Pero para que suceda lo jurídico tiene que haber disposición política y esa responsabilidad política es del gobierno de turno”, asevera Rodrigo Curipan, werken del Lof Ranquilco -comunidad que se ubica a orillas del río Malleco, en Collipulli- y vocero de los nueve huelguistas.

Alentado por las mismas demandas de los presos de Angol, el 4 mayo el machi Celestino Cordova también inició una huelga de hambre en la cárcel de Temuco. Es el segundo ayuno que la autoridad religiosa afronta en los siete años que lleva privado de libertad. En 2018 mantuvo una huelga de más de 100 días que obligó al Gobierno de Sebastián Piñera a cumplir con su exigencia de asistir a su comunidad para celebrar una ceremonia mapuche.

De boca de su vocera, Giovanna Tabilo, se sabe que el machi ha perdido más de 10 kilos y ha presentado dolores musculares y problemas cardíacos: “Esta huelga ha sido muy dura. El machi no ha tenido una atención médica como corresponde”. 

Tanto Córdova como los huelguistas de Angol reclaman su libertad en atención a lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, que en su artículo 10 indica que cuando se impongan sentencias penales a integrantes de los pueblos originarios “deberá darse preferencia a tipos de sanción distintas del encarcelamiento”. Pese a que el convenio se encuentra ratificado por Chile desde 2008 y tiene carácter de ley, su aplicación en causas mapuche ha sido escasa o nula.

Es por ello que en su petitorio, los huelguistas también apuntan a razones humanitarias debido a la actual situación de pandemia que recorre las cárceles chilenas, con más de 400 internos y 300 agentes contagiados por COVID-19: “Dado que el Gobierno no ha hecho un pronunciamiento claro para salvaguardar la vida de los presos políticos mapuche y de los presos políticos en general, es que exigimos nuestra libertad”. 

Existen en la actualidad 32 presos políticos mapuche fruto del conflicto territorial y más de 2.500 presos políticos chilenos como resultado de la criminalización de la revuelta popular iniciada en octubre.  

Justicia racista y protectora del agresor

La probabilidad de contagio en los centros penitenciarios es exponencialmente superior a cualquier otro contexto. Así lo señaló el defensor nacional de la Defensoría Penal chilena, Andrés Mahnke, en entrevista con el matutino La Tercera: “La evidencia empírica demuestra que una persona privada de libertad en Chile está expuesta a contagiarse hasta cinco veces más que una persona que no se encuentra en un recinto penitenciario”.

Es por esta razón que los presos políticos mapuche acusan de racista al Poder Judicial chileno. Critican el criterio y la forma en que el Estado aplica la ley cuando se trata de persecución política, encarcelamiento y condena de personas mapuche, contrariamente a lo que sucede con los propios agentes del Estado. Los ejemplos sobran.

En abril pasado, el Tribunal de Garantía de Temuco, apelando a razones humanitarias, revocó la prisión preventiva del asesino de Camilo Catrillanca, el cabo de Carabineros Carlos Alarcón. Unos días antes había hecho lo mismo con los oficiales imputados en el marco de la Operación Huracán, un escándalo policial donde se comprobó que carabineros implantaron pruebas falsas para encarcelar a dirigentes mapuche que reivindican sus tierras ancestrales.

“Hay un privilegio para algunos y resulta que para los mapuche la Justicia se sigue aplicando de manera racista y con un carácter discriminatorio. Y esto tiene que ver con la persecución política y judicial que tiene el estado de Chile con los mapuche. Lo que están planteando los presos tiene que ver con eso también. Esto va contra toda lógica, que se aplique una condición de la ley para unos y otra condicion de la ley para otros. Lo que están pidiendo los peñi en la cárcel es legítimo y está dentro del marco legal”, añade Curipan.  

La criminalización en tiempos de pandemia y el racismo judicial, sumados a la indiferencia del Gobierno y Gendarmería por recoger las demandas de los presos políticos en huelga de hambre, han generado como respuesta el aumento progresivo de la violencia política en las zonas de Arauco y Malleco. Allí está el epicentro del conflicto territorial que mantienen el Estado, las empresas forestales y latifundistas con las comunidades del Gulumapu, nombre que recibe el territorio mapuche en este lado de Los Andes.

En abril y mayo, en plena crisis pandémica, bajo estado de emergencia y toque de queda nocturno, la resistencia mapuche ha reivindicado más de 20 acciones de resistencia en contra de sus enemigos estratégicos, principalmente empresas forestales. La tensión en la zona va en aumento. 

En todos esos ataques, se encontraron pancartas cuyos escritos exigen la misma consigna repetida: libertad para los presos políticos mapuche que sostienen una huelga de hambre que ya cumplió un mes.