“Mamá, voy a la escuela; no sé si vuelvo"

Eran exactamente las 8:06 de la mañana cuando ocurrió la tragedia. Al momento del desayuno, los chicos y chicas en la puerta esperando por entrar. 500 alumnos y alumnas que en muchos casos desayunan, almuerzan y meriendan. Allí, donde hay maestros, maestras, personas con vocación. Como Sandra y Rubén.

Sandra había denunciado en más de una vez el olor a gas. Y casualmente fue el día anterior al horror, cuando el gasista Cristian Ricobene, a quien se le imputó por homicidio culposo agravado, revisó las instalaciones de la institución. “Está todo en orden”, dijo. Sin embargo, él mismo admitió no estar capacitado para hacer inspecciones escolares. Una fianza de 200 mil pesos le permitió quedar en libertad el pasado 24 de agosto.

Flavia hace 10 abriles que forma parte de la comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 913. Le toca enfrentar la triste realidad de contar cada vez con menos comida para los pibes y pibas. Y ni hablar de algo nutritivo, para alimentar el cuerpo y el pensar. Además de eso, “tenemos que controlar que no vengan vencidos”, dice. Lo poco que reciben del proveedor, lo usan para armar viandas, ollas populares y repartir entre las familias. El Consejo Escolar, intervenido por decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires en octubre del año pasado; nunca brindó soluciones, ni abasteció mercadería.

Hacía donde permanece en vigilia el acampe, se moviliza el pueblo de Moreno, junto a los familiares de Sandra y Rubén, a la cabeza de la columna principal.

Sebastián Nasif hizo de interventor en el Consejo hasta nueve días después de la explosión, cuando presentó la renuncia. Se le acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y de irregularidades de manejos en los fondos. También se habla de facturas truchas y documentación duplicada. Mientras, Nasif permanece libre.

Los peregrinos, que recorren varios kilómetros y entienden que es tiempo de transitar el camino, van detrás. Mabel, esposa de Rubén, suma la valentía necesaria para canalizar la angustia, fortalecer el cuerpo, y de ese modo dejar un mensaje bien claro: “El ajuste nos está matando, está vaciando el Estado. Las familias se acercan y nos dicen que los chicos tienen hambre. Nos piden por favor que consigamos los medios para conseguir comida. Es una realidad, lo estamos sufriendo en carne propia”.

Fernanda es directora y sabe de retos diarios. Trabaja con chicos y chicas con capacidades distintas en la Escuela Especial Nº 506, en Cuartel V. Por eso está aquí: para levantar la voz de quienes no pueden hacerlo. “Si teníamos que pasar por esto para crecer y evolucionar como sociedad, lo siento muchísimo. Pero fue la única forma que tuvimos para que nos escuchen”, reflexiona.

Le aterra tan solo pensar que sus hijos, quienes la acompañan esta mañana, pudiesen haber sido víctimas fatales de la desidia del Estado. Fue a pocos días de la muerte de Sandra y Rubén, que detectaron una fuga de gas en su escuela, terminado entonces con las clases para preservar la vida. “No podemos enseñar. Cuesta muchísimo”, se lamenta.

Como ocurrió con otros tantos establecimientos educativos de Moreno (se estima que alrededor de 246 escuelas cerraron sus puertas, y hay 70 mil alumnas y alumnos afectados); donde se caen los techos, entra agua y abundan los problemas eléctricos.

En la E.S.B Nº 35, por ejemplo, disponen de un solo medidor de gas para primario y secundario. “En junio estuvimos sin suministro por una pérdida. Las maestras llevaban alimento y algo para calefaccionar las aulas. No se invierte en infraestructura. Siempre son las docentes, los familiares los que dan una mano”, cuenta Bety, auxiliar de esa escuela.

Marcha a paso firme. Considera que hay gente valiosa en las escuelas públicas, y por eso debemos cuidarla. A su lado, envuelto en una bandera inmensa, está Nicolás. Es estudiante, y luce abatido. Hace meses que no ve a sus compañeros y compañeras de aula. Confiesa que prefiere estudiar en la escuela que en su casa, “porque se aprende más”.

Ante la falta de respuestas, la desinversión y el estado de abandono de los colegios en diferentes grados y modalidades; las docentes y las familias de Moreno toman las riendas y transforman el dolor, en acción. Hernán, compañero de Sandra y Rubén, no se resigna y piensa que siempre hay una buena ocasión para dar una clase pública en la calle: “Estamos dando clase de compromiso y lucha”. Y afirma: “No vamos a volver a la 49 hasta que el resto de las escuelas estén arregladas”. Hasta ahora, el Gobierno puso a disposición sólo un puñado de gasistas para realizar los controles de todo el partido. Y como era de esperar, aún no hay garantías de seguridad.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”, se lee entre los miles de carteles en la multitud. Con una mano lo sostiene Judit, mientras con la otra cuida de su hijo, arropado en el porta-bebés tejido. Vive en Francisco Álvarez, y conoce las necesidades que están pasando el Jardín Nº 936. “Los chicos hacen actividades en casa, pero no es lo mismo. Mis hijos tienen derecho a una escuela digna. El Gobierno tiene que hacerse cargo. Yo como mamá siempre les inculco cuáles son sus derechos, por lo que tienen que pelear”.

Jessica es mamá de Alan y Nicole, de la escuela N° 49. Relata que es muy duro ver a las y los chicos llorar. “Lo que ves es dolor y bronca. Nunca nos callamos, juntamos firmas, hicimos reclamos. No nos escuchan. Somos encajonados”, denuncia. En el cuello lleva un pañuelo blanco, que la identifica con la escuela. Y una remera que mantiene presentes a quienes ya no están. “Mi hija me dice que Sandra era su mamá del corazón. La recuerdan con mucho amor”.

Después de todo, está orgullosa de pertenecer a esa familia.