La salud en la Era Milei: un fantasma privatizador que sobrevuela hospitales

Pacientes en peligro

Hasta el momento, se sabe que el ex secretario de Salud de San Miguel Mario Russo será el referente sanitario. Y no mucho más. “Nosotros ya vivimos esto, pensamos que vamos a ir a una situación como la del macrismo, donde se tomaron medidas como la baja del presupuesto de salud, que en los cuatro años de gestión cayó casi a la mitad en el área de Sida, tuberculosis y hepatitis virales”, sostuvo José María de Bello, integrante de la Fundación GEP, que trabaja por el derecho de personas viviendo con HIV en la Argentina, entre otras cuestiones. En esos años hubo muchas denuncias de faltantes de antirretrovirales y otros fármacos, lo que movilizó a las entidades de pacientes. “Además ante la falta de stock se hicieron compras directas a precios elevados, lo que muestra que cuando hablan de reducir gastos, como consideran la salud, en realidad responden a otros intereses”, agregó De Bello. Esto hizo que en los cuatro años faltaran medicamentos, preservativos, reactivos para analizar la carga viral y otros insumos básicos. “Fallecieron muchos compañeres en esos años”, dijo el referente de la fundación GEP.

De Bello conoce de primera mano el drama de la falta de tratamientos. En plena crisis del 2001, recorría todos los días los hospitales y centros de salud, buscando sus tratamientos. “Se entregaban para el mismo día, cuando había, muchas veces me volvía a mi casa sin nada”, recordó. Parte de esta situación se fue corrigiendo con mejores compras por el Estado, y se coronó con la aprobación de una ley que atiende las necesidades de estos pacientes. Aprobada a mediados del 2022, la ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis es un “dique de contención” contra los intentos de achicar la asistencia a los pacientes que puede intentar el futuro gobierno. “Por suerte tenemos la ley que contiene muchas cosas que antes no estaban reglamentadas, beneficios que se habían conquistado ‘de hecho’, que ahora están formalizados en la norma”, destacó Di Bello. Como ejemplo se nombró las pensiones a personas con HIV en situación de vulnerabilidad, que existen desde el 2011 pero por una decisión política. “Cuando llegó la gestión de Macri en 2016 se dejaron de entregar, porque no estaban en ninguna reglamentación. Ahora están en la ley y se dificulta el camino para borrarlo de un plumazo”, dijo el activista. Algo similar les sucede a los pacientes con diabetes, una vieja normativa actualizada en 2022 establece los derechos de quienes viven con esta enfermedad, que se estima alcanza el 10 por ciento de la población.

“La ley argentina de diabetes es de avanzada a nivel internacional, y plantea la cobertura de insulinas al 100 por ciento, y de otros insumos, como jeringas y agujas, y desde el año pasado todos los sistemas de monitoreo”, sostuvo Gabriel Lijteroff, director del Comité Científicos de la Federación Argentina de Diabetes (FAD). Además, la normativa cubre todo lo que es medicamentos orales para controlar la enfermedad. “Es importante transmitir a la población que existe una ley, y no hay ningún elemento de sospecha para pensar que sea derogada”, dijo el ex titular de la FAD, entidad que integra comisiones que asesoran a nivel nacional y en varias provincias sobre el tema. “La provisión de medicamento e insumos no tiene que ver sólo con la compra, sino también con la logística, que se entreguen en tiempo y forma”, dijo Lijteroff. En este sentido, desde la FAD “estamos muy atentos a las demoras que se pueden dar, en constante contacto con los efectores de salud como con los pacientes”. Esta ley además incluye la promoción de estudios para la detección temprana de la enfermedad, ya que según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo se estima que hay dos millones argentinos con diabetes que no lo saben.

Trabajadores bajo amenaza

El ajuste brutal que se espera en la salud va acompañado de discursos virulentos contra lo público, como sucede en otras áreas del Estado, que buscan justificar los despidos y las transformaciones. Esto se completa con la habilitación de ataques a la actividad sindical, como pudo comprobar hace unos días Héctor Ortiz, referente de la agrupación ATE-Hospitales en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el enfermero llegó a su oficina del hospital Durand, donde presta servicios hace casi 30 años, se encontró con algo nunca visto. “Se viene el Falcon verde, van a correr zurdos de mierda”. Las amenazas fueron denunciadas ante las autoridades, pero marcan que el clima que se vive en los hospitales y centros asistenciales es de tensión, y que va más allá de lo sanitario. “Este nuevo gobierno nacional trae más ajuste, y eso traerá el cierre de hospitales, los trabajadores de la salud por supuesto lo vamos a pelear”, dijo Ortiz, que aseguró que en CABA se vive una doble amenaza, ya que la gestión que inicia de Jorge Macri parece seguir ese camino. “Estamos preocupados, porque el gobierno de Jorge Macri va a estar subordinado a ese tipo de políticas de ajuste y privatización”, alertó Ortiz, que dijo que desde que asumió el PRO los problemas sanitarios se multiplican: “Pareciera que fue planificada la destrucción de los hospitales porteños”.

Si bien la salud es atendida por las provincias, las políticas de ajuste tendrán un fuerte impacto en la atención y las condiciones laborales. Como alertó María Fernanda Boriotti, titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), “la reducción de presupuesto para salud es realmente grave, en esta área están los planes de medicación oncológica, los planes de inmunizaciones, que son nada menos que las vacunas para nuestros chicos, y tantas garantías para la población”. Para la dirigenta, “los 1.700 hospitales públicos que hay en el país se van a ver afectados por esta política, va a haber una caída de los recursos y eso impactará directamente en las respuestas que se les pueda dar a la población”. Boriotti ejemplificó que “más del 60 por ciento de las infancias se atienden en el sistema público de salud, los accidentes en la vía pública, las epidemias son mayoritariamente combatidas por el equipo de salud estatal”. Además, agregó, “hay que tener en cuenta que en el territorio se hace a principal herramienta en materia sanitarista, como es la prevención”.

Si bien no fue anunciado oficialmente, el gobierno buscará crear “un seguro universal de salud que cubra los costos, cuidados preventivos, procedimientos de urgencia proporcional a la capacidad de pago del receptor del servicio”. Esta es una vieja recomendación del Banco Mundial, que Mauricio Macri puso en marcha bajo el nombre de Cobertura Universal de Salud (CUS). “Es muy preocupante pensar que vamos otra vez a estas políticas que buscan focalizar la atención en distintos sectores, los sanatorios más equipados donde se atienden las prepagas no van a aceptar estos ‘carnecitos’, que son certificados de pobreza, lo que empieza a desarmar los hospitales y la salud pública en general”, resaltó Boriotti. Estos sistemas además abren la puerta a las privatizaciones de los servicios, algo que se está dando de hecho en la Ciudad de Buenos Aires, según contó Ortiz, de ATE-Hospitales. “Lo único que funciona bien son las empresas privadas que cobran millonadas en el sistema sanitario, que hacen tareas de vigilancia, cocina, lavaderos, todas firmas millonarias que tiene además a sus trabajadores en condiciones laborales desastrosas”, resaltó el enfermero, una situación que se contrapone con la falta de inversión pública. “En invierno no hay calefacción, en verano no hay aire acondicionados, los edificios son viejísimos, faltan insumos, operaciones paradas por años que hace que la gente se muera”, denunció Ortiz.

Volver al pasado

“Todo lo que pueda estar en manos del sector privado estará en sus manos”, declaró el presidente electo, una nueva versión moderna de aquel decálogo menemista que rezaba “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. Para el sector salud, esto es la condena a millones de personas a la desatención. “El escenario es de un profundo deterioro de la vida de las personas, en la capacidad del Estado para regular y cuidar a su gente, y seguramente un ciclo de conflicto social muy parecido al que ya vivimos con Macri”, afirmó Godoy, del IDEP-Salud. Este escenario, completó De Bello, afectará a las personas en situación de vulnerabilidad: “Un sistema de seguros sólo les permite tener un acceso a una canasta ‘híper básica’, mínima en lo que tiene que ver con el acceso a la salud, se van a quedar sin tratamientos, asistencias y medicamentos”. Por eso, ya se organizan asambleas y encuentros para discutir los pasos a seguir, como el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis, que se declararon en “estado de alerta”. “Si bien hoy tenemos mucho que mejorar en la salud pública, por lo que estamos peleando siempre, como mejores salarios, equipamiento e infraestructura, en este nuevo escenario se va a ver dañada seriamente”, alertó Boriotti, de FESPROSA. Como el resto de las entidades, desde el gremio prometieron “seguir peleando por un sistema sanitario garantizado por el Estado, gratuito, accesible y de calidad”.