El contra congreso de no derecho penal dejó mucha tela para cortar. Por ejemplo la opinión de NIcolás Laino, acerca de las viles mentiras de los medios de comunicación.
Entrevista realizada a Nicolás Laino en el Contra Congreso de Derecho penal realizado en las puertas de la Facultad de Derecho de la UBA. Nicolás es el Secretario del Programa de DD.HH. de la Defensoría General de la Nación. Secretario general de la Asociación Pensamiento Penal.
-¿Cuál es la función de las cárceles? ¿Cumplen su función?
Esta pregunta podría uno responderla de distintas maneras según si la interprete desde el plano del “ser” o del “deber ser”. Desde este último, no cabe duda que en lo normativo, según nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales que la integran, la finalidad de pena de prisión es la reforma y la readaptación social de los condenados, tal como reza el artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A su vez, la propia ley de ejecución de la pena privativa de libertad nº 24.660, y las legislaciones análogas en las provincias, establecen dicha finalidad como objetivo primordial de la pena, y orientan la regulación de la vida en la cárcel a través de un sistema progresivo según el cual la persona presa va avanzando en la evolución de su “tratamiento penitenciario” hasta encontrarse en condiciones de retomar su vida en el medio libre.
Sin embargo, desde el plano del ser, uno podría argumentar que en el funcionamiento real de las instituciones penitenciarias, desde el momento en que comenzaron a ser el lugar por excelencia de cumplimiento de las penas, desde fines del siglo XVIII ÓCP francés de 1791- y hasta nuestros días, muy difícilmente ellas han logrado cumplir con el fin declamado, habiendo funcionado más bien como espacios de no-derecho donde se recluye y aísla de la sociedad a ciertos sectores considerados “indeseables” y “riesgosos”, habitualmente pertenecientes a los sectores más vulnerables de la comunidad. Las violaciones a los derechos fundamentales ocurridas al interior de las prisiones, con situaciones de tortura y muertes violentas, el alejamiento de los presos de sus familias al ser enviados a prisiones que distan miles de kilómetros de sus hogares y, en fin, la ausencia de planes de educación y formación serios y alcanzables a todas las personas detenidas, son una muestra de que el fin proclamado difícilmente se concreta en la práctica, lo que a su vez permite cuestionar fuertemente la pervivencia de una institución que no cumple ni cumplió jamás el único fin que podría legitimarla.
-¿Qué métodos alternativos al encierro en una prisión podrían serle útiles al sistema judicial?
Hoy en día existen un amplio número de medidas alternativas a la privación de libertad, las más conocidas quizá sean el arresto o la prisión domiciliaria; también la realización de trabajos a favor de la comunidad o de alguna determinada institución. Sin embargo, lo que me parece que tenemos que empezar a discutir de manera más seria, es la implementación de salidas no punitivas a los conflictos sociales. El sistema penal funciona como un embudo por el cual ingresan muchísimos conflictos sociales, a los cuales ese sistema supuestamente dará una respuesta y pacificará a la sociedad. Sin embargo, no es ello lo que ocurre en la práctica. La experiencia y los estudios que se han realizado demuestran que la solución punitiva a la larga no deja satisfecha a ninguna de las partes involucradas, no soluciona ningún conflicto ni pacifica a la sociedad. Por ello es que en las últimas décadas el movimiento de la llamada “justicia restaurativa” ha propuesto, incluso para los conflictos penales, la posibilidad de desarrollar herramientas Ócomo la mediación, la conciliación, etc.- en las que los propios involucrados sean quienes, mediante la intervención de equipos interdisciplinarios como intermediarios, solucionen sus propios conflictos, que el sistema penal les ha expropiado sin haber dado hasta hoy respuestas satisfactorias en la generalidad de los casos. Esto a su vez permitiría descomprimir muchísimo a la justicia penal, que se encuentra abarrotada de expedientes, con grandes moras para resolver las causas que debe decidir y que con el uso desmedido de la prisión preventiva por parte de los jueces, provoca que personas jurídicamente inocentes permanezcan privadas de libertad durante largos períodos a la espera de juicio, en los que acaso Ócomo ocurre a menudo- terminarán absueltos. Desde luego, y para complementar lo anterior, que lo ideal es que los conflictos no lleguen a la justicia penal, por lo cual es importante en este sentido que el Estado fortalezca el desarrollo de otro tipo de políticas públicas, de carácter no punitivo, que eviten que los conflictos sociales se agraven hasta adquirir relevancia penal, esto es a lo que refiere Binder cuando habla de evitar la sobrecarga endémica del sistema penal.
-¿Qué siente o qué le respondería a quien dice que las cárceles tienen puertas giratorias y que hay que construir más cárceles porque cada vez hay más delitos?
Le respondería que no repita de modo automático lo que escucha por ahí, normalmente de parte de algunos comunicadores que hacen de este su discurso pero que no conocen lo que sucede en las prisiones ni en el sistema de justicia que envía gente a ellas; al igual que de parte de los políticos que, en general en tiempos de elecciones y con el ánimo de captar algunos votos, hacen demagogia punitiva, populismo punitivo, proponiendo más penas, menos salidas anticipadas, etc. mediante la reforma de las leyes penales y procesales penales. En contra de la idea de la “puerta giratoria”, ingresar al sistema penal Ósobre todo cuando se pertenece a un sector sociocultural marginal- resulta en general muy sencillo, y en cambio salir de él resulta altamente difícil, muchas veces imposible. La propuesta de seguir encarcelando más y más gente, de construir más prisiones con el ánimo de excluir de la sociedad a los sospechosos de siempre, resulta una solución engañosa pues si tenemos cárceles sobrepobladas y construimos nuevas cárceles, lo que vamos a tener son nuevas cárceles sobrepobladas. Sobre las cifras de supuestos aumentos en la criminalidad, ellas no están probadas empíricamente. El populismo punitivo tan común hoy en política Ótanto desde la derecha como incluso desde la izquierda- habla de aumentos del delito, pero no lo prueban más que con dos o tres casos resonantes que eligen al azar y al que dan suficiente cobertura mediática a fin de generar mayor temor a la sociedad, la que adopta una postura de parálisis frente al “flagelo de la delincuencia” y, por tanto, promete votos a favor del político que más duro se muestre ante esa problemática. Casos resonantes que, claro está, normalmente alimentan al estereotipo de la delincuencia urbana, representada habitualmente por individuos jóvenes, de barrios marginales, con escasa escolaridad y adictos a las drogas.
-¿Cuáles son las necesidades más urgentes de los privados de la libertad? ¿Tienen las herramientas para comunicarlas? ¿Cómo se podrían solucionar?
Hay diversos órdenes de necesidades. Uno de ellos, que quizá es uno de los más importantes, es que se produzcan mejoras en sus condiciones de detención. La Defensoría General de la Nación, en este sentido, ha priorizado la temática y a través del Programa contra la Violencia Institucional y de la Comisión de Cárceles Ómás allá de la intervención que en cada caso puntual hace el defensor de la persona detenida-. En general la actuación consiste en recibir denuncias individuales pero también hacer visitas de monitoreo para registrar las condiciones en que se encuentran los privados de libertad en un determinado espacio de detención. En caso que dichas condiciones no respeten los estándares básicos, se utiliza la herramienta del hábeas corpus correctivo y colectivo por agravamiento en sus condiciones de detención. Claro, estas herramientas son importantes pero no alcanzan para atender a los problemas de todos los privados de libertad en el país, por un lado porque el Ministerio Público de la Defensa tiene en principio competencia tan solo en espacios de detención federales, pero por otro lado porque, aun en estos casos, resulta imposible estar monitoreando lo que ocurre, cada día del año, en los múltiples lugares de encierro federales.
La otra necesidad muy relevante, es que exista una respuesta idónea, eficaz, ante las denuncias por las torturas y los malos tratos que se suceden en las prisiones, tanto en el ámbito federal como en las provincias. En este sentido, desde que la Defensora General de la Nación creó el Programa contra la Violencia Institucional, lo que se quiso hacer fue precisamente ello, dar una prioridad a la problemática de los malos tratos en las prisiones y otros lugares de encierro (como podrían ser hospitales psiquiátricos, geriátricos, institutos de menores, etc.), coordinando todas las actividades que la Defensoría General realiza para atender a esta problemática. A su vez, se cuenta con la herramienta de poder brindar patrocinio jurídico gratuito para querellar en causas de violencia institucional, servicio que también es brindado por la Defensoría General de la Nación. Digo que es relevante que mejoremos la respuesta que se da desde el Estado a estas situaciones pues, habitualmente, los jueces, fiscales (salvando buenas excepciones) minimizan las denuncias por torturas y malos tratos, descreen de los testimonios de las víctimas o de sus familiares, creyendo siempre la visión del agente penitenciario, lo que lleva a situaciones de impunidad que, desde luego, no favorecen la erradicación de estas prácticas.
-¿Tiene sentido apartar de la sociedad a un grupo que la conforma?
Desde luego que no. La invención penitenciaria ha sido un fracaso desde el momento de su creación. Esto lo han demostrado sobradamente las múltiples investigaciones empíricas en torno a ella, sobre todo las procedentes de la Criminología Crítica. Sin embargo, y dado que nadie esta dispuesto a “dar un salto al vacío”, tenemos que ser inteligentes en la estrategia o la propuesta frente a la cárcel, pues muchos en una respuesta facilista creen que el abandono sin más de la idea de la resocialización y su reemplazo por la idea de retribución solucionará el problema. Pese a ello, las experiencias recolectadas en otros lugares del mundo han demostrado que estas respuestas retributivas han terminado por hacer al sistema penal cada vez más represivo e indolente frente a las necesidades de los seres humanos reales con los que trata. La posición creo que debiera ser la de tomar una decisión estratégica de reducir la utilización de la cárcel al mínimo posible, y para ello el recurso a mecanismos componedores, conciliadores, a medidas no punitivas, como los que mencionaba en la respuesta a la primera pregunta, deben ser una de las guías para nuestro accionar.
-¿Cuales son las principales preocupaciones, con respecto al sistema penitenciario, que tienen desde Programa de Violencia Institucional ? Y cuales las principales trabas para mejorar la situacion?
Esto un poco ya lo he respondido antes. Como coordinador del Programa contra la Violencia Institucional, lo que veo en los casos en que intervenimos a diario es que el sistema en general se encuentra en una situación de crisis. Lo que más nos preocupa, desde luego, son las situaciones de violencia intracarcelaria. Mucha de esa violencia desplegada por los propios agentes penitenciarios; los números de la base de registro que funciona dentro del Programa nos lo demuestran. Pero también la gran cantidad de muertes, que entre el año pasado y lo que va de 2013 se han disparado, y con un gran número de muertes violentes. Aquí no solo aparecen las peleas entre detenidos Ómuchas veces fomentadas o toleradas las más de las veces por el Servicio Penitenciario- sino también los suicidios. Si una persona muere privada de libertad, por más que sea por un suicidio o por una pelea entre presos, en contra de lo que pretende la administración penitenciaria, sí que es un problema del Estado, porque desde que decidió privar a una persona de su libertad se hace garante de su seguridad, de su integridad física y de su bienestar psíquico y moral. Como he dicho, la impunidad en la que en general quedan las denuncias por torturas y malos tratos, así como las muertes en prisión, definitivamente son un factor determinante para que esta práctica se perpetúe.
-¿Cuáles son las cifras y/o circunstancias más preocupantes que se viven dentro de los penales?
Los números del sistema de registro que desde 2011 lleva adelante la Defensoría, que actualmente funciona dentro del Programa contra la Violencia Institucional, nos muestran que los espacios que tradicionalmente por “sentido común” considerábamos más problemáticos, a saber: los ingresos, las requisas y las sanciones de aislamiento, efectivamente son los espacios en los que se presentan mayores situaciones de violencia. Las requisas que practica el Servicio Penitenciario federal son por naturaleza violentas y humillantes; también siguen existiendo las tan conocidas “bienvenidas” que agentes penitenciarios de varias unidades penales aplican a la persona recién ingresada, para demostrarle “quién manda” allí dentro y a quién se tendrán que subordinar mientras estén en ese ámbito; y las sanciones de aislamiento, habitualmente ejecutadas en celdas de castigo conocidos en la jerga carcelaria como “buzones”, constituyen espacios propicios para la ocurrencia de hechos de violencia institucional, más allá que el aislamiento Óalgo tan perverso como la cárcel dentro de la cárcel- por sus condiciones de ejecución inhumanas (falta habitual de sanitarios, celdas oscuras, sin aireación suficiente, etc.), constituye por sí mismo una pena o trato cruel, inhumano y degradante, por lo que sería deseable su abolición.
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