Chubutaguazo: “La jueza no tiene pruebas para condenar”

Justicia selectiva

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Rawson, 15 de diciembre de 2021. Después de aprobar a los jueces para la nueva conformación del Superior Tribunal de Justicia, la Legislatura chubutense va por más y sorprende a un pueblo acostumbrado a estar en alerta: aprueba la megaminería en Chubut. Distintos sectores sociales, como acto reflejo, salen a la calle. En Rawson y en cada punto de Chubut. 

Esa misma noche, en la capital provincial y durante tres jornadas consecutivas, la represión es feroz, con cientos de lesionados (incluido uno que perdió un ojo), detenidos (también menores), amenazas de muerte y abuso sexual, además de policías infiltrados, como documentamos en esta investigación, entre varias violaciones a los derechos humanos.

El desborde represivo no consiguió generar miedo en el pueblo, sino lo contrario: generó rechazo, condensó malestares contra el Gobierno de Mariano Arcioni (y el contexto de ajuste durante la gestión de Alberto Fernández) y empujó a los manifestantes a quedarse en la calle hasta dar vuelta la ley. Siete días después (la mitad de lo que le llevó a Mendoza en diciembre de 2019), la misma Legislatura aprobó la derogación que el pueblo reclamaba.

La represión ordenada por el Gobierno provincial y avalada por sus aliados políticos representados en la Legislatura fue “organizada, sistemática y planificada; ilegal”, según declaró el abogado Damián D’Antonio a este medio. Aquella noche de la fatídica votación, dos mujeres estuvieron detenidas provisoriamente durante más de dos horas en el estacionamiento de la Legislatura, mientras los legisladores promimeros se retiraban con provocaciones. 

También hubo policías infiltrados y zonas liberadas. ¿Cómo se explica si no, con el despliegue sin precedentes de policías en Rawson, que se incendiaran 10 edificios públicos y el edificio del diario oficialista prominero El Chubut? En el juicio, incluso, de los testimonios policiales surgió un dato que confirma la desproporción de la represión orquestada previamente: el día de la votación hubo 800 efectivos en la capital provincial, casi tantos como manifestantes en las calles, según la reconstrucción del colega Iván Marín.

¿Policías infiltrados en marchas anti mineras Rawson? ¡Claro que sí!#ChubutAGUAzo #ChubutResiste pic.twitter.com/p8uz8xECkH

-- Fabricio Cardelli (@cardellif) December 17, 2021

Acusaciones de una fiscal provocadora

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El juicio se está llevando adelante en Rawson en estos días, en un contexto inusual, sin permitirle a la prensa ingresar a hacer registros y con audiencias los sábados, como sucedió el pasado 5 de abril. También suceden allí irregularidades graves que nadie cuenta.
Luego de tres años, la fiscal Florencia Gómez, junto a cuatro abogados que la asisten, llevó a juicio a sólo ocho de veinticuatro vecinas y vecinos denunciados por los incendios en la capital provincial. De ese total, 15 tenían la acusación de “atentado y resistencia” y fueron sobreseídos; uno accedió a un juicio abreviado y recibió una condena de tres años de prisión en suspenso.  

La prensa oficialista (diario El Chubut, Diario Jornada, Canal 12 de Madryn, Diario de Madryn, LU20 Radio Chubut y LU17, entre otros) dio a conocer los ocho nombres en cuestión que el Ministerio Público Fiscal decidió difundir con sus respectivos rostros. Al menos tuvieron la decencia de taparle la cara a uno de los procesados, que tenía 17 años cuando sucedieron los hechos. 

A Mauricio Vargas se le imputa el delito de “incendio intencional con peligro común para los bienes, en concurso real, con hurto agravado” y la fiscalía pidió seis años de prisión para él. Sobre Lautaro Martínez recae la acusación de “daños agravados, concursados idealmente entre sí, en concurso real con hurto agravado” y una posible pena de cuatro años de reclusión por eso. El mismo pedido de cárcel le corresponde a G.V. (el adolescente mencionado antes) por “daño y hurto agravados”. Nicolás Díaz (hurto agravado) y Brian Díaz (daño agravado) tienen una condena solicitada de tres años de prisión. Para Lurdes Molina Leguiza (daño agravado), en cambio, la fiscalía pidió dos años de cárcel. 

Lucas Espinoza tiene 39 años y trabaja como estibador en el puerto de Rawson. Papá de tres nenas. Es uno de los ocho imputados por la Justicia provincial por “daño agravado” durante las protestas de diciembre de 2021. Según la fiscalía, “arrojó y dañó los vidrios de un vehículo del Área de Finanzas de la Policía del Chubut, aledaño a la Comisaría de Rawson”. Pedirá para él 1 año y ocho meses de prisión. 

–¿Cómo atravesás personalmente este proceso?

–Bien, sé dónde estoy y lo que defiendo.

–¿Y qué defendés?

–Defendemos nuestros ríos y el agua que de ellos bebemos.

“Hay casos de imputados por llevarse un bidón de agua”. Espinoza habló desde su casa, en un diálogo con este cronista, mientras esperaba una de las audiencias. La fiscalía presentó más de 100 testigos. A Lucas se lo nota tranquilo y seguro: “En su mayoría, los testigos son policías, pero que no estuvieron durante los incendios, sino policías encargados de hacer tareas de inteligencia. No son testigos presenciales”. Durante el juicio, varios oficiales de la Policía que declararon como agentes operando en las manifestaciones durante el Chubutazo, avisaron que ahora su lugar de trabajo es la fiscalía.

El trabajador portuario explicó que los policías testigos presentaron como pruebas fotos y videos (registros no oficiales, sino obtenidos como infiltrados) que luego eran vinculados con publicaciones de Facebook de los denunciados. “No hay pruebas, no hay videos con nuestras caras haciendo lo que nos acusan de hacer”. 

Espinoza afirmó haber estado en la calle “luchando” durante las protestas de diciembre de 2021 y vio a su lado cómo impactaban en otros las balas de la Policía, que “reprimió sin piedad” al pueblo durante tres jornadas seguidas: “podría haberme tocado a mí”.

–¿Hay cámaras de video o fotos como prueba?

–Las acusaciones son ridículas. Durante el juicio vi fotos mías tomadas a 2 o 3 metros de distancia. Había infiltrados entre la marcha, pero no los reconocés en medio de la multitud.

El estibador, que se mostró conforme con la actuación del abogado de la Defensa Pública, Pablo Sánchez, repasó un momento del juicio en el que declaró el comisario Gabriel Casalnuovo, por entonces a cargo de la Brigada de Investigaciones de Rawson. “La defensa le pregunta cómo reconoce a uno de los acusados, si no se ve de manera clara en el video que él presenta, y el comisario dice que sus más de 20 años de experiencia le bastan para determinar la identificación de una persona por cómo camina, cómo se mueve. Y dio como ejemplo que si su hija está parada a varios metros suyo, entre unas 20 personas, la puede reconocer”.

“Se nota que la fiscal Gómez recibe una bajada de arriba; es una funcional absoluta”, expresó Espinoza, porque “rompe con el ejercicio técnico en el juicio por opiniones o valoraciones sin sustento”. Y denunció un cruce que tuvieron con la fiscal durante un cuarto intermedio, cuando la jueza y los abogados defensores no estaban presentes. “Hablando con sus abogados, de repente tira un comentario: ‘son todos negros’, mirándonos a los acusados. Le pedí al abogado que hiciera una presentación ante la jueza y a ésta no le importó, dijo que el respeto debía ser para todos iguales y nos llamó la atención por las llegadas tardes a la audiencia”, relató. 

Incluso, la mencionada jueza Ponce mandó a allanar y hacer traer con la Policía a los acusados por no asistir a las audiencias. “A algunos pibes ni les calentó venir”, expresó. “Cuando me tocó declarar y hablé sobre mi allanamiento, se me hizo un nudo en la garganta. Y después la fiscal Gómez hacía chistes como ‘no vas a llorar, ¿eh?’. Es una provocadora; con nosotros lo está siendo”.

Oesterheld buscado en Chubut

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Espinoza contó detalles del allanamiento que sufrió: “Estaba en mi casa con mis tres niñas, la mamá de mis nenas. Irrumpieron tipo 7 de la mañana con el grupo GEOP (NdR: Grupo especial de tareas de la Policía de Chubut con un oscuro episodio de muerte como antecedente), rompieron la puerta, revisaron todo; me tiraron al piso, me pisaron la cabeza, me precintaron; vieron a la mamá de mis hijas desnuda y fue durante unos cinco minutos”. Contó que el testigo de la Policía afirmó que no hubo violencia y que esta escena duró no más de dos minutos.

“Me presionaron para que les abra el auto aunque en la orden no lo especificaba (y estamos peleando eso desde lo legal), accedí. El comisario Casalnuovo venía a cada rato y me decía que si no se iban a quedar más rato, que piense en mis hijas. Del auto sacan ropa que buscaban”.

–¿Por qué esa ropa era importante? ¿Qué buscaban?

–Porque era esta remera.

Buscaban al pibe que usaba la remera con la ilustración referida a Héctor Germán Oesterheld, el desaparecido guionista de El Eternauta, ya que lo tenían registrado en dos fotos (“reconozco que soy yo, en una estoy parado y en la otra me estoy cubriendo de las balas”) aportadas por policías infiltrados, que no deberían servir como prueba en un juicio. En otro video se ve de lejos a un pibe dañando un móvil policial vestido con una remera parecida, aunque sin estampa, pero Espinoza dice que no es él, como también expresaron los peritos de la Policía Federal. En el juicio dijeron que “podría haber sido” pero que no podían afirmarlo con seguridad, a pesar de la insistencia de la mencionada fiscal. “No consiguió que digan lo que quería”, expresó Espinoza.

Una escena que ilustra el clima del debate. Durante la audiencia del miércoles 9 de abril, la jueza Ponce ordenó la prisión preventiva para una de las imputadas, de 21 años y madre de un bebé de año y medio. “Demuestra su desinterés en este debate. Porque no sé además si me está mintiendo. Por lo tanto, voy a resolver su detención hasta que termine el debate y en tal caso que su hija quede al cuidado de su madre”, publicó el MPF en su web sobre la postura de la jueza. A otro de los imputados le informaron mal la duración del receso en medio de la audiencia para que llegara tarde y así justificar una sanción.

Aliados, enemigos y encubridores

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Consultado sobre el apoyo de asambleas vecinales y organizaciones de derechos humanos para con los acusados en el juicio, Espinoza dice: “Nada, no hay acompañamiento”.

–Pero en la primera audiencia sí hubo.

–En ese momento sí, ahora nada. Igual, a mí me da lo mismo que estén o no.

–Pero no es lo mismo.

–No, seguro. Hay un tema de clase con la solidaridad para quienes protestan. Acá cuando protestan los docentes mucha gente los apoya; cuando protestan los auxiliares no hay nadie. A eso me refiero.

Una vecina integrante de la Asamblea vecinal Rawson-Playa Unión, nucleada en la Unión de Asambleas Vecinales de Chubut (UACh), respondió a la consulta puntual con un panorama general. “Estamos como todos los militantes, rotos y desorganizados, cada uno en lo que puede con mil trabajos para llegar a fin de mes; la cosa está muy peluda”.

Quien siempre acompaña, también durante estas audiencias, es Noelia Silva, que se autodefine como una “militante de esta tierra”. También atravesó un proceso judicial tras denunciar por diferentes hostigamientos a la Policía, quien la monitorea por su activismo en defensa del territorio. En diálogo con Cítrica, explicó que lo hace para ayudar a otros para que no la pasen tan mal como le sucedió a ella. 

Silva, además, cubre el juicio para Radio Sudaca, valioso medio comunitario de Trelew. Gracias a su colaboración se pudo saber que los defensores públicos Pablo Sánchez y Miguel Moyano recusaron en medio de una audiencia a la jueza Ponce por imparcialidad: “Guió a la fiscal para que presente una prueba que se había olvidado”. Además de que esto no se puede hacer, ¿cómo sabía la jueza qué prueba presentaría la fiscal? Luego de 10 minutos, la jueza Ponce continuó con el juicio como si nada hubiera sucedido.

“En la causa las pruebas son muy endebles después de supuestos tres años de investigación y un juicio largo. Si llega a haber una condena, hasta se les cobra a los imputados las costas. Llama la atención los vecinos imputados: no son de las asambleas ni de las organizaciones sociales. No pudieron conectarlos como si fueran de una organización. Y lo único que tienen es un video borroso”, resumió. “Entiendo que tiene que ver con disciplinar a determinado grupo social que tomó acción durante la represión”.

“Todas las personas que se han imputado son las personas de barrios más vulnerables, muchos que no tienen ni siquiera información de lo que sucede, de cómo manejarse; muestras de un desconocimiento total del proceso”, explicó Silva. Otra hipótesis posible: “Simplemente hartos de recibir la violencia institucional. Después del 15 (el día que se aprobó la megaminería) mucha gente salió a la calle cansada también de lo que hacía la Policía con los pibes en los barrios. Durante esas jornadas entraron de madrugada a los barrios y sacaban gente de sus casas; ni siquiera había manifestaciones en el momento”. 

“Hay mucha publicidad mediática del juicio, es la herramienta que eligió el Gobierno para mostrar lo duros que van a ser, porque es eso lo que lo sostiene: los medios. La opinión pública no cuestiona porque no recibe la información completa. Son gacetillas del Ministerio Público Fiscal que se publican tal cual. Falta toda una parte de la verdad”, analizó Noelia.

Luego de la audiencia de alegatos del 11 de abril, la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut publicó: “Muchas cosas podemos decir sobre este juicio que muestran a las claras la intención de criminalizar la protesta incurriendo en muchas irregularidades y en otras ilicitudes o ilegalidades. Por mencionar algunas irregularidades: todos los testigos del juicio aportados por la fiscalía son policías, algo que por supuesto y por menos resulta muy sesgado. Hay también citados como testigos algunos bomberos. Algunas ilicitudes e ilegalidades: muchas de las filmaciones fueron obtenidas a través de espionaje, algo que está terminantemente prohibido. Los policías llevados como testigos por la fiscalía declararon haber sido mandados por autoridades policiales a infiltrarse en las manifestaciones de la pueblada y filmar y sacar fotos. El tipo de prueba obtenido a través de esta ilegal metodología está siendo objeto de análisis por parte de la jueza Ponce ya que los Defensores exigieron su completa nulidad. Otra de las ilegalidades fue la demostración clara de haberse corrompido la cadena de custodia de alguna de las pruebas, razón por la cual la Defensa también solicitó la debida nulidad”.

En el pronunciamiento de la Comisión también exigen “la inmediata absolución de lxs 8 vecinxs sobre lxs que aún pesa el juicio armado por la fiscala Gómez” y solicitan “la inmediata apertura de investigación a quienes en las jornadas del Chubutaguazo reprimieron salvajemente a cientos de vecinos y vecinas que se manifestaban haciendo uso del derecho legítimo a la protesta en democracia”.

En los próximos días, la jueza Eve Ponce dará a conocer, de manera virtual, su sentencia. Noelia Silva dice sobre lo que viene: “Sigo militando porque creo en las personas, que de repente alguien va a hacer las cosas bien. Si la jueza se sujetara a las pruebas, no puede condenar a nadie. Aunque tengan todos los medios a favor, yo creo que en el fondo están bastante asustados de este pueblo”.