“El plan del Gobierno lo cumple el Poder Judicial”

Ivanoff también pidió la recusación de los jueces Eduardo Rafael Riggi y Liliana Elena Catucci, quienes no sólo sostuvieron que formar parte de un movimiento mapuche es un elemento que “revela un estado de beligerancia y de confrontación con las autoridades legalmente constituidas”, lo que manifiesta “un claro sesgo de discriminación por pertenencia étnica”, sino que consideraron, a contramano de lo que dice la causa, que se pudieron haber cometido “atentados al orden constitucional y a la vida democrática”.

“¿Cuál es el fundamento jurídico para semejante afirmación? De acuerdo con el art. 18 de nuestra Constitución: ¿no rige el principio de inocencia? ¿No éramos todos inocentes hasta que se demostrara lo contrario? ¿O hubo un cambio de paradigma y ahora todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario?”, se preguntan Ivanoff y Matías Schraer, los abogados defensores que también destacan que “en todo momento los fiscales que sostuvieron el pedido de revocatoria de excarcelación, aseguraron con convicción que el atentado contra la autoridad se produjo a mano armada cuando en ningún renglón del expediente existe prueba suficiente que haga sospechar esto. Sin embargo el Dr. Riggi lo plantea como algo probado”.

ASÍ FUNCIONA LA JUSTICIA ANTIMAPUCHE

En este contexto, entrevistamos a la abogada y especialista en derecho indígena Sonia Ivanoff, quien también es vicepresidente de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI).

¿Cómo analizás este nuevo avance de la Justicia contra el pueblo mapuche, en particular con la decisión de Casación?

Es el poder judicial con incidencia política. No hay ningún prefecto detenido ni procesado. Y eso es lo terrible, que le baje línea al fiscal y al juez, como para que la acusación cambie de carátula: que es un delito grave, y que no es excarcelable. Eso es peligrosísimo. Le buscaron hasta si votaron o no votaron. Que no están ajustados a las leyes.
 

Es más, dice: “Declaró ser del Movimiento Autónomo Puel Mapu”. Es como si alguien, por el solo hecho de decir que es “montonero”, ya tuviera un motivo suficiente como para que lo metan preso. ¿Por qué no hacen la misma indagatoria con los Albatros? ¿Quién mató a Rafael? Una bala de plomo. Y usaron la indagatoria para inculparlos. Cuando se entrega Fausto, que lo hacen tirar al piso, dice: “Tengo en la espalda, como todo hombre de campo, un cuchillo”. Y después en la causa hablan del cuchillo como si fuera un arma, cuando todo el mundo en el campo usa cuchillo. O sea, en todos los campos hay grupos armados. Y después también dice: “En el bolsillo tengo los casquillos de las 9mm que fui levantando en el camino”. Sin embargo el juez no habla de las más de 114 vainas disparadas y percutadas en la montaña.

Esto se da un contexto de persecución judicial cada vez más grande en el Sur, donde la cantidad de causas, muchas de ellas inventadas o prácticamente sin pruebas, son cada vez más. Es como si también hubieran creado un Comando Unificado Judicial.

Sí, indudablemente. Por un lado se cae la justificación a partir de ese informe RAM, del consejo patagónico también unificado de los ministerios de seguridad. Se cae porque está absolutamente flojo de papeles. El gobierno argentino compró un paquete, la Operación Huracán, que ya quedó en evidencia en Chile y que allá está trayéndole un montón de problemas al gobierno, porque se inventaron pruebas y un “enemigo interno” que no existe. La ideología mapuche no tiene nada que ver ni con el narcotráfico, ni con problemas de fronteras ni con seguridad interior. Ya los fiscales empiezan a ver que no son sostenibles las acusaciones basadas en el informe de la RAM. Sin embargo se sigue avanzando. En el caso del juzgado federal de Otranto, todo aquel que estuvo vinculado en una casa mapuche terminó indagado y procesado. Son innumerables las causas. Solo por ser mapuche o estar en una movilización o se supone estar presente en un lugar, eso lo hace a uno estar procesado.

No sólo las procesan sino que el Estado las embarga por sumas siderales. Y además, les prohíben salir del país. Otro agravante, teniendo en cuenta que se trata del pueblo mapuche, que es transfonterizo, en dos estados, y en donde el Estado no garantiza la salud y por se van a cuidar con machis. Hay como una zaña. No solo te proceso, te condeno con plata sino que también te prohíbo salir del país. Se están vulnerando el derecho a la salud, el derecho a la libertad religiosa. Cuando fue el mismo Estado el que mató a las machis, y el mismo Estado el que mató a Rafael en un territorio adonde se ha levantado una machi.

Y ni hablar de los derechos de los pueblos originarios, protegidos por leyes y tratados internacionales.

Por su puesto. Yo te estoy hablando de lo mínimo, de lo básico. Pero eso desde ya. La palanca motora de aplicación de la persecución contra el pueblo mapuche se va confirmando.

Por algo organismos de derechos humanos se oponen a la designación de Otranto como camarista. Y esto no es nuevo, no viene con su actuación en el caso Maldonado. El cambio de actitud de Otranto para con los mapuche es llamativo. ¿Qué pasó para que un juez garantista de derechos pase a criminalizar derechos? ¿El poder politico lo amenazó? Fue el mismo que dijo que no se podía aplicar la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche. ¿Será que haber declarado nulo un juicio obtenido por torturas o procesar a un agente de la AFi, comisarios y fiscales por espionaje ilegal le fue suficiente para que hoy se despoje y deje de garantizar derechos? En nada está "afianzando la justicia". Tampoco garantiza el derecho de ser oido por un juez imparcial. Y después hay casos insólitos. Por ejemplo a Facundo, en el medio un habeas corpus por falta de agua en el penal, no le hacen lugar a su pedido, y la fiscal le pide condenación en costas. Tras que los presos no tenían agua para bañarse, lo condenan. Tiene que pagar. Hay un hostigamiento constante. El poder judicial está siendo el instrumento perfecto. La palanca del hostigamiento. El plan del Gobierno lo cumple el poder judicial.

Pero estas irregularidades y presiones del gobierno, ¿no generan fisuras dentro del poder judicial?

Hay algunas. Villanueva saca, de casualidad, la semana pasada, una sentencia diciéndole a Parques Nacionales “no señores, ustedes ya saben lo que pasó cuando tomé una decisión por la causa de usurpación, no voy a hacer lugar al desalojo”, que es la causa civil. Entonces, qué es lo que hace ahora Casación. Riggi, que es un juez muy cuestionado, que tiene muchísimas denuncias del Consejo de la Magistratura por su mal desempeño como juez, toma la sartén por el mango, y le está bajando línea al juez, como diciendo, “usted no está viendo que estos tipos son del Movimiento Autónomo Puel Mapu, que no votaron, que sus ideas atentan contra la Nación, contra la Constitución”. Los delitos que él plantea, y que no están en la causa, son delitos no excarcelables.

Volvemos a lo mismo. Y este es el mismo eje que plantea Facundo. Les falta decir, por portación de apellido: Jones Huala. Como no lo pueden decir, que sería el colmo, dicen: “Analice los delitos señor juez, porque si usted ve que están estos delitos, no es excarcelable”. Baja una nueva plataforma de investigación en esta causa. Pone hasta en negrita en el texto “atacaron". Parece (Gabriela) Michetti en la mesa de Mirtha Legrand cuando dijo "atacaron con lanzas”.¿De dónde surge eso, quién lo dijo?. Lo grave es que ni siquiera fue el fiscal a sostener esto a la audiencia.

Era algo sospechado, pero hace unos días Lleral confirmó el tema de las escuchas ordenadas por Otranto, que a su vez se utilizan para armar nuevas causas.

Es parte de este escenario. Ahora seguramente están escuchando lo que hablo con vos. Nuestros teléfonos fueron vulnerados. Es preocupante cómo se ha interpelado un ejercicio de derecho convertido en una judicialización. Me preocupa la manijeada. El oficialismo presentó una reforma del Código Procesal Penal en la que las comunidades indígenas dejan de ser víctimas, por más que entren a reprimir o matar dentro de sus territorios. Hay un ensañamiento tan colonizante, tan racista por parte de este gobierno al servicio del poder económico, de los amigos que bancan las campañas. ¿O van a decir que las retención a las mineras es porque las mineras estaban mal con Cristina? ¿No será que le bancaron la campaña a este gobierno?