Impunidad por la violación grupal en Chubut

Así concluyó el juicio en el caso (mal llamado) “La Manada de Chubut” para los tres varones acusados de violar en grupo a una chica de 16 años en una fiesta en Playa Unión de Puerto Madryn, en 2012. Luciano Mallemaci (27), Ezequiel Quintana (31) y Leandro del Villar (30) fueron absueltos por decisión de las tres juezas mujeres que participaron en el proceso: Karina Breckle, María Laura Martini y Marcela Pérez, quienes hicieron pesar el beneficio de la duda y argumentaron que no había pruebas suficientes para una condena. 

Según se logró reconstruir, la sobreviviente (que pudo hacer público el caso recién en 2019, después de años de padecimientos), “fue maltratada” por el tribunal, incluso se le impidió expresarse durante el cierre de los alegatos al ser “interrumpida y corregida” por las juezas y la defensa. La bronca de organizaciones feministas y el repudio social fueron la primera reacción ante un veredicto judicial que consagra impunidad para los “hijos del poder”.

Las hostilidades del juicio

Desde la Fiscalía de Rawson coincidieron con la querella en que la violencia y la tensión durante las audiencias fue extrema. “Nunca había vivido un clima tan tenso en ningún juicio oral, hace 11 años que soy fiscal general y tengo bastantes juicios orales transitados”, dice María Bottini, que representó a la Fiscalía de Rawson junto a Andrea Vázquez en el juicio. 

También coinciden fiscalía y querella en que es pertinente presentar denuncias por falso testimonio durante el juicio. La fiscal Bottini, consultada por este medio, puntualizó en la situación de Joaquín Pérez: “Según los testimonios que habíamos recolectado, no había participado en el hecho. (Al declarar) nunca se acordaba de nada; si bien él habría sido testigo presencial, nunca se acordaba de nada. Ha sido reticente al contestar. Callar lo que vos sabés también se incluye en la figura legal de falso testimonio”.

Del escrache al juicio contra “los hijos del poder”

Hace tres años, la sobreviviente publicó un escrache en redes sociales donde contó cómo la drogaron y violaron entre cinco varones (más uno que hizo de campana en la puerta). Tenía 16 años cuando ocurrió el hecho. Si bien era sabido en todo Puerto Madryn, de donde son la mayoría de los involucrados en el proceso, la difusión y presión social se incrementó ante la expectativa de justicia. La víctima, que atravesó padecimientos en su salud y debió mudarse de ciudad por los maltratos sociales recibidos, consiguió la contención que necesitaba para hacer la denuncia formal y afrontar el juicio.

De los que afrontaron el juicio, Del Villar es otro apellido de la política provincial y empresarial; la familia Mallemaci tiene una inmobiliaria y una radio FM en Madryn; Quintana es abogado en Buenos Aires. El mencionado Joaquín Pérez, que finalmente en el juicio fue incluido como testigo presencial, es hermano de un intendente prominero de la meseta con vínculos con la multinacional Pan American Silver (que hizo lobby para aprobar la ley luego derogada por Chubutaguazo de diciembre pasado).

Antes del debate oral que tuvo veredicto el sábado pasado, hubo un intento fallido de resolver la denuncia mediante un juicio abreviado, acordado entre la Fiscalía de Rawson y la defensa. Finalmente los acusados, que en principio reconocieron el delito para acceder al este “atajo legal”, lo terminaron rechazando. Fue en aquel momento que el jefe de fiscales Fernando Rivarola utilizó la figura de “desahogo sexual” ante la violación denunciada. Luego, con la denuncia ya efectuada por la sobreviviente, la Fiscalía de Rawson tuvo un rol activo en el juicio.

El inicio de las audiencias estaba fijado para junio de 2021, pero recién comenzó a fines de febrero de este año. ¿Por qué? Dos integrantes del tribunal pidieron licencia: Mirta del Valle Moreno y Fabio Monti se autoexcluyeron y así fue que (sobre la hora) se conformó el trinomio Pérez, Breckle y Martini. Las dilaciones fueron señaladas públicamente por Verónica Heredia, quien hizo una excepción en el acuerdo de confidencialidad concretado con la defensa, al apuntar contra la Oficina Judicial de Rawson.

“La plata no te salva de la condena social”

El mismo sábado 19, la noticia del veredicto de absolución provocó manifestaciones en varias ciudades de Chubut, encabezadas por mujeres que en intervenciones anteriores, como el #8M, ya mostraban el caso como bandera. Las protestas incluyeron escraches en las casas de los procesados y de las juezas, dos de ellas de Puerto Madryn. “La plata no te salva de la condena social”, se podía leer en uno de los carteles.

El lunes, el Superior Tribunal de Justicia provincial se expresó mediante un comunicado, no sobre el caso sino para rechazar “los hechos de intimidación sufridos por tres juezas”, ya que “no es lícito tratar de imponer la voluntad de un grupo en menoscabo del normal funcionamiento de las instituciones”.

Una prueba de la debilidad institucional es la que dio la cúpula judicial de Chubut en la conformación del propio STJ en diciembre pasado. El mismo día en que se aprobó por ley la megaminería (luego derogada tras la pueblada), la Legislatura aprobó, acuerdo político mediante y sin debate, cuatro pliegos para integrar el máximo tribunal. No se respetó el cupo de género (4 hombres y 2 mujeres), ni la formación en la materia. Será ese Superior Tribunal el que definirá el destino del caso.

Después de anunciar la “impunidad” del veredicto, Heredia decía sobre la actuación del Poder Judicial: “¿No hubo pruebas acá de lo que durante 10 años todo Madryn supo y conoció? Pasaron acá (por el juicio) todas las chicas que estuvieron en esa fiesta, más de 10 mujeres diciendo la verdad que hace más de 10 años saben. ¿Y no había prueba?”.