La aceitera Bio Ramallo despidió 28 trabajadores. Se dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no la respetó. Ellos decidieron acampar para defender sus empleos. La gobernadora María Eugenia Vidal mandó a la policía: a apagar la luz y reprimir en la oscuridad.
En la empresa aceitera Bio Ramallo fueron despedidos 28 trabajadores. Como si fuera algo normal. No sirven más. Son desechables. Así son los planes de negocios, así de inhumanos. Se dictó una conciliación obligatoria el lunes pasado, pero a la patronal no le importó, y la desacató.
Entonces, sin más armas en la mano que un puñado de ilusiones, angustias y resistencias, frente a la planta, ubicada en el parque Industrial Comirsa, los trabajadores decidieron acampar. Acampar sus broncas, acampar sus vidas, bajo la inclemencia del frío, acampar lo único que les queda: la lucha por sus empleos.
Ante este reclamo, la solución del macrismo -en este caso, de la gobernadora María Eugenia Vidal- es siempre la misma: amedrentamiento, represión y violencia institucional sistematizada.
La Policía Bonaerense, que custodia las instalaciones de los empresarios como si fuera una seguridad privada o un ejército de la realeza, intentó atacar a los trabajadores que reclamaron. En virtud de esta deliberada acción, en la Cámara de Apelaciones de San Nicolás de los Arroyos, se presentó un Hábeas Corpus colectivo, ante el riesgo de vida que enfrentan quienes protestan contra los despidos.
La medida fue presentada por siete ediles del Concejo Deliberante de Ramallo, acompañados por la Casa de la Memoria de esa localidad.
"Después de un paro que hicimos en junio, reclamando por diferencias salariales, la empresa decidió echar a 28 compañeros, con lo cual la planta está totalmente paralizada. El Ministerio dictó conciliación obligatoria y dos días antes de que termine ese plazo no nos dejaron ingresar más. Ahí empezó la lucha del acampe", explica Fabián Sola, delegado de base en Bio Ramallo.
"Este lunes tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Nuestro gremio siempre estuvo dispuesto a negociar. La empresa no. Ahora dicen que 'se van a sentar a charlar'", señala el delegado.
Se presentó un Hábeas Corpus preventivo para proteger a los trabajadores que acampan frente a la planta de Bio Ramallo.
Con respecto a la represión desatada por la Policía de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, Sola cuenta que el sábado pasado, a las 5 de la mañana, "vinieron más de 150 policías a reprimirnos. Dejaron todo a oscuras las luces perimetrales de la planta. Éramos apenas 10 compañeros, en una carpa, estábamos tomando mate. Ellos llegaron con más de 30 patrulleros".
"La denuncia que hizo la empresa fue totalmente falsa: se habló de usurpación de la planta y coacción contra los camioneros -cuando en verdad los compañeros camioneros nos prestaron su ayuda desde el primer momento-. Supimos además que la empresa le dio de comer a todos los policías a través de viandas. Y eso nos consta porque tenemos contacto con el proveedor", denunció.
"Básicamente lo que quisieron -e hicieron- fue reprimirnos, violando nuestro derecho a huelga. No pudieron reprimirnos porque éramos apenas 10 personas, completamente coherentes, ejerciendo una protesta. Ahora la empresa lo que está haciendo es desguazar Bio Ramallo", señaló.
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"En marco de los graves hechos ocurridos durante este fin de semana y la semana pasada, con la intervención de las fuerzas represivas a través de órdenes generadas por el Ministerio Público de San Nicolás, en la situación que vivían -y viven- los trabajadores en el acampe de la empresa Bio Ramallo, donde los mismos estaban ejerciendo su derecho a huelga, hubo graves hechos", señaló el abogado Juan Manuel Combi.
Destacó que se intentó "auto incriminar a los trabajadores, con formularios en blanco, dónde nos notificaban de derechos de supuesta imputación de delitos".
Agregó que existe "permanente presencia policial en la puerta de la fábrica, custodiando la misma, como si los trabajadores se trataran de delincuentes, y son sólo trabajadores que están exigiendo y reclamando sus derechos".
"Este sábado a la mañana, la policía concurrió al predio donde se encontraban los trabajadores, en la puerta de la fábrica. Apagaron las luces. Es decir que se hizo un apagón, algo que nos retrotrae a épocas siniestras de nuestro país, porque uno, cuando habla de un apagón, se remite directamente a lo ocurrido en el Apagón de Ledesma", contó Combi.
En este contexto relató que, inmediatamente despues del corte energético "se apersonaron más de 150 uniformados, formando fila para reprimir a los trabajadores, durante horas de la madrugada. Todo esto avalado por quienes dictan las órdenes, es decir, el Ministerio Público".
La Policía concurrió al predio donde se encontraban los trabajadores y apagó las luces, como en las épocas más oscuras de la historia argentina.
"Supuestamente lo hicieron 'tratando de prevenir delitos' que no existían. A raíz de esta situación, siete concejales de Ramallo han presentado -conjuntamente con la Casa de la Memoria de Ramallo- un Hábeas Corpus preventivo", explicó.
"En la Cámara de Apelaciones de San Nicolás se ha sorteado el Juzgado de Garantías 3, que intervendrá en este Hábeas Corpus preventivo. La preocupación es que ocurra algún hecho represivo que pueda terminar con la integridad física de alguno de nuestros compañeros. Por ese motivo creemos que es importante. Esperemos que tenga acogida y que el fiscal entienda que esto se trata de una medida de fuerza, y que no hay delincuentes, sino trabajadores reclamando", concluyó.
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Por primera vez en la historia reciente, un órgano gubernamental se ve obligado a presentar un Hábeas Corpus para resguardar la vida de trabajadores.
Los 28 obreros aceiteros despedidos luchan por su reincorporación a la planta de refinado de biodiésel Bio Ramallo, propiedad del empresario Juan Carlos Bojanich.
Los trabajadores denunciaron sucesivos operativos represivos, los cuales se han dado -inclusive- durante la noche, en coincidencia con apagones selectivos en la zona y la presencia de cientos de efectivos.
Advirtieron además que quien da las órdenes represivas, el fiscal de San Nicolás Julio Tanús, no brinda las garantías suficientes. Ante ese escenario, el mencionado Hábeas Corpus fue presentado.
Los 28 aceiteros despedidos luchan por su reincorporación a la planta de refinado de biodiésel propiedad del empresario Juan Carlos Bojanich.
Hasta 2015 los trabajadores de la productora de biodiésel pertenecía al gremio de petroleros, pero luego de una huelga, lograron pasarse al convenio colectivo de los aceiteros. En 2016, la empresa conducida por Bojanich -quien también controla otras plantas de biocombustible en Bahía Blanca, Junín y San Nicolás- empezó a incumplir los premios.
"Después del intento de violentarnos, desde la UOM, Camioneros, ATE, CTA, CCC, jubilados, nos expresaron un apoyo impresionante. Estamos resistiendo con este frío las inclemencias del tiempo, más unidos que nunca. No vamos a aflojar ni un centímetro esta lucha hasta que seamos reincorporados todos los compañeros", concluyó Sola.
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