La causa que investiga el asesinato por parte de Prefectura avanza muy lento. Mientras, la Justicia ni siquiera se ocupa de disimular su "complicidad" con el Gobierno. Las testimoniales de los "desmemoriados" prefectos.
De los diez efectivos del Grupo Albatros, de Prefectura, que declararon hace unos dÃas en la causa que investiga el asesinato de Rafael Nahuel, ocho recibieron un ascenso.
Quizá, algo de eso tuvo que ver en que tras cinco dÃas de declaraciones, lo más escuchado de parte de estos prefectos fue “no lo recuerdo”, “no le podrÃa precisar”, “yo no vi”, “yo no escuche”.
Sólamente dos dijeron "haber escuchado" que "alguien" hacÃa referencia a un "enfrentamiento armado". Cuando se les preguntó dónde lo escucharon o quién lo habÃa dicho, tampoco lo recordaron.
Uno de los "desmemoriados" fue Leandro Ruata. El jefe de Prefectura de Bariloche es quien le habÃa "recomendado" al juez Lleral realizar un nuevo rastrillaje, antes de que apareciera el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado.
La causa que lleva adelante el juez Villanueva avanza lenta, y aún ni siquiera fueron llamados a declarar los prefectos que subieron a la montaña, donde fue asesinado Rafael.
Para colmo, el 2 de mayo hay una audiencia en Comodoro Py porque el Ministerio Público Fiscal apeló la excarcelación de Fausto Jones Huala y Alejandro González, los dos jóvenes que bajaron herido de muerte a Rafael. La apelación, que ya fue rechazada tres veces en otras instancias, ahora "cayó" en la Cámara de Casación N° 3, cuyo presidente es Carlos Mahiques, ex ministro de Justicia de MarÃa Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.
Ah, y el fiscal que tocó "por sorteo" fue Raúl Pleé, quien formó parte de una comisión asesora de seguridad deportiva en Boca junto a Carlos Stornelli, cuando Macri era el presidente del club. Además, era uno de los "favoritos" de Macri para reemplazar a la Procudadora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
A cinco meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, la Justicia sigue mostrando su complicidad con el Gobierno en pos de garantizar la impunidad en otro crimen de Estado.
"Mientras respire no voy a dejar de luchar por mi hijo"
El caso de Iván Torres, desaparecido en 2003 en Chubut, generó una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino en 2011 y permitió que la desaparición forzada se incluyera como delito en el Código Penal. La Corte visitó el paÃs hace poco para saber cómo se avanzó desde la sentencia. MarÃa, la mamá de Iván, es el motor incansable de una búsqueda que no frena.
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El 5 de febrero de 2014, el depósito de Barracas de la empresa especializada en archivo de documentación Iron Mountain fue devorado por el fuego. En el incendio perdieron la vida ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil. La causa, donde confluye una investigación por lavado de dinero, está frenada y sin funcionarios de jerarquÃa procesados.
Juan Schiaretti y la autovÃa de la impunidad
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