Un decreto para expulsar migrantes en Chubut

En la justificación del decreto se señala que busca “garantizar la seguridad de los habitantes de Chubut”. Según explica Massoni para esta nota, es un tema de números: “La normativa nacional no está acompañando la realidad de la provincia y, ante la cantidad de ilícitos por parte de extranjeros, se toma la determinación de realizar un decreto dentro de lo que es el territorio donde tenemos competencia”.

Pero el origen de esos datos se puede plantear, al menos, como problemático. El ministro señala que, según “análisis estadísticos que se realizan en la provincia, la mayoría de los delitos graves, como trata, narcotráfico, robos agravados, homicidios, son realizados en un 33 por ciento aproximadamente por extranjeros”. Al ser consultado por el origen de los números, señala que “en los procesados con respecto a la justicia ordinaria, provincial, va a encontrar que es muy poco el porcentaje, un 4 ó 5 por ciento de extranjeros. Ahora, cuando usted va y mira los registros de detenidos de la Justicia Federal se va a dar cuenta que supera holgadamente el 65/70 por ciento”. Como caso testigo cita a una jueza federal en Comodoro Rivadavia: “Me dice que tiene 20 detenidos a su cargo. De esos 20 detenidos hay 11 que son extranjeros y de dos no sabe qué nacionalidad tienen”.

En mayo del año pasado Bullrich señaló otra cosa. “Chubut ha bajado los índices de homicidios, robos, robo de auto, vemos una tendencia positiva", afirmó, y replicó el diario El Patagónico. Al ser consultado por esto, el ministro busca justificarse: “a mí no me gusta hablar de estadística en forma pública porque a aquella persona que ha sufrido un delito lógicamente la estadística no le sirve de nada”. Entonces afirma que la tendencia sí bajó, que mide las estadísticas de los barrios semanalmente, pero -como si pudiera elegir- decide no hacerlas públicas.

Lo legal

Los cuestionamientos de inconstitucionalidad del decreto 136 llegaron de parte de organismos de derechos humanos, de la oposición provincial y también de expertos en derecho migratorio. Consultada por Cítrica, la abogada  Oliva Cortez enumera cuatro motivos: 

1.    Las normas respecto a relaciones extranjeras son competencia del Congreso de la Nación, “facultad que jamás puede ser auto-atribuida a una provincia y menos aún al Ejecutivo Provincial, porque  implicaría considerarse un estado independiente del resto del país, como una frontera interna dentro de los límites del Estado Nacional (República de Chubut)”.
2.    No cumple con los requisitos de necesidad y urgencia que establece la Carta Magna.
3.    Hace una suerte de doble juzgamiento, cosa que no está permitida: “acarrea una pena adicional a cualquier extranjero que se encuentre cumpliendo pena, o incluso vaya a ser condenado”.
4.    Viola una garantía constitucional que equipara los derechos de los ciudadanos argentinos con los de los extranjeros, sin necesidad de incurrir en diferencias entre residentes y/o turistas.

Ante estas críticas, el ministro de Gobierno de Chubut no reconoce la inconstitucionalidad del decreto, aunque sí la falta de sustento jurídico en el texto: “Es un decreto no operativo. Nosotros no podemos expulsar (extranjeros) a otro país. Entonces le buscamos una vuelta de tuerca, porque la idea del decreto era que automáticamente los sacábamos del territorio provincial”. Esa “vuelta de tuerca”, según dice, la están buscando en la reglamentación, que aún no tienen definida. 

Al ser consultado por la expulsión de personas extranjeras sin condena firme, que pudieran luego ser declaradas inocentes, Massoni reconoce otro problema. “Va a ser parte de la reglamentación y es muy probable que no se lleve adelante ese tipo de mecanismos. Le vuelvo a repetir, estamos vulnerando el principio de inocencia, que no lo podemos vulnerar”, confiesa. 

Entonces, ¿se trata de una expresión de deseo o de un decreto de política pública? A eso, Massoni responde: “es una instrucción de que el Ministerio de Gobierno lleve adelante las medidas que puedan lograr el objetivo que se estaba encomendando. Si dentro de esas medidas no encontramos el respaldo jurídico, como lo que usted me está planteando ahora (la expulsión de personas extranjeras sin condena firme), lógicamente se vedará ese tipo de cuestiones”.

¿Y sobre los tiempos de la reglamentación? “La infinidad de situaciones que se puedan llegar a presentar va a hacer de que nosotros tengamos que revisar las medidas permanentemente. No podemos dejarlo estancado en lo que sería una normativa, algo genérico”, dice el ministro ad hoc.

Otras razones: xenofobia 

¿Qué dicen desde las comunidades de migrantes en la provincia? Los referentes que fueron contactados para esta nota prefirieron no dar aún una opinión sobre el decreto. En el caso de autoridades institucionales, el cónsul de Bolivia en Comodoro Rivadavia, Daniel Quintanilla, señaló que guardará silencio mientras no exista una comunicación oficial del Consulado General en Buenos Aires.

Quien sí dio detalles fue la doctora en Antropología e investigadora del Conicet en Comodoro Rivadavia, Brígida Baeza, que trabaja hace más de 20 años con comunidades migrantes en la cuenca del Golfo San Jorge. La ciudad desde donde desarrolla sus tareas se encuentra en el departamento de Escalante. Según el censo 2010, es el más poblado de Chubut y el de mayor número de personas de origen extranjero: para esa fecha eran 187.000 habitantes de los cuales 16.600 no habían nacido en Argentina. O sea, en Comodoro vivían en ese entonces más del 50 por ciento del total de extranjeros en la provincia.

Las cifras actuales serían mucho mayores. Desde el consulado boliviano estimaron que en Chubut hay hoy alrededor de 25 mil bolivianas y bolivianos, con cifras entre 10 mil y 12 mil personas tanto en Puerto Madryn como en Comodoro Rivadavia. Según estas estimaciones, sólo la comunidad boliviana superaría al total de extranjeros del censo 2010. Recién habrá más precisiones con el padrón electoral de 2019.

A pesar de la gran población migrante que se estima en la zona, para Baeza el decreto de Arcioni “no impactó fuertemente porque el primer cimbronazo fue el decreto de marzo de 2017 de Macri”. Entre marzo y julio de 2017, hubo más deportaciones en Comodoro que en la ciudad de Buenos Aires. 

Una explicación que encuentra a ese número es la falta de una red de apoyo que sí se encuentra en Capital Federal. “En Buenos Aires existen agencias y organizaciones que colaboran con los migrantes y que impiden las deportaciones injustificadas. Acá, en Comodoro Rivadavia, se vive en soledad. Somos muy pocos y pocas los que atendemos este tipo de demandas y que acompañamos el trabajo, sobre todo, con migrantes bolivianos. La discriminación en esta ciudad tiene niveles exorbitantes y está totalmente naturalizada”, señala.

En general, sin embargo, el impacto del DNU se vivió distinto: “lo de marzo de 2017, yo lo lamento mucho, pero la sociedad comodorense en general lo vivió ‘bien’, entre comillas”. Para Baeza, “cada vez que tenemos problemas en términos de mercado de trabajo cualquier tipo de medida que aparente ser paliativa es bien recibida” y, aunque la define como una crisis menor, compara la xenofobia vivida durante los años 90 con la que se ve en la crisis actual. 

Como señalan desde Amnistía Internacional, “la pregunta es por qué las autoridades siguen instalando ese discurso y en un año electoral. Es muy cuestionable y peligroso". Como si en momentos de mayor pobreza el racismo de quienes se ven a sí mismos como locales cristalizara en demandas sociales. Como si, en el caso del decreto provincial, cristalizara en medidas oportunistas. 

No escucho y sigo

Según el director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, Diego Morales, son tres los caminos paralelos que podrían frenar la nueva normativa firmada por Arcioni. Primero, el legislativo, iniciado por la diputada Gabriela Dufour (PJ-FPV), con un proyecto para la derogación que deberá votarse en la Legislatura. Segundo, el judicial, que busca el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que aún tiene pendiente resolver la inconstitucionalidad del DNU de 2017 que modificó la Ley de migraciones). El tercero, el camino internacional, es consecuencia del segundo: “para llegar a la CIDH primero hay que agotar la instancia interna. Nuestra aspiración es que la Corte Interamericana le haga rendir cuentas a los responsables”, explica Morales. 

Las acciones de protesta conforman otro tipo de camino aunque, al menos en Chubut, aún no han tenido tanta repercusión. Como señala Baeza, quizás esto también tenga que ver con temas de visibilidad y racismo. 

Si, como dijo Massoni, lo que buscaba el gobierno de Arcioni era cuestionar la Constitución Nacional, un decreto provincial con problemas de constitucionalidad no parece ser el camino más acertado. 
En la República Separatista de Chubut se acredita poco sustento político y menos sustento legal. 

- Massoni, ¿no se podría haber llegado a las mismas medidas sin el decreto, solamente a través de los convenios de cooperación con Nación? Si ya existía el DNU de 2017.
“Mire, tengo reuniones permanentemente con Nación y yo lo vengo planteando hace mucho tiempo y no habían fomentado las reuniones. Nosotros tenemos la obligación de proteger al ciudadano chubutense y entendemos que es una medida como para darle una protección”. 

-¿O sea que era necesario el DNU para que Nación escuche? 
Sí, no tengo ninguna duda.