La Justicia de Chubut sigue criminalizando ambientalistas. Cuatro militantes sufren la persecución política, policial, mediática y judicial desde el 5 de diciembre de 2019 tras una cruel represión frente a la legislatura de la provincia. Ahora los quieren obligar a pagar 10 millones de pesos por denunciar que fueron torturados por las Fuerzas de “Seguridad”.
Roberta Gogorza es docente, Jairo Epulef es docente y músico, Juan Salvador es artesano y Noelia Silva es peluquera. Todxs víctimas de una feroz criminalización judicial que lleva seis años arruinándoles la vida. El medio Prosa Urgente relata el detrás de escena de una causa escandalosa contra ciudadanos que, mediante su derecho a la protesta, reclamaban contra la megaminería y en defensa del medioambiente. De toda la masa movilizada, los agarraron arbitrariamente y no los soltaron más.
El caso de estos activistas fue el inicio de una seguidilla de imputaciones y procesos judiciales contra decenas de vecinos y vecinas que se manifestaron posteriormente en diferentes momentos defendiendo los bienes comunes como el agua. A ellos puntualmente les exigen que depositen más de 10 millones de pesos “en concepto de costas en un juicio por el cual llevaron al banquillo de los acusados a policías que los torturaron luego de la represión del 5 de diciembre de 2019 afuera de la Legislatura”. Es decir, les ordenan pagar esa suma por haber denunciado a sus torturadores.
Noelia Silva relata el momento previo a que la metieron a un patrullero ese año: “Mi hermano no estaba haciendo nada, la Policía lo tomó y yo me agarré de él, no lo solté. Él estaba con los brazos hacia arriba de hecho. Me empezaron a patear policías varones. Luego nos tiraron al piso para seguir y como aún así no solté, me agarraron del cuello para ahorcarme. Sentí que me iban a explotar los ojos, ahí lo largué y vinieron mujeres para seguir pegándome”. Producto de esta represión dañaron la columna de Noelia, quien agregó: “Cuando me dieron vuelta para ponerme las esposas, uno de mis brazos quedó abajo, el otro arriba, desviados… y me fracturé la clavícula”.
Luego del traslado las víctimas de la policía chubutense subrayan que los bajaron a los golpes del patrullero y aún esposadas las ubicaron contra las camionetas para continuar con sus prácticas de tortura. “A algunas nos liberaron a las 4 a.m del día siguiente porque no tenían donde ubicarnos. A los chicos se los llevaron encapuchados, en camionetas, sin destino. Por eso hablamos de torturas”.
“Yo recuerdo el pasillo largo, desde el patio a la puerta del calabozo, de la Comisaría 1era de Rawson. Vino el subcomisario Juan García medio corriendo para pegarme en el cuello directamente, con el envión. Otros efectivos me agarraron y él me ahorcó con las dos manos… llevándome así hasta el calabozo. No quiero dejar pasar el detalle que esta persona que me agarró hace fisicoculturismo y artes marciales”, dice Jairo Epulef.
Nunca soltaron el cuello de Jairo: “No sé cuánto tiempo pasé sin respirar mientras otros me pateaban las costillas. Empecé a ver borroso y sentí que me moría”. Los golpes fueron tantos que estuvo una semana sin poder ver ya que, según los médicos, afectaron parte de su cerebro con una inflamación. Esta maniobra la hicieron varias veces contra él: “Repetían esta práctica y sentí que me moría varias veces”. Mientras tanto decenas de policías y otros detenidos oían sus lamentos al otro lado del calabozo. Y en su testimonio, Jairo explicó que a Juan Salvador le hicieron algo similar y se oían los mismos gritos producto de las torturas.
Es fundamental resaltar, a estas alturas, que todo lo narrado por Noelia y Jairo no tiene responsables directos ni responsables políticos detenidos, procesados o criminalizados como ellos. Como también que, ante sus denuncias, la Justicia respondió con una multa millonaria a las víctimas y no a las Fuerzas implicadas con estas prácticas que nos remontan a los genocidas de la última dictadura militar en nuestro país. Es decir, a la vista, una complicidad y un silencio mediático sin precedentes.
Roberta Gogorza, otra de las militantes detenidas en 2019, hace memoria y trae al presente que creyó que iría presa y la procesarían. No imaginó los daños físicos y psicológicos que sufriría ella y los demás en la comisaría. “En el patrullero pusieron mi cabeza contra el piso y el policía que manejaba a los gritos: ‘negras de mierda, hijas de puta…’ mientras me pegaban en la columna”. Al llegar el escenario era de gritos, golpes en los tobillos, las costillas, detenidos con capuchas y otros maltratos.
“¡No me peguen, no me peguen!”, eran los gritos desesperados que escuchaba Roberta, de Jairo y Juan. En ese momento también la trasladan a ella: “Mientras oía toda la secuencia, se me pasó de todo en la cabeza. Que me pagaban, que me violaban, no entendía nada”. Es entonces que Noelia les dice: ‘¡¿Qué hacen, qué hacen?!’. Su grito es lo que me salvó de lo que sea que iban a hacer conmigo”. Roberta se desvanece, entre desmayo y desmayo hasta que oyó el reclamo de la gente desde afuera de la comisaría que calmó las torturas. “Recién entonces comenzaron a pedir nuestros datos a cada uno de nosotros”, señaló.
El relato completo se encuentra en el canal de Youtube de “Prosa Urgente”. El horror de estas líneas es apenas un fragmento de las violencias que sufrieron estos militantes de Chubut. “No sé qué hubiese pasado, a nosotros nos salvaron los compañeros. No solo fue violencia física sino la psicológica de llevar a los chicos encapuchados a dar vueltas, sin decir nada, por calles de ripio”, aclaró Roberta. Hay más de una hora de entrevista que nos remonta al Nunca Más y demuestra la injusticia que aún sufren al ser procesados, tras las torturas, por manifestarse en plena democracia.
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