El magistrado que no habilitó la reapertura de la minera Barrick Gold se tomó vacaciones, la jueza que agarró la causa “se enfermó” y ahora el doctor Quiroga decidió que la multinacional vuelva a operar, aunque aún no se instalaron los medidores de cianuro.
Dos semanas atrás, el pueblo de Jáchal sufrió el quinto derrame de cianuro en las fuentes naturales de agua, producto de la actividad minera de Barrick Gold en la zona de Iglesias. Mientras la Asamblea Jáchal No Se Toca exigía el cierre definitivo de la mina Veladero, el juez de Paz Hugo Quiroga anunció, este martes por la mañana, que la multinacional puede retomar la explotación minera, pese a que no se cumplieron las exigencias impuestas por el propio gobierno provincial para la reapertura de la mina.
Dentro de las obras a ejecutar estaban el levantamiento de bermas, reacondicionamiento de las cañerías, protección antiderrames para el sistema existente, estudio y verificación del muro de contención; mientras que el plan integral incluye la colocación de cámaras de monitoreo, supervisión de los cursos de agua y el incremento de los puntos de monitoreo de aguas subterráneas, entre las principales.
El juez de Paz Hugo Quiroga anunció, este martes por la mañana, que la multinacional puede retomar la explotación minera, pese a que no se cumplieron las exigencias impuestas por el propio gobierno provincial para la reapertura de la mina.
“El juez anterior no quiso levantar la suspensión porque fue a la minera y no cumplían con todas las condiciones pedidas por la Justicia. No cumplen con las condiciones pero el juez Quiroga levanta la cautelar. Evidentemente, la presión de la empresa o el Estado lo lleva a tomar esta decisión”, denuncia Eliana Laredo, miembro de la Asamblea Jáchal No Se Toca. En resumen, la empresa no instaló todavía los detectores de cianuro subterráneos pero ya está habilitada para funcionar. De los daños y el alcance del derrame no hay noticias.
El magistrado Pablo Oritja, a cargo de la causa contra la minera, se tomó vacaciones y el caso quedó en manos de la jueza Silvia Rodríguez, que dio parte de enferma. Por ende, el que terminó agarrando el caso fue el juez de Paz de Iglesias, Hugo Quiroga, quien -en conferencia de prensa este martes 4- anunció la reanudación de la actividad de la minera.
No cumplen con las condiciones pero el juez Quiroga levanta la cautelar. Evidentemente, la presión de la empresa o el Estado lo lleva a tomar esta decisión.
“Seguramente habrá un reclamo pero la situación es complicada porque hay diferentes posturas. Es difícil porque hay gremios mineros y no queremos enfrentamientos”, aclara Eliana.
Los asambleístas, a quienes en un principio les costó que el resto de la población tomara conciencia de la problemática, hoy ven cómo son muchos los habitantes que ya no creen en la promesa de trabajo y progreso de la empresa y que tienen claro que se le están entregando los recursos naturales a una multinacional. Pero la complicidad gubernamental, judicial y empresaria es tan grande, que poco se puede hacer contra ello. Como prueba, la noticia de las últimas horas.
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