Ser senegalés en Buenos Aires, toda una contravención

Jueves 27 de febrero, 14 horas, Mitre y avenida Pueyrredón, pleno barrio de Once. El lunes empiezan las clases y las calles de uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad son un caos. “Más o menos, eh. La gente pregunta, pregunta pero no compra. Todavía no hay plata”, dice, algo desalentado, un vendedor de mochilas escolares.

Alba ríe. Él, además de vender café y sándwich, se mueve como el dueño de la esquina. Saluda a la empleada de un local, cruza la calle y ya lo espera el vendedor de garrapiñadas para reclamarle que no pasó temprano con su café, ‘choca los cinco’ con otros senegaleses y -en un francés que nos deja afuera- charlan de quién sabe qué. 

Alba es un líder indiscutido. Su perfecto castellano lo conecta con nosotras y su capacidad de oratoria ganó el respeto de sus compatriotas. Aunque a veces les cuesta convencer: “Los chicos no creen. Piensan que todo va a seguir igual y no es así. Ahora van a venir con más violencia, hay que prepararse, hablar. Hacer algo para evitarlo”.  

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Ahora es ahora, cuando la modificación al Código Contravencional ya está en vigencia. Ahora es cuando la Policía de la Ciudad, entre otras cosas, podrá llevar adelante detenciones preventivas por 48 horas, su versión de los hechos será "prueba suficiente" para efectuar detenciones y no será obligatoria una revisación médica para detectar apremios ilegales. Ahora se permitirá tratar como delitos penales, simples contravenciones; y vulnerar aún más el derecho a la defensa. En pocas palabras: estas son las leyes que necesita la Policía de la Ciudad para legalizar las prácticas cotidianas. 

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La calle Mitre desborda de vendedores senegaleses (y de otras nacionalidades) con diferentes opciones: mochilas, cross, jeans, calzas, shorts y jogging. Los vendedores senegaleses están en todo. Aprovechan porque en un rato la esquina Mitre y Pueyrredón  dejará de ser un caos de ofertas y gente caminando alocadamente para convertirse en una cacería. “Ahí están, ¿los ves?”, me dice Galaye indignado.

Es temprano, no vendió casi nada y tendrá que levantar sus cosas en un rato. Llegó la camioneta del Ministerio de Ambiente y Espacio Público con un ejército de inspectores de delicadas remeras blancas y celestes. Y por si no los vimos, pasa un policía en bicicleta tocando el silbato y señalándolos. A ellos, a los senegaleses. Es martes 3 de marzo, son las 14 horas, pero podría ser cualquier día de la semana, en cualquier horario de la tarde, cualquier mes del año. Pasa todos los días, a toda hora. La persecución, con olor a racismo explícito, es sistemática. 

¿Por qué a ustedes? “Y porque si sos senegalés, sabés… salís a la calle y la Policía de la Ciudad puede golpearte, detenerte, torturarte y armarte alguna causa. Muy difícil así. Te tratan muy mal, la Policía es muy mala con nosotros. Te sacan la mercadería, se la llevan, nunca más vemos la mercadería. A muchos hermanos les pegaron y se los llevaron. No sé porqué lo hacen, será por racismo pero somos seres humanos como todos. Y algunas personas también nos dicen cosas feas en la calle. No todas pero te dicen. Es duro porque yo quiero seguir acá, tengo todo acá”. Faye vive en Argentina hace más de 10 años. A los 18 salió de Senegal. Se recorrió más de 15 países antes de llegar a Argentina. “¡Será el destino!”, dice.  

Papa vive en Buenos Aires desde hace 5 años, después de pasarse una temporada en Brasil. Siempre en Once, dice. “Ahora es todo más difícil. Ahora mandar plata a la familia es muy difícil con el aumento del dólar. Tengo que ayudar a mi madre y hermanos pero cuesta mucho”. Mientras hablamos, Papa mira de reojo la esquina de la estación del tren Sarmiento, donde está la camioneta de Espacio Público. 

La policía reprime, los senegaleses lo saben
En Argentina, los discursos desde el poder político, la Justicia y las empresas periodísticas alientan las actitudes xenófobas en el seno de la sociedad, y les migrantes padecen a diario en las calles, los hospitales y las escuelas la discriminación y el racismo. 

Ya lo saben los 28 senegaleses de la casona de Alsina  2672, barrio de Once, donde el 17 de septiembre de 2019, la Policía ingresó por la fuerza, golpeó a por menos cuatro de ellos y les secuestró de forma ilegal mercadería y 150 mil pesos; también lo sabe Kane Serigne Dame, un joven senegalés que no habla castellano, que en junio de 2018 sufrió en carne propia la represión: después de golpearlo ferozmente, se lo llevaron detenido y pasó la noche en la comisaría con el brazo quebrado. Lo saben de sobra los senegaleses que caminan las calles de Buenos Aires tratando de ganarse la vida. 

La organización Vendedores Libres estima en 6 mil les trabajadores detenides en los últimos cuatro años; 1200 de ellxs son senegaleses.
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5 de marzo. Es jueves otra vez en Mitre y Pueyrredón y el nuevo Código Contravencional, que endurece el trato con les vendedores ambulantes, ya está en vigencia desde el 1° de marzo. La impunidad con que se maneja la Policía en las calles de Once ahora está legitimada por la ley y Alasane Sene es el primer detenido de esta nueva etapa persecutoria del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

“Me golpearon, me llevaron detenido y después me acusaron a mí de golpear a un policía. Cuando llegué a la comisaría decían que yo le pegué a él. Eso no es verdad. Me insultó, me pegó y me enojé, pero no le pegué a nadie yo. Son siempre los mismos policías los que hacen esto”, nos cuenta en francés dos días después de la golpiza, mientras otro compañero que maneja el castellano traduce.

Estamos en Pueyrredón y Valentín Gómez y el relato de Alasane es interrumpido por otro vendedor, migrante también pero de Perú, que quiere sumar su voz. “Esto pasa todo el tiempo, nos sacan todo. Yo vendo agua fresca y me la roban: te rodean los de Espacio Público, la policía los cubre, y te sacan todo. Con ellos, los negritos, son más duros todavía. Pero todos estamos sufriendo acá”. 

Así como llegó, el vendedor de agua y gaseosas se fue, y nos quedamos con Alasane, quien nos asegura que a la Policía él no le tiene miedo. Dice que no le tiene miedo a nada, que solo quiere trabajar y vivir dignamente. El martes por la tarde fue golpeado y detenido por la Policía de la Ciudad en la esquina de Mitre y Pueyrredón. No estaba trabajando ni tenía mercaderías encima, iba camino a la peluquería cuando vio cómo insultaban a unos compañeros en esa esquina, solo quiso saber qué sucedía y se pasó 20 horas detenido en la alcaidía 13 de Once. “Miedo no tengo, estoy acostumbrado ya. Pero sí estamos muy enojados por lo que nos hacen”.

No estamos ahí de casualidad. Este jueves -de calor agobiante- llegamos a Once después de un llamado de Galaye, aquel joven senegalés que una semana atrás me obligó a mejorar la apariencia de mi celular: “Mariana, pueden venir ya mismo por favor. Esto es un lío, vengan con la cámara, vamos a cortar la calle porque no damos más. Nos pegaron y tiraron gas pimienta”.

En la Plaza Miserere, un grupo de senegaleses dialoga con el comisario Aldo Minola y el inspector general de la Policía de la Ciudad, Carlos Agüero. “Dos de sus efectivos quieren armar lío. Ellos vienen y nos tratan mal, nos golpean. No se puede más así. Si nos hablan con respeto, nosotros respetamos… pero ellos no respetan”, dice Galaye, como portavoz del grupo, mientras intenta mostrarle al comisario las fotos de los dos policías que actúan violentamente en cada operativo. Minola se niega a ver las imágenes. 

También se niega a charlar con Revista Cítrica sobre el conflicto con dos de sus efectivos y sobre los operativos donde se prioriza el secuestro de la mercadería.

La Ciudad se reserva el derecho de admisión
Si bien, según el artículo 88 del Código Contravencional, “no constituye contravención la venta ambulatoria en vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías o la venta que no implique competencia desleal efectiva para el comercio establecido”, la realidad es que les vendedores ambulantes permanentemente sufren situaciones de represión y hostigamiento.

“Es necesario brindarles contención, ya que en una situación de crisis económica como la actual, es imprescindible entender a la economía popular como una forma legítima de trabajo digno.Las personas que se dedican a la venta ambulante lo hacen en su mayoría por necesidad y, por tal motivo, no pueden abandonarla mientras no accedan a una alternativa mejor. Entendemos que Ciudad tiene que ordenar el espacio público, la prohibición actúa como un agravante de la situación existente”, sostiene Bárbara Rossen, a cargo de la Conducción Ejecutiva del área de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la CABA.

La Defensoría del Pueblo porteña propone la sanción de un régimen de regulación y autorización para las actividades de venta en vía publica y la constitución de una Mesa de trabajo interinstitucional, integrada por especialistas, entidades no gubernamentales y comerciantes en vía pública.

Todo el proceso se transforma en un círculo vicioso del que los senegaleses no pueden salir; la criminalización es el resultado: “El ejercicio de la economía popular es reprimida en la calle y los criminaliza de una forma que le impide después resolver sus problemas de documentación para regularizar su situación en el país”, advierte Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). El organismo -aseguran- está trabajando en la Agenda Migrantes 2020.

Un país para ¿todes?
En el plano nacional, la modificación de la Ley de Migraciones (25.871) en 2017, que permite la expulsión de personas migrantes del país, generó situaciones de vulneración de derechos y de racismo nunca antes vistas en la Argentina.

“Vamos a luchar contra la discriminación contra las personas migrantes”, dijo el presidente Alberto Fernández en el discurso de apertura de sesiones en el Congreso, pero aún no se concretó la derogación del decreto 70/2017 de Macri que afecta a tantas familias migrantes en el país desde hace tres años.

El logro de que la discriminación hacia las comunidades de migrantes haya sido mencionado en un discursos presidencial se opaca cada mañana cuando vendedores y vendedoras (de Senegal, Perú, Paraguay o donde sea) tienen que lidiar con Espacio Público y la Policía de la Ciudad. 

La doble vara de Larreta
El mensaje de Larreta es claro: en el Presupuesto 2020, la Policía recibió el mayor incremento: 75.820 millones de pesos.

El jueves 5, mientras la Policía de la Ciudad hacía abuso del poder que le concede Rodriguez Larreta en las calles de Once; a pocas cuadras, el jefe de Gobierno encaraba un nuevo capítulo de Comisarías Cercanas, el ciclo mensual donde les vecines disertan ante autoridades policiales y funcionarios porteños sobre sus inquietudes con respecto a la inseguridad.