"No nos quieren en la calle, nos quieren eliminar"

¿Sabías que la Policía puede demorar a una persona hasta 48 horas, pese a que la Constitución prohibe las detenciones a contraventores? ¿Sabías que para el próximo año la Ciudad contará con un presupuesto de 480 mil millones de pesos, lo que se traduce en mayor equipamiento y armas para la Policía? ¿Sabías que, además de alterar el derecho a la defensa  y posar la lupa en faltas simples (como si fueran delitos penales), en un contexto de abuso de la autoridad, la "versión policial" tendrá el peso suficiente al momento de apretar las esposas, labrar una acta  y aplicar una sentencia que ayude a establecer el "orden"?

En la esquina de Avenida de Mayo y Diagonal Norte confluyeron el reclamo de los trabajadores "informales", y el de les residentes y concurrentes de la salud que organizadxs están haciendo historia y que, tras varios días de lucha contra la precarización laboral, consiguieron una mesa de diálogo y la suspensión de la Ley N° 2828 por tiempo indeterminado.

Una bomba de estruendo revienta ahí nomás del cielo y capta la atención de todxs. Incluso la de un policía, que sonríe, lanza un comentario al aire y se destapa el oído con el dedo índice. A un costado del barullo, parada sobre la vereda, como hipnotizada y con mirada perdida, está Alegría.

Alegría trabajó siempre en la calle. Tanto que tiene arrugas y canas. Cuando le preguntamos de dónde viene, con cierto temor, responde: "Soy del Perú". Alegria, como tantos otrxs migrantes, está acostumbrada a que la Policía la persiga, la humille, la criminalice y desprecie por no haber nacido acá. Y que le roben la poca mercadería que tiene para vender en la calle Pueyrredón del barrio de Once. "Viene Espacio Público, te saca las cosas y cuando les pedís los papeles salen corriendo. La mercadería se la reparten entre ellos, o la tiran en galpones para que se pudra", denuncia Alegría, quien tiene un hijo discapacitado al cual cuidar.

En un perfecto castellano -lleva nueve años en la Argentina-, Paco agradece que nos hayamos acercado a charlar con él y visibilizar su triste realidad. Los senegaleses son presa fácil ante la voracidad de la Policía y la pesadilla de los empleados de Espacio Público que secuestran mercadería. Según el último informe de la Defensoría General de la Ciudad, en el 2018 hubo 622 víctimas de la violencia institucional que impone la Policía. 527 fueron detenidas e imputadas por delitos, 95 por contravenciones.

"Basta de maltrato. No es delito ganarse el pan de cada día. Nuestros hijos tienen hambre", agrega Soledad. Hasta hace poco trabajaba como administrativa, pero la echaron por reducción de personal. Hoy le toca rebuscársela como vendedora ambulante, y en un futuro espera que sus hijos sean profesionales, estudien y sigan una carrera, "para que la Policía no los trate como a nosotros".