Los peces más contaminados y depredados del mundo

Desde que el modelo de producción transgénica veneno dependiente fue instalado en nuestro país a fines de la década de 1990, la cantidad de productos químicos –como los hallados en el agua de los ríos y lagunas y en el interior de los pescados– que se tira en nuestros territorios ha aumentado considerablemente. Según datos oficiales, en 2002 se vertía sobre los campos argentinos 151 millones de litros de veneno. Ese número fue creciendo de manera escandalosa: en 2008 aumentó a 225 millones, cuatro años después a 317 y se calcula que, en la actualidad, se vierten 600 millones de litros de insecticidas y plaguicidas.

Sin embargo, ninguna de estas alertas fue tomada en cuenta por las autoridades sanitarias. Los peces estudiados –que residen en el Paraná, en el Salado y en la laguna Setúbal– forman parte de la dieta de argentinos e incluso se exportan a otros países con fines alimenticios. “Son pescados que estaban a la venta para el consumo humano”, destaca el investigador. 

El estudio resalta que “los niveles más altos del mundo de herbicidas polares (glifosato y glufosinato de amonio) se registraron en el músculo de los peces”. Y detalla: “En todos los sitios estudiados se detectaron pesticidas en muestras de sedimentos. Las altas concentraciones detectadas fueron de glifosato y AMPA, que es un metabolito en la degradación del glifosato, pero también cipermetrina,  piraclostrobina,  clorpirfos  y glufosinato de amonio, entre otros.

La conclusión de quienes llevaron adelante la investigación es que “los peces bioacumulan múltiples  residuos de plaguicidas en sus tejidos y todo el cuerpo, lo que disminuye la salud y su supervivencia“. En la parte final hay una advertencia: “La contaminación por pesticidas del río Salado representa una amenaza dañina para la viabilidad de la población de peces y otros organismos acuáticos y representa un gran riesgo para los consumidores humanos“.

Araguas reconoce la dedicación puesta por el magistrado judicial y manifiesta que la prueba aportada fue contundente: “Acreditamos con el Instituto Nacional de Limnología (INALI), que las especies corren peligro de subsistencia”, asegura.

El INALI es uno de los institutos del Conicet, goza de un merecido prestigio en la zona y tiene entre sus objetivos el de “contribuir al conocimiento de los organismos, fenómenos biológicos y procesos de bioreproducción en los ambientes acuáticos, especialmente en los vinculados al río Paraná y su cuenca”

La abogada relata que la contundencia de la prueba aportada llevó a que el Juez a cargo requiriera una serie de informaciones al Estado de la Provincia de Santa Fe para que explique qué controles lleva a cabo, qué información tenía al respecto y qué número de peces había en poder de los frigoríficos.

Ante la pobreza documental presentada por la Provincia, el Juez no dudó en otorgarle un plazo no mayor a 150 días para que se elabore un plan integral para el manejo del recurso ictícola. Asimismo, el Doctor Carbajo resolvió que caiga sobre su persona el rol de controlador de ese plan, que la información suministrada sea pública y que debe cumplirse con las leyes de puertos y de fiscalización.

Este último punto resulta de vital importancia, pues si bien existe un Consejo Provincial Pesquero que, junto con la Dirección de Puertos, debe controlar e informar entre otros temas la población de los peces, al no ser convocada por el Estado Provincial no ha tenido reuniones. “La ley especifica que los encuentros deben ser mensuales, sin embargo, durante la bajante, en 2020, no se realizó ningún encuentro y luego fue convocado solo en dos oportunidades al año”, detalla Romina Araguas.

Con la inclusión de entidades ambientalistas a este Consejo, producto de la resolución judicial dictada, existe mayor expectativa en su funcionamiento, aunque hasta el momento, el gobierno provincial no había hecho la convocatoria. Las elecciones siempre son más urgentes que los temas estratégicos. 

En un contexto de campaña electoral, grietas, confusiones e incertidumbre, un sector –que se encuentra afectado económica y socialmente por la falta de políticas públicas en la conservación de los peces– expresó su descontento por lo resuelto en sede judicial. Se trata de los pescadores que, por desconocimiento e influido por poderosos sectores económicos y políticos, suponen que la medida atenta contra su modo de subsistencia. Araguas afirma que se trata de todo lo contrario: “Nos enfrentan a ambientalistas con los pescadores cuando lo que estamos reclamando es que siga habiendo peces en el río, ya que, de continuar con este tipo de práctica extractivista para la importación, lo más probable es que se agote el recurso ictícola. Y eso afectará, entre otros, a los pescadores”. 

No se trata de una aseveración exagerada. Los  pocos datos existentes detallan que en la actualidad hay una cantidad muy inferior de población de peces que la existente hace tan solo diez o 20 años. Desde la infame década de los 90, cuando se permitió la exportación de peces, su presencia se fue aminorando a pasos agigantados, incluso de ejemplares que, por su tamaño, no debieran ser pescados. Una situación que no importa a los grandes frigoríficos, verdaderos depredadores de este recurso que actúan bajo la complicidad por inacción del estado provincial, que siempre avaló este desmadre bajo el pretexto de que se necesitan dólares.

Por todo esto también es de importancia un fragmento del fallo judicial que le ordena a la provincia que elabore un método de re-poblamiento de peces autóctonos, aunque Araguas se encarga de aclarar que “lo ideal es que la naturaleza se autoregule” y explica que “hay que tener cuidado, muchas veces se repueblan solo con peces productivos que serán luego pescados por los grandes frigoríficos para su exportación”.

Para quienes venimos observando luchas y movilizaciones por saqueos similares –minería a cielo abierto, fracking, explotación del litio– lo ocurrido en nuestros ríos nos remonta a las mismas prácticas extractivas. Pareciera ser un mismo modelo de depredación que, sin licencia social, genera profundos daños al ambiente para la riqueza de unos pocos.

Romina Araguas coincide en esta apreciación: “Esto también es extractivismo. Se ve menos porque no aparece el agujero que deja el fracking o la megaminería, o las enfermedades que producen las fumigaciones, pero se trata de la misma práctica y de similar daño”.