Riesgo eléctrico: cuando el Estado apaga la luz

La historia del riesgo eléctrico tiene su propio expediente judicial. En 2010, vecinos y vecinas, acompañados por el Ministerio Público de la Defensa y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentaron una acción de amparo colectivo contra el Gobierno porteño. El Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) ya había advertido entonces que el riesgo era “general, estructural e inminente”.

En 2013, el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 4, a cargo de la jueza Elena Liberatori, falló a favor de la comunidad y ordenó al Gobierno de la Ciudad elaborar un “Proyecto Eléctrico Adecuado” que debía incluir mejoras en la red pública, adecuaciones en las instalaciones internas, campañas de prevención y una asignación presupuestaria específica. La sentencia fue confirmada en 2016 y 2018, pero el Gobierno porteño la incumplió sistemáticamente.

En 2020, la Cámara de Apelaciones declaró el desacato e impuso una multa al Jefe de Gobierno por cada día de demora, aunque la sanción nunca fue ejecutada. Casi 15 años después del inicio del reclamo, en 2025, el Gobierno presentó finalmente un plan. Pero la propuesta excluyó deliberadamente a representantes comunitarios de la Mesa Técnica que debía debatirlo, exigiendo especialización técnica en materia eléctrica y violando los principios de participación ciudadana. Todavía ese plan no tiene cronograma, ni explican el impacto integral real que tendrá en la 21-24 y Zavaleta.

El último relevamiento de ACIJ, el Observatorio Villero de La Poderosa y la Fundación TEMAS, fue realizado en diciembre de 2024. Mostró una postal alarmante. Nueve de cada diez viviendas sufrieron cortes eléctricos en el último año y más de un tercio padece interrupciones mensuales. En un barrio sin red de gas natural, el 94% depende exclusivamente de la electricidad para calefaccionarse.

Las cifras del informe son contundentes: el 45% de las viviendas tiene cableado externo sin cañerías, un 25% usa materiales inadecuados y apenas un 30% cuenta con instalaciones seguras. Solo el 7% de los hogares tiene protección completa contra descargas o incendios. Habla de noches en las que los cables chispean sobre los techos, de electrodomésticos que se queman y de incendios que arrasan en minutos cualquier vivienda. 

El relevamiento técnico comunitario también reveló la precariedad de la red pública: apenas el 3% de las ménsulas que sostienen los cables está en buen estado y en más de la mitad de los casos directamente no existen. El 64% de los soportes está dañado, improvisado o ausente, lo que permite desplazamientos sin control y aumenta el riesgo de contacto accidental. Se identificaron, además, transformadores energizados sin señalización ni protección perimetral, accesibles desde espacios comunes, un incumplimiento crítico que expone a toda la población.

El riesgo eléctrico en el barrio no es un problema técnico aislado: es una expresión de desigualdad urbana. Mientras las empresas distribuidoras -Edesur- se encargan del suministro hasta los postes, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) debe garantizar la seguridad interna en la red de distribución y en las viviendas. Pero el IVC, a cargo de Leonardo Coppola, sufrió en 2025 una reducción del 27%  de su presupuesto, el nivel más bajo en trece años. Este dato empeora cuando analizamos el presupuesto de 2026, que todavía se está discutiendo en la Legislatura porteña, que es aún peor, aún más bajo. Esto impacta directamente en todas las villas de CABA porque mientras menos caja tenga el IVC, menos obras integrales pueden realizarse en estos barrios.

El plan eléctrico presentado por el Gobierno de la Ciudad en 2025 no detalla presupuesto ni metas concretas, subordina su ejecución a la “disponibilidad de recursos futuros” y no especifica a cuántas viviendas alcanzará. Tampoco prevé indicadores de impacto ni contempla las condiciones climáticas o edilicias que agravan el riesgo. El 75% de las viviendas tiene humedad y el 68% no posee disyuntores y/o jabalinas, lo que incrementa la posibilidad de electrocución.

En Villa 21-24 y Zavaleta, la electricidad sigue siendo una frontera entre la vida y el peligro. Ya casi quince años después del fallo judicial, los cables que cruzan el barrio siguen sosteniendo una deuda: la de un hábitat seguro, todavía pendiente.