¿Qué hace la Justicia para prevenir los femicidios?

Gladys Villalba es directora ejecutiva de la Asociación Civil Razonar, una organización de derechos humanos con perspectiva de género que acompaña a mujeres y niñas víctimas de violencia. Trabajan en el partido de Moreno y otras regiones como Luján, Merlo, Ituzaingó, y Morón, de manera interdisciplinaria con un equipo de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y otrxs profesionales.

“Las asesoramos, las acompañamos a hacer todo el recorrido de la ruta crítica: ir a la comisaría a hacer la denuncia, a los juzgados, fiscalías y todos los organismos que tienen que darle una respuesta a la mujer para que pueda salir del círculo de la violencia”, cuenta Villalba. Hoy -en plena pandemia- continúan brindando asistencia de forma presencial de lunes a jueves de 10 a 16 en el vagón violeta que está en la Estación de Moreno. María Maldonado encontró ayuda en ese lugar.

Ni el incremento de penas, ni el confinamiento de los violentos en cárceles erradicará la violencia machista, los espacios de encierro no contemplan tratamientos para los agresores que se encuentran cumpliendo condenas. Se necesitan políticas públicas integrales que brinden una protección real a los cuerpos feminizados que se encuentran en riesgo. 

¿Por qué no se controla a los agresores cuando violan las restricciones y representan un peligro manifiesto? ¿Por qué las medidas siempre dependen de las víctimas?

Villalba asegura que faltan políticas públicas de acompañamiento de parte del Estado que les permita a las mujeres trabajar y deconstruir lo que genera la violencia en sus vidas: “El botón antipánico no es una buena herramienta porque depende de la mujer, tienen que asegurarse que esté cargado, controlar que no se caiga la aplicación, tener un celular con Android e internet. Atendemos a varias mujeres con botones, y en estos 10 días, por lo menos cuatro me llamaron para decirme que no estaba funcionando. Las perimetrales tampoco la respetan los agresores, y cuando las violan, las mujeres tienen que llamar al 911 y los patrulleros tardan a veces hasta una hora y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas”.

“El agresor de Camila Tarocco tenía una perimetral -agrega- pero ella no estaba siendo acompañada desde lo psicológico y volvía a su círculo de violencia, no podía romper con eso. En Moreno no hay un lugar donde puedan hacer un tratamiento psicológico de forma gratuita. Las mujeres que no pueden empoderarse en sus derechos, no solo vuelven con su agresor, sino que vuelven a relacionarse con personas con el mismo perfil del agresor, ahí tiene que haber una política fuerte de acompañamiento”. 

Demandas desatendidas

Para Villalba es urgente que se implementen políticas públicas para trabajar con los varones, porque cree que aislar a las mujeres no es lo correcto. Desde su organización trabajan para que sea el agresor quien salga de la casa donde vive.

Cuenta una de las últimas situaciones de violencia en la que están trabajando en Moreno: “Hace unos días me llamó una persona que me dijo: ‘estoy viendo de enfrente de mi casa cómo el marido de mi vecina la golpea’. Le dije que llame al 911, después de un rato largo llegó un patrullero, la mujer atendió al policía, éste le preguntó si estaba bien, ella estaba con golpes, tenía la cara marcada, le preguntó si quería hacer la denuncia y ella dijo que no, ¿cómo va a decir que quiere hacer la denuncia si su agresor está detrás de la puerta? Ahí es donde la Policía tiene que actuar de otra manera, pero no está capacitada y si el 911 hubiera llegado rápido tal vez encontraba al hombre golpeándola. Como esa mujer debe haber miles. Es importante que las mujeres sepan que tienen que llamar al 144 aunque cueste comunicarse, y que si están en peligro tienen que llamar al 911”.
De este lado del teléfono le pregunto a María: ¿Qué te gustaría que haga la Justicia para protegerte?

“Que actúe más rápido. Las medidas perimetrales salen en poco tiempo, pero no hay un seguimiento de los agresores. No creo que la solución sea meterlo preso porque yo sé que algún día puede salir con más odio y resentimiento y me puede matar igual. Yo creo que debería tener un tratamiento psiquiátrico, que lo trate un especialista para que vea que es lo que le pasa y que deje de ser un peligro, tratar de ver porqué tiene ese comportamiento violento, porque maltrata a los demás. Quiero que la Justicia actúe desde la primera denuncia, que no espere a que golpeen o maten a una mujer”.

¿Cuántas más tienen que morir para que la Justicia efectúe nuevas acciones y para que el Estado implemente políticas públicas de emergencia para enfrentar la problemática de la violencia machista? ¿Y a las travestis y trans quién las cuenta? ¿Por qué no figuran en las estadísticas? 

El Estado aún no reconoció la gran deuda que tiene con la población más vulnerada, carente de derechos básicos como educación, salud, trabajo y vivienda, con una expectativa de vida que no llega a los 40 años, la mayoría de las muertes de travestis y trans se vinculan a enfermedades evitables de las que no mueren tempranamente de otro grupo social.

María sabe que su vida corre peligro, no quiere ser parte de las estadísticas, por eso habla, denuncia y pide ayuda. A pesar del miedo con el que convive cuenta que ahora es feliz porque, lejos de su agresor, recuperó su vida, su libertad y puede disfrutar de sus hijxs.

¿Qué puede hacer el Estado por nosotras?

Aun cuando la Justicia actúe en tiempo y forma aplicando condenas justas, el castigo representa la última herramienta en los casos donde la violencia ya es un hecho consumado. Todos los esfuerzos deben concentrarse en evitar llegar a esa instancia. La educación con perspectiva de género en todos los niveles de las escuelas, en el marco del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), es una de las alternativas más eficientes para prevenir, conocer y reflexionar sobre la violencia machista en niñxs, jóvenes y adultxs. 

También urgen campañas de concientización que promuevan la igualdad de género en todos los ámbitos sociales y el desarrollo de estadísticas que permitan un análisis exhaustivo de la problemática a nivel nacional, lo que posibilitará la creación de políticas públicas para prevenir la violencia y brindar un correcto acompañamiento y asistencia a las víctimas por parte del Estado. Para eso hace falta presupuesto y un Gobierno que tome la decisión política de atacar esta problemática con la urgencia que merece.