Un grito urgente en Tucumán: paren de matarnos

por Celina De la Rosa
Fotos: Milagro Mariona
04 de noviembre de 2020

En octubre se registraron cuatro femicidios y hubo 18 casos en lo que va del año. La conmoción por las dos niñas llamadas Abigail y el brutal asesinato de Paola Tacacho, con varias denuncias previas, ponen a la provincia en el foco de la violencia machista. La ausencia del Estado y los casos que involucran a funcionarios.

(Desde Tucumán)

Una tapia, que recorría casi 100 metros con ladrillos huecos, dividía el barrio popular de Rocío Abigail Riquel de un terreno privado improductivo de más de 30 hectáreas. Ese muro color cemento de unos 3 metros de altura era una especie de cortina para las personas que armaron sus casitas a la vera de un canal, a partir de una toma tierras del año 2002. Así se repite el paisaje de los márgenes de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

El día después de hallar el cuerpo de la pequeña Abigail, de 9 años, sus vecinas y vecinos decidieron derribar la pared. Derribaron ese símbolo concreto para no callar su femicidio y las condiciones sociales en las que viven. Durante esa jornada llegaron, también, unas 200 personas sin techo a tomar el escenario de ese crimen que, además de acumular basura, ocultaba otras historias tristes, abusos y suicidios. 

En Tucumán ya son 18 los casos de femicidios en lo que lleva transcurrido el 2020. Cuatro de ellos en el mes de octubre. También son 4 las niñas asesinadas este año, todas ellas de sectores sociales que están debajo de la línea de la pobreza. Así, la pequeña provincia norteña se convierte en una de las que más crímenes por motivos de género ha sufrido. A continuación, una recorrida por tres casos recientes y emblemáticos de la violencia machista local.

 

Femicidio de Abigail Riquel

La familia de Abigail llegó, hace 15 años, desde Tres Isletas, un pueblito de la provincia de Chaco. Primero su papá, Pablo. Luego se sumó Sofía, su madre, y su hermana mayor. Vinieron a buscar trabajo y condiciones para una vida digna. “Nos trajo la pobreza y el hambre”, recuerda Pablo. El resto de sus hijes nacieron en Tucumán. 

Trabajaron juntos y sin descanso para darle lo mejor que podían. Relatan que su casa comenzó siendo “una choza” de nylon y palos. Ahora, paredes de ladrillos y un techo de chapa protege a la familia Riquel; tienen también un patio con árboles y un cactus catedral en la puerta. Pablo se dedica, como muchos de sus vecinos y vecinas, a las changuitas en las casas de los barrios cercanos o a la recolección de materiales reciclables. Trabajos “sucios”, trabajos “humildes y dignos'', según sus propias palabras.

Son pobres. Lo repiten para explicar el abandono estatal que pasaron y que tienen marcado en el cuerpo. No hay sonrisas y las miradas perdidas cobran furia cuando relatan los hechos que prueban la responsabilidad del Estado, la desidia de la Policía y las versiones estigmatizantes de los medios de comunicación sobre el caso.

Abigail salió de su casa pasadas las 9:30 del domingo 18 de octubre, cuando se festejaba el Día de la Madre en Argentina. Con el permiso de sus padres, fue a buscar a una amiguita para jugar a unos 200 metros de su casa. Después de una hora, su mamá salió a buscarla. Pero Abigail, que no había encontrado a su vecinita, ya no aparecía por ningún lado. Las últimas personas la vieron al lado de ese muro gris, juntando chapitas para jugar. 

Después de una búsqueda desesperada en toda la hilera de precarias viviendas, acudieron a la Policía para que ayudara. Pero en la seccional 12 no recibieron la denuncia de la familia de Abigail por la desaparición y argumentaron que le faltaban móviles para buscarla. Sólo dos policías, durante 20 minutos, recorrieron vagamente los alrededores. Luego se retiraron, sin dar explicaciones. 

Abigail no fue encontrada por las fuerzas de seguridad de la provincia. Mujeres, varones, jóvenes y hasta niñes acompañaron a la familia Riquel para rastrillar el terreno lindero. El muro, de tanto en tanto, tenía algunas aberturas por donde ingresaban personas a tirar basura, consumir drogas, incluso suicidarse. Recorrieron a pie el predio casi pelado de árboles y con altos montículos de tierra acumulada, que se habían formado luego de marcar unas incipientes calles. 

Cuando ya habían pasado 8 horas de su desaparición, la hallaron. Casi en el centro de la propiedad estaba el peor de los escenarios: casi toda cubierta de tierra, pantalón y calzado tirados a un costado y su cuerpo muerto a golpes. Vecinos la cubrieron con sus camisas y esa imagen horrorosa luego se viralizó en videos y fotos de whatsapp, mientras esperaban que la Policía regresara. 

En Tucumán ya son 18 los casos de femicidios en lo que lleva transcurrido el 2020. Cuatro de ellos en el mes de octubre.

Pero el terrible domingo no terminaba. Cuando llegaron las camionetas, los patrulleros y cientos de uniformados, se apostaron sobre avenida América y comenzaron a reprimir a quienes se habían solidarizado con la búsqueda. “Estaban muy enojados, porque la gente les gritaba que no habían estado, que no los habían ayudado, que no habían recibido la denuncia, que no evitaron la muerte de la niña, que como siempre no habían escuchado”, cuenta Claudia Escudero, vecina y militante del Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional. 

Tiraron gases lacrimógenos, balas de goma y golpearon con saña, al punto que un adolescente tuvo que ser operado por las fracturas que sufrió en piernas y costillas. A los barrios de esta zona de San Miguel de Tucumán no les es ajeno el horror de la violencia patriarcal que se cobra la vida de niñas. Una plaza cercana lleva de nombre “Merceditas”, por una niña que fue abusada, asesinada por dos varones de su familia y escondida en un tanque de agua, cuatro años atrás. Hasta los más pequeños del vecindario conocen el motivo de ese nombre.

 

La olla a presión de la violencia

Según la autopsia, Abigail fue asesinada por un golpe contundente en la cabeza y presentaba signos de asfixia. Además, la nena tenía indicios de haber sido abusada sexualmente. El responsable de este femicidio, de acuerdo al testimonio de un vecino, sería José Guaymás, de 24 años. Cuando fueron a buscarlo a la casa donde vivía  junto a su madre y familia, a solo una cuadra del hogar de la niña, no había nadie. La vivienda fue incendiada por los vecinos. Esa noche no se durmió y en todo Tucumán la sensación de desprotección volvió a surgir. 

Al día siguiente ya pesaba sobre ese hombre una orden de captura emitida por el fiscal Ignacio López Bustos, a cargo de la Unidad Fiscal en Homicidios I. La foto de “El Culón”, como dijeron los medios de comunicación que lo apodaban, comenzó a circular por las redes. Distintos grupos de personas, no sólo del barrio donde vivía la pequeña, se habían organizado para encontrarlo. La bronca siguió a la falta de respuestas. A través de mensajes por celular y redes sociales se pasaban los rumores de los distintos puntos donde podía estar escondido. 

Pablo y su familia esperaron durante toda la calurosa mañana de ese lunes, que mamá Sofía trajera de la morgue el cuerpo de su niña para poder despedirla en un velorio. Aguardaban en el patio de tierra, en una ronda de sillas plásticas con carteles pidiendo justicia. Esa misma tarde, decenas de niños y jóvenes llevaban, como un uniforme, remeras con el rostro de Abigail. Caminaron por la calle tras un pequeño féretro negro que les habían conseguido los servicios sociales. En Tres Isletas, Chaco, también salieron a la calle familiares, amigos y organizaciones de mujeres y sociales para pedir justicia por la niña de 9 años. 

Frente a la seccional 12 tucumana hubo corte de calle y mucha bronca. En la memoria social emergió el historial de la Policía provincial con relación a la violencia sobre los sectores más vulnerados. Basta recordar su accionar en la última dictadura, los escuadrones del “Malevo” Ferreyra, la complicidad en el encubrimiento del femicidio de Paulina Lebbos y en la desaparición de Marita Verón, el levantamiento policial de 2013 con víctimas fatales que nadie sabe contar, Facundo Ferreira (12 años) asesinado por una bala policial, el cuerpo de Luis Espinoza tirado por oficiales en un barranco de Catamarca, el asesinato de Walter Ceferino Nadal en una réplica de la escena en la que un policía de Minneapolis asfixia al estadounidense George Floyd… La respuesta es siempre la misma: nada cambia.

 

Un desenlace brutal y muchos interrogantes

Para el miércoles 21 de octubre no había rastros precisos del joven prófugo. A la tarde hubo una concentración convocada por el colectivo Ni Una Menos Tucumán, donde Sofía y Pablo llegaron rodeados de niñas, niños, jóvenes y vecinos. Recién allí se enteraron de que Guaymás había sido sorprendido al sur de la capital tucumana, en el barrio 240 Viviendas, por un grupo de personas que lo vieron entrar y salir a la madrugada de una casa. 

Montados en dos caballos, unos vecinos de esa zona lo persiguieron a mitad de un campo y cuando lo atraparon, una horda lo golpeó hasta provocarle la muerte. El linchamiento no fue prevenido por la Policía. Cuando llegaron, una vez más, era tarde. La brutalidad, la reacción sin ley y la naturalización de la desprotección estatal, llegaron por mensajes de whatsapp y se reprodujeron hasta el infinito por los medios de prensa.

En la seccional 12 no recibieron la denuncia de la familia de Abigail Riquel por la desaparición y argumentaron que le faltaban móviles para buscarla.

Al cierre de esta nota, el resultado de los exámenes genéticos para cotejar la autoría del femicidio de Abigail está pendiente. De acuerdo a José María Molina, abogado que acompaña a la familia, estos estudios tienen una demora de 15 días y el Ministerio Público Fiscal “estaría apurando” para dar obtener los resultados que darían un cierre a la causa caratulada como abuso sexual seguido por muerte. Mientras tanto, el letrado afirma que no descartaron la participación de otras personas, por lo cual continúan investigando y avanzando sobre esa posibilidad. No hay respuestas sobre si se investigará el accionar policial. 

Sofía y Pablo, sentados en las ruinas del muro, con su hijo más pequeño entre ellos, se abrazan y se consuelan rodeados por sus vecinas y vecinos. “Todavía no recibimos ningún apoyo (del Gobierno), son palabras y palabras que siempre dicen, pero todavía no pasa en nada concreto. Nos dicen la Justicia, te vamos a ayudar, pero no cambia nada. Tenemos que seguir haciendo lío, seguir haciendo marchas para que todo esto cambie de una vez por todas. La gente no necesita palabras, la gente necesita que esto cambie y si hay algún cómplice que busquen a esa persona. Que no ensucien a los vecinos. Son personas trabajadoras, humildes, todos tienen familia y todos peleamos por lo mismo: sobrevivir”. Pablo Riquel cierra la entrevista a mitad de un corte de calle. 

 

Femicidio de Abigail Luna 

Ese Día de la Madre, Tucumán fue una tragedia. Cuando llegó la noche, había conmoción en todas partes, principalmente en los alrededores de Villa Muñecas y en el barrio San Cayetano. Además de conocer la crueldad del sistema social, cultural y económico que significa el patriarcado en el cuerpo de Abigail Riquel, el periodismo daba a conocer un femicidio vinculado.

Otra niña, pero de dos años. Otra Abigail llegó muerta al centro de asistencia primaria de ese barrio por los golpes que sufrió por parte de su padrastro, Juan Gerardo Paz, de 33 años. No fue la primera vez que la castigaba para amedrentar a su madre y mostrar su autoridad. Hacía siete meses que convivían en una pequeña casa alquilada. Su madre, de 25 años, cuidaba de ella y de su hermana de 6 años, con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta alimentaria. No tenía empleo ni ingresos extras.

Pasadas las 19, en la Policlínica de San Cayetano, la madre de la niña –una vez que pudo estar a salvo en una habitación alejada de su pareja– habría contado los maltratos a los que eran sometidas. Pudo negarse a dar la versión que Paz quería dar: que se habían caído de la moto. Los politraumatismos fueron constatados por el personal de salud y Paz quedó demorado en ese momento. Posteriormente, el fiscal Ignacio López Bustos dispuso su aprehensión. 

La familia de Abigail Luna está acompañada  por la abogada Betina Laguna Mendoza, del equipo de la Fundación María de los Ángeles. Cuenta que el 90 por ciento de los casos que atienden están vinculados con violencia por motivo de género: “Por lo general son mujeres que se encuentran en un contexto bastante comprometido en el aspecto económico y social, una baja instrucción educativa; algunas no tienen la secundaria completa, otras solamente el primario. Vienen con problemas familiares preexistentes o de relaciones anteriores también marcadas por los rasgos de violencia, lo cual las lleva a esa sumisión”.

El lunes 19 de octubre se realizó una audiencia remota de formalización de la investigación sobre el crimen de esta niña de dos años, bajo la calificación provisoria de homicidio agravado. En el inicio del proceso judicial, Paz contaba con la defensa oficial que le proporciona el Estado, que ofreció un juicio abreviado con el acuerdo de una pena de 25 años de prisión. Pero esto no fue aceptado por la madre de la víctima. En representación del Ministerio Público Fiscal, López Bustos solicitó la prisión preventiva y el juez Pedro Roldán Vázquez avaló parcialmente el pedido, por el plazo de dos meses. 

La defensa pasó luego a estar a cargo de Eduardo Andrada Barone, un polémico abogado que amenazó a un testigo y fue separado de la defensa técnica del ex jefe de la Policía de Tucumán, Hugo Sánchez, imputado en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos, la joven asesinada en 2006 en la provincia. Entre las medidas de prueba ya realizadas, se le tomó declaración en Cámara Gesell a la hermana de Abigail.

Una vez en calma, la mamá de Abigail Luna pudo negarse a dar la versión que el femicida de su hija quería dar: que se habían caído de la moto.

 

Infancias en riesgo

La abogada Laguna Mendoza señala que la pandemia de Covid-19 ha desnudado las deficiencias del sistema de protección a las infancias: “Desde la Fundación nos hemos encontrado con dificultades a la hora de la comunicación con la directora de Familia. Deja mucho que desear el abordaje que está teniendo en este momento, atienden desde la casa, funcionan sólo tres equipos, no cuentan con móviles para el traslado. Hubo un cambio de autoridades, que hoy son inaccesibles a la hora de atender algunos casos de riesgo”.

No sólo la pandemia repercutió en los servicios de protección de la infancia de la provincia, sino que también hubo cambios en la gestión de la Secretaría de Familia, Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, lo que trajo aparejada la falta de políticas integrales con perspectiva de derechos, niñez y género. Quitaron peso al trabajo territorial para ceder paso a las intervenciones caso por caso, trabajando desde la emergencia, con una mirada más asistencial y paternalista del Estado. Hasta hubo retrocesos en la laicidad de algunos dispositivos de cuidado institucionales. 

Fernanda Marchese, directora de Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), señalaba en una entrevista con Tiempo Argentino la ineficacia en la prevención de este tipo de casos: “Esta ausencia es tan violenta, que a su vez genera un espiral de violencia incalculable, donde la sociedad recibe ese mensaje de abandono. Por eso hay una sociedad indignada, dolida, enojada, con miedo. Es un pueblo que no recibe respuestas del Estado ni antes, ni durante, ni después. Con una Justicia lenta, y sobre todo con las niñas”.

Andhes presentó una serie de recomendaciones para el Sistema de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes, con servicios locales de infancia para fortalecer esa capacidad territorial de atención y acompañamientos a casos. “Se generan cuellos de botellas en la atención de casos de vulneración de derechos de las infancias –explicaba Marchese–, las medidas de protección no son controladas, no hay inversión en los dispositivos dedicados a la niñez y falta jerarquización del personal. Esto tiene que ver con una mirada sobre las tareas de cuidado, que históricamente son destinadas a las mujeres, por lo cual no son valoradas de la misma manera. Se las asocia a la vocación. Son urgentes condiciones dignas de contratación y sueldos acordes”.

Hubo otras presentaciones por parte de las organizaciones Andhes, CLADEM y el colectivo Ni Una Menos Tucumán, solicitando la formación de una mesa de diálogo para el seguimiento de la sentencia del caso de Lucía (una niña de 11 años que quedó embarazada producto el abuso sexual perpetrado por su abuelastro  y que luego fue sometida a tratos crueles y demoras al solicitar la interrupción legal del embarazo). 

Esta sentencia, que lleva la firma de la Sala V en lo Penal, expuso las deficiencias del Poder Ejecutivo a cargo de Juan Manzur: “Nuestra provincia, no cumple con los estándares de prevención (…). La inconsistencia de políticas públicas permite que el sistema se vuelva inseguro, burocrático, y esto genera graves riesgos de salud que llegan inclusive a poner en riesgo la vida de las personas que necesitan una urgente atención, permitiéndose con ello violencia institucional”. Por ello, el fallo judicial dispone la realización de medidas efectivas: “La implementación de la Ley N° 26.150/06 de Educación Sexual Integral es imperiosa (…). En fin, acciones positivas en nuestra provincia que colaboren a modificar patrones y conductas actuales”. Pese a que la Justicia exhorta al Gobierno a la creación de la mesa de diálogo reclamada, pasaron tres meses sin respuesta.

 

Femicidio de Paola Tacacho

El viernes 30 de octubre, ante las miradas de peatones y habitantes del barrio céntrico de San Miguel de Tucumán, Mauricio Parada Parejas asesinó a puñaladas a su ex profesora Paola Tacacho y luego se quitó la vida con una puñalada en el pecho. Fue un femicidio anunciado por 5 años de denuncias presentadas ante el Poder Judicial local.

Ella tenía 32 años, era docente de Inglés en los niveles secundario y terciario. Era oriunda de Salta, donde también vivía su pareja. Se había recibido en la Universidad Nacional de Tucumán. Los mensajes de familiares, amistades y colegas brotaron en las redes para contar la lucha de Paola contra su acosador. Cada uno de los mensajes intimidatorios recibidos por la docente era una tortura repetida. “No puedo evitar ponerme mal cuando me llegan estas cosas (mensajes intimidatorios), me arruinan el día”, relata la voz de Paola en un audio que difundió el portal Los Primeros.

La primera denuncia que presentó data de mayo de 2016, cuando consiguió una medida de restricción de acercamiento. Luego, en junio de ese año, Paola presentó dos denuncias contra Parada Parejas, ambas por desobediencia judicial. El Juzgado de Instrucción III, a cargo del juez Francisco Pisa, dictó el sobreseimiento porque consideró que no había pruebas y decidió no continuar con el proceso, ya que sería “un dispendio jurisdiccional innecesario”. Por este motivo, distintas organizaciones feministas plantean que “sin juicio político a este juez no habrá justicia para Paola”.

La tercera denuncia de 2016 fue por otra agresión del sobreseído Paradas Parejas, el 9 de septiembre. Las personas cercanas a la víctima relataron que el acosador atacaba por períodos. Sus amenazas y acosos eran en el domicilio de la joven, en su trabajo y en el gimnasio al que iba. Conocía los movimientos de Paola y no cesó el hostigamiento, a tal punto que ella debió cerrar sus cuentas en redes sociales.

"Esta ausencia (del Estado) es tan violenta, que a su vez genera un espiral de violencia incalculable. Por eso hay una sociedad indignada, dolida, enojada, con miedo."

En 2017 fueron dos las presentaciones, en el mes junio, por desobediencia judicial. En 2018 lo denunció cinco veces, en marzo, mayo y julio, por amenazas y desobediencia judicial. Una de las denuncias fue enviada a archivo por el auxiliar fiscal José Fernando Isa por “no contar con espacio físico”. 

Paola agregó otras dos denuncias este año. La primera, por un hecho de violencia cometido el 11 de mayo. La última, por amenazas proferidas el 12 de mayo. Sin respuestas de la Justicia Penal tucumana, el 29 de mayo Tacacho intentó la vía civil, con una demanda por daños y perjuicios. Este proceso, en el que se convocó a una mediación con su violentador, estaba en trámite cuando la mató. A todas estas demandas, hay que sumar las dos denuncias que hicieron en Salta la madre de Paola y sus primas, por los mensajes intimidantes que recibían también ellas.

Se realizaron conmovedoras marchas con gran convocatoria, llenas de bronca y lágrimas por la responsabilidad de los funcionarios estatales en el femicidio –claramente evitable– de Paola. Los mensajes de sus estudiantes, amigas, amigos y colegas sacudieron tanto las calles de Tucumán como de Salta. 

La Corte Suprema de Justicia provincial avanza en auditar el juzgado de Pisa. La presidenta del máximo tribunal, Claudia Sbdar, dispuso que se investigue la actuación del magistrado respecto de las denuncias que Paola Estefanía Tacacho había presentado en contra de su femicida.

 

Políticas públicas llenas de huecos

En marzo del 2020, las organizaciones de mujeres, feministas y el colectivo LGBTIQ+, se pusieron en alerta desde el inicio de las medidas de aislamiento por Covid-19, advirtiendo que la situación de la violencia machista en los hogares empeoraría. Los refugios, los equipos territoriales capacitados y la jerarquización de los distintos equipos de atención y acompañamiento, con el pago de sueldos adeudados, movilidad y el pase a la planta del Estado de su personal, fueron las primeras demandas que se enunciaron.

El Sistema de Emergencias (911) informó el 29 de octubre que recibe alrededor de 30 llamadas diarias y 200 semanales relacionadas a la violencia de género. En mayo, informaba que estos pedidos de auxilio eran entre 50 y 100 diarios y que este número se incrementaba los fines de semana. La falta de confianza y conocimiento fueron en aumento durante la pandemia, sobre todo por el encierro en los hogares  y la imposibilidad de realizar la denuncia en presencia de los violentos.

Referentas de los colectivos feministas, de mujeres y organizaciones políticas, sociales y sindicales coinciden en la falta de políticas públicas integrales, programas, presupuesto, seguimientos y otros recursos destinados a erradicar las causas de las múltiples vulneraciones que sufre una gran cantidad de personas en Tucumán. El diagnóstico es que las acciones desde distintos organismos del Estado sólo tapan los huecos.

Adriana Guerrero, de la organización feminista CLADEM-Tucumán, opina: “El Gobierno no escucha las demandas del movimiento de mujeres, demandas que tienen por detrás años de trabajo específico en la temática. Cuando decimos que estamos en alerta, significa que frente al aislamiento, por ejemplo, teníamos por detrás un enorme bagaje teórico y práctico que fundamenta nuestro reclamo de atención especial y específica. Me preocupa que nuestros reclamos legítimos no sean considerados y se traten como ataques”. 

Mauricio Parada Parejas asesinó a puñaladas a su ex profesora Paola Tacacho. Fue un femicidio anunciado por 5 años de denuncias presentadas ante el Poder Judicial.

“Las políticas de Manzur están orientadas a convalidar la miseria, vulnerabilidad y violencia de la niñez, mujeres y disidencias”, expresa Alejandra del Castillo, integrante del Partido Obrero Tendencia y de Ni Una Menos Tucumán. Suma: “El Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de la Mujer son instituciones vaciadas que sólo cubren urgencias, con trabajadoras y trabajadores precarizados e insuficientes para asistir efectivamente a estas poblaciones. Anunciaron la disposición de un lugar de refugio para mujeres en La Banda gestionado por una ONG, es decir, bajo la misma lógica de tercerización que se viene denunciando. Impulsaron una política de seguridad que solo es eficiente para reprimir derechos populares, como se demostró en el desalojo de la toma en Villa Muñecas. Sin embargo, le dieron la espalda y son, de hecho, responsables del femicidio de Abigail y del posterior linchamiento al femicida. También sostienen al ministro de Seguridad Claudio Maley, que ha dado vía libre al gatillo fácil y a la desaparición forzada de personas”. 

El panorama provincial muestra un retraso en la implementación de leyes ya sancionadas, como la Ley Micaela, la Ley provincial de emergencia en violencia contra las mujeres, el cupo laboral trans y la Educación Sexual Integral (ESI). Además, Tucumán aún no adhirió a leyes nacionales que llevan décadas en el plexo normativo argentino, como la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable o la implementación del protocolo para la atención de interrupciones legales de embarazos.

Marieta Urueña Russo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju) e integrante de NUM, dice: “Nosotras también venimos viendo desde hace un par de años un retraso en lo que es tanto la sanción de leyes a nivel provincial, pero también con la puesta en práctica de leyes que sí se sancionaron pero que después son letra muerta, carecen de presupuesto o sucede como con la Ley Micaela. Pudimos ver cómo se fueron realizando distintas capacitaciones con los altos mandos, pero no fue de la misma manera con mandos medios, personal jerárquico, ni en las bases del Estado. Tampoco a la fuerza de seguridad. La Policía sigue actuando de la misma manera, lo vimos en el femicidio de Abigail”. 

Para ella “hay un atraso, una falta de voluntad política”. Sobre el rol del Estado: “Hay distintas dependencias en las cuales necesitaríamos que tengan un rol más activo, que no se trata solamente de firmar convenios. Si estuviésemos haciendo bien las cosas, no seríamos la tercera provincia a nivel nacional con mayor número de femicidios y transfemicidios”.

Nada es casual en Tucumán. La provincia tiene causas frenadas contra políticos, funcionarios y jueces por violencias de género, como el ex gobernador José Alperovich, denunciado por abuso sexual hace un año; o José Orellana, intendente denunciado por abuso desde 2015; o Ricardo Bussi, legislador e hijo de un padre condenado por su participación en delitos de lesa humanidad, que fue denunciado por abuso sexual hace 5 meses; o el vocal decano de la Corte Suprema provincial, Antonio Daniel Estofán, investigado por acoso sexual a una empleada judicial. Las evidencias se multiplican igual que las vidas que se pierden.

 

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