¿Por qué Entre Ríos no está libre de fracking?

por Revista Cítrica
26 de abril de 2022

La provincia de Entre Ríos es la mayor productora de arenas silíceas que se usan en Vaca Muerta para extraer combustibles fósiles por medio de fracking. Ambientalistas denuncian que las areneras enferman a las personas y avanzan sin control sobre áreas protegidas.

El nuevo oro. Así le dicen a las arenas silíceas que abundan en Entre Ríos y se usan en cantidades colosales (cerca de 1500 toneladas por cada pozo) para hacer fracking (fractura hidráulica), es decir extraer petróleo o gas no convencional, principalmente en el yacimiento de Vaca Muerta (Neuquén). Este tipo de arenas mantienen abiertas las fisuras de las rocas subterráneas perforadas para que los fluidos broten de manera continua. De ahí su vital importancia; igual que los compuestos químicos y los millones de litros de agua que se inyectan a alta presión.

Según la Dirección de Minería de la Provincia, en 2019  la producción de arenas silíceas fue de 3.739.668 toneladas. Y se calcula que un 80% de los millones de toneladas que se extraen, procesan tienen como destino Vaca Muerta. Mientras que un menor porcentaje, se destina a la industria del vidrio y química. 

Esta provincia en abril de 2017 promulgó la ley 10. 477 que prohíbe el fracking… Pero, ¿está realmente libre de fracking? ¿Por qué en los últimos años Entre Ríos se convirtió en la principal proveedora de arenas silíceas del país? Más que nada por la abundancia del mineral en sus territorios y en el lecho del Río Paraná, además de ciertas ventajas en la logística que ayudan a reducir los costos: el material va por ruta desde Entre Ríos a Buenos Aires, y ahí en tren hasta la planta de tratamiento que Vaca Muerta consolidó en Añelo. 

Valeria Enderle, Directora Ejecutiva de Fundación CAUCE y especialista en derecho ambiental, nos ayuda a entender el porqué del apogeo de la extracción y el procesamiento de arenas silíceas en Entre Ríos: “Las arenas están en las canteras casi a flor de piel, entonces es mucho más sencillo y menos costoso extraerla. Las empresas tienen mayor rentabilidad”. 

La minería no es algo nuevo en la provincia. “Siempre fue una actividad importante en la provincia”, asegura Enderle. “Tenemos distintos tipos de canteras, hay distintos tipos de piedras, sedimentos y minerales, tiene que ver con las eras geológicas, cuando acá en vez de ríos, había mar. Así mismo había pocas empresas que se dedicaban a la extracción de arena y generalmente estaban relacionadas con la industria del vidrio. Ahora la mayoría de estas empresas destinan su producción a Vaca Muerta”.  

En los inicios del desarrollo del fracking en Vaca Muerta la arena se importaba de países como China, Brasil y Estados Unidos. Hasta el 2016 la provincia de Chubut lideró el mercado de estas arenas especiales gracias a la explotación del Grupo Arenas Patagónicas en la localidad de Dolavon. Desde Chubut, la arena era transportada en camión a lo largo de 836 kilómetros. Un camión estándar puede cargar unas 30 toneladas de arena, es decir que se necesitaban aproximadamente 50 camiones para cada pozo. Desde Entre Ríos el costo es mucho menor.

Vía libre 

Si bien no se conoce el número exacto, hablamos de que en Entre Ríos hay más de veinte proyectos de areneras entre canteras y extracciones de río, operando en zonas de alta preservación como humedales y bosques nativos –en algunos casos-, y sin certificado de aptitud ambiental vigente, en otros. Los departamentos de Islas del Ibicuy, en el sur de la provincia, Diamante, al límite del sitio Ramsar del Delta del Paraná, en Gualeguay y Concepción del Uruguay, son las zonas de mayor producción de arenas silíceas.

En el caso de la empresa Arenas Argentinas del Paraná, como miembro de Jan de Nul Group –líder mundial en actividades de dragado- avanzaron en la región de Diamante con la construcción de una planta de procesamiento de arenas para, una vez dispuestas en big bags, despachar la arena hacia Vaca Muerta.
 

Las empresas empiezan a operar con certificados provisorios. Esas situaciones después pasan a ser regulares. Les dan certificados de aptitud ambiental con vigencia por dos años, y en esos dos años tienen vía libre.


En el ambiente, la extracción intensiva de arenas silíceas genera erosión de los suelos, degradación de los ecosistemas y pérdida de la biodiversidad. En las personas, silicosis: enfermedad pulmonar irreversible producida por la inhalación de polvo de sílice.

Corría el 2018 y desde CAUCE, junto a otras organizaciones ambientalistas comenzaron a monitorear y detectar este tipo de actividades extractivas. “Empezamos a exigirle información a la provincia, accedimos al expediente de la empresa Jan de Nul”, nos cuenta Valeria Enderle. Revela: “Nos enteramos del megaproyecto que tenían en mente: extraer arena del río con una draga, construir una planta con la última tecnología–a la vera del río en Diamante- para tener a disposición la arena por medio de una tubería y sacarla en grandes bolsones (“big bags”) y trasladarla en camiones directamente para Vaca Muerta. Los camiones entran por el mismo camino por donde se va al Parque Nacional Pre Delta”.

La empresa pudo instalarse gracias a la complicidad política: “Esta empresa se instaló y armó toda su planta, recién después presentó la documentación e informes para obtener el certificado de aptitud ambiental en la Secretaría de Ambiente. El intendente Lénico Orlando Aranda emitió el certificado en diciembre de 2018 y recién convocó a audiencia pública en agosto de 2019. La participación ciudadana debe ser siempre previa a la emisión del certificado. En consecuencia la población opinó sobre algo que ya estaba armado, funcionando y tenía la firma del intendente. Lo que sabemos es que la empresa Jan de Nul todavía no tiene autorización para extraer arena del río; pero utilizan arena que les proveen terceros desde Paraná y desde Diamante. Empezamos a ver a otras areneras que estaban haciendo lo mismo". 
 

“Son canteras que trabajan un tiempo y contratan trabajadores informales. La gente piensa que las empresas las van a ayudar pero no es así”.

 La planta de lavado y clasificación de arenas de YPF se ubica cerca de una escuela y un barrio. Hace unos meses, Fundación CAUCE y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), presentaron un recurso de amparo ambiental que en octubre de 2021 consiguió una sentencia aplicando el principio de prevención. Entre otras cosas, obligó a la empresa YPF S.A. a hacer monitoreos y controles de la calidad del agua y el aire y análisis en biodiversidad del floculante SANUROIL; debiendo transmitir información resultante en un lenguaje sencillo para que pueda entenderlo la población. 

Eso no se está respetando. “Lo que tampoco han hecho y es un incumplimiento por parte del municipio y la provincia, es el estudio de impacto ambiental acumulativo”, señala Enderle. “Eso debieran haberlo hecho a los 180 días desde que la sentencia quedó firme el año pasado, es decir que los primeros días de abril venció ese plazo. Es una medida judicial que no se cumplió, es un delito. Siguen autorizando que haya canteras en Ibicuy y no han completado el estudio mandado por la magistrada. Actúan así por complicidad, y los intereses políticos y económicos de algunos son más fuertes”.

Tampoco se respetó el derecho al acceso a la información pública y a la participación ciudadana: la Municipalidad de Ibicuy convocó a una audiencia pública en época de restricciones por la pandemia de COVID con la información dispuesta por tan sólo cinco días previos y fue transmitida por una radio local y dejando afuera a la mayoría de sus habitantes. 

Así es como la población no se entera cuántas toneladas de arena se sacan, ni por dónde van a circular los camiones ni los efectos nocivos que la actividad tiene y tendrá en la salud de las personas y en el suelo. “Hacen audiencias virtuales y las personas ni siquiera pueden preguntar algo técnico que necesiten que le expliquen. No les interesa la opinión de la población. La Secretaría de Ambiente intenta hacer el mayor esfuerzo para evaluar los impactos que generan las empresas, el tema es que los tiempos de los controles y de los estudios de impactos ambientales, no son los tiempos de las empresas”, reconoce Valeria. 

“Por lo tanto, empiezan a operar con algunos certificados provisorios. Esas situaciones después pasan a ser regulares. A las empresas les dan certificados de aptitud ambiental con vigencia por dos años, y en esos dos años, si no lo renuevan, los controles son muy laxos. En la provincia los recursos para controlar y fiscalizar son escasos o nulos. El desastre es máximo a nivel ambiental, económico, social y de salud. Nos están dejando ambientes y territorios con socavones, sin suelo, sin vegetación, ni fauna. Extraen la arena y así quedan los territorios. Exploran, explotan y después dejan el terreno tal cual está, y a la naturaleza le lleva mucho tiempo recuperar el suelo y la vegetación. Y la fauna es muy difícil que regrese”. 

Un paso a favor

Entre tanta impunidad y hostilidad sobre los cuerpos y los territorios, hay conquistas que ayudan a visibilizar y desnudar el daño gravísimo que esta industria provoca en Entre Ríos. Según informó el sitio del Observatorio Petrolero Sur, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia falló contra la clandestinidad de las plantas de arenas silíceas (nueve empresas areneras y cuatro plantas de lavado) que operaban sin certificados ambientales. Las empresas tendrían 45 días para revertir su situación.

Ricardo Luciano, abogado de la Cooperativa de Agua de la localidad de Ibicuy -donde se vive el boom de la extracción de arenas silíceas- presentó un amparo ambiental que impulsó este fallo y al mismo tiempo dejó en evidencia las condiciones en las que trabajaban las empresas: con certificados vencidos, omitiendo audiencias públicas, negando el acceso a la información y participación ciudadana, entre otras irregularidades. 

El caso de El Mangrullo, la cantera de YPF en Ibicuy, es un claro ejemplo de las contradicciones con las que al mismo tiempo se manejan las empresas que favorecen el desarrollo de Vaca Muerta: en el estudio de impacto ambiental niegan el consumo de aguas subterráneas, sin embargo en un expediente ampliatorio YPF agrega que consumirá 335 metros cúbicos hora, mientras en la audiencia pública que realizó la Municipalidad de Ibicuy declaró 1000 metros cúbicos.

Falsas promesas

Ibicuy es un pueblo de siete mil habitantes, con cuatro escuelas secundarias y dos escuelas primarias grandes. Una de ellas es la escuela Nº30 “Ejército Argentino”, ubicada a tan solo 500 metros de la planta de YPF, construida en el predio El Mangrullo

Abel Antivero es profesor de Historia y miembro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). Fue una de las personas que en su momento ayudó a impulsar el recurso de amparo ambiental junto a Fundación CAUCE: “Fue un triunfo porque de alguna manera esta gente sabe que alguien los está mirando, que no pueden hacer cualquier cosa”. Abel nos dice que en Ibicuy la mayoría de las personas “creen que YPF viene a generar progreso”, y al mismo tiempo “niegan la posibilidad de contaminación por parte de la empresa”. 

El paraje, donde está la escuela y donde funcionaba una estación de tren del ferrocarril Urquiza, volvió a tener vida. También los pequeños comercios de la zona, cuando sólo quedaban unas pocas familias en unas pocas casas viejas. Una de las propuestas que sedujo a la población, fueron las promesas que hizo YPF  mientras se hacía la audiencia pública: que iban a generar empleo. 

“En cierto punto cumplieron pero los sueldos no están en un marco de progreso y prosperidad. Las areneras hablan de reparación pero sabemos que esa reparación no llega”, considera Abel. “Eso nos obstaculiza cuando buscamos inculcar conciencia. Soy optimista, pero tenemos un panorama muy adverso”. 

Para Valeria Enderle se trata de un resurgir temporal: “Por lo general son canteras que trabajan un tiempo (varios años), contratan trabajadores informales, les prometen que van a otorgar puestos de trabajo y la realidad es que los puestos en las plantas de procesamiento principalmente están ocupados por personas calificadas: ingenieros y geólogos que no son nativos de Ibicuy, Diamante ni Gualeguay, sino que vienen de grandes ciudades como Córdoba, Rosario, Buenos Aires o del exterior. En cambio, les ofrecen a pobladores locales los trabajos de limpieza, de señalización. Es decir, son muy básicos los puestos laborales que ocupan. La gente piensa que las empresas las van a ayudar pero no es así.” 

Hay personas que se empezaron a interiorizar en la problemática de las canteras porque hay un histórico camino en Ibicuy, la ruta provincial Nº45, que gracias al esfuerzo del pueblo se mejoró. Ahora ese camino es intransitable. Abel: “El tránsito de camiones pesados es el mayor impacto que hemos tenido. Cargan arena y salen a cada rato. Han deteriorado el asfalto que nos conecta con la ruta nacional Nº 12”. 

Hay personas que están cansadas de la falta de control del Estado, de la falta de políticas públicas que las involucren, de leyes que no hagan a la protección real del ambiente, de la falta de armonía en la legislación, de que la participación ciudadana sea casi nula, de que quienes gobiernan no sepan generar procesos participativos y que no se respete el Acuerdo de Escazú.  Sin embargo, esas personas resisten porque entienden que la salida es colectiva. De lo contrario no hubiese sido posible conquistar una ley para hacerle frente a una actividad tan contaminante y destructiva como es el fracking. 

 

 

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