La lucha de vecinos y vecinas de diferentes provincias contra el uso de agroquímicos consigue pequeñas victorias. Ya se prohibió en varias localidades de Santa Fe y Entre Ríos.
El uso de glifosato en las fumigaciones de campos y espacios públicos (aun cuando está prohibido) moviliza a las comunidades que presentan proyectos, hacen marchas y denuncian las violaciones a la ley.
Después de muchos años de batallar, diferentes concejos deliberantes comenzaron a escuchar a los vecinos de sus ciudades que, (pre) ocupados por el grado de contaminación sufrida a través de las fumigaciones legislan y prohíben el glifosato. No es para menos, hace ya tiempo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó a este herbicida como potencialmente cancerígeno; y diversos estudios e investigaciones lo ratifican.
En Paraná (Entre Ríos), el Concejo Deliberante prohibió “el uso de agroquímicos biológicos de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, y/o espacios verdes, que contengan glifosato y agroquímicos derivados". Eso dice el proyecto –donde participaron en su elaboración entidades ambientalistas- que se aprobó el 30 de noviembre de 2017 por unanimidad.
La normativa no solo prohíbe su utilización sino que además no permite su venta y comercialización, avanzando de esta manera en un sentido amplio, pues queda claro en el articulado que precisa: “se prohíbe la utilización, comercialización, circulación y aplicación de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación o la fertilización que contenga glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente”.
Cada martes, los habitantes de diferentes localidades caminan sus pueblos para reclamar por leyes que prohíban las fumigaciones.
Se amplía aún más la veda ya que de la misma manera queda prohibida la limpieza de máquinas agropecuarias y de equipos que hayan servido para la aplicación de productos agrotecnológicos. Y tampoco permite el desecho de los envases que hayan servido de recipiente de veneno.
La dignidad suele ser contagiosa y la normativa paranaense movilizó a vecinos, vecinas y concejales de otras ciudades. En Concordia ya presentaron iniciativas similares. Y en Gualeguaychú, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo Municipal. Pese a la oposición del bloque de Cambiemos, el uso, la aplicación y la comercialización de glifosato está prohibido -desde esta semana- en esa ciudad.
En todos los casos los proyectos o las ordenanzas plantean como objetivo asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente.
La lucha de la comunidad se da en también en las calles. Cada martes, los habitantes de diferentes localidades caminan sus pueblos para reclamar por leyes que prohíban las fumigaciones. La consigna que los mueve: Basta es basta. Basta de fumigaciones que matan.
En la provincia de Santa Fe se realizó una serie de estudios que convalidan la relación entre aplicación de herbicidas como el glifosato y la proliferación de enfermedades como el cáncer. En localidades santafesinas de menos de 10 mil habitantes donde se realizaron campamentos sanitarios, hubo un crecimiento exponencial de los casos de cáncer año a año.
En 2016, Argentina se posicionó tercera en el ranking mundial de producción transgénica.
Ese aumento es coincidente con los cambios en el modelo de producción. Sin embargo, muchos empresarios del agro insisten en que el glifosato es igual al agua y que no afecta la salud. Mientras, el Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, plantea que el daño que causa del herbicida es semejante al que general el “agua con sal”.
En Rosario, el corazón sojero, después de cientos de protestas y movilizaciones, el 16 de noviembre del año pasado el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza impulsado por la organización Paren de Fumigarnos, que prohíbe el uso del herbicida glifosato en la ciudad. El argumento fundamental de vecinos y vecinas que integran la organización es el cuidado de la salud.
En tanto, hay una iniciativa presentada en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe. El proyecto, que todavía no tiene fecha de tratamiento, fue elaborado en conjunto por las diferentes organizaciones que componen la campaña Paren de Fumigarnos, recibió el apoyo de tres concejales santafesinos: Franco Ponce de León (Coalición Cívica), Juan Cesoni (PJ) y Leandro González (UCR), quienes acompañaron la movilización que la multisectorial organizó frente al Concejo.
Este año, en la ciudad de Rincón se aprobó un proyecto de ordenanza que plantea la prohibición del uso del glifosato. De escritura y fundamento idéntico al presentado unos días antes en Santa Fe y elaborado por vecinos, vecinas y entidades ambientalistas.
En próximas sesiones seguramente se debatirá el tema y es posible que la ciudad de Santa Fe se suma al abanico de ciudades que han dicho que basta, es basta.
Los datos que alarman
Según datos oficiales en 2016 Argentina se posicionó tercera en el ranking mundial de producción transgénica con 23,8 millones de hectáreas, sólo superada por Brasil y Estados Unidos. Esto significa el uso de entre 3,5 y 4 millones de toneladas de agroquímicos por año a nivel país, una cifra estimada en base a las ventas (declaradas) ya que Argentina no posee estadísticas oficiales sobre el mercado de ese insumo clave.
La mafia del glifosato
Sabrina Ortiz denunció una fumigación ilegal en Pergamino y amenazaron a su familia: "Le vamos a prender fuego la casa", ‘Nosotros tenemos plata para mandar a un negro a matarla".
"Estamos viviendo constantemente envenenados"
Vecinxs de localidades de La Pampa presentaron un petitorio al gobernador de la provincia exigiendo la prohibición del glifosato. Inés Strizzi, integrante de "La Pampa libre de agrotóxicos", relata cómo se logró esto y cuáles son los intereses que existen detrás del negocio de envenenar personas.
La multinacional Bayer y las violaciones de derechos humanos en Sudamérica
La empresa fue denunciada en Alemania por afectar derechos básicos de poblaciones de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Desalojos de campesinos e indígenas, afectaciones en la salud, desmontes y contaminación de aguas son algunas de las consecuencias de los agrotóxicos y transgénicos que comercializa la compañía europea.