Un violento operativo de la policía entrerriana contra ocho pibes en una plaza en Paraná, donde son cada vez más comunes este tipo de "procedimientos irregulares" cuestionados por los organismos de Derechos Humanos.
La Plaza 1° de Mayo en Paraná es el epicentro de la ciudad. A escasos metros, en la Escuela Normal, se desarrolló este jueves 13 y viernes 14 de septiembre el Primer Encuentro de Derechos Humanos y Educación Superior, organizado por la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. En esa sede de la Universidad Autónoma de Entre Ríos hubo más de mil inscriptos y 400 ponencias en 42 mesas, donde se debatió acerca de distintos aspectos referidos a los derechos humanos. Sin embargo, a menos de 50 metros, y mientras se escuchaba dentro del establecimiento las conclusiones de las jornadas, afuera la policía cacheaba de manera violenta a un grupo de jóvenes que estaban sentados en la plaza. Hubo forcejeos, corridas y el repudio generalizado frente a lo que claramente fue calificado como “un procedimiento irregular”.
Un grupo de policías pertenecientes a la División de Toxicología de la Policía de Entre Ríos pretendió retener, requisar y detener, sin orden judicial, a ocho pibes que estaban sentados en diversos bancos de plaza, varios de ellos menores.
El operativo que se realizaba en el centro de la ciudad era bajo un argumento repetido: la ley de narcomenudeo.
Pedimos que nos exhibieran la orden para requisarlos y la policía nos dijo que no necesitaban orden, que tenían una orden oral de la fiscal. Eso no existe, mucho menos con menores.
Inmediatamente se fueron convocando participantes del Encuentro de DDHH y otras personas que pasaban por allí, en repudio del accionar policial, lo que generó forcejeos, empujones, corridas y el reclamo de militantes mientras llegaban más efectivos policiales.
“Es un procedimiento totalmente irregular”, calificaron la abogada de derechos humanos Lucía Tejera que representa a HIJOS Paraná en causas de lesa humanidad, y Guillermo Munné, abogado de HIJOS Santa Fe, quienes se encontraban en el Encuentro y acudieron rápidamente a la plaza al ser avisados por quienes presenciaron los primeros momentos del operativo.
La reacción fue inmediata y de repudio frente al hecho que calificaron de “violencia institucional”. Hubo una manifestación espontánea de la gente que buscó intermediar ante la policía y exigir que se cumplan los procedimientos legales.
Cuando les advertimos que estaban sin identificación, los policías empezaron a repartirse chaquetas.
“Pedimos que nos exhibieran la orden para requisarlos y la policía nos dijo que no necesitaban orden, que tenían una orden oral de la fiscal, a lo que le dijimos que eso no existía y mucho menos con menores, y pedimos que se cumplan todas las regularidades de un procedimiento”, indicaron los abogados.
“Cuando les advertimos que estaban sin identificación, empezaron a repartirse chaquetas; también pedimos que viniera la fiscal de turno – la doctora Ferrari-, una Defensora de Menores y el Copnaf (Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia)”, relató Tejera, quien junto con Munné buscaron que el procedimiento respetara las garantías y que expresaron que la fiscal “no parecía estar conduciendo el procedimiento, sino que parecía ser una mera asistente de la policía, totalmente desbordada”.
"El abogado Guillermo Munné fue objeto de forcejeos violentos por parte de personal policial que intentaba alejarlo del lugar y de que no tomase contacto con los menores; esto ocurrió ante la mirada impávida de la fiscal que no hizo nada”, relató Tejera.
Por su parte, el abogado de HIJOS Santa Fe señaló como lo amenazaron y le dijeron que no podía ejercer la profesión porque lo que estaba haciendo era destruir evidencia. Para el abogado se trataba de un procedimiento de flagrancia, por lo cual si no tenían orden judicial, tenían que identificar y detallar la evidencia.
Estamos frente a una escalada de violencia institucional con la ley de narcomenudeo como instrumento.
“Hay que dejar de atacar a los vulnerables y tener el coraje para meterse con los poderosos”, argumentaba Munné mientras se sucedía el operativo.
El procedimiento se dio en el marco de la ley de narcomenudeo, que ha sido cuestionada por organismos de Derechos Humanos. Así lo señala el Informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la primera Audiencia Regional sobre políticas de drogas y derechos humanos, que ve como uno de los efectos más perversos de la política de “prohibición a las drogas” y el recrudecimiento de conflictos en la región, que crea además, un enorme mercado ilegal controlado por complejas organizaciones.
“Este modelo prohibicionista ha servido para ampliar las brechas sociales, las inequidades económicas, las diferencias políticas y las asimetrías internacionales”, expresa el informe de la CIDH.
“Si quieren calificar de narcomenudeo que lo hagan pero que procedan legalmente, si nosotros no estábamos acá a estos pibes los requisan y se los llevan a minoridad sin orden judicial ni aviso a las autoridades correspondientes”, argumentaban los abogados con la defensora de Menores, Susana Carnero, que se hizo presente en el lugar.
“Estamos frente a una escalada de violencia institucional con la ley de narcomenudeo como instrumento”, dijo Tejera, en referencia a este tipo de procedimientos que se hace contra los más débiles, las zonas más empobrecidas, acrecentando también el estigma que pesa sobre sus habitantes, mientras que el narcotráfico sigue gozando de buena salud.
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