Nada cambia en el sistema penal

Entrevista a Hugo Cañón, ex Fiscal de Bahía Blanca y co-Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, en ocasión del Contra Congreso de No Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la UBA, hace dos años. La realidad, no ha cambiado.

-¿Cuál es la función de las cárceles? ¿Cumplen su función?

Desde el punto de visto legal  las cárceles tienen como función la custodia y la resocialización de los detenidos.  Sin embargo, y pese a ello la cárcel fue concebida, desde sus orígenes, como método de control de las poblaciones más molestas para el sistema, y de aquellas más vulneradas y discriminadas la cárcel solo es y ha sido un depósito de personas a quienes se les niega todos los derechos garantizados por las normas internacionales y locales. Además de constituirse en espacios de prácticas sistemáticas de torturas y todo tipo de malos tratos. En la actualidad a todo ello se suma un crecimiento de la violencia intramuros, generada y  permitida por el servicio penitenciario bonaerense, que además delega la gobernabilidad en algunas unidades carcelarias, provocando mayor violencia.

-¿Qué métodos alternativos al encierro en una prisión podrían serle útiles al sistema judicial?

Todos aquellos que prescriben las normas vigentes y que en general son ignoradas por los jueces en el marco de la presión social y mediática, que limita un accionar acorde a las garantías constitucionales, como ejemplo, el arresto domiciliario en el caso de madres con hijos, enfermos, adultos mayores, etc, otorgamiento de medidas alternativas, pero lo ideal es que previo a la intervención del sistema judicial se propicien desde el poder ejecutivo todos los programas de promoción y protección de derechos y de políticas públicas que permitan asegurar los derechos sociales para evitar la intervención del sistema penal como única solución, sistema que, por otra parte esta pensado para un sector de la población, precisamente el mas vulnerado y apartado del goce de los derechos humanos.

-¿Qué siente o qué le respondería a quien dice que las cárceles tienen puertas giratorias y que hay que construir más cárceles porque cada vez hay más delitos?

En primer lugar que trate de conocer la realidad de la privación de libertad en nuestro país y particularmente de la provincia de Buenos Aires, donde se encuentran detenidas mas de 30.000 personas, de las cuales más del 65% está procesada, es decir sin condena, presuntamente inocentes pero padeciendo las peores condiciones de encierro. Que dicha población está únicamente compuesta por  personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad y con la imposibilidad cierta de poder  acceder al mismo trato y derechos que las que pertenecen a otros estratos sociales.

La construcción de cárceles, como el aumento de penas no soluciona el problema sino que profundiza la intervención del sistema punitivo contra los más vulnerados.

En general los delitos graves no aumentaron, solo se observa un incremento en los delitos leves como amenazas, lesiones leves, averiguación de paradero, averiguación de causales de muerte, etc.

 -¿Cuáles son las necesidades más urgentes de los privados de la libertad? ¿Tienen las herramientas para comunicarlas? ¿Cómo se podrían solucionar?

Lo más urgente es la atención de la salud, que es absolutamente deficiente e ineficaz para la debida atención de las personas que padecen problemas de salud sean estos leves o graves; que se termine con la violencia estructural que el servicio penitenciario aplica sobre las personas en forma directa como indirecta; que se les brinde alimentación en cantidad y calidad suficientes, particularmente las dietas que no se cumplen pese a las prescripciones médicas, durante este año la distribución de alimentos ha disminuido notablemente y en muchas unidades hemos detectado padecimientos de hambre; que se solucionen las pésimas condiciones edilicias, y de servicios (agua, energía eléctrica, cloacas, gas,  red de incendios,etc.), que se garantice el acceso a la justicia, al trabajo, a la educación, etc, es decir  que las necesidades más urgentes son precisamente las necesidades básicas de las personas, sus derechos elementales.

No tienen ningún tipo de herramienta para solucionarlo aunque puedan denunciarlo, ya que en general el poder judicial ignora sus padecimientos y pedidos, llegando incluso a convalidar con sus resoluciones las graves condiciones de detención que padecen.

 La solución por políticas de estado profundas que tengan en cuenta a los detenidos considerándolos como personas sujetos de derechos y no como material de descarte.

 -¿Tiene sentido apartar de la sociedad a un grupo que la conforma?

No, sobre todo cuando ese grupo pertenece a una parte de la sociedad al que se le ha negado el acceso a todos los derechos y se le impone como única solución el sistema penal

-¿Cómo surge la Comisión por la Memoria? ¿Y cuáles son los principales escollos que encuentran hoy para llevar adelante su trabajo?

La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires fue creada por la Cámara de Diputados provincial  mediante Resolución Nº 2117 de 1999, y ratificada luego por la ley 12.483/00 y su modificatoria 12.611 del 20 de diciembre de 2000, con el objeto de custodiar y poner a disposición de la justicia uno de los archivos de la represión más importantes de nuestro país, el que perteneciera a la Direccion de Inteligencia  de la Policia Bonaerense (DIPPBA).  Posteriormente, en el año 2002 puso en marcha el programa Jóvenes y Memoria destinado a estudiantes de las escuelas medias de la provincia, creó una maestría de Historia y Memoria a través de un convenio con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata y comenzó las tareas de digitalización del archivo DIPPBA. En diciembre de ese mismo año fundó el Museo de Arte y Memoria con el objetivo de convertirlo en un espacio de reflexión sobre el autoritarismo y la democracia, hacer un centro de difusión de ideas y debates y un lugar de expresión cultural. En el año 2003, los casos de abuso policial, la violencia institucional y la vulneración masiva de derechos en los lugares de detención de la Provincia de Buenos Aires impulsaron una decisiva intervención de la CPM y la creación del Comité contra la Tortura. Allí, desde entonces, se reciben denuncias y se realizan tareas de control y monitoreo en cárceles, comisarías, e institutos de menores.