Después de que el pueblo detuvo el intento de modificación de la ley 7722 en 2019, surge un nuevo intento de instalar la megaminerÃa en Mendoza. Las transnacionales extractivistas tienen vÃnculos con empresarios locales, el gobernador Cornejo dio un guiño en la principal convención minera mundial en Canada para reabrir un debate que no cuenta con licencia social.
Tras la rebelión popular de diciembre de 2019, en la que se derrotó un nuevo intento por modificar la Ley 7.722, el lobby minero no bajó los brazos y a fuerza de ensayos y errores fue buscando o creando resquicios legales para tratar de imponer sus intereses. De este modo, lograron que le aprobaran etapas de proyectos que preceden a la explotación y construcción de las minas. Por lo cual, el apoyo a la megaminerÃa del gobernador Alfredo Cornejo desde la feria internacional minera de Toronto en realidad no sorprendió del todo al activismo mendocino en defensa del agua. Además, esta semana la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó un nuevo Código de Procedimientos Mineros. Con 35 votos a favor, 10 en contra y una abstención, le dio media sanción al proyecto del Ejecutivo que actualiza el marco normativo de la minerÃa en la provincia.
Hace algunas semanas atrás, el gobernador Alfredo Cornejo anunció sus intenciones de volver a desconocer el rechazo popular a la actividad en la provincia. Pretende sortear la Ley N° 7.722 sin modificarla formalmente y declarar “distrito minero” al occidente de malargüino. Fue desde Toronto, en la la Prospectors and Developers Association of Canada, donde Cornejo hizo importantes anuncios con vistas a intentar por enésima vez tratar de avanzar con la megaminerÃa en una provincia donde la actividad está prohibida por ley y carece de licencia social, como quedó demostrado con la histórica rebelión popular de diciembre de 2019. La estrategia del gobierno mendocino puede resumirse en el desenvolvimiento de tres maniobras -articuladas entre sÃ- con las cuales pretenderá sortear la ley 7.722 sin modificarla formalmente aunque en los hechos la estará violando: 1) Apoyarse en un fallo de la Corte Suprema que manifiesta una supuesta inconstitucionalidad de un aspecto de esta ley; 2) La modificación del Código de Procedimientos Mineros, cuyo proyecto fue aprobado por la Legislatura provincial casi sin deliberación pública, 3) La creación de lo que se anunció como “Malargüe Distrito Minero Occidental”, una especie de “zonificación” donde pretenden habilitar la actividad.
La Prospectors and Developers Association of Canada en Toronto es la principal convención minera mundial. Decenas de miles de inversores -léase lobistas- se congregan allà todos los años durante cuatro dÃas del mes de marzo a discutir y a acordar planes fundamentales para el sector. Bajo el ropaje de la llamada “transición energética”, -que es el nombre con el que las grandes potencias económicas llevan la batuta, según sus propios intereses, del reemplazo paulatino de las energÃas tradicionales por las denominadas “renovables”-, en los últimos años se pergeñan polÃticas criminales contra el medio ambiente en búsqueda de minerales considerados estratégicos, entre ellos el litio y el cobre. Como ocurrió con otros recursos naturales -o bienes comunes, según la perspectiva a la que se adscriba-, las economÃas más atrasadas y dependientes les proveen a un puñado de capitalistas, la materia prima para que sea industrializada, de acuerdo a los criterios de los paÃses centrales. Esta más que centenaria división del trabajo mundial es vista por la mayor parte del empresariado nacional y su personal polÃtico como la arena en la que desenvolver sus negocios y, por ende, sus polÃticas. Es lo que ocurrió en la feria de Toronto, a la que asistieron los gobernadores Marcelo Orrego de San Juan (PRO) y Alfredo Cornejo de Mendoza (UCR) y representantes de los gobiernos de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Salta. La CancillerÃa argentina se encargó de coordinar la participación de la delegación nacional en el evento.
El guiño megaminero de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
“A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hÃdrico, se prohÃbe en el territorio de la Provincia de Mendoza el uso de sustancias quÃmicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalÃferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalÃferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”.
Este párrafo corresponde al artÃculo 1 de la Ley 7.222, que fue puesta en cuestión en parte por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el 28 de octubre de 2021, ante una apelación de Minera San Jorge, situada en cercanÃas de la localidad de Uspallata, en el noroeste mendocino. Resulta que en esa sentencia se señaló como inconstitucional lo que destacamos como “otras sustancias tóxicas similares”, habilitando la posibilidad de llevar adelante la megaminerÃa con otras sustancias o métodos que no estén prohibidos explÃcitamente por la norma.
Julieta Lavarello es abogada de las Asambleas por el Agua Pura de Mendoza (Ampap) y advierte que para entender este guiño de la CSJN es preciso remitirse al fallo de diciembre de 2015 en el que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJM) declaró constitucional la ley en cuestión, aunque con un detalle que en su momento no tuvo tanta repercusión. La abogada señala que en aquella resolución el juez Mario Adaro “entendió que la expresión ´y otras sustancias tóxicas similares’ era inconstitucional porque deberÃa decir taxativamente cuáles son esas sustancias tóxicas prohibidas. Algo que es imposible porque la ciencia avanza a pasos mucho más rápidos y agigantados que la legislación”. Agrega que más allá de este señalamiento, el juez “prestó el acuerdo para que por unanimidad los 7 jueces decidieran que la ley completa, sin ningún reparo, sea constitucional”.
Minera San Jorge apeló el fallo de la Corte provincial ante al máximo tribunal nacional. Lavarello, denuncia que, salvo por el juez Ricardo Lorenzetti, el resto de los magistrados no tiene formación en derecho ambiental. “Ningún juez se habÃa puesto a estudiar el planteo de inconstitucionalidad, entonces la Procuradora General de la Corte de la Nación se puso a ver los fundamentos de la sentencia provincial”, señala. Allà se encontró con los reparos de Adaro. “Esta señora copió y pegó literalmente los fundamentos de Adaro y lo que hicieron los jueces fue también cortar y pegar esos fundamentos. Como consecuencia la Corte expresa que la ley es constitucional, salvo en la parte en que dice ý otras sustancias tóxicas similares‘”. Este fallo obviamente sienta jurisprudencia para casos similares, por lo cual el lobby minero puede meter proyectos por la ventana utilizando otras sustancias o métodos, como es el caso de los xantatos, tan o más tóxicos que los prohibidos explÃcitamente.
En los últimos dÃas se conoció que el gobierno mendocino sacó el expediente de Minera San Jorge de la situación de “guarda temporal” en el que se encontraba desde hace 3 años. De esta manera, a la minera sólo le quedarÃa presentar un proyecto de Declaración de Impacto Ambiental sobre la etapa de explotación para que sea aprobada por Legislatura y asà continuar hacia la construcción y luego extracción de mineral.
Actualización administrativa prominera
A comienzos de marzo ingresó a la Legislatura provincial un proyecto para la modificación del Código de Procedimientos Mineros. Aunque el proyecto tuvo escasa discusión pública, en los pocos dÃas que estuvo en el recinto hasta su aprobación en Diputados, resta ahora el paso por Senadores. El 3 de abril sufrió modificaciones ante crÃticas del ambientalismo, pero sobre todo del propio lobby minero. La más significativa es que se tuvo que dar marcha atrás con la intención de reemplazar el Consejo de MinerÃa por un director impuesto por el Ejecutivo provincial. Asà y todo, su aprobación -que contó con 35 votos a favor, 10 en contra, una abstención y un ausente- no estuvo exenta de otras discrepancias. Por ejemplo,algunos diputados denunciaron que todo quedará en manos de “Impulsa Mendoza”, una especie de empresa fantasma que responde directamente al gobernador.
Marcelo Giraud es profesor de la carrera deGeografÃa de la Universidad Nacional de
Cuyo y miembro de la Asamblea Popular dice: “Lo que se pretende es darle más celeridad al tratamiento de los proyectos y con ello seguir instalando la cuestión minera en la sociedad". Como se verá a continuación, esto se complementa con las intenciones de evitar cumplir con el artÃculo 3 de la Ley 7.722, que exige a cada proyecto minero una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que debe ser aprobada por las dos cámaras de la Legislatura provincial.
“Malargüe Distrito Minero Occidental”
La principal maniobra del lobby es el anuncio de Cornejo de pretender crear lo que denominó como “Malargüe Distrito Minero Occidental”, cuyo objetivo reconocido por sus impulsores es sortear el artÃculo 3 de la 7.722, mediante una declaración de impacto ambiental para toda la región incluida en esta extensión. “Son más de 200 áreas, concesiones mineras a particulares, que están dentro de ese distrito minero. El gobernador informó por la red social Twitter que son 22 mil kilómetros cuadrados, más de la mitad de la superficie del departamento de Malargüe, que es el más extenso de la provincia”, asegura Giraud. Según trascendió, enviarÃan el proyecto para los meses de julio-agosto, aunque se encuentran ante un escenario incierto porque se conocen pocos detalles de esta iniciativa.
“Gran parte de toda esa área está dentro del ambiente periglaciar y por lo tanto amparada por la Ley Nacional de Glaciares. Quizás en algún lugar no tenés ambiente periglaciar pero a dos kilómetros sÃ. Entonces, no podés de ningún modo hacer una DIA única para todo eso”, denuncia el geógrafo. Y, enfatiza: “Cada proyecto asà esté a 500 metros de otro responde a caracterÃsticas muy particulares”.
“El gobierno está apuntando sobre todo a yacimientos de cobre, que se encuentran justamente en el área cordillerana. Lo que nos parece jurÃdicamente aberrante es que se quiera englobar a una multitud muy grande de proyectos, que se encuentran en lugares particulares distintos que corresponden además a distintos concesionarios mineros. Entonces, de ninguna manera puede haber una sola evaluación de impacto para todos ellos”, dice Giraud.
El referente ambientalista destaca que “como la expectativa que ellos tienen es usar xantatos, cuentan con obtener el permiso, debido al fallo de la CSJN. Y si llegara a haber alguna situación judicial reclamarÃan tener el mismo trato que minera San Jorge. Entonces, como le encontraron esa vuelta al asunto, lo que les jode es el paso por la Legislatura, que siempre queda mucho más sujeto a que los legisladores en función de la presión popular puedan terminar no queriendo pagar los costos de ratificar legislativamente una explotación megaminera. Ellos argumentan que eso disuade a los inversores extranjeros”.
Y agrega: “No se quieren animar a correr con todo el costo de la exploración y después del desarrollo del proyecto para llegar a presentar el proyecto de explotación y pasarse varios años desarrollando el proyecto con las inversiones correspondientes y que en definitiva les termine pasando lo mismo que le pasó a Minera San Jorge en 2011, que el proyecto ya aprobado por el Ejecutivo lo terminó rechazando la Legislatura”.
Tras la aprobación en Diputados del proyecto de modificación del Código de Procedimientos Mineros, sectores promineros de la provincia volvieron a poner el grito en el cielo respecto a la obligación de utilizar a la Legislatura mendocina como filtro para aprobar o no las iniciativas mineras. Lo que ellos llaman filtro polÃtico es el temor a que sus propios legisladores cambien de opinión producto de la presión social. Y el Mendozaguazo de 2019 y el Chubutazo del 2021 fueron dos verdaderas rebeliones populares que no solo defendieron el agua sino que además puso en el tapete el hastÃo de los sectores más postergados de la sociedad ante la creciente pauperización de sus condiciones de vida.
Lo que se plantea es una especie de régimen de facto minero que pretende cerrar la Legislatura, ya de por sà prominera, para imponer sus negocios. Es un reconocimiento sin tutÃa de que la megaminerÃa en Mendoza no tiene licencia social. “La cuestión es claramente antidemocrática. El argumento que dicen es que, bueno, si los legisladores no entienden nada de minerÃa, los legisladores no son técnicos como para entender si la evaluación está bien o mal hecha, entonces para qué lo van a mandar. Con ese criterio, el que no es contador o licenciado en EconomÃa entonces no podrÃa votar la aprobación de un Presupuesto”.
Raquel Perassi, miembro desde 2013 de la Asamblea de Bienes Comunes de Malargüe, se refiere al impacto regional que podrÃa ocasionar la megaminerÃa: “Nosotros estamos al pie de la cordillera y todas las nacientes de agua están en esos dos valles, Valle Hermoso y Valle Noble, que es donde estarÃan la mayorÃa de los proyectos. Entonces, las nacientes de agua se van a los rÃos y se comparten con otras provincias, con La Pampa, con Neuquén, con RÃo Negro, porque el rÃo Grande forma luego el rÃo Colorado, que desemboca en Buenos Aires en el Atlántico. Entonces, de enclavarse los proyectos megamineros todo eso corre riesgo. Los ecosistemas de altura. Es zona de veranada de productores caprinos. HabrÃa una gran modificación de las actividades económicas que históricamente se realizan acá”.
Quién es quién en cada proyecto minero en marcha
Cerro Amarillo
Es el principal proyecto en la zona en cuestión. En febrero del año pasado la Legislatura aprobó el proyecto de Declaración de Impacto Ambiental para su exploración. Se trata de una mina de cobre “que podrÃa llegar a ser un proyecto muy grande en Malargüe, y ese sà tiene glaciares de escombros dentro del área donde está ubicado, e inclusive en superposición con una de las áreas mineralizadas”, denuncia Giraud. Destaca que en este caso no saben “exactamente quién pondrÃa la inversión grande porque la concesión minera es de Jorge Bengoechea y Lilia Espizúa, su mujer. Bengoechea es un geólogo mendocino de larga trayectoria, fue gerente de Potasio RÃo Colorado para RÃo Tinto. Y su mujer, y esta es una de las cuestiones que se suelen evocar a menudo, trabajó hasta su jubilación en el IANIGLA (Instituto Argentino de NivologÃa, GlaciologÃa y Ciencias Ambientales)”. Agrega que el negocio de esta pareja “es llegar a lograr la aprobación ambiental del proyecto de explotación, que no requiere tantÃsima plata, y ahà salir a conseguir un socio o a vender el proyecto. Ahà sà él se levanta con varios millones de dólares porque tendrÃa no solamente la concesión minera sino el permiso ambiental”.
Un de las polémicas en torno a este proyecto que denuncian los ambientalistas es que no se sabe exactamente dónde se desarrollará, ya que los dueños en 2022 cambiaron de lugar las coordenadas de los pozos y se desconoce si el gobierno y la Legislatura aprobó eso o la DIA realizada en 2014. “Ese es un proyecto sobre el cual tenemos mucha incertidumbre y es donde más rápidamente está avanzando la exploración minera con vistas a la explotación con cobre”, señala Giraud.
Mina San Jorge
Minera San Jorge pretende llevar adelante un megaproyecto, sobre todo de cobre, que pese a haber sufrido diversos rechazos producto de la movilización popular, logró un triunfo legal al contar con el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que lleve adelante su explotación sin usar las sustancias prohibidas explÃcitamente por la Ley 7.722.
Uno de los referentes ambientalistas que más conoce sobre este emprendimiento, Federico Soria, quien además es Técnico Profesional de la Administración de Parques Nacionales, trabaja desde hace 7 años en el Parque Nacional El Leoncito (San Juan) y reside en Uspallata, la localidad más cercana, nos cuenta del historial del actual dueño del proyecto: “San Jorge actualmente pertenece a Solway, que es una empresa transnacional radicada en paraÃsos fiscales. El dueño es la máxima fortuna de Estonia, se llama Alexander Bronstein y es, entre otras cosas, vicepresidente del Congreso Mundial JudÃo. Es un magnate que tiene proyectos megamineros en lugares conflictivos del mundo, por ejemplo Congo, Guinea, Filipinas, Indonesia, Guatemala. Y está acusado de asesinato y violaciones a los derechos humanos. Este personaje fue diputado del Kremlin durante la URSS”.
Amigos son los amigos”: Geometales, ¿de Macri a Joe Lewis?
A fines de diciembre, la Legislatura provincial aprobó un combo de tres proyectos para la extracción de cobre por parte de la empresa Minera Geometales S.A.: las declaraciones de impacto ambiental para la exploración de los proyectos El Burrero, Las Choicas y la DIA de prospección de La Adriana. Este trÃo contiene al menos 14 emprendimientos mineros que se encuentran en las nacientes del rÃo Grande -el más caudaloso de la provincia-, que aguas abajo se convierte en el rÃo Colorado, el cual atraviesa Mendoza, Neuquén, RÃo Negro y La Pampa para desembocar en el atlántico en territorio bonaerense. En 2008 Geometales, entonces propiedad de Franco Macri, fue multada por el Departamento General de Irrigación debido al uso clandestino de cauces naturales.
“Geometales originalmente pertenecÃa al Grupo Luksic, de Chile. A fines de los '90s fue adquirida por Iecsa, del Grupo Macri, primero una parte y años después el resto. En 2017, la totalidad del conglomerado empresario Iecsa fue vendido por el Grupo Macri a el Grupo Emes (Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Damián Mindlin y Ricardo Torres), operación en la que entró Minera Geometales S.A. siendo este grupo sus actuales dueños”, informa Federico Soria en su blog personal. “Según trascendidos periodÃsticos, la venta de Iescsa por parte del Grupo Macri, fue una decisión apresurada para evitar conflictos de intereses con el entonces presidente Mauricio Macri”, amplÃa Soria en el mismo artÃculo. “El Grupo Emes, de Marcelo Mindlin, está vinculado societariamente al magnate inglés Joseph Lewis (apropiador del Lago Escondido, en la Patagonia), a través de Pampa EnergÃa, empresa a la que ha aportado cientos de millones de dólares. También está vinculado a la corporación BlackRock, el fondo buitre más grande del mundo, ya que es dueño de una parte de las acciones de Pampa EnergÃa. Al mismo tiempo, un alto porcentaje de las acciones de Pampa EnergÃa pertenecen al Estado Nacional Argentino, a través del Fondo de GarantÃa de Sustentabilidad, que está administrado por ANSES”, detalla Soria.
La “era Milei”
Si bien hay coincidencia que la presidencia de Javier Milei es una continuidad en las polÃticas extractivistas de nuestro paÃs, el conjunto del activismo ambiental acuerda en que es una profundización del despojo de los bienes comunes. Consultado sobre si guarda alguna relación esta nueva pretensión de avanzar con la megaminerÃa en Mendoza con la polÃtica del presidente, expresada sobre todo en el DNU y Ley Ómnibus y el anunciado “Pacto de Mayo”, Giraud responde respecto del punto 6 de este último en el que se hace alusión a la explotación de los recursos naturales provinciales que “es una visión absolutamente en sintonÃa con las lógicas extractivistas. Digamos, no es aprovechar, hacer un buen uso de los bienes comunes presentes en los territorios de las provincias”.
“El objetivo es la maximización de la ganancia del capital y en donde las provincias tendrÃan que agacharse y hacer todo para ofrecer los recursos naturales al capital transnacional. Es lo que fueron a ofrecer a Toronto”. Giraud denuncia que, entre otras cosas, “esto tiene que ver con generar algún tipo de entrada de divisas para pagar la deuda externa”. Y finaliza repudiando “que en cabeza del propio gobernador hayan llevado a ofrecer el subsuelo mendocino al capital transnacional.
Franco Salvadores es malargüino, es Magister en GeografÃa y Ordenamiento Territorial (Université Paris Sorbonne) y profesor adjunto en la cátedra GeografÃa del Espacio Territorial de la Universidad Nacional de la Patagonia en Trelew y coincide con Giraud: “Hoy el capital transnacional está necesitando de una base de recursos que están dados por los recursos mineros que se encuentran en gran parte de la zona cordillerana mendocina. En este sentido, como los oasis agrÃcolas, la resistencia a la actividad megaminera es muy fuerte, quieren una zona de sacrificio anclada en el departamento de Malargüe. Esto afectarÃa todo un sistema de recargas hidrológicas que fluye por esos cauces, que se asientan en lugares muy ricos a nivel de recursos mineros y petrolÃferos”. Y deja una reflexión para finalizar: “Lo que es más doloroso es ver cómo a un municipio, a un departamento, se lo ha sumido en una alternativa infernal, como llaman algunos, en la cual solamente el desarrollo está ligado a la actividad minera y que no existen otras alternativas al desarrollo que no sea la explotación de los recursos naturales”.
Esta profundización en los intentos por avanzar con el extractivismo en el paÃs se da en un marco más general cuyo plan de conjunto incluye contrarreformas laborales, previsionales e impositivas, pérdidas de conquistas democráticas y un salto en la criminalización a la protesta social.
Cómo frenar el extractivismo: Chubutazo y Mendozazo
La llegada de un gobierno ultraliberal promete un avance de los proyectos extractivistas. El lobby minero programa sus negocios, amenazando territorios y bienes comunes naturales. Dos experiencias recientes sirven como mapa estratégico contra el avance de la megaminerÃa y el fracking.
Fracking y el mercado negro del agua en Mendoza
Desde hace años el pueblo de Mendoza está librando una difÃcil batalla para preservar la poca reserva de agua que queda en la provincia; mientras las grandes empresas petroleras roban agua con la complicidad de las autoridades provinciales para sus pozos de fracking contaminantes.
Los nuevos 10 no a la megaminerÃa
La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) se reunieron en Trelew los dÃas 23 y 24 de enero de 2021 y dieron a conocer diez conclusiones ante el nuevo avance de Mariano Arcioni por zonificar la meseta ignorando la voluntad del pueblo.