La secretaria de Medio Ambiente de las petroleras

Desde el 1 de septiembre de 2014 Dina Migani es funcionaria: dirige la secretaría encargada de, entre otras cosas y según sus palabras, “control y fiscalización de toda el área hidrocarburífera de Río Negro”. 

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¿Qué tipo de extracción es mayoritaria hoy en Río Negro, convencional o no convencional?
En este momento en Allen es muy importante.

¿Pero cuál más?
Es muy importante también la zona de Catriel, donde hay una gran proyección que tiene que ver con producción convencional.

¿De cuántos pozos de gas y petróleo estamos hablando hoy en la provincia de Río Negro?
No tengo presente la cantidad de pozos. Pero la actividad más importante en este momento es en Allen, con yacimientos de gas fundamentalmente. Se proyectan para este año unos 90 pozos en esa zona. 

¿Solo en Allén se harán 90 pozos más? 
Sí.

Las cifras oficiales no dicen lo mismo que Migani: 93 nuevos pozos, pero en un plazo que se extiende hasta 2021. 

A lo largo de la entrevista, se repetirán las respuestas evasivas o imprecisas. 

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“¿Cuál es la incompatibilidad de funciones?”, arremete nuevamente Migani: “Te lo explico. Sería incompatibilidad si la empresa le vendiera a la provincia productos químicos. Pero Quinpe no trabaja con la provincia. Y la Secretaría de Ambiente controla a Quinpe como a cualquier otra empresa. Es más, yo no la controlo, no soy la encargada de eso”.

Tras esta entrevista, la web se “cayó”. Al poner www.quinpe.com sólo aparecía un cartelito: En mantenimiento. Hace unos días, volvió a estar online.

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“Los clientes de la empresa Quinpe SRL son, entre otros, Petrobras, YPF, Entre Lomas, Halliburton, TGS y en la página web decía que brindan un servicio acorde con las necesidades de sus clientes”. La legisladora y ex defensora del Pueblo Ana Piccinini, quien en 2014 presentó la denuncia contra Migani por incompatibilidad de funciones, se preguntaba entonces: “¿Cuando tenga que resolver una cuestión, lo hará en base a las necesidades de las petroleras, que son sus clientes, que le pagan por su actividad y asesoramiento, o de acuerdo a los principios fundamentales que cuidan y protegen el medio ambiente?”.

Hoy no sólo sabe esa respuesta: “Es imposible lograr buenos resultados luchando contra las petroleras. Presenté decenas de denuncias como esta, que empezó con mucho brío, con allanamientos a un local y a la empresa, pero después todo quedó en la nada, como siempre. Las petroleras tienen los jueces a su favor. Y así se ve cómo un juez o fiscal pasa de la noche a la mañana a ser camarista. En la medida que la gente lo vea con naturalidad, ellos van a seguir saqueando. Para saquear necesitan aliados, y para eso necesitan las instituciones. Y ahí aparece la plata. No hay un Estado presente que regule, que controle”. 

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“Ustedes me engañaron, porque ustedes me hacen otras preguntas. Mostrame a ver si sos periodista, muestrenmé”, dice Dina Migani, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo de Río Negro. 

Le mostramos nuestras credenciales. 

“Son unos chantas. Me engañaron. Y quiero saber sus nombres, porque cuidado, eh”. 

Le deletreamos nuestros nombres y apellidos, que figuran en las credenciales que acaba de leer. Los anota en un papel. 

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Juan Sepúlveda trabajó tres años en la planta de Quinpe, en la ciudad rionegrina de Fernández Oro. Lo despidieron en noviembre de 2017. Los primeros días, como toda persona que llega hasta la puerta de la empresa, sentía ese olor fortísimo. Después se acostumbró y no lo percibió más. 

“Es por los diferentes ácidos, soda cáustica y otros preparados para las petroleras que son muy contaminantes. Cada 15 días, los camiones llevaban bolsas que contenían todo eso y lo prendían fuego en el basural de Fernández Oro. Quedan los manchones en el piso como prueba. Eso no se va fácil”, explica Sepúlveda, quien cumplía funciones de mantenimiento, jardinería y “aunque en realidad no me correspondía, también me pedían que hiciera preparados químicos”. 

“Cada dos o tres días me mandaban a lavar los camiones que venían de las petroleras, y todo ese líquido con químicos se juntaba en un tanquecito. Cuando se llenaba, había que tirarlo en un desagüe que desemboca en el río Negro. Pero cuando venía una inspección, sacaban todas las mangueras y me hacían lavar el tanque y ponerle agua limpia”, describe Sepúlveda, quien tomó fotos y tiene videos que demuestran “la contaminación terrible de la empresa”, cuyos actuales dueños son los hijos de la secretaria de Medio Ambiente de la provincia. 

“Todos en la empresa sabían lo que estaba pasando. Hay varias cámaras y eran comunes los derrames. A veces se rompían los huevos -la parte trasera de los camiones-, que llevan hasta 30.000 litros de preparados químicos para las petroleras. Y eso se limpiaba con arena, se raspaba un poco y se echaban piedras encima como si no hubiera pasado nada”.

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Colgado en una de las paredes del luminoso living comedor, una colección de cucharas enmarcadas llama la atención. También una sillita alta para que coma un bebé. Todo está relacionado con su familia. Al igual que esa mochila gris que parece sentada en la cabecera. Tiene bordada una Q en blanco y el resto de las letras en azul: todavía faltan un par de preguntas para que ese nombre se pronuncie, y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Río Negro estalle.
 
Usted tiene la oficina de la Secretaría en Fernández Oro, justamente un municipio que se opone a la explotación de hidrocarburos. Incluso hay una ordenanza del Concejo Deliberante para que no se realice esa actividad. ¿Cómo ve esta situación? ¿Por qué cree que la población está en contra?
Hay ciudades que se niegan; por ejemplo en Cinco Saltos, el Concejo Deliberante en su momento se declaró municipio antifracking. El tema es que no tiene que ver con una decisión del Concejo Deliberante, sino que es una política nacional y por eso la justicia declaró inconstitucional estas medidas. No es el municipio el que tiene que decidir.

Nos explicaron en este y otros municipios que el rechazo tiene que ver con riesgos ambientales y sobre todo para la salud de la población. 
En cuanto al tema de la salud...ehh... Nosotros como Secretaría de Ambiente tenemos que cuidar el ambiente y controlar que la actividad hidrocarburífera cumpla con la legislación vigente... Y en ese sentido, no hay actividad más contaminante y más peligrosa para la salud que la actividad humana. Los seres humanos naturalizamos los basurales a cielo abierto. Seguramente muchos ambientalistas que se quejan por la actividad hidrocarburífera, tiran basura en cualquier basural a cielo abierto.

La salud de las personas, por más que haya un área específica, también es parte del ambiente. Y queríamos preguntarle cuáles son los riesgos más grandes de la producción hidrocarburífera.
Los riesgos mayores son, por ejemplo, un derrame. Un derrame importante producido por alguna falla, en algún momento, en un equipo, en un oleoducto, un ducto. 

¿Qué puede generar un derrame y cómo se procede cuando eso ocurre?
Frente a un incidente la empresa tiene su plan de contingencia que tiene que actuar de forma inmediata, donde se recupera el hidrocarburo del agua de producción, se controlan a través de equipos. La empresa tiene que cumplir mediciones de los freatímetros, ver de qué manera están afectadas las capas freáticas y los cursos de agua. Por otro lado, se toman muestras del suelo, para ver qué grados de afectación tiene. Es la empresa la que tiene que hacer esto. 

¿Hubo gente afectada por derrames u otras cuestiones?
Que yo tenga entendido, no tengo noticias de personas afectadas en la salud por esta actividad. Siempre existe el temor de los vecinos, un temor natural ante una actividad de la que no se conoce exactamente cuáles son los efectos que produce. Pero desde la Secretaría de Ambiente esta actividad está controlada en todos los pasos. Que hay riesgos, existen. Que ocurren incidentes, ocurren, como en cualquier otra actividad.

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–Yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo hoy nada que ver con Quinpe, y si tienen algo que pedirme, denuncien y averiguen. Yo no tengo nada que ver. Yo soy una funcionaria, que trabajo haciendo cumplir la ley. Mis hijos son los dueños de Quinpe, que tienen una venta de productos químicos y está controlada por la Secretaría de Ambiente como cualquier otra empresa. Y no quiero hablar de Quinpe.

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“La funcionaria Dina Migani debió haber renunciado hace mucho tiempo al ser de público y notorio conocimiento el hecho de que hay una incompatibilidad respecto a la empresa que vende materiales para el fracking en el Alto Valle. Y una funcionaria pública debe estar absolutamente exenta de intereses que después ella misma debe decidir. Es un caso lamentable que se mezclen los intereses privados con los intereses del Estado, más aún en temas que afectan al medio ambiente y sobre todo al uso y el consumo del agua”, dice la senadora Magdalena Odarda, del partido Río, quien volvió a denunciar a Migani, luego de que aparecieran fotografías de una camioneta de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia estacionada dentro del predio de la empresa Quinpe.