Uno de los saldos que dejó el debate en torno a la legalización del aborto fue el cuestionamiento del rol de la Iglesia y su injerencia en el Estado. Luego del 31-38 en el Senado, la campaña nacional que había empezado en Facebook tomó una fuerza inusitada y se multiplicaron las apostasías. Cómo y por qué un grupo de mujeres tomó la iniciativa.
Después de la media sanción en Diputados, la ola verde había subido a la categoría de tsunami. La legalización del aborto parecía una realidad inminente, un nuevo sentido común. Todo indicaba que el debate se había saldado a favor de las mujeres que ganaron la calle en todo el país, pero sobre todo en los centros urbanos. Para ellas, el 31-38 en el Senado fue la foto de la impotencia. Para todos y todas, la certificación de una realidad incómoda: buena parte de nuestros representantes antepusieron lo peor de sí mismos -la ignorancia, el egoísmo y la mala fe- a los argumentos informados de los expertos que ellos mismos habían convocado.
El movimiento feminista diseña una nueva estrategia, por ahora centrada en el fortalecimiento de redes de asistencia a las mujeres que -como era de esperar- siguen abortando, y en el debate en torno a la despenalización. Siempre atento al humor callejero, el macrismo impulsa un plan B menos lesivo a las sensibilidades eclesiásticas: un cambio en el Código Penal que exima de prisión a quienes interrumpan su embarazo. Con la legalización como horizonte innegociable para un 2019 signado por la ebullición, asoma una certeza: la derrota política no empañó la victoria social. Mientras tanto, otra ola -esta vez naranja- amenaza con desintegrar los cimientos de la patria católica. ¿Habrá que esperar otro gesto del papa Francisco?
Como una plegaria
Después de que sus primeros/as tres hijos/as recibieran educación religiosa, Mónica Barrera sintió que había llegado a un límite. La historia con Martina, de siete años, sería distinta. La gota que rebasó el vaso cayó la primera semana de marzo. “Encomiéndense a Dios para tener un buen año lectivo”, rogó la directora en el acto por el comienzo de clases. Hubo Padresnuestros y Avemarías. De vuelta en casa, Mónica se sentó frente a la computadora y armó un grupo de Facebook por la educación laica en Tucumán. Más tarde se sumaron cinco madres que habían enfrentado escenas similares y decidieron activar un recurso de amparo. Reclamaron la inconstitucionalidad del artículo 144 de la Constitución provincial (la enseñanza religiosa “se impartirá dentro de los horarios de clase”) y el 8 de la Ley Provincial de Educación, en esa misma línea.
Hay que sacar la religión de la escuela. Es como que les enseñen sólo sobre radicalismo o peronismo.
El amparo daba detalles de la penetración católica en la vida escolar. En la Escuela Bartolomé Mitre, donde estudian los hijos e hijas de Mónica, la docente de Religión lavó los pies con una palangana a los nenes de jardín. En la Belgrano los chicos deben hacer “una representación del nacimiento del dios de los católicos” al final del ciclo lectivo. La Escuela Esteban Laureano Maradona dio un paso más allá: los docentes organizan Vía Crucis dentro del edificio. Las denunciantes argumentan que “asistimos a una clara imposición de un sistema de creencias”, donde se impide el crecimiento de personas libres y autónomas.
El caso está motorizado por el antecedente de Salta, con un amparo que también registraba confusiones tragicómicas: en una escuela de Campo Quijano la maestra le pidió a un niño que dibujara el cuerpo y la sangre de Cristo “y el menor procedió a dibujar lo que literalmente se le pedía”, en vez del cáliz y la hostia. En su presentación como amicus curiae, los expertos Marcelo Alegre y Roberto Gargarella insistían en que la ley “es violatoria del derecho de los niños a aprender, porque prevé la enseñanza de contenidos dogmáticos e incompatibles con la mejor evidencia científica disponible”. El 10 de marzo de 2017 la Corte Suprema nacional declaró la inconstitucionalidad del dictado de contenidos católicos en clase. Las consecuencias fueron evidentes: este año sólo 16 mil de los 184 mil estudiantes en las primarias estatales se anotaron en la materia, que ahora se dicta a contraturno.
De vuelta en Tucumán, a Mónica la citaron desde la escuela en el día dos de su indignación. La esperaban la directora, la docente de religión, la psicóloga y la asistente social. Le ofrecieron elaborar los contenidos en forma conjunta pero se negó. Por ahora, Martina se sigue quedando en la clase. “Cuando ellos rezan, yo no rezo”, le cuenta a la mamá. Pero no les salió gratis. Las madres eliminaron a Mónica del grupo de WhatsApp y le pintaron la frase “Dios es amor” sobre el auto. “Hay que sacar la religión -insiste-. Es como que les enseñen sólo sobre radicalismo o peronismo. No sirve, no es científico”. Desde su trabajo como partera en el sistema público, también se cansó de la omnipresencia de los símbolos religiosos en la provincia. En el hospital de Concepción, al sur de la capital, “todos los domingos ponen 200 sillas y se arma una misa”. Las cruces y las vírgenes están hasta en el respaldo del asiento del chofer.
Mónica tiene que cortar la conversación: está saliendo para Tribunales, donde las madres que pelean por el laicismo se van a quejar de las dilaciones que vienen imponiendo los jueces. El trámite está ahora en la Cámara Contencioso-Administrativa. “Juega abiertamente a favor de la Iglesia, como la provincia, que declaró su apoyo al Arzobispado”, se queja el abogado Ángel Paliza. El Poder Judicial “ordenó correr el traslado a todos los cultos registrados en el país, que son más de 3.600, con el objeto de frenarnos la acción”. Paliza hizo una nueva presentación para que sólo se cite a la Iglesia Católica. Mientras tanto, las misas y los rezos colectivos siguen formando parte del paisaje diario en las escuelas.
Asistimos a una clara imposición de un sistema de creencias.
Como una virgen
Al igual que Mónica, Taty Barranco se autodefine militante feminista. Nacida en una familia creyente y educada en colegios religiosos, también decidió liberarse de la cruz. Después de discutir con conocidas sobre la “intromisión ideológica de la Iglesia en las mentes de las personas”, el 20 de junio hizo algo al respecto. Con más de 40 mil miembros al cierre de esta edición, el grupo que creó en Facebook –Campaña Federal por la Separación Estado/Iglesia– exige “educación sexual integral, conciencia social, una salud pública sin prejuicios moralistas, una sociedad más igualitaria, justa y avanzada”.
“Al no sentirme identificada con ninguna agrupación, pensé que a varias personas quizás le pasaba lo mismo”, recuerda. “Tiré la idea de unirnos y elegir entre todes una insignia”. Inspirados por el pañuelo verde a favor del aborto, abrieron una convocatoria de diseños. Llegaron más de 30. El voto popular se inclinó por uno naranja con logo y letras negras. Sobre la frase “Iglesia y Estado, asuntos separados” (una frase que hizo famosa Ricky Martin), una línea punteada recorta media iglesia y medio Congreso. Con dos referentes por provincia y grupos de talleristas activando en cada región, las adhesiones aumentaron en forma exponencial. Taty lo atribuye al ADN del movimiento: abierto, horizontal, participativo y libre. En estos meses aparecieron diseños parecidos. Algunos empezaron a venderse en MercadoLibre y a aparecer en la tele.
El reclamo por la libertad de conciencia cobró más fuerza en marzo. Un proyecto de ley del diputado nacional Alejandro Echegaray (UCR) propone que el Estado deje de pagar los sueldos de los obispos. La iniciativa prevé la derogación de los cuatro decretos que la dictadura firmó entre 1977 y 1981, cuando se decidió que arzobispos y obispos cobraran una asignación equivalente al 80% de la remuneración de un juez, pagos por parroquias de frontera y jubilaciones graciables a los sacerdotes. Hoy la Iglesia sigue gozando de contribuciones mensuales por seminarista, además de partidas para las causas de canonización y el mantenimiento de tribunales y facultades eclesiásticas. Durante su informe al Congreso de aquel mes, el jefe de Gabinete Marcos Peña reconoció que el gasto estatal en la Iglesia asciende a 130 millones de pesos, aunque no mencionó los subsidios a escuelas y colegios confesionales. Sólo la ciudad de Buenos Airestransfiere más de $1.200 millones anuales.
Pedimos educación sexual integral, salud pública sin prejuicios; una sociedad más igualitaria, justa y avanzada.
Taty dice que el primer objetivo ya está alcanzado -“que la separación Estado-Iglesia se plantee en las mesas de las familias, en un bar, en los colegios”- aunque reconoce que la militancia va por uno mucho más ambicioso: la supresión del artículo 2 de la Constitución, que plantea que “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Mientras tanto, la campaña tucumana y grupos como la Coalición Argentina por un Estado Laico siguen con su plan de apostasías colectivas, que -no casualmente- ganaron visibilidad mientras los senadores rechazaban el aborto.“Queremos libertad de conciencia real, poder vivir sin culpas y en igualdad”, arenga Taty. “Que ya no nos impongan qué hacer y cómo hacerlo”.
“El aborto como delito muestra la desigualdad social”
Cristina Zurutuza, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratiuto, destaca el trabajo del feminismo para poner en agenda una demanda de la sociedad: la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Por la soberanía de nuestros propios cuerpos
Stella Manzano, médica del fallo F.A.L que marcó un antecedente en el acceso a los abortos no punibles, habla de la necesidad de que la interrupción voluntaria del embarazo sea ley.
Un negocio de bajo vuelo
Cuando aún regía una medida cautelar, el gobierno de Mauricio Macri avanzó en la construcción de un aeropuerto comercial para vuelos low cost en El Palomar y favoreció con la entrega de rutas aéreas a FlyBondi, una empresa investigada por presuntos vínculos con funcionarios de Cambiemos.