“El aborto como delito muestra la desigualdad social”

Cristina Zurutuza, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratiuto, destaca el trabajo del feminismo para poner en agenda una demanda de la sociedad: la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Cristina Zurutuza*

El 13 de junio de 2018, la Cámara de Diputados en Argentina daba media sanción al proyecto de ley de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el día anterior, un millón de personas – la mayoría mujeres – estuvimos 24 horas con un frío gélido, haciendo la vigilia para esperar el resultado del debate. Era la séptima vez que se presentaba nuestro proyecto y la primera que era tratado en el  Congreso Nacional. El 8 agosto del mismo año, el senado nos rompió la ilusión. Ahora, un año después, volvemos a presentar nuestro proyecto por octava vez, con una revisión. Se trata de la tercer versión de nuestro reclamo, porque fuimos incorporando aprendizajes y colaboraciones, en un proceso totalmente participativo entre todxs lxs interesadxs en que las mujeres y las personas con capacidad de gestar puedan decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas.

Hace días, nos enteramos de que Lucía – el nombre ficticio de una niña de 11 años tucumana –cursaba un embarazo producto del abuso sexual de la pareja de su abuela. Como en  más casos de los que se suele admitir, las niñas sufren abusos sexuales intrafamiliares, de los cuales algunos desembocan en embarazos no deseados, que para nosotras son embarazos forzados. Parte de ellos terminan en “maternidades” forzadas, si no se logra, como en este caso, la interrupción legal a la que tiene derecho por su inmadurez física, emocional, mental, y tal como lo establece nuestra ley. Y en este caso fue el movimiento feminista tucumano el que logró romper el cerco establecido por las organizaciones que violan los derechos elementales de las personas, como el derecho a la dignidad, la intimidad, las decisiones reproductivas, a una vida libre de violencia.

Foto: Vicky Cuomo

Foto: Vicky Cuomo

Porque Lucía fue casi encerrada en un centro de salud, y prácticamente obligada a seguir gestando, mientras se le mentía a la madre y a ella misma para que el embarazo llegara al séptimo mes y el feto fuera viable. Mientras tanto, Lucia insistía: “Quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro”. 

Queremos una ley para que el aborto sea legal, seguro y gratuito, en los servicios de salud pública

En América Latina, en 4 países el aborto está totalmente prohibido, y el resto  tienen causales de aborto legal (riesgo de vida y/o salud de la gestante; violación; en algunos, malformación fetal); pero estas leyes tampoco se cumplen. Como en el caso de Lucía, miles de niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar pertenecientes a sectores vulnerables, son virtualmente obligadas a continuar un embarazo no deseado o a abortar en condiciones dolorosas y/o inseguras; de manera clandestina, en soledad y abandono del Estado. Esto engorda la cifra de muerte materna, porque muchas más de las que quisiéramos, mueren.

Queremos una ley para que el aborto sea legal, seguro y gratuito, en los servicios de salud pública, las obras sociales y las empresas prepagas. Voluntario hasta la semana 14 y después de ese plazo, si existe riesgo de salud integral, vida o es producto de violación.

Actualmente, el aborto es un delito previsto en el Código Penal (art 86), donde también se detallan las causales de no punibilidad. Pero el aborto como delito, el aborto tan ilegal como sigue ahora, muestra con toda claridad la desigualdad social porque afecta a las mujeres y personas más vulnerables, las que tienen menos recursos materiales y simbólicos. Por eso decimos que el aborto legal es un tema de justicia social, de salud pública, de derechos humanos.

El manto represivo que oculta y penaliza el aborto es el mismo que obstaculiza los abortos que hoy son legales en Argentina, y la implementación efectiva de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas de todo el país y desde el nivel inicial. Es el mismo que desde hace un tiempo ha limitado el acceso libre a anticonceptivos, incluyendo la AHE (“Pastilla del Día Después”). Todos ellos debieran estar disponibles a demanda en todos los centros de salud y también en escuelas y clubes de barrio, especialmente para adolescentes de cualquier sexo/género que esté iniciando su vida sexual, y que – por suerte - quiera protegerse de un embarazo no deseado o de ITS. 

Queremos una ley para que el aborto sea legal, seguro y gratuito, en los servicios de salud pública

Es que en la socialización temprana de lxs niñxs, no se termina de reconocerlxs como sujetos de derechos ni dueños de autonomía sobre sus cuerpos, para decidir qué les pueden hacer y qué no. Las familias que se escudan tras “con mis hijos no te metas” se rasgan las vestiduras por el abuso sexual infantil, pero se oponen a la ESI, negando que lxs niñxs tienen derecho a recibir información, a cuidar su salud y su integridad, y el Estado tiene el deber de proveer a estos derechos. Esxs niñxs reprimidxs no llegan a conocer sus derechos ni a tener una identidad autónoma que les permita defenderse. Lo mismo vale para las adolescentes mujeres, que no tienen herramientas simbólicas para detectar o defenderse de varones que no las cuidan o las obligan a tener sexo sin protección. 

Por todos estos motivos, echamos a rodar de nuevo la Marea Verde. Los reclamos son al Estado y a nuestros representantes. Queremos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. ¡Que sea ley!

*Activista en género y DDHH, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratiuto
 

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