Familias agricultoras campesinas e indígenas denuncian que el Gobierno eliminó las políticas de promoción, asistencia y desarrollo para el campo que trabaja la tierra y produce alimentos. El 60% de los productos que llegan a las mesas están comprometidos.
Cebollas brasileñas y tomates paraguayos. Dos producciones que tradicionalmente se obtienen en los cordones hortícolas de los grandes centros urbanos, ahora vienen de afuera. Así es cómo impacta el modelo liberal desregulador de la economía en las verdulerías, primero, y las mesas, después. La Argentina de la libertad que destruye la agricultura familiar.
“Como mujeres productoras estamos desamparadas”, describe Carolina Rodríguez de la organización Mujeres de la Tierra, al cumplirse diez años de la sanción de la Ley 27.118 (Reparación histórica de la Agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina), una norma que “hoy está vacía”.
Rodríguez hace una radiografía de la situación que vive el campo que alimenta: “Somos quienes le damos alimento al pueblo y lamentablemente estamos trabajando en el campo con muchas necesidades. El alquiler de la tierra y la luz que pagamos es muy cara, para poder producir tenemos que tener un millón de pesos y además mantener a nuestra familia. Necesitamos que el Gobierno piense que si seguimos así vamos a perder todo el cordón hortícola de La Plata”.
El desprecio estatal por las familias productoras ha llevado también a la reconversión laboral. “Hay compañeras que eran productoras y dueñas de su propio tiempo, y hoy son empleadas, tuvieron que dejar a sus hijos al cuidado de otras personas y hacer otro trabajo porque no pueden mantener su producción”, dice la referenta campesina.
Al menos seis de cada diez alimentos que consumen los hogares argentinos llegan desde el campo, provenientes de las fincas donde familias productoras cuidan la tierra, siembran, cosechan y crian animales. En el contexto liberal, la apertura de importaciones de alimentos frescos y la disminución de los impuestos para los grandes capitales provocan la concentración en la tenencia y distribución de la tierra y, en consecuencia, pone en riesgo la seguridad alimentaria de gran parte de la población.
La ensalada extranjerizada
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Romina Padilla, pequeña productora y referenta del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) – Rama Rural asegura que la situación del cinturón hortícola platense es crítica: “Nos parece una locura que dentro de un país donde nosotros generamos una gran cantidad del alimento que muchos de ustedes consumen, ingrese cebolla de Brasil teniendo un montón de familias que producen cebolla. También está entrando desde Paraguay la importación de tomate, siendo que en Río Negro y en el AMBA se produce tomate”. ¿La consecuencia? “Muchos productores tienen que guardar o tirar el alimento, porque al tener insumos dolarizados los costos de los alimentos se encarecen y no pueden competir”.
“Nosotros le damos a la población productos sanos, libres de agrotóxicos y a precios populares, pero hoy todo eso está en peligro porque estamos atravesando desalojos, nos invaden los negocios inmobiliarios y de la megaminería que se llevan nuestros recursos naturales”, reflexiona Esperanza Pereyra del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
Sobre la responsabilidad de la gestión de Javier Milei: “Este Gobierno está atacando varios institutos con los que trabajamos, como el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que nos acercaba derechos que conseguimos luchando”.
El pescado sin vender
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Quienes se dedican a la pesca artesanal también están sufriendo las consecuencias del ajuste económico y el aumento en los servicios: “Esto tiene un impacto directo sobre los costos que llevan a poder tener un alimento de calidad y a un precio justo para los consumidores. El valor del combustible para la pesca y la electricidad para el mantenimiento de los productos se encareció notablemente y el nivel de vida de la gente hace que el consumo del pescado quede relegado. Eso, a su vez, hace que sea muy difícil llegar con un alimento sano, seguro y soberano a las mesas y que nuestro pueblo humilde lo pueda consumir”. El diagnóstico es de Luciano Álvarez, integrante de la Cooperativa de Pesca Artesanal La Boya.
El 97% del pescado que se obtiene en las aguas argentinas se exporta. Por ese motivo, toda la actividad que se genera en torno a la pesca está armada de tal manera que no existe un agregado de valor de mano de obra local, a excepción de los puestos de trabajo de los pescadores que hacen la extracción y el camión de frío que transporta el pescado al frigorífico. “Ahí lo único que se hace es lavarlo y meterlo en cajas que se refrigeran y salen a la exportación sin ni siquiera eviscerar el pescado en el país –explica Álvarez–; esto no solo priva de este alimento a nuestro pueblo, sino que también lo priva de la posibilidad de agregarle trabajo local”.
La cooperativa La Boya se encuentra en la localidad de Pipinas, partido de Punta Indio, y desde ahí realiza la ardua tarea de llevar pescado a lugares donde no llega: “Sacamos una cuota de ese pescado que se va normalmente a los frigoríficos, le agregamos trabajo local en nuestra pescadería popular y con eso estamos abasteciendo a merenderos y espacios comunitarios de la zona”, cuenta Luciano. Además, realizan entregas puerta a puerta en todo el distrito de Punta Indio y abastecen también al distrito de Magdalena con las ferias del mercado bonaerense y los nodos locales de Economía Popular.
Territorios y mesas arrasadas
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Esperanza Pereyra asegura que las medidas que está implementando el Gobierno nacional tienen como objetivo el exterminio de las comunidades campesinas e indígenas en todo el país. “Somos las familias que durante siglos protegimos los territorios, hoy vienen por el agua que se ha protegido y la tierra en la que se ha construido para todas y todos en comunidad”, expresa. Su exigencia es “que se reconozca el trabajo que hacemos en el campo”: cuidar los territorios, llevar comida a los hogares argentinos, garantizar la soberanía alimentaria.
Las organizaciones campesinas denuncian públicamente: “Por primera vez desde el regreso de la democracia, el Estado Nacional no implementa políticas de promoción, asistencia, desarrollo de nuestro sector. Muy por el contrario, nos combate y empuja a la quiebra a miles de familias agricultoras que ven encarecidos los costos de producción, los insumos necesarios y además son desplazados de sus tierras y comunidades”.
La política de la motosierra también avanza sobre los platos argentinos. Como hace siglos, quienes trabajan la tierra para alimentar a sus contemporáneos resisten con trabajo y dignidad. “No tenemos miedo”, avisa Esperanza, que lleva en sus palabras la sabiduría de las comunidades jujeñas.
“No hay forma de pensar la violencia de género sin pensar en la crisis económica”
La médica y docente Sol Ferreyra analiza por qué un sector de la población rechaza la Educación Sexual Integral y asegura que para habilitar el diálogo con el 55 por ciento de la población que votó a Milei hay que saber que son un grupo muy heterogéneo: “No todes nos odian”.
Prevención del embarazo adolescente, ¡afuera!
El gobierno de Javier Milei desmanteló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que funcionaba con éxito en varias provincias desde 2018. ¿Qué pasa cuando la quita de derechos es más costosa que la implementación de políticas públicas?
¿Ahora qué?
¿Cómo es posible que la ultraderecha haya llegado al poder a través de la democracia? Ya está. Pasó. Estos son algunos interrogantes para pensar la resistencia a lo que se viene. ¿Quiénes son los argentinos de bien? ¿Perdimos la batalla cultural? ¿Harán lo que prometieron? ¿Dirán lo que hacen? ¿Y ahora qué mierda hacemos nosotres?