Fumigación contra el dengue: peor el remedio que la enfermedad

En esa misma época se informaba que la actividad se desplegaba en San Jorge, donde “el Municipio dispuso la pulverización aérea en todo el ejido urbano”. La aplicación se realizó en la tarde-noche de un sábado y se aclaraba que “el producto no daña ni a personas ni a animales”.

¿Pero es cierta esa aclaración? ¿Es esta actividad recomendable desde lo sanitario y lo ambiental? ¿Resulta, además, efectiva para combatir al Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue?

Primero lo primero: el Ministerio de Salud de la Nación determinó que esa modalidad de aplicación resulta perjudicial para la salud pública y el ambiente, ya que el insecticida podría caer en espejos de agua o en almacenamientos de agua potable.

Diferentes organismos sanitarios advierten que los productos vertidos contienen altos niveles de piretrinas o piretroides y pueden causar mareo, dolor de cabeza, náuseas, espasmos musculares, falta de energía, alteraciones de la conciencia, convulsiones y pérdida del conocimiento. Los cambios de estado mental pueden durar varios días si la exposición a altos niveles persiste. Y si bien no hay evidencia científica, eso también podría afectar la capacidad de reproducción en seres humanos, dado que algunos estudios en animales han demostrado una reducción de la fertilidad en machos y hembras.

Los piretroides son más tóxicos en los insectos y los mamíferos y permanecen en el ambiente. En el aire y en el agua se degradan en uno o dos días y suelen adherirse firmemente al suelo, donde son absorbidos eventualmente por microorganismos.

El experto en Ecotoxicología ambiental de la Universidad Nacional del Litoral, el Doctor Rafael Lajmanovich, es contundente: “Las fumigaciones áreas no son recomendadas para el control de larvas del mosquito Aedes aegypti y son un serio riesgo para la salud humana y animal. En especial para la fauna acuática como los anfibios”. El Laboratorio de Ecotoxicología de la FBCB-UNL fue pionero en estudiar la ecotoxicidad de productos utilizados como larvicidas para el control de mosquitos considerados “inocuos”. Además de corroborar la extrema toxicidad de los piretroides utilizados por el Área de Control de Vectores de la Provincia de Santa Fe.

Todo ese veneno ingresa a nuestro cuerpo al comer alimentos contaminados con estas sustancias, respirando el aire o al estar en contacto con la piel. ¿Sabrán los intendentes e intendentas y quienes presiden las comunas que este producto es el que se vierte sobre sus habitantes? ¿Existe algún control sobre la cantidad de este producto que se tira?

La estrategia de llevar a cabo este tipo de campaña contra el dengue es resistida por el Grupo de Investigación sobre Mosquitos en la Argentina (GIMA), un colectivo de investigadores e investigadoras del CONICET que desarrollan  actividades de investigación, docencia y divulgación en diferentes laboratorios, centros, instituto y universidades de Argentina. 

En su página web transcriben un informe donde aclaran que, “si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la pulverización aérea para casos donde el acceso terrestre es sumamente dificultoso y cuando existen áreas extensas a tratar rápidamente, su uso para el control del mosquito Aedes aegypti requiere de equipamiento técnico específico para tal fin, con el que no se cuenta en la actualidad en nuestro país”.

Ese informe –que evidentemente no leyeron las autoridades gubernamentales que propician este método– aclara que nuestro país no dispone del tipo de aviones pulverizadores ni de pilotos certificados para salud pública y que esta clase de prácticas podrían provocar “grandes problemas ambientales”. Lo argumenta de esta manera: “Las aplicaciones realizadas sin los procedimientos técnicos exigidos ponen en mayor riesgo la salud pública y el ambiente. Pueden causar un impacto negativo en la biodiversidad y en particular un efecto perjudicial en polinizadores y otras especies de insectos benéficos”.

El 31 de marzo de este año publicaron una extensa nota titulada “Peor el remedio que la enfermedad”, en la que volvieron a alertar a las autoridades que no resultan recomendables las fumigaciones aéreas “debido a su baja eficacia y elevado riesgo toxicológico” y aclaran que no solo no resuelve el problema sino que son “un gasto innecesario de recursos” 

Lajmanovich coincide con GIMA y además aporta evidencias bibliográficas internacionales para sostener que la utilización de aviones no reduce la tasa de oviposicionamiento del Aedes aegypti. El especialista relató el caso de Jamaica, el país que sufrió un brote de dengue entre octubre y diciembre de 1995, donde esta práctica fue inútil.

Aún así esta estrategia se está llevando a cabo en diferentes lugares de la provincia de Santa Fe, auspiciada por autoridades que no solo parecen desconocer sus implicancias, sino que tampoco se asesoran.

Queda claro que existe una intencionalidad de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas en mostrarse frente a la sociedad como un espacio preocupado por la población general y por los efectos causados por una nueva epidemia de dengue.

Pero ante diferentes fallos que, basados en pruebas científicas, limitan las fumigaciones terrestres y aéreas por considerarlas perjudiciales para la salud --es paradigmático el caso de la escuela Santa Anita en Concepción del Uruguay, donde el Tribunal Oral de esa ciudad condenó al presidente de la empresa fumigadora, el dueño del campo y el piloto a un año y medio de prisión por fumigar cerca de una escuela-- pareciera haber una búsqueda deliberada para lavar la cara de estas empresas. Un “aporte desinteresado” a la sociedad.

No es la primera vez que ocurre. En 2013, Pixar y Disney volvieron a demostrar que la industria cinematográfica suele ser muy astuta a la hora de “lavar conciencias y cabezas” cuando crearon a Dusty, un simpático y querible…avioncito fumigador.

Pero más allá del cine y los ablandes culturales, la realidad indica que las fumigaciones aéreas para combatir el dengue no solo son ineficaces y peligrosas: además violan la normativa de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que explícitamente prohíbe a las aeronaves volar sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados, o sobre una reunión de personas al aire libre, excepto cuando sea necesario para despegar o aterrizar o cuando se cuente con una autorización especial de la Autoridad Aeronáutica competente. 

Si bien en marzo de este año  el equipo técnico de la Federación de Cámaras Agroaereas realizó un protocolo del control de mosquitos para aplicaciones aéreas en zonas urbanas y periurbanas, no puede considerarse de mayor valía que la prohibición efectuada por la ANAC.

Una vez más resulta imprescindible que la pandemia de Covid-19 no nos tape la epidemia de dengue. Pero tampoco que Dusty y sus análogos de cabotaje no nos sigan engañando.