“Es imperiosa la verdad en nuestras vidas”

por Revista Mu
Fotos: Vicky Cuomo
05 de diciembre de 2019

En cinco días debería conocerse qué decide la Cámara de Casación Penal sobre el caso Santiago Maldonado. Su muerte había sido tipificada como consecuencia de un “abandono de persona”, pero su hermano Sergio y la abogada Verónica Heredia interpusieron un recurso para que se investigue el caso como una desaparición forzada, lo cual implica la responsabilidad del Estado. Cobertura colaborativa con La Vaca.

La Sala IV de la Cámara de Casación Penal tiene en sus manos una parte crucial del destino de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Luego de que el Tribunal Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolviera en septiembre reabrir la causa que el juez federal Gustavo Lleral había archivado en 2018, Sergio Maldonado y su abogada Verónica Heredia fueron citados tras el recurso de casación que presentaron para que la causa se investigue bajo la tipificación de “desaparición forzada seguida de muerte”, pues los los camaristas la habían descartado calificando el hecho como “abandono de persona”.

La abogada Heredia apeló en su exposición a dos fallos referidos a desapariciones forzadas que esta misma sala –compuesta por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo – tuvo en años anteriores. “En abril de 2012, en la causa de Iván Torres (joven desaparecido en Chubut en 2003), dictaron una resolución donde entienden que debe investigarse una desaparición forzada en democracia de forma amplia”, explicó a lavaca. “En septiembre de 2014, dictaron una resolución en el caso de César Monsalve (13 años, desaparecido en 2013) donde, a pesar de haberse encontrado el cuerpo de la persona desaparecida, dijeron que había que continuar investigando la desaparición forzada y que sólo se podía investigar el tipo penal si se estudia el contexto”.

Heredia subraya que ni Lleral ni la Cámara de Comodoro investigar el contexto. “Por lo tanto, jamás investigaron la desaparición forzada. Nosotros decimos: acá falta una investigación”.

La abogada también recalcó la importancia de conformar un Grupo de Expertos Independientes. “¿Por qué? Porque tanto el caso de Torres como el de Monsalve siguen en la impunidad. Eso ocurre porque Argentina no se ha preparado para investigar una desaparición forzada en democracia”.

¿Cómo confiar en esta estructura?

“Queremos saber la verdad, no importa cuál sea, más allá de lo dolorosa que pueda ser”, dijo Sergio Maldonado mirando a los jueces, que lo escuchaban con atención. “Después viene la justicia. Es imperiosa la verdad en nuestras vidas. Hace dos años y cuatro meses que nos cambió la vida. Para que tengan una idea de la necesidad que tenemos los familiares de saber la verdad, el 8 de julio, mi abuela, en la última conversación que tuve antes de morirse, me dijo que quería morirse para averiguar qué le había pasado a Santiago. Me parece que, contra eso, no hay otra cosa que se pueda hacer”.

"Jamás investigaron la desaparición forzada. Nosotros decimos: acá falta una investigación”

Sergio hizo un relato cronológico de los hechos: el maltrato del juez Otranto y la fiscal Ávila, la última vez que los vio, los tres rastrillajes por parte de las fuerzas de seguridad en el mismo lugar en el que el 17 de octubre de 2017 encontraron el cuerpo de Santiago, la ruptura de la cadena de custodia con el ADN del joven. “¿Cómo podemos confiar en esa estructura de seguridad?”, preguntó. El juez Hornos le preguntó cuántos hermanos eran y cuándo era la fecha de cumpleaños de Santiago, en un gesto que quizá buscó un intento de cercanía a una víctima en un ámbito que siempre es frío y hostil. 

Sentados frente a los jueces también estaban las querellas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la  Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Todas remarcaron no sólo los agravios que sufrió la familia en el proceso de búsqueda de verdad y justicia, sino también las fallas de una causa que contó desde el minuto cero con la intervención directa del Ministerio de Seguridad.

Por ejemplo:

El CELS destacó que hoy la causa está sin juez porque todos se inhibieron.
La APDH recordó la Justicia nunca ordenó peritar el celular de Pablo Noceti (entonces jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad).

La CPM citó a las causas de lesa humanidad para ejemplificar sobre la parcialización y fragmentación de los expedientes, “no permitiendo acceder al conocimiento y encontrarnos con que parecen hechos que se cortan en fotografías y no en la película de lo que existió”.

La importancia del contexto
Por su parte, la abogada Heredia precisó algunos detalles:

Citando los fallos de Iván Torres y César Monsalve: “¿Por qué insistimos en desaparición forzada si estamos en democracia? ¿Por qué seguimos insistiendo si apareció el cuerpo, nos preguntan? Con Iván Torres dijimos que la desaparición forzada tenía que investigarse con toda la amplitud requerida. Esta sala tuvo en cuenta también el contexto en el que desapareció Iván. Tanto Lleral como la Cámara de Comodoro descartaron analizar el contexto. Esa sola afirmación habilita a que se investigue todo este proceso teniendo como base el delito de desaparición forzada. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que sólo se puede analizar el tipo de desaparición forzada si se tiene en cuenta el contexto. Si no se tiene en cuenta esto, no se está analizando una desaparición forzada”.

“La desaparición forzada no es una sumatoria de delitos: es un pluridelito”


“Sabemos que la última vez que vimos a Santiago con vida había centenares de gendarmes. Y 78 días después aparece en ese lugar sin vida. En un lugar que había sido rastrillado por las mismas fuerzas de seguridad”.

“Pero tanto la causa Torres como la de Monsalve están impunes. Por eso insistimos en la conformación de un Grupo de Expertos Independientes. Es para fortalecer el sistema democrático y garantizar que no exista nunca más una desaparición forzada en democracia. Este Grupo podría investigar, por ejemplo, por qué Pablo Noceti estaba en esa ruta el 1º de agosto de 2017. Por qué el 3 de agosto el juez federal Guido Otranto llamó a Noceti para decirle que iban a peritar los móviles. Por qué a escondidas del expediente investigaban, junto al Ministerio Público Fiscal, a Sergio y a testigos: les pinchaban los teléfonos mientras no los recibían. Ese es el contexto de este pluridelito que viola todos los derechos, incluso la vida del propio Santiago”.

Dos antecedentes de fallos en esta Cámara fueron el caso de otra desaparición en la que más tarde se encontró el cuerpo: la de Luciano Arruga (desaparecido en 2009). Y el fallo en favor de que se tramite el hábeas corpus que presentó Nora Cortiñas por la desaparición de su hijo Gustavo.

El juez Borinsky le preguntó a la doctora Heredia por las características que podría tener el Grupo de Expertos Independientes. Heredia recordó las experiencias de Colombia y la constitución del GEI para investigar la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, México. Habló sobre la importancia de sumar personas expertas en pueblos originarios (por la persecución a la comunidad mapuche), a trabajadores sociales para lograr una escucha sensible en los territorios, y también a expertos en información.

“Este caso, lo que tiene de sintomático, es la utilización de medios de comunicación que influyeron activamente en el proceso”, remarcó. En julio, la familia Maldonado presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe que ubica a funcionarios del gobierno y diputados, a periodistas y operadores, en un rol central en la creación de noticias falsas a través de los medios y las granjas de trolls para ocultar la desaparición, instalar pistas falsas, y criminalizar y deshumanizar al joven y a su familia. 

A las 14:44, el juez Hornos llamó a labrar un acta para concluir la audiencia.

Según estiman las querellas, en cinco días los jueces deberían tener una resolución.

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