"Como los barrabravas, la Policía corrupta es funcional a la clase política"

por Mariano Pagnucco
Fotos: Agustina Salinas
03 de abril de 2022

En su libro "Desaparecer en democracia", la periodista Adriana Meyer reconstruye más de 200 casos de desapariciones forzadas registradas desde 1983. La impunidad de las fuerzas de seguridad, el rol cómplice del Estado y las historias desconocidas de víctimas de pueblos originarios.

La última vez que lo vieron con vida a José Luis Franco (23) fue el día de Nochebuena de 1983. Catorce días después de la asunción de Raúl Alfonsín como Presidente de la Nación, el joven fue detenido en Rosario y trasladado a la Comisaría 11a. Tiempo después, cuando su cuerpo apareció masacrado en un descampado, la Policía provincial comunicó que había sido asesinado “en un enfrentamiento”. 

Con la recuperación de la democracia, Argentina entró en un período complejo en el que prosperó la perspectiva de Memoria, Verdad y Justicia que impulsaron los organismos de derechos humanos. Pero más allá de que la cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos se convirtió en una bandera de la memoria social, las desapariciones forzadas continuaron. Desde el caso de Franco en Rosario, en 1983, hasta el de Facundo Astudillo Castro en Pedro Luro (Buenos Aires), en 2020, transcurrieron casi cuatro décadas con un total de 218 desapariciones forzadas en democracia. Esa cifra y ese recorrido son el cuerpo y el alma de Desaparecer en democracia, el libro de la periodista Adriana Meyer publicado por Marea Editorial el año pasado.

Si bien es el debut como autora de Meyer, una colega con larga trayectoria en gráfica, radio y televisión, en las casi 460 páginas del libro están volcados años enteros de investigación y seguimiento de casos judiciales, de derechos humanos y represión estatal. Una semilla posible de Desaparecer en democracia puede encontrarse en las cajas con apuntes, fotocopias y documentación que Meyer fue llenando tras la desaparición de Jorge Julio López en septiembre de 2006. Una caja similar se fue nutriendo tras la desaparición de Santiago Maldonado en agosto de 2017. 

Ambos casos, que cubrió con interés periodístico y personal para diversos medios, la llevaron a revisar el listado de la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) sobre desapariciones forzadas en democracia: el recuento daba 204 casos. Con ese punto de partida se gestó un volumen que es un documento histórico insoslayable para pensar los derechos humanos del siglo XXI en la Argentina.

 

–¿Cómo fue el trabajo minucioso de investigación para llegar a rescatar información de todas las desapariciones en democracia?

–Yo tenía mucha información acumulada del caso de Jorge Julio López, que fui recopilando en cajas: recortes, libros de referencia... Con el caso de Santiago Maldonado se armó otra caja similar con materiales. Después, el mayor trabajo fue dejar afuera información para el libro. Con los casos más conocidos, lo que me propuse es contar otra historia. Por ejemplo, el caso Maldonado está contado por las voces mapuche, por sus amigos menos conocidos, aparece su costado anarquista, la voz de su hermano Germán, que no es tan conocido como Sergio... En el caso de Facundo Castro, están las voces de los pescadores, que no habían aparecido. Me propus  e sumar datos nuevos y contar esos casos conocidos desde otros ángulos. El libro está organizado por gobiernos, siguiendo algo que dice Norita: cada Gobierno tiene sus desaparecidos en democracia, que se haga cargo. Tuve como ayuda una base importante que es la lista de la CORREPI. Fui viendo capítulo por capítulo, revisando los casos de los que no tenía información. Ahí era empezar de cero, conseguir contactos, llamar. En algunos casos no pude avanzar mucho pero está documentado lo que salía en los medios, aunque mi intención era ir más allá. 

–Hay un capítulo entero dedicado a desaparecidos de pueblos originarios.

–Siempre me llamó la atención algo que decía Moira Millán: hay 415 desaparecidos pertenecientes a distintas comunidades originarias del país. Dimos vuelta cielo y tierra con Gioia Claro, compañera de Cítrica, para tener más datos. Hablamos tanto con el territorio como con la Academia, gente que ha realizado investigaciones sobre pueblos originarios. Finalmente dimos con 12 casos inéditos de desapariciones forzadas de miembros de comunidades originarias. Ese capítulo es novedoso.

 

Continuidades de la historia

Meyer reconoce que cuando se adentró en las historias de vida truncadas detectó la complejidad de la tarea investigativa: “Hubo casos en los que viajé a los territorios, como el de Maldonado. Cuando me di cuenta del material que tenía, un poco me temblaron las piernas: el listado era muy largo, así que me dije hay que hacer equipo”. Las otras personas que le dieron vida a Desaparecer en democracia son Daniel Satur (dedicado al caso de Facundo Castro, “el expediente más denso y más caliente”), Gioia Claro (desapariciones originarias), Soledad Segade (los casos de Mendoza), Juan Pablo Csipka (“para rescatar del olvido los casos de Andrés Núñez y Miguel Bru”, además de una antigua historia de anarquistas) y Martín Cosarini (edición fotográfica “para que aparecieran todas las caras”).

Sobre el criterio utilizado para incorporar los casos: “La línea divisoria que yo establecí en el libro es que esté probada la participación de una fuerza de seguridad en las desapariciones. El listado de CORREPI, que es muy riguroso, menciona 204 casos y yo le sumé 12 casos de originarios. ¿Qué pasa con las víctimas de la trata? Bueno, según el criterio que yo utilicé, están Otoño Uriarte y Marita Verón, pero no María Cash, porque no hay pruebas, hay sospechas. Así pasa con la mayoría, por eso preferí no meterme”.

–Después de todo el trabajo de investigación, ¿qué pensás de las desapariciones forzadas? ¿Es un sótano de la democracia, un resabio de la dictadura o una red de complicidades dentro del Estado que hace que no tenga tanta difusión lo que sucede?

–Bueno, es complejo, es la pregunta central del libro. Hay un agujero, una deuda de la democracia, porque si bien los casos no suceden con la sistematicidad que había en la dictadura, las cifras son altas y sí hay prácticas cotidianas y sistemáticas como las torturas en comisarías que, en muchos casos, derivan en desapariciones. Si el Estado es responsable, la asignatura pendiente es elaborar desde el Estado los mecanismos para que no vuelva a suceder. El libro ofrece un montón de aristas de cosas que se podrían haber hecho y que todavía se pueden hacer, porque es una cuestión de implementación. Ahí tenés otro problema, que es la voluntad política. Todo el mundo declama sobre este tema mientras hay un desaparecido, pero después el tema vuelve a desaparecer de la agenda. Pongo un caso: cuando León Arslanian quiso implementar ciertas purgas en la Policía Bonaerense, el mismo día que los anuncios hubo cientos de llamados de los intendentes. El poder político de la Provincia de Buenos Aires en ese momento necesitaba de esa Policía corrupta. Sobre cómo llamarlo... a mí no me gusta hablar de los sótanos, es la superficie de la democracia.

–¿Por qué se repiten los casos en los sucesivo gobiernos?

–Lo que explica que esto siga pasando es, más bien, una ley no escrita de las fuerzas, que no hay cursito ni nuevas generaciones que la cambien. Todos piensan que las mentes siniestras de Videla y compañía generaron el mal y lo perpetraron hacia abajo, pero en realidad ya lo decía Rodolfo Walsh en un artículo para el diario de la CGT de los Argentinos: la Bonaerense es la secta del gatillo alegre y de la mano en la lata, o sea, una Policía corrupta que no te mata por ideología, sino por guita. Entonces, los intendentes del conurbano quieren esta Policía y esto no es tema de agenda en las campañas electorales. Algo parecido pasa con los barrabravas. Estas fuerzas son funcionales a algunos sectores, si no a toda la clase política. Es una especie de patota, no paraestatal, sino estatal al servicio del mejor postor. Eso para mí responde a la ley no escrita de las fuerzas.

–¿Cómo funciona esa ley?

–Por ejemplo, hay un discurso que se repite de generación en generación de policías según el cual hay que esperar 24 horas para denunciar una desaparición. ¿Dónde está escrito eso? Los expertos coinciden en que esa ley no escrita es más fuerte que la ley. Si te ponés a pensar, no hay que esperar un solo segundo para denunciar una desaparición. ¿Cómo va a cambiar esto si el tipo que tiene que tomar la denuncia no sabe o no quiere saber que la búsqueda debe ser inmediata? Por eso CORREPI recomienda ir directamente a las fiscalías.

–El accionar de las fuerzas de seguridad está atravesado por la impunidad.

–A mí me quedó picando algo del caso de la violación grupal en Palermo, cuando entrevistaron a una referenta feminista y dijo “el violador viola porque puede”. Con los desaparecedores pasa algo similar: desaparecen porque pueden, porque es casi gratis, casi no hay condenas. Imaginate que no hay casi condenas por gatillo fácil, menos por desapariciones forzadas. Sobran los dedos de la mano para contar los casos que llegaron a juicio y tienen condena. El caso López, empantanado; el caso Bru, ni siquiera está el cuerpo; caso Núñez, todavía hay un prófugo 30 años después, que saben dónde vive pero nadie lo va a buscar. El delito está tipificado en el Código Penal, que antes no existía, y los jueces no lo aplican. La impunidad es eso: desaparecen porque pueden. También hay una rémora de la dictadura que es la construcción de la víctima culpable.

–Algo habrán hecho.

–Y... Maldonado estaba tirando piedras, era un terrorista que corta rutas; los de Tablada, ¿qué fueron a hacer ahí? Entonces, tenés una mitad de la sociedad que cree que está bien, aunque también hay una mitad que juzgó el genocidio. A ese mitad que juzgó el genocidio uno le habla cuando propone que se cree un listado de NN para cruzarlo con un banco de desaparecidos que no hay. Esto lo dicen los especialistas en el libro, como muchas otras cuestiones que se pueden implementar y no se han implementado hasta hoy.


Sobre Adriana Meyer

Periodista oriunda de Miramar (1970) con amplia trayectoria en gráfica, radio y televisión. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y docente universitaria en la UBA. Se ha especializado en temas judiciales, de derechos humanos y represión estatal. Integra el equipo de "Marca de Radio". Desde 1998 es cronista en Página/12 y actualmente también escribe en Cítrica, La Izquierda Diario, Acción y Agencia Presentes. Es madre de mellizos.
 

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