Luego de la interrupción de un embarazo a una niña de 13 años que había sido violada, un portal provincial difundió que el feto había sobrevivido diez horas. El Ministerio de Salud y la documentación que tiene la Justicia lo desmienten enfáticamente. ¿Qué hay detrás de la noticia falsa? Grupos antiderechos que piden la derogación del protocolo ILE y vulneraron el derecho a la intimidad de la menor.
Las noticias falsas no sólo se usan para ganar elecciones. También se usan para vulnerar derechos o imponer las creencias por sobre la aplicación de la ley. En Entre Ríos viene pasando eso desde hace varios días. Hubo un hecho: un aborto realizado en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia, a una niña de 13 años que había quedado embarazada producto de una violación. Después hubo una noticia falsa sobre ese hecho: el portal El Entre Ríos, a través del periodista Osvaldo Bodeán, divulgó que el feto había sobrevivido 10 horas. Y luego hubo consecuencias: la mentira circuló y generó presiones y daños, por más de que la información que maneja la Justicia provincial desmienta categóricamente al portal.
La impugnación al fiscal José Arias, el pedido de intervención al Defensor de Pobres y Menores de la Entre Ríos y un sumario administrativo a los médicos que intervinieron en el caso son algunos de los daños que provocó esta operación de prensa pergeñada por grupos antiderechos, que además violaron el derecho a la intimidad de una menor de 13 años.
El aborto fue realizado a una niña de 13 años, que estaba embarazada producto de una violación. La intervención se encuadra perfectamente en los casos previstos en el Código Penal desde 1921.
El informe es contundente: el óbito –como se registra en las historias clínicas al feto o al material luego de una interrupción legal de un embarazo– no presentaba signos vitales. Lo cual desmorona la estrategia de los grupos antiderechos que se encolumnaron para pedir la derogación del protocolo ILE.
Se trata de una niña de 13 años, quien cursaba un embarazo producto de una violación, lo que se enmarca en los alcances del Código Penal y del fallo F.A.L. que autoriza esta práctica cuando hay riesgo en la salud integral o el embarazo es producto de una violación.
El propio fiscal que entiende en la causa, José Arias, admitió en una entrevista radial que las muestras fueron remitidas inmediatamente y que obran en su poder desde el mismo momento en que el cabo oficial de policía Raúl Pignataro le hizo entrega, minutos después de realizada la ILE. Conclusión: no hubo sobrevida de ningún tipo. Todo lo contrario a lo que divulgó el portal durante varios días.
Los registros ya están en poder de la Justicia. Pignataro reconoció su firma en el acta donde constan horario y demás detalles de la historia clínica.
También se desmintió el tiempo transcurrido en la presentación de una “supuesta objeción de conciencia” por parte de algunos médicos que intervinieron en el caso. Según consta en el Ministerio de Salud, no fue antes del procedimiento, sino después del mismo que los profesionales presentaron este “recurso”, lo que se entiende como una estrategia para escudarse frente al sumario administrativo que ya se inició en la cartera sanitaria, por incumplimiento de las responsabilidades profesionales dentro de un hospital público: no por haber realizado el aborto, sino todo lo contrario, por haber demorado la práctica, obstaculizar un procedimiento legal y por haber brindado información confidencial de la historia clínica. Ahora deberán presentarse a declarar.
La actitud que se le reprocha al medio y al periodista es la de instalar una noticia falsa para torcerla a sus preceptos religiosos, por encima de los derechos de la menor.
No había ninguna duda, el aborto debía practicarse: se trataba de un embarazo producto de una violación y se encuadra perfectamente en los casos previstos en el Código Penal desde 1921 –riesgo de la salud integral o violación– para lo cual los profesionales no pueden objetar por ningún motivo a retrasar el derecho a la intervención legal del embarazo (ILE), tal como lo establecen las directrices de la Secretaría de Salud de la Nación y todas las carteras sanitarias de las provincias.
No obstante, las publicaciones del medio en esa ciudad aseguraban que el feto había tenido una sobrevida de 10 horas. El periodista que las realizó insistió una y otra vez con esta versión, para asegurarse que esto coincidiera con su postura ideológica. De este modo, menospreciaba y vulneraba los derechos de la menor.
El objetivo fue además movilizar a los grupos antiderechos a manifestarse en oposición al protocolo que garantiza legalmente la interrupción de un embarazo.
Impugnaciones
La cartera sanitaria entrerriana envió una nota al Defensor General de Pobres y Menores de la provincia, Maximiliano Benítez, para que tome intervención frente a las publicaciones que “afectan en modo directo los Derechos y Garantías reconocidas por la Constitución Nacional y en especial por la Convención de los Derechos del Niño” debido a la difusión de datos de la niña y su historia clínica. La nota remitida a Benítez, que lleva la firma de la ministra Sonia Velázquez, solicita “resguardar el interés superior de la menor” en torno a los derechos que establecen que “ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.
Por otra parte, el abogado Pedro De La Madrid que representa a la menor y a su familia, presentó la recusación del fiscal Arias. El fundamento se basa en tres aspectos: el “principio de legalidad” debido a que se entiende que el fiscal reveló datos del expediente de la menor, cuando tiene un imperativo legal que así lo prohíbe, por considerar que “presionó” a testigos, y por “incumplimiento de sus deberes” por no frenar la difusión de noticias falsas, cuando él mismo tenía a su disposición el acta y los materiales inmediatamente luego de haberse realizado la ILE.
La difusión de noticias falsas
Más de 200 periodistas, comunicadoras y comunicadores sociales y trabajadores de prensa y más de 60 organizaciones se manifestaron públicamente porque entendieron que había una violación de los derechos de la niña, a través de su revictimización, y repudiaron el artículo publicado en el portal El Entre Ríos, que sostenía que como consecuencia del aborto el feto tuvo una sobrevida de 10 horas.
La maniobra periodística fue considerada como una “operación mediática” para desinformar respecto a la ley vigente y a la aplicación del protocolo de interrupción legal del embarazo.
“Tal es así, que el Ministerio de Salud de la provincia debió salir a desmentir enfáticamente la sobrevida del feto”, señala el comunicado firmado por periodistas y organizaciones. Y agrega en consonancia con el Ministerio de Salud de Entre Ríos que se trató de una “maniobra ejecutada por un periodista de Concordia, que consideramos es guiada por su postura abiertamente antiderechos, y coincidimos con el documento del Ministerio de Salud que sostiene que se trató de una ‘manipulación perversa’ de los hechos para intentar instalar en la sociedad una falsa idea de lo que efectivamente ocurrió: la aplicación de la legislación vigente en pos de proteger los derechos de una niña de 13 años”.
Periodistas y organizaciones firmaron un comunicado en repudio a la práctica del portal El Entre Ríos. Entendieron que había una violación de los derechos de la niña, a través de su revictimización.
“Las consecuencias que tuvo el irresponsable y falaz accionar del periodista Osvaldo Bodeán fue la revictimización de la niña que accedió al aborto legal”, añade el comunicado.
El documento que reúne a comunicadoras y comunicadores en un unánime repudio añade que “lamentablemente lejos de dimitir en su maniobra, el colega redoble la apuesta de sostener la falacia a través de la publicación de otro artículo en el que rechaza que desde Salud se considere perverso a ‘quien reveló lo sucedido’, esto es, él mismo. En ese sentido, le recordamos que nunca puede ‘revelarse’ algo que no ocurrió: la mentira se inventa”.
La actitud que se le reprocha al medio y al periodista es la de instalar una noticia falsa para torcerla a sus preceptos religiosos, por encima de los derechos de la menor.
Desde el conjunto de trabajadoras y trabajadores de prensa se remarcó: “Sostenemos que el periodismo debe ejercerse en forma responsable y veraz, con datos fidedignos y comprobables. Por eso reafirmamos nuestro compromiso por una comunicación plural y democrática que tienda a multiplicar derechos, nunca a vulnerarlos o cercenarlos”.
También periodistas de distintos medios de la provincia instaron a través del comunicado al Servicio de Justicia, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y demás organismos del estado, “para que tomen intervención y hagan cesar la violencia que ejerce Bodeán a través de su medio de comunicación hacia la menor y hacia las instituciones y para que se haga efectivo el cumplimiento de los derechos establecidos en casos de abuso en la Convención sobre los derechos de Niños, la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , en la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, el Código Penal, entre otros tratados, convenciones y acuerdos internacionales de protección de la Niñas, Niños y Adolescentes”.
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