Una mirada sanitaria de la despenalización

por Diego Lanese
Fotos: Agencia Télam
28 de diciembre de 2020

El impacto de legalizar la interrupción del embarazo se notará en un sistema sanitario que gasta más de 2.500 millones de pesos anuales en atender las complicaciones de las prácticas clandestinas. Lxs especialistas afirman que están dadas las condiciones para atender la demanda de las personas gestantes en los hospitales.

“De salir la ley, no se van a llenar los hospitales de mujeres, la legalización del aborto no llena las camas ni recarga la salud pública”. Yolanda Bertazzo es médica ginecóloga y jefa del Programa de Salud Sexual y Reproductiva en San Luis, desde hace casi dos décadas. La especialista es parte de la campaña Salvemos miles de vidas, realizada desde 2019 por médicos y profesionales de la salud de todo el país, que buscan concientizar sobre los beneficios sanitarios de la despenalización del aborto, que genera prácticas clandestinas y peligrosas para las personas gestantes. La campaña de difusión se basa en testimonios sobre los efectos de la clandestinidad en el sistema sanitario, que debe afrontar las consecuencias de estas prácticas, que en muchos casos genera consecuencias físicas y mentales permanentes. Bertazzo utilizó en la campaña un ejemplo devastador: el caso de una niña de una familia muy religiosa, que quedó embarazada y recurrió a un aborto clandestino. La paciente llegó al hospital con “una infección generalizada”, se le hizo una histerectomía y casi muere. Sobrevivió, pero se le extirpó el útero, y tuvo entre otras consecuencias una insuficiencia renal. 

Tanto en 2018 como este año, entre los argumentos usados por quienes rechazan la ley de legalización de la interrupción del embarazo se esgrimió los problemas que puede generar en el sistema de salud, de por sí castigado, que además este 2020 debe enfrentar la pandemia de coronavirus. La idea de que legalizar los abortos generará un colapso de la atención es rechazado por entidades feministas, por profesionales de la salud y por los propios números del sistema. El proyecto de legalización establece que “obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo”, a partir de incluir la práctica en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Programa Médicos Obligatorio (PMO) con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo”. ¿Está la seguridad social preparada para esto? Un reciente estudio marca que no sólo la legalización no aumentará los gastos, sino todo lo contrario. Es que la realización de los abortos seguros evita las complicaciones como las que contó Bertazzo, que cada año genera gastos por más de 2.500 millones de pesos. 

MENOS GASTOS

Ya en el debate de 2018 muchxs legisladores que se opusieron a la aprobación de la ley hablaron de la “cuestión económica”, entendiendo que la incorporación del aborto a las prácticas médicas puede ser un peso al castigado sistema de salud, en especial el público. Para desbaratar los argumentos falaces, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió en los últimos días un detallado informe donde analiza el impacto que tiene la clandestinidad en la atención, y cómo la legalización permitirá evitar mucha de las erogaciones. De los 450 mil abortos que se hacen actualmente en el país, según la estimación que hace la entidad, surgen complicaciones que terminan en ingresos hospitalarios. “El costo total ponderado alcanza en total la suma de 2.586.000.000 de pesos al año” para unos 45.6000 casos que se complican, lo que arroja “un costo promedio por aborto clandestino de 56.700 pesos”, destacó el cálculo del CEPA, que llega a esta cifra al cuantificar a través de un cruce interdisciplinar “el costo de los tratamientos hospitalarios asociados al nivel de gravedad del cuadro de salud del/la paciente que ingresa”. Para eso, se crearon tres categorías: abortos incompletos leves (que requieren tratamiento ambulatorio para su conclusión), abortos incompletos de gravedad media (sepsis, hemorragias, internaciones de baja complejidad) y abortos incompletos de gravedad alta (sepsis, hemorragias, intervención quirúrgica de alta complejidad, shock séptico terapia intensiva). El informe del CEPA estableció que “del total de los egresos hospitalarios por abortos incompletos que se producen en promedio en un año, el 67 por ciento requerirá una intervención leve, el 31 por ciento serán complicaciones de gravedad media y el 2 por ciento corresponderá abortos incompletos con cuadros de alta gravedad”.

“De salir la ley, no se van a llenar los hospitales de mujeres, la legalización del aborto no llena las camas ni recarga la salud pública”

 
Por el contrario, si se calculan todos estos abortos clandestinos de manera legal, como establece la ley que se trata en el Congreso, esas complicaciones desaparecen, y se evitan las prácticas asociadas a sus consecuencias. Para esto, “se supone un escenario donde el total los abortos clandestinos se realizara a través de un método medicamentoso, con la
consideración de que el 10 por ciento de esos abortos no serán exitosos y requerirán una intervención de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) para completar el aborto”. Si se calcula el valor de la caja del Misoprostol, el tratamiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y los valores adicionales de los tratamientos, el valor fiscal de realizar esos 45.600 abortos que se complicaron es de 314.416.632 pesos, un 88 por ciento menos que los valores que hoy se registran en el sistema hospitalario por las consecuencias de la clandestinidad. 

Además del peso fiscal de atender las complicaciones por abortos clandestinos, el sistema de salud debe atender esta realidad en el marco de una crisis de recursos humanos y materiales que la pandemia potenció, pero que está lejos de no poder atender la legalización, según afirman. “Por supuesto que la aprobación de la ley va atada al reclamo del presupuesto necesario, pero el argumento de pensar que una vez que se apruebe la ley los hospitales se van a abarrotar de mujeres queriendo abortar es lamentable”, sostuvo Marta Márquez, presidenta de CICOP, el gremio que reúne a lxs médicxs de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. “En su gran mayoría los abortos son medicamentosos, para lo cual hay que tener la provisión adecuada de esos tratamientos”, agregó Márquez, que admitió que el sistema necesita más personal, para realizar una mejoran atención. “Necesitamos equipos interdisciplinarios para una mayor contención, pero eso no puede ser argumento para no aprobar la ley. Quienes esgrimen ese argumento no están preocupados ni por la salud pública ni por los sueldos que gana el personal, es un argumento muy endeble”, dijo la médica y dirigente sindical. Por esto, CICOP –que se movilizó para apoyar la aprobación en Diputados –pide una mejora de los presupuestos sanitarios en la Provincia y todo el país. 

EL MISOPROSTOL

La despenalización del aborto generará una fuerte demanda del misoprostol, y en los últimos tiempos se dieron algunos pasos para garantizar el abastecimiento. Hasta 2015, Laboratorios Beta era el único productor del tratamiento, por lo cual fue denunciado ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por “posición dominante”, ya que además de manejar el precio discrecionalmente se tomaron medidas arbitrarias para aumentar las ganancias (se aumentó la presentación hasta 20 pastillas, que sobran para un tratamiento convencional). Desde hace unos años, Laboratorios Domínguez, una firma nacional, comenzó a producir su versión local del tratamiento, lo que permitió bajar el precio de mercado. De la mano de este nuevo escenario, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) aprobó su venta en farmacias bajo receta archivada. Así, se garantizó la provisión de dos versiones del misoprostol, cuya capacidad de producción afirman los expertos está garantizada para el pico de demanda. Además de las versiones comerciales, hay iniciativas para que laboratorios públicos como el LIF se sumen a la oferta. Para esto, desde el año pasado hay un proyecto del entonces diputado nacional Daniel Filmus que promueve la producción estatal del fármaco. Hasta ahora, una de las trabas del acceso era el precio, ya que en 10 años el valor del tratamiento se disparó varias veces. “Cuando este medicamento se torna económicamente inaccesible se empuja a las personas de menores recursos económicos a prácticas de aborto inseguras”, alertó al respecto la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Esta situación también sería salvada por la ley.  

EL EJEMPLO ROSARINO

Las experiencias internacionales marcan que la legalización del aborto tiene un impacto concreto y casi inmediato en los indicadores sanitarios, como la mortalidad materna y las internaciones por complicaciones. En Uruguay, por ejemplo, que legalizó la práctica en 2012, se logró reducir un 30 por ciento las muertes maternas relacionadas con el aborto. En la Argentina, desde 2012 la ciudad de Rosario puso en marcha una política sanitaria de acompañamiento y contención a partir de los lineamientos del protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que creó un tiempo antes el Ministerio de Salud. A partir de allí, se logró un marcado descenso de las complicaciones por intervenciones clandestinas, y se creó un sistema que amplía los derechos de las personas gestantes. “En Rosario, se ha garantizado la interrupción del embarazo porque la salud tiene muchos determinantes, no sólo es tener fiebre o sentirse mal. Las condiciones de una mujer para enfrentar una maternidad son multifactoriales, y hay que atenderlas”, sostuvo María Fernanda Boriotti, bioquímica del sistema público y referente del gremio SIPUS. 

La realización de los abortos seguros evita las complicaciones de la clandestinidad, que cada año genera gastos por más de 2.500 millones de pesos. 

La experiencia de Rosario es la más extendida de Santa Fe, que aplicó una política similar en todo su territorio. Pero en esta localidad es donde los resultados se vieron más claramente. Como comentó Boriotti, bajó notablemente las internaciones por complicaciones de abortos mal realizados, “podríamos decir que dejamos de ver mujeres que se mueren por un aborto clandestino”. Como en todo el país, en los centros asistenciales de Rosario se veían las secuelas de las mujeres que abortaban en la clandestinidad, y luego debían ser intervenidas por infecciones u otros problemas. A partir de esta estrategia, el panorama cambió radicalmente. A esto se le sumó otra estrategia efectiva: la producción de misoprostol en la planta estatal de la provincia. El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe comenzó a desarrollar una versión propia del medicamento, usado para los abortos seguros. En un informe de 2019, el LIF destacó que la incorporación del misoporstol público significó “un descenso de 98 por ciento de las internaciones por complicaciones ligadas a abortos”. Hasta 2012, agregó el trabajo, las mujeres llegaban los hospitales con abortos incompletos y “tenían un 80 por ciento de posibilidades de morir”. 

Además de la cuestión sanitaria, la producción estatal del tratamiento –que se distribuye de manera gratuita en todos los centros asistenciales y hospitales de la provincia –tuvo un impacto en la capacidad de compra del sistema sanitario, ya que la versión pública del misoprostol tiene un valor de producción del 18 por ciento menos respecto a los que sale el tratamiento disponible en el mercado farmacéutico. “Con el medicamento público, y la política sanitaria de estas características, se puede avanzar en que no haya muertes por abortos clandestinos, que no haya consecuencias físicas y psíquicas de las mujeres”, destacó Boriotti. Para la especialista, “no hay dudas que este es un problema de salud pública”, y bregó por una mejora en la salud sexual y reproductiva de la población. “No puede ser que se discontinúe la provisión de anticonceptivos, hubo productos que faltaron todo el año esto hace que los que no quieren ser madres queden embarazadas”, dijo Boriotti. 

En 2018, con esta estrategia, 1.312 mujeres y personas gestantes accedieron a un aborto legal en la salud pública de Rosario. El modelo rosarino puede aplicarse en otras grandes ciudades, y marca el impacto sanitario de la legalización. En este sentido, la fundación Soberanía Sanitaria recordó que “las tasas más bajas de aborto se observan en países donde las leyes sobre el aborto son ampliamente permisivas y el acceso a un aborto seguro es fácil”, cosa que ocurre en países como Holanda, Bélgica, Alemania y Suiza, “donde las tasas de aborto en 2008 oscilaron entre 7-9 por cada mil mujeres de 15 a 44 años”. Los países donde el aborto es altamente restringido “tienen tasas de aborto de tres a cinco veces más altas”.  España, un país que sanitariamente es similar a la Argentina, tuvo en 2018 una tasa de 11,53 abortos por cada mil mujeres, con un total de intervenciones que casi alcanza las 100 mil (99.149). “Decidimos ser parte de la solución, no del problema”, afirman de la campaña “Salvemos miles de vidas”. La legalización será un paso en la ampliación de derechos, incluyendo el de una salud pública más justa y de calidad. 

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